Sobre Antisistemas y el principio de legalidad

Sobre Antisistemas y el principio de legalidad

Para empezar, definamos algunos términos.  

Principio de legalidad es un principio fundamental del Derecho público conforme al cual todo ejercicio del poder público debería estar sometido a la voluntad de la ley de su jurisdicción y no a la voluntad de las personas (ej. el Estado sometido a la constitución o al Imperio de la ley).

Antisistema (o movimiento antisistema, o grupo antisistema) se refiere a aquella persona o grupo de personas con una ideología disconforme con el orden político o social establecido, que mediante reivindicaciones o acciones tratan de cambiar el statu quo.

Un artículo del Centro de Estudios sobre Movimientos Sociales (CEMS)-Universidad Pompeu Fabra, titulado "¿Es tan malo ser antisistema?" , publicado por Público en abril de 2009, mencionaba las primeras veces que los medios de comunicación empezaron a utilizar el término “antisistema” en referencia a los altercados en manifestaciones de los movimientos antiglobalización o altermundistas a principios del siglo XXI.

Desde hace 10 años, han ido incrementado las referencias y frecuencia de uso del término “antisistema” de manera peyorativa, con clara intención despectiva e incluso delictiva.  Desde políticos conservadores, hasta tertulianos del “Tdt party” han convertido al prefijo “anti” y al sustantivo “sistema” en un adjetivo.

Pero reflexionemos sobre la pertinencia del adjetivo y su determinismo. Antisistema, según su definición, define básicamente una ideología, como puede ser la conservadora, liberal o socialista. Nos habla del orden político y/o social establecido y su voluntad de cambio. Cualquier ciudadano/a que quiera cambiar el orden social, los privilegios de la clase política, la ley electoral, o cualquier norma establecida por el imperio de la ley, puede ser considerado/a como “antisistema”. Asociar antisistema a actos de violencia callejera ha sido el papel de los medios de comunicación afines al poder establecido en sus crónicas sobre cualquier manifestación o protesta, hubiera o no destrozos de mobiliario urbano. Simplemente con no reconocer el statu quo, seríamos considerados antisistema.

El principio de legalidad vigente no distingue entre ideologías, por ahora, y ampara el discurso antisistema en el artículo 19 de la declaración universal de los Derechos Humanos: La libertad de expresión, siempre y cuando dispongas de los medios económicos para ejercerlo, o el medio donde ejercerlo no dependa económicamente de las regalías del sistema. Por el momento, declarase antisistema no es delito.

Y me pregunto: ¿Podemos declararnos antisistema viviendo dentro del sistema?

Planteamientos y propuestas radicales, que apuntan a la raíz del sistema, excluyendo el eterno debate entre reformistas y rupturistas, se hacen acuciantes ante la doctrina del shock que nos imponen. Y ahí es donde les duele a los protectores y privilegiados del sistema.

Menciono el artículo 544 de nuestro código penal sobre el delito de SEDICIÓN: “Son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales”.

Subrayo “fuera de las vías legales” para anotar la posibilidad de interpretar el artículo 544 desde las visiones del nacionalismo Español, como algún columnista de extrema derecha promulgó en relación a los hechos acaecidos en las afueras del parlamento Catalán el 15 de junio de 2011.

Ante las detenciones e ingreso en prisión de activistas sociales con motivo de la huelga general del 29M, el principio de legalidad se interpreta según la ideología del encausado/a,  y los privilegios que se cuestionen, rompiendo en muchas casos la seguridad jurídica de los/as ciudadanos/as. Y nos esperan más reformas ideológicas de nuestro ordenamiento jurídico, tras la reforma de la constitución para dar prioridad al pago de la deuda. Parece que la inteligencia colectiva que el 15M hizo visible durante las acampadas de 2011 tenía razón cuando decía: No somos antisistema, el sistema es anti-nosotros
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