Por Burgos Dijital
El día 22 de noviembre de 2013 empleados públicos de la Junta de Castilla y León presentaron una
denuncia al Presidente de la Junta de Castilla y León y al Delegado Territorial
de la Junta de Castilla y León en Burgos, de la que dimos cuenta en este medio,
por el presunto uso indebido de un vehículo oficial por parte de la Directora
del Gabinete del Presidente, la Sra. Virginia Arnaiz Gonzalez, lo que valoraron
en unos 70.000 € anuales.
Informaciones posteriores aparecidas en medios
de comunicación en relación a gratificaciones extraordinarias a conductores y
personal de confianza podrían elevar esa cifra a los 100.000 € anuales.
Ante la falta de respuesta por parte del
Presidente y del Delegado Territorial en Burgos de la Junta se presentó esta
denuncia el día 3 de diciembre de 2013 ante el Procurador del Común y éste dio respuesta tras recibir un informe de la Consejería de
Presidencia en el que se manifestaba que existía un “Código de Austeridad
para altos cargos de la Administración”, según Acuerdo de 29 de septiembre de
2011”, en el que se exponía que la Directora de Gabinete del Presidente
“podría utilizar el coche oficial para ir y venir del trabajo diariamente,
compartiéndolo cuando fuera posible con otros altos cargos que residieran en la
misma localidad"
A continuación el Movimiento VIERNES NEGRO
de Burgos solicitó al Procurador del Común el citado texto del “Código de
austeridad para altos cargos de la Administración” y éste respondió que tenía en
su poder dicho documento pero sin disposición de hacerlo público.
Más tarde VIERNES NEGRO al conocer que
el Director General de Formación Profesional y Régimen Especial, Sr. Enrique
de la Torre Alonso, seguía utilizando un coche oficial para desplazarse diariamente
desde su domicilio de Burgos a su lugar de trabajo en Valladolid y viceversa, presentó
el día 3 de julio de 2015 una nueva denuncia-queja, ante el Sr
Presidente de la Junta, por entender que se estaba utilizando un vehículo
público para uso privado.
Once días después y tras más de año y medio el
nuevo Consejero de Presidencia De Santiago-Juárez remitió al Movimiento un
escrito de respuesta a la denuncia-queja anterior, adjuntando el opaco “Código
de Austeridad para los Altos Cargos de la Administración Autonómica y de su
Sector Público”.
Tras su lectura los denunciantes sospechan de
la falta de control público efectivo, puesto que el documento dice literalmente
que los privilegios allí vertidos “se notificaron únicamente a los
altos cargos…”. Expresan así mismo la gravedad del asunto porque dicho documento “no se ha debatido en las Cortes, se ha
ocultado a los Procuradores como así nos lo comunicaron, no ha sido explicado en
los medios de comunicación y, como nosotros mismos hemos comprobado, se ha
ocultado a los propios trabajadores de la Administración, por lo que no puede
ser más que un pacto entre iguales para que ninguno de ellos tenga privilegios por encima del resto”. Además señalan la inexistencia en el
mentado Código de posibles sanciones, multas o apercibimientos.
Al parecer los privilegios expresados en el código
oculto hasta ahora no sólo afectaban a los 74 altos cargos en la Administración
General: Presidente, Jefa de Gabinete, Consejeros, Viceconsejeros, Secretarios,
Directores Generales y Delegados Territoriales, sino que también se incluían los
Presidentes, Directores Generales y asimilados de los Entes Adscritos
o Administración B, que está compuesta por los Organismos
Autónomos, Empresas Públicas y Fundaciones Públicas, tales como: Gerencia
Regional de Salud, Gerencia de Servicios Sociales, Servicio Público de Empleo, Instituto
de la Juventud, Ente Regional de la Energía, Instituto Tecnológico Agrario de C
y L, Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización de Empresas (ADE),
y fundaciones de todo tipo y pelaje como: Fundación Santa Barbara, Fundación
Centro de Supercomputación de CyL, Fundación Patrimonio Natural de CyL.
Tras el último “Informe Sobre la
Reorganización del Sector Público Autonómico a 1 de Julio de 2014”,
elaborado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, donde se
reflejan los Entes Adscritos que han desaparecido y creado en Castilla y León,
en estos últimos años, tenemos en Castilla y León un total de 61 Entes
Adscritos: Organismos Autónomos, Entes Públicos de Derecho Privado, Empresa
Públicas y Fundaciones Públicas. El número de altos cargos en estos Entes
Adscritos es difícil de saber dado que la coletilla “Asimilados” no está
definida en este tipo de Entes, y en muchos casos no es público su organigrama,
pero suponen, al menos, unos 30 altos cargos los que
pueden acogerse a esta denominación y ser susceptibles de la aplicación de este
Código de Austeridad.
Los denunciantes calculan que la mitad de
estos 104 altos cargos tengan su domicilio en Valladolid, con lo que habría al
menos 52 altos cargos que estarían presuntamente utilizando diariamente un
vehículo público para uso privado. Tras el cálculo realizado del gasto medio
por vehículo de unos 100.000 euros anuales (gasolina, mantenimiento y gastos
del conductor-sueldo/gratificaciones), apuntan “un gasto medio de al menos 5.200.000
de euros anuales, es decir unos 20.800.000 de euros en la legislatura pasada,
cálculo aproximado, teniendo en cuenta que desconocemos las cifras
reales de altos cargos y asimilados de los Entes Adscritos o Administración B”.
Tras la realización de esta fácil
contabilidad, la organización espeta al Presidente “¿Cómo se ha permitido y se
permite a este grupo selecto de trabajadores con unas retribuciones
aproximadamente de 8-9 veces el salario mínimo interprofesional, el uso
particular, y probablemente indiscriminado, de un vehículo público, cuando
miles de empleados públicos de la Junta se deben trasladar todos los días en su
vehículo a otros municipios, cuando tienen que poner a disposición de la
administración su vehículo particular para trasladarse en una misma jornada a
diferentes centros de salud o colegios rurales, cuando miles de docentes y
sanitarios deben de cambiar periódicamente de municipio por no tener durante
años un destino definitivo y por las altas tasas de interinidad que les impiden
tener una mínima posibilidad de conciliar su vida laboral y familiar?”
En una reciente entrevista de la Plataforma
en Defensa de lo Público PLADEPU, con la Viceconsejera de la Función
Pública y Gobierno Abierto, esta justificó que a estos altos cargos hay
que ofrecerles incentivos para que acepten estos puestos, como se hace en
las grandes empresas. A ello, los representantes de la plataforma respondieron que
los altos cargos son servidores públicos que vienen a servir y no a servirse ni
a hacerse ricos y que los únicos méritos que tienen para acceder a esos puestos
son la amistad con Juan Vicente Herrera y sus Consejeros o el pertenecer o
simpatizar con el Partido Popular.
Por otro lado también se destaca el denominado
“Punto IV Atenciones protocolarias y representaciones” que consideran un
salario complementario, una especie de fondos reservados: no se sabe si aquí se
incluirían las famosas facturas que la exconsejera de Agricultura Silvia
Clemente cargaba por la compra de bolsos y otras bagatelas al Corte Inglés o a
restaurantes en días tan administrativamente extraños como un 25 de diciembre.
Tampoco parece quedar muy claro el “Punto
VI. Reuniones de trabajo”, puesto que al parecer se utilizan sistemáticamente
y de forma individual los vehículos oficiales para asistir a reuniones de
trabajo y se consideran como tales salidas tan “berlanguianas” como la entrega de
unas llaves de un edificio de un representante de una Administración a otra,
con banquete incluido, o los paseos festivos de los Delegados Territoriales en
el día del patrón de los distintos pueblos de Castilla y León. Por
ello los empleados públicos se preguntan “cuántas dietas, horas extras y gratificaciones
a los conductores y a los representantes de la Administración y gastos de combustible
y mantenimientos de vehículos oficiales se han generado en estos actos festivos”
y si “estas reuniones son de carácter técnico o exclusivamente de carácter
propagandístico del partido gobernante”.
Otro punto sensible del Acuerdo es, como ya
adelantábamos al principio el “Punto XI. Control del cumplimiento de este
Acuerdo”. Por ello en el escrito enviado al Presidente Herrera los
trabajadores le preguntan datos ciertamente relevantes como si “son
exclusivamente los altos cargos de las Intervenciones Delegadas los que
examinan las cuentas justificativas de los gastos”, si ha habido reparos en las
fiscalizaciones, cuántas auditorías se han hecho en estos cuatro años a los
organismos y entidades en los que no existe Intervención Delegada y si se han
tomado medidas en el caso de incumplimiento del Acuerdo.
Por último Viernes Negro exige una verdadera
transparencia en la página de GOBIERNO ABIERTO para que en ella se publique la
relación de todos los altos cargos y asimilados de los Entes Adscritos,
todos los vehículos, conductores oficiales utilizados por todos los altos
cargos y costes de los mismos.
