Zona Libre de Fracking

Cada vez son más los municipios del norte de España situados en la así denominada ‘Cuenca Vasco-Cantábrica’ –en el que se incluye la provincia de Burgos- que se oponen decidida y frontalmente contra los planes del Ministerio de Industria y de la Junta de Castilla y León de exploración de hidrocarburos a través de la concesión de permisos para la prospección de yacimientos de gas no convencional, explotados mediante la técnica de fractura hidráulica o fracking, como más habitualmente se la conoce.

El pasado domingo, 20 de mayo, se desarrolló en la localidad norteña de Castobarto (Junta de Traslaloma) una nueva ‘Asamblea Contra de la Fractura Hidráulica’ –que va ya por su 5ª celebración en diferentes localidades de la provincia- con el fin de seguir difundiendo información sobre el tema y aunando apoyos e iniciativas encaminadas a la concienciación sobre las consecuencias de utilización de este tipo de técnicas de explotación. En este mismo sentido, en la vecina provincia de Álava ha surgido la iniciativa: ‘Municipios Libres de Fracking’; promovida por la plataforma Fracking Ez Araba y que aglutina en estos momentos a 16 entidades que se han declarado –a través de mociones de sus respectivos ayuntamientos- como municipios libres y contrarios a la utilización de técnicas de fracturación hidráulica en su territorio; siendo muchos otros los municipios de esta misma provincia que se encuentran en proceso de declaración y que se sumarán próximamente a la misma iniciativa.

No sólo en Álava –donde los planes de exploración se encuentran más avanzados- se está dando este fenómeno, sino que en Cantabria son ya 3 los municipios cuyos ayuntamientos se han declarado Libres de Fracking (Corvera de Toranzo, Cabuérniga y Ruente) y que a su vez han hecho un llamamiento a otros ayuntamientos afectados para que se sumen a este frente de oposición en contra de los permisos de exploración concedidos en sus áreas. En la provincia de Burgos podemos contabilizar hasta 6 municipios que han emitido oficialmente, mediante acuerdos de sus ayuntamientos, su oposición a los estudios de viabilidad técnica y rentabilidad económica de futuras explotaciones de gas mediante esta controvertida técnica. Primeramente fue la localidad serrana de Vilviestre del Pinar, a la que se sumaron los ayuntamientos de Junta de Traslaloma, Valle de Tobalina, Espinosa de los Monteros y Valle de Mena; siendo recientemente Valle de Manzanedo el último de los municipios en sumarse a esta lista. A buen seguro que no será el último, por las manifestaciones hechas por otros ayuntamientos de la provincia en las que se quejan del secretismo con el que han sido concedidos los permisos de prospección por parte de la administración central y autonómica, así como de la total desinformación que sobre su evolución vienen padeciendo.

Por su parte, la administración sigue haciendo oídos sordos al sentir contrario general –especialmente agudo en aquellas zonas del medio rural que se ven directamente afectadas-, primando por encima de todo los interés económicos y desestimando en Consejo de Ministros el recurso interpuesto por EQUO en relación a los permisos de exploración concedidos en las provincias de Burgos, La Rioja, Álava y Vizcaya. Aduciendo para ello el peregrino argumento de la incertidumbre científica aún existente sobre los riesgos que entraña la utilización de esta técnica que está realizando para ello la EPA (Agencia norteamericana de Protección del Medioambiente). Lo que no se indica ni se tiene en consideración, casualmente, es que estos mismos estudios –aún no finalizados pero parcialmente hechos públicos- empiezan a demostrar los efectos adversos de esta técnica y transformando la opinión y la decisión política en el mismo país que vio su origen hace unas décadas. En la misma línea se muestra el Parlamento Vasco que ha modificado para ello la ley autonómica de Conservación de la Naturaleza que impedía la explotación minera en zonas de protección ambiental e instado al ejecutivo de Patxi López a la exploración de todos los recursos energéticos existentes en el País Vasco, entre los que se encuentra de manera muy especial aquellos gasísticos existentes en el subsuelo de esta comunidad; rechazando de paso la propuesta de moratoria que solicitaba la creación de una comisión científica permanente que analizase la evolución de la tecnología vinculada a la explotación de gas no convencional.

Volviendo de nuevo a Burgos, debemos señalar que siguen solicitándose permisos de exploración en nuevos sectores en el sur y oeste de la provincia con una superficie total de 382.860 Ha. en los así denominados como: Burgos 1, Burgos 2, Burgos 3 y Palencia 2. Estos permisos en trámite han de sumarse a los solicitados anteriormente y a aquellos que cuentan ya con la autorización por parte de la administración competente (recomendamos leer para ello la publicación hecha en este mismo medio, a fecha 9 de diciembre de 2011: "La Amenaza del Fracking llama a la puerta”).

Especialmente interesada en la explotación de los posibles recursos gasísticos de la provincia de Burgos se muestra la empresa Trofagas –filial de la multinacional norteamericana BNK Petroleum-. Sin embargo, no resulta la única solicitante de permisos y beneficiada con la obtención de autorizaciones de exploración. En ello destacan también: la alianza de HEG (Heyco Energy Group) y la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi (SHESA, dependiente del Ente público Vasco de Enegía), FEC (Frontera Energy Corporation, filial de la multinacional canadiense San Leon Energy), Repsol, Unión Fenosa Gas y OGS (Oil & Gas Stills).

Decidida resulta la actitud de las administraciones en el fomento de esta particular fuente de energía, no queriendo atender a las muestras de controversia y polémica que despierta en países donde viene ya desarrollándose. Así demuestra la comparecencia institucional del Viceconsejero de Industria y Energía del Gobierno Vasco, Xabier Garmendia, en el ‘Foro de Gas No Convencional 2012’ celebrado en Barcelona en el mes de marzo y donde las empresas del sector –cual lobby- han buscado inversores para sus proyectos de expansión por España y Europa: su nuevo horizonte de negocio. De la misma forma, también parece cada vez más firme y decidida la actitud en contra de la opinión pública en general y, especialmente, de la población y los ayuntamientos afectados sobre el terreno, acentuado ello por el sigilo y oscurantismo mostrado en la tramitación de los permisos solicitados por las empresas promotoras.

Este frontal desencuentro entre políticos y ciudadanos, también en esta materia, hace plantearse serias dudas sobre el modelo energético –o falta del mismo- existente en España, en el que por un lado se recortan drásticamente las ayudas al pujante y prometedor sector de las energías renovables o al tradicional y articulador sector del carbón, mientras se apuesta y promociona un nuevo modelo basado en la explotación de energías fósiles mediante técnicas agresivas altamente contaminantes para la salud y el medioambiente. Sobre ello se despejan las dudas al suponer una intención por parte de la casta política dominante de garantizar su futuro siguiendo la senda de grandes elefantes retirados de la vida política que –como: José María Aznar, Felipe González, Pedro Solbes, Elena Salgado o Josu Jon Imaz- han encontrado un plácido y fructífero acomodo como asesores o en los consejos de administración de las principales empresas energéticas del país. Como vemos, en ocasiones: “Roma sí paga a los traidores” y alguno de ellos debe de estar ya frotándose las manos...