Ya que estamos todos embarcados en una cruzada contra la corrupción y viendo lo mal que lo pasan los políticos cuando se queda a descubierto un caso de corrupción a manos de un compañero, han decidido todos demostrar honestidad, transparencia y mano dura contra quien sea y caiga quien caiga.
Sobre el tema del HUBU, pocos medios se han hecho eco de las últimas noticias, y algunos con noticias de hace cuatro meses (la Junta envía un informe adicional a elcorreodeburgos) e irrelevante para la decisión que la semana pasada ha tomado la Comisión Europea que ya se quejó en julio, de que las administraciones nacionales no estaban colaborando. Dado que parece ser la voluntad de nuestros políticos el ser transparentes ¿por qué no nos hacen llegar dicho informe? ¿por qué los ciudadanos no pueden conocer las excusas que plantea el Consejero de Sanidad ante los requerimientos de la Comisión? Esto sería un buen ejercicio de transparencia digno de una buena administración comprometida con la transparencia y la lucha contra la corrupción.
Dada la voluntad por comenzar a hacer bien las cosas, por qué no se hacen públicos tres documentos que no tienen naturaleza de secreto ni afectan a la intimidad mercantil y que son de necesario conocimiento por los ciudadanos. Estos tres documentos son:
1) Proyecto de eficiencia energética. Que tuvo que presentar en el concurso de licitación la concesionaria en su oferta y en la que debió dejar manifestadas las técnicas y estrategias que tomarían en la construcción para hacer del HUBU un edificio eficiente. Hoy tenemos un edificio con la eficiencia energética que no se corresponde con un edificio recién hecho y las pérdidas de energía suponen entre 1,2 y 2 millones de euros al año. Un sobrecoste inaudito que pagamos todos por la mala calidad de la edificación.
2) Plan de gestión medioambiental y de residuos. Que debió presentar en el concurso la concesionaria y en que se debió hacer responsable de una gestión eficiente y respetuosa con el medio ambiente. Toda la basura, salvo la que se envía para tratamiento biológico (mínima cantidad del total), va mezclada en su conjunto. En todo ese conjunto que termina en el vertedero de todos, va todo mezclado sin ningún tipo de selección previa ni preparación para reciclado. Se estiman unas 20 toneladas de vidrio y 80 toneladas de polipropileno al año. Otras tantas toneladas de plásticos varios, papel, etc. Todo muy ecológico.
3) Plan de seguridad y emergencias. Que debió presentar la concesionaria en el concurso. Hace unos días se quemó una planta entera de una empresa cárnica y me consta que tenía su plan de emergencias y evacuación convenientemente preparado y a los trabajadores bien formados y entrenados. ¿Sería mucho pedir que se publique el plan de emergencia y el sistema de evacuaciones? ¿Sería mucho pedir que todos los ciudadanos lo puedan conocer de forma natural y previa? En caso de incendio ¿tenemos claro de que llegará sin ningún problema la energía a las unidades de UCI, Bloque Quirúrgico y Urgencias?
No se trata de que los ciudadanos deban confiar en la Administración sin más, pues la confianza hay que ganársela y no está de más este pequeño ejercicio de transparencia que a nadie perjudica, pero habituadoa a las formas mediante las cuales procede nuestro Consejero de Sanidad, les aseguro que ninguno de los cuatro documentos que menciono, los veremos antes de las elecciones.
No se ha abierto un expediente informativo sino sancionador.
No es un problema de transposición de la norma europea pues la norma europea de contratos públicos 18/2004 es de aplicabilidad directa desde el 30 de enero del 2006 en todo el territorio nacional.
Hay jurisprudencia que limita tajantemente el "ius variandi" y lo considera una prerrogativa excepcionabilísima de la administración.
Se ha empeñado en aplicar la ley de contratos públicos del 2000 cuando la ley que se ha de aplicar es la del 2003 que es la que permite los contratos de colaboración público privada en concesiones.
Aún así, tampoco han cumplido la Ley de contratos públicos pues para empezar los modificados se ejecutaron antes de ser aprobados por la administración. Por otra parte, muchos de ellos no son modificados sino nuevos objetos de licitación. Además Se ha modificado el contenido esencial del contrato pues se ha modificado, el objeto, las claúsulas administrativas particulares, las especificaciones técnicas, los plazos, la cuantía, la financiación así como las condiciones de solvencia y liquidez exigibles.
El Consejero de Sanidad sabía que la Comisión Europea estaba investigando los modificados del HUBU desde diciembre del 2013 pero no dijo nada a los ciudadanos.
La Comisión Europea le requirió en varias ocasiones para que aportase documentación y no lo hizo o lo hizo de manera deficiente, pero a los ciudadanos de Castilla y León no nos dijo nada.
El Consejero de Sanidad podría haber infringido la ley nacional y la comunitaria en materia de contratos públicos gestionó un nuevo modificado sin comunicarlo a los ciudadanos ni a la oposición.
El Consejero de Sanidad fue compelido por la Comisión Europea en septiembre para que presentase la documentación que no quiso presentar anteriormente, pero de esto tampoco dijo nada a los ciudadanos.
El Consejero de Sanidad ha recibido formal resolución de apertura de expediente de infracción por los modificados del HUBU, pero tampoco ha dicho nada a los ciudadanos.
El expediente de infracción no es un mero trámite informativo ni de investigación sino el inicio de una actividad sancionadora cierta que podrá seguir distintas vías pero que terminará en sanción o en un juicio ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a instancias de la Comisión.
El expediente no es relativo a la competencia sino a los modificados y no es para pedir información sino para calcular las medidas sancionadoras.
No se puede permitir que mienta más.
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No se puede permitir que mienta más.
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