La empresa Kronospan S.L. y su precario empleo

Fábrica Kronospan S.L. en la ciudad de Burgos

Por Burgos Dijital

El comité de empresa de la fábrica Kronospan S.L., de Burgos, manifiesta su malestar y disconformidad con los despidos que esta empresa está llevando a cabo desde su adquisición.

Este comité de empresa además denuncia públicamente la constante y progresiva subcontratación de los trabajos de la fábrica, así como "la proliferación de trabajadores de empresas de trabajo temporal", considerando esta forma de gestionar el empleo como un "plan programado de precarización del empleo en la planta de Kronospan".

Además quiere resaltar que todo esto se realiza con el visto bueno y conforme de la Administración pública, con el beneplácito y el dinero público vía exenciones de impuestos del ayuntamiento de Burgos y el resto de administraciones públicas implicadas y conocedoras de esta planificación del empleo.

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Manifestación en solidaridad con los/as trabajadores/as de Interbon Burgos (julio de 2011)

Video ( julio 2011)

Los usuarios valoran como buena o muy buena la atención de las enfermeras

Por SATSE

Las enfermeras piensan que no progresan porque no están en los puestos de gestión

• Más de un 81 por ciento de los profesionales consideran buena o muy buena la valoración que de ellos hacen los ciudadanos

• El 90 por ciento de los encuestados coinciden en la necesidad de dar una mayor visibilidad a la profesión, para que no sólo les reconozcan sus habilidades personales

Cerca del 90 por ciento de los profesionales de Enfermería españoles encuestados por el Barómetro Enfermero piensa que el colectivo tiene importantes problemas para progresar como profesión, apuntando como principal causa su falta de presencia en los órganos de gestión de la política sanitaria.

En una nueva oleada del Barómetro Enfermero elaborado por SATSE, los 4.135 profesionales de Enfermería de todo el país encuestados han manifestado su opinión sobre los principales problemas que existen para que la profesión en su conjunto avance, señalando, además de la falta de representatividad en los órganos de gestión, la precariedad laboral y la labor desempeñada por los directivos y gestores puestos, generalmente, por el gobierno correspondiente.

La falta de prestigio social, las presiones de la profesión médica, y la escasa confianza en sus propias capacidades son otros problemas que señalan que existen, en estos momentos, para progresar como profesión.

De otro lado, el Barómetro Enfermero ha preguntado a los profesionales sobre la valoración que, a su juicio, hacen los usuarios de la atención que presta la Enfermería. Al respecto, el 65,22 por ciento opina que ésta es buena y un 16,28 por ciento cree que muy buena. Además, para el 98,24 por ciento resulta muy importante o bastante importante la opinión que los pacientes tienen de ellos.

En cuanto a los aspectos que creen que más valoran en ellos los ciudadanos, una amplia mayoría (74,22 por ciento) señala las habilidades personales (empatía, accesibilidad o cercanía). Un 19,27 por ciento considera que son las habilidades técnicas (realización de procedimientos), y solo el 3,46 por ciento, los conocimientos teóricos o científicos.

Para cambiar esta situación, todos los encuestados coinciden en la importancia de dar visibilidad a la profesión, siendo para el 90 por ciento algo sumamente necesario, mientras que el 10 por ciento restante opina que es un aspecto importante, pero no lo considera un objetivo prioritario en estos momentos.

Más visibilidad

En cuanto a las acciones que podrían potenciar esta visibilidad, el 42,27 por ciento de los encuestados cree que la medida más efectiva serían intervenciones directas con la población (talleres, charlas, encuentros…) dando a conocer la formación y el trabajo diario de las enfermeras.

Por su parte, el 37,41 por ciento opina que lo más efectivo sería realizar campañas divulgativas en medios de comunicación, y para el 12,87 por ciento resulta fundamental la sensibilización de los más pequeños en las escuelas.

Entre las medidas que los encuestados han propuesto también se encuentran el desarrollo efectivo de las especialidades, el reconocimiento de la profesión por parte de la propia Administración, y la concienciación de los profesionales sobre las propias capacidades e importancia de la profesión, así como fomentar la investigación y los cuidados basados en la evidencia científica, entre otras.

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26 de julio: Romería contra el fracking en Mozuelos de Sedano

El Domingo 26 de Julio celebraremos una gran Romería contra el Fracking en Mozuelos de Sedano (Burgos).

Queremos decir bien alto y bien claro que no queremos Fracking, ni aquí ni en ningún sitio, y lo vamos a hacer de forma festiva, pacifica y creativa.

Tendremos un montón de actividades para toda la familia, juegos populares, música y actuaciones. Además, tomaremos una gran foto aérea formando la frase "FRACKING NO". Contamos contigo!

Pd1: Os animamos a traer comida para pasar el dia y también protección para el sol (sombrero, crema, paraguas, cantimplora...)

Pd2: Si necesitas venir en coche, te animamos a publicar tu viaje en Internet para compartir vehiculo, ahorrar gastos y quemar menos gasolina (blablacar.es, amovens.es)

Las cláusulas abusivas de los Bancos y Cajas: Fiador y deudor solidario, el interés de demora.

En los desahucios también se dejan algunos enseres y muebles

Por Burgos Dijital

Segunda parte del  taller sobre cláusulas abusivas que tuvo lugar el viernes 8 del pasado mes de Mayo de la mano de la PAH Burgos. Fue impartido por José María Erauskin y Maite Ortiz, abogados de Stop Desahucios Gipuzkoa.

Los abusos bancarios son la causa del empobrecimiento de las familias y de los desahucios. Son  formas de proceder encubiertas que mediante cláusulas injustas hacen pagar un dinero que no tienen que pagar las familias. Producen como consecuencia el desahucio, que suele ser lo más llamativo mediáticamente y en el peor de los casos puede desembocar en la desesperación y el suicidio (no son suicidios sino asesinatos).

Por ello todas las políticas que se orienten tan solo a la solución del desahucio o la creación de un techo alternativo sin atajar el problema de los abusos y las cláusulas abusivas significa seguir permitiendo que las entidades bancarias criminales sigan actuando con total impunidad obteniendo beneficios por medio del engaño a las personas y el empobrecimiento de las familias. La solución política definitiva pasa por acabar con las cláusulas abusivas y las prácticas de abuso por parte de las entidades que conllevan al desahucio entre otras consecuencias.

En esta segunda parte nos cuentan cómo funcionan dos procedimientos abusivos: la sucia transmutación de la figura jurídica de fiador a deudor solidario, y la cláusula del interés de demora, dos tácticas que juegan con la ausencia de información y la situación indefensa de las familias para generar una deuda que no acaba o incluso atacar a los bienes de otros miembros de la familia una vez que el deudor del préstamo ya no puede pagar.

En contradicción con las leyes europeas, el legislador español también ha sido y sigue siendo cómplice en abusos bancarios con la cláusula del interés de demora. 
La ley española ha permitido a los jueces diferenciar lo que es abusivo de lo que no y, pese a los avisos de la Unión Europea, el estado español ha tardado años en cambiar esta realidad. Desde el 1993 se instó a España a que toda cláusula abusiva quedase eliminada de la ley bancaria; sin embargo, hasta 2014 el interés de demora sigue siendo remodulado por los jueces y todavía hoy en día existen casos.

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Las cláusulas abusivas de Bancos y Cajas: Comisiones, cláusula suelo y IRPH

23 de julio: Concentración a la puerta de SINTERPACK (antigua STORK-INTER-IBÉRICA) por el despido de nueve trabajadores

Por Comité de empresa de SINTERPACK

El pasado miércoles 15 de julio la dirección de la empresa Sinterpack (antes Stork Inter-Ibérica) ha despedido, por causas económicas, a nueve trabajadores.
La empresa fue vendida en el mes de Marzo por el grupo Marel a un grupo inversor francés, y atraviesa una situación muy delicada.
El nuevo dueño, lejos de acometer en un inicio cambios estructurales internos, la primera decisión contundente con la que nos hemos encontrado han sido estos despidos.

Estamos convencidos de que el número de despidos (nueve) responde a la estrategia de no tener que enfrentar un despido colectivo (ERE de extinción) con la consecuente obligación de negociar estas extinciones.

Entre los despedidos hay compañeros de más de cincuenta años, incluso cincuenta y ocho años, lo cual nos indigna porque se les deja en una situación laboral y vital muy complicada comprometiendo muy seriamente su futuro y jubilación.
Estos despidos tienen el agravante de comprometer el futuro de la empresa ya que con los compañero despedidos se pierde el conocimiento que se va con ellos.

Como siempre se apunta al lado más débil que es el de los obreros, muy indefensos ante estos movimientos.
Requerimos a la empresa para que reconsidere la situación y considere estos despidos como improcedentes ya que es lo que realmente son.
Desde el comité queremos que se visibilice esta situación y por ello los trabajadores nos concentraremos a la puerta de la fabrica en la hora del almuerzo.

POR LA DEFENSA DE LOS PUESTOS DE TRABAJO

22 de julio: concierto de Onda Calera

Concierto del grupo Onda Calera + Proyección del documental  Érase una vez en la 55 con la Hoover Presentado por su director Andrés Enrique- Arias

 

Ley Mordaza, ley 1984

Presencia de la Policía Nacional en la calle.   

Por Revista Libertaria Argelaga

El 1 de julio, momento de la entrada en vigor de la Ley Mordaza y de la última Reforma del Código Penal, la monarquía española se convierte en un Estado policíal, culminando una etapa de populismo punitivo que arranca en la década de los noventa con la Ley de la Patada en la Puerta y el Código Penal “de la democracia”, el más duro de Europa y digno heredero del código franquista vigente hasta 1995. Lo que había sido hasta hoy un Estado partitocrático caracterizado por un autoritarismo rampante emanando de un “poder” legislativo que poco a poco iba conculcando derechos y suprimiendo libertades con la ayuda de un “poder” judicial dependiente de los partidos, ya es un Estado de excepción declarado gracias a un ordenamiento jurídico hecho a la medida del aparato represivo. 

La diferencia no es sutil: hasta anteayer la partitocracia se apoyaba principalmente en el conformismo de las masas; ahora ante todo lo hace en “las fuerzas y cuerpos de seguridad”. Eso quiere decir que, bien por la irrupción incontrolable de la cuestión social, bien por la debilidad irrefrenable del régimen ante las consecuencias de la salida de Grecia de la zona euro, los problemas políticos se están contemplando cada vez más como problemas de seguridad, es decir, como problemas de orden público. 

Al menos, a una parte significativa de la clase dominante le ha entrado pánico ante el peligro que conlleva el desarrollo de los conflictos sociales en las urbes y el territorio, consecuencia directa de la crisis económica y el descrédito institucional, y ha considerado que no era suficiente el refuerzo del sistema de partidos que ha supuesto la aparición de nuevas opciones políticas. 
Una parte de la oligarquía dirigente confía más en la integración de los partidos y coaliciones emergentes gracias a una política de pactos; la otra, cree más en los cordones policiales con carta blanca para reprimir sin contemplaciones toda veleidad de protesta y de disidencia. En un caso bastaría con los mecanismos de vigilancia y control habituales del posfranquismo, fuertemente respaldados por la legislación de los anteriores gobiernos socialistas; en el otro, se trataría lisa y llanamente de volver a la política de orden practicada por la dictadura franquista.

El pacto social que fundamentaba la partitocracia, representado por la ley Corcuera, parece haberse resquebrajado. Las fuerzas políticas partidarias de anteponer la “seguridad ciudadana” al estado actual de los derechos de intimidad, vivienda, acogida, reunión, manifestación y expresión, de por sí bastante recortados, piensan que la situación social amenaza con deteriorarse y derivar hacia coyunturas griegas pues el régimen es demasiado vulnerable a las especulaciones financieras y a medida que surjan nuevos agujeros en la financiación lo será todavía más. A fin de conjurar una crisis potencial con otro rescate en el horizonte complicado con un Syriza a la española, ellas han apostado por la línea dura. 

Creen conveniente imponer un “marco jurídico adecuado” y una desregulación de la actividad policial que permita total impunidad a prácticas ilegales que se venían ejecutando sin demasiada cobertura, tal como hizo en su momento la anterior ley. Incluso se le autoriza a imponer sanciones que antes incumbían al juez. 

Parece que la intervención arbitraria y desproporcionada de la policía contra “terceros” que protesten sea, oligárquicamente hablando, la única forma de garantizar “el normal funcionamiento de las instituciones” dentro de la crisis y asimismo, de mantener “la tranquilidad” de los ciudadanos que deciden en la economía y la política. 

Para que la sociedad y el Estado continúen en manos de irresponsables y corruptos, la calle ha de quedar a merced de los verdaderos violentos: la madera.La ley Mordaza es la primera de su estilo en definir el concepto de “seguridad ciudadana”: es “la garantía de que los derechos y libertades reconocidos y amparados por las constituciones democráticas puedan ser ejercidos libremente por la ciudadanía”. 

La redacción resulta más clara de entender cuando se tiene en cuenta que se refiere al derecho de estar de acuerdo con las disposiciones del Estado y a la libertad para obedecerlas.

La legislación securitaria amplía el muestrario de hechos “perturbadores” y figuras delictivas con términos suficientemente ambiguos como para abarcar a un sector importante de la población: aquél que se manifiesta, desobedece, grita a los políticos, se opone a los desahucios, convoca movidas por internet; aquél que forma parte de piquetes de huelga, okupa casas, corta el tráfico, fotografía las brutalidades de las fuerzas de orden; aquel que interfiere “en el funcionamiento de infraestructuras críticas”, es decir, que defiende el territorio, e incluso el hincha futbolero demasiado ruidoso y… aquél que hace botellón: la dipsomanía juvenil resulta ahora subversiva a la mirada beata de los dirigentes. 

En el cesto punitivo cabe de todo, desde el yihadista fanático al modesto ciudadano que no se cree obligado a mostrar su carnet de identidad al primer esbirro; desde el pacifista que se encadena contra las líneas MAT al viandante que rehúsa un cacheo; desde el inmigrante indocumentado al insolvente que se resiste a abandonar su casa. 

Todos ellos son “infractores”, y como tales figurarán en un registro, cualquiera que sea la levedad de la infracción o el grado de culpabilidad, porque aunque ésta sea mínima, puede ser susceptible de considerarse contraria al orden constitucional, y por lo tanto, responsable de aportar su grano de arena a la desestabilización “de las instituciones políticas, de las estructuras económicas o sociales del Estado”.

La ley Mordaza nos indica que el régimen partitocrático evoluciona imparablemente hacia una sociedad orwelliana como la descrita en la novela “1984”, con la información unilateral, el control de masas, la represión del activismo social, la erradicación de la inteligencia crítica, las neolenguas y los ministerios de la opresión, donde cualquier muestra exterior de disconformidad puede comportar terribles humillaciones. Es evidente, el Gran Hermano de hoy no es el Partido, sino el Estado partitocrático, pero los lemas siguen siendo los mismos: “la guerra es la paz”, “la libertad es la esclavitud”, “la ignorancia es la fuerza”. 

La Ley Mordaza es un producto típico de la Razón de Estado, pues con ella se persigue un aumento de poder que apunta a la conservación del régimen por encima de los súbditos denominados “ciudadanos”, sea cual sea el medio empleado. De preferencia, los inmorales, arbitrarios, violentos e ilegítimos, pues a los ojos de los expertos represores de la oligarquía dirigente, son los más eficaces. 

La partitocracia desde el pasado 1 de julio es ya visiblemente lo que ya era esencialmente: un Estado policial que da la bienvenida a su “ciudadanía” con una expansión penal perfectamente regulada sin necesidad de recurrir al golpe de Estado.

Las cláusulas abusivas de los Bancos y Cajas: La clausula suelo, el IRPH y las comisiones de Bancos y Cajas

Imagen cedida por PAH Burgos

Por Burgos Dijital

El viernes 8 del pasado mes de Mayo tuvo lugar de la mano de la PAH Burgos un completísimo taller sobre cláusulas abusivas donde se explicaron las diferentes formas de proceder abusivas de las entidades bancarias contra las personas. Fue impartido por José María Erauskin y Maite Ortiz, abogados de Stop Desahucios Gipuzkoa.

Los abusos bancarios, las artimañas y fechorías en los procedimientos de los bancos son la base del problema, que genera finalmente el desahucio como consecuencia. Estas cláusulas y engaños van desde el simple tamaño de la letra en los contratos hasta cláusulas como el tóxico IRPH o la cláusula suelo, el interés de demora así como la sucia transmutación de la figura jurídica de fiador a deudor solidario. Artimañas burocráticas que juegan con la ausencia de información y la situación indefensa de las familias para generar una deuda que no acaba o incluso atacar a los bienes de otros miembros de la familia.

El legislador español, también cómplice en estos abusos con la cláusula del interés de demora en contradicción con las leyes europeas, ha permitido a los jueces diferenciar lo que es abusivo de lo que no y, pese a los avisos de la Unión Europea, el estado español ha tardado años en cambiar esta realidad. 

Desde el 1993 se instó a España para que toda cláusula abusiva quedase eliminada de la ley bancaria; sin embargo, hasta 2014 el interés de demora sigue siendo remodulado por los jueces y todavía hoy en día existen casos.

Por ello todas las políticas que se orienten tan solo a la solución del desahucio o la creación de un techo alternativo sin atajar el problema de los abusos y las cláusulas abusivas es seguir permitiendo que las entidades bancarias criminales sigan actuando con total impunidad obteniendo beneficios por medio del engaño a las personas y el empobrecimiento de las familias. La solución política definitiva pasa por acabar con las cláusulas abusivas y las prácticas de abuso por parte de las entidades que conllevan al desahucio entre otras consecuencias.

LAS COMISIONES QUE COBRAN BANCOS Y CAJAS
¿El Banco o la Caja te ha enviado una carta para comunicarte el cobro de una comisión de 30 euros por impago de una factura o por haberte quedado sin saldo en la cuenta?

LA CLAÚSULA SUELO





El IRPH

De Charlie Hebdó a la ley contra la LGTBfobia: discursos de odio y censura estatal.(Parte 2)

Por Pablo Pérez Navarro

Libertad de expresión, homofobia y censura estatal.  

Al fin y al cabo, es muy cómodo defender la libertad de expresión cuando no es nuestra sensibilidad la que se ve directamente atacada por su ejercicio. Y nada significa esa “libertad” cuando se administra a voluntad en función de los intereses políticos concretos de quienes la enarbolan como bandera. 
Si bien esto resulta evidente en el caso del cinismo de la derecha europea e internacional que se manifestó la semana pasada por las calles de París, la ocasión resulta más que propicia para arriesgarnos a pensar más allá, en relación con las llamadas a limitar la libertad de expresión que se hacen desde escenarios más próximos a la militancia de izquierdas.

Preocupante resulta, en este sentido, el amplio consenso que goza, entre los colectivos LGTB, la recientemente aprobada ley contra la lgtbfobia en Cataluña.
Muy en especial respecto al valor de su parte punitiva –el resto, es decir, las medidas para fomentar el trato igualitario de la diversidad sexual en ámbitos diversos como el educativo, el del deporte, la salud o los medios de comunicación, podrían ser una gran herramienta en la lucha contra la lgtbfobia-, que tipifica como faltas administrativas, castigables con multas e inhabilitaciones para cargos públicos, el uso de expresiones vejatorias homofóbicas, bifóbicas y transfóbicas, además de cualquier acción que conduzca a la discriminación o menosprecio de las personas LGTB.
Acciones que incluirían la propia difusión de los discursos homofóbicos, y hasta la distribución de ciertos libros, como pone de manifiesto la denuncia –eso sí, aún por resolver-, a El Corte Inglés por vender el libro “Curar la homosexualidad”. Denuncia que gozará de las simpatías, muy probablemente, de muchas de las que ahora defienden sin paliativos el “valor occidental” de la libertad de expresión, empezando por la que concierne a las publicaciones más claramente islamofóbicas del Charlie Hebdó. 

Por mi parte, y no sólo por las razones con las que argumentaba Judith Butler en Lenguaje, poder e Identidad que “la censura estatal [del discurso del odio] produce discurso del odio”, y que siempre merece la pena revisitar, creo que la homofobia, la bifobia, la transfobia y, ahora más que nunca, la islamofobia, exigen a la vez mucho más y mucho menos de nosotras.

Mucho más, porque ciertos discursos deben salir mucho más caros que la recepción de una simple multa, y no precisamente en términos penales o económicos. Debemos seguir siendo –o, mejor, serlo siempre más que nunca- capaces de organizar respuestas colectivas que, como la que está a punto de conseguir que la homofóbica y casposa letra que la murga Ni Fu Ni Fa preparaba para los carnavales de Tenerife sea retirada, no sólo desautoricen a quien nos pretende agredir con sus palabras, sino que tomen cada discurso de odio como punto de apoyo para señalar y combatir las mil y una formas de discriminación que conforman eso que llamamos “espacio público”. 

Pero también exigen mucho menos, ya que reforzar el poder del estado para limitar la circulación de cualesquiera discursos, para decidir cuáles merecen, y cuáles no, la intervención de la censura en cualquiera de sus formas es siempre un arma de doble, triple o cuádruple filo. Una cultura de lo “políticamente correcto”, que no tolerase, por la vía penal o administrativa, ni Charlies Hebdós, ni obispos de Alcalá, ni Ni Fu Ni Fas, antes o después se volvería contra nosotras, en nombre de la defensa de las sensibilidades religiosas, de la paz social o de la seguridad ciudadana: contra las que se besan al paso del papa, contra las que se manifiestan en capillas como la de Somosaguas, contra las que hacen parodias del PP con capuchas etarras, contra las que cocinan cristos, contra las que se manifiestan frente al congreso, contra las que cuelgan pancartas en la fachada de cualquier edificio; y un largo etcétera que conocemos ya, por desgracia, demasiado bien. 

Visto el consenso, la distopía en la que solicitaremos en respetuoso silencio multas administrativas mientras se nos prohíbe manifestarnos ante la sede de quienes publiquen sus revistas satíricas a nuestra costa o nos insulten desde sus púlpitos podría estar preocupantemente cerca.
Mucho más urgente sería, en la Europa que conocemos y en la que tan orquestadamente nos preparan, recorrer justamente el camino contrario. El de limitar el papel del estado a la hora de censurar el flujo de discursos –y de cuerpos- en el espacio público. Incluyendo los que nos ponen como objetivo a diversas minorías, ya sea que procedan de semanarios de izquierda o de derechas, de las murgas carnavaleras o de las jerarquías eclesiáticas.
Entre otras cosas para no tener que hacer recuento de leyes mordaza cada vez que salgamos a las calles para hacerles frente. Las políticas combativas y contestatarias pueden exigir más energía, pero tienen la ventaja de que su potencial transformador es de mucho mayor alcance que el de las políticas de la censura. Y quien crea que son compatibles, mal que nos pese a veces, se engaña.

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No constará en el expediente académico del alumnado que no hizo las pruebas de 3º de primaria

Por CGT Enseñanza Burgos

CGT se alegra de que la Consejería de Educación de Castilla y León haya decidido que no conste NOTA ALGUNA en el expediente de los niños y niñas que no realizaron las pruebas externas de tercero de primaria.

Desde el primer momento manifestamos nuestro rechazo a estas pruebas innecesarias, discriminatorias, antesala de la elaboración de rankings de centros y que han supuesto un coste económico importante, además de mostrar la falta de confianza de la Administración en la labor educativa del profesorado.

En su día, animamos al profesorado y a las familias a no tomar parte de este despropósito e iniciamos una campaña de BOICOT a las pruebas, informando a los centros, al profesorado y llevando nuestras protestas a la calle.

Agradecemos al profesorado que manifestó su rechazo, a las familias que decidieron que sus hijos e hijas no hicieran las pruebas, a pesar de la “presión” a la que se vieron sometidas, y animamos a que el curso que viene sigamos con esta campaña de boicot a TODAS las “REVÁLIDAS”.

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