Por Ecologistas en Acción Burgos
Las propuestas incluyen las principales líneas de acción que se deben desarrollar desde la política municipal para reducir la huella ecológica de la ciudad.
La situación
de partida de la ciudad está lejos de ser sostenible, y la planificación
prevista en el último Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) no lo mejora;
por lo que la primera propuesta que se realiza es la modificación del PGOU,
para que dé más importancia a la regeneración urbana que a la expansión de la
ciudad.
La
“ecologización” de la ciudad pasa por reducir el consumo de recursos, acortar
los canales de distribución, sustituir los productos tóxicos, prevenir la
generación de residuos y la contaminación de la atmósfera y de las aguas, entre
otras cuestiones.
El documento
indica las demandas para lograr una política energética que alcance la “emisión
cero” en 2050, a través del ahorro y eficiencia energética y apoyo a las
energías renovables y distribuidas; se insta a una movilidad que garantice la
accesibilidad universal, el servicio público de transporte y favorezca los
desplazamientos peatonales y en bicicleta; requiere una política de aguas que
mantenga la titularidad pública de la gestión, y adecue la oferta y la demanda;
se pone el acento en la necesidad de prevención de la generación de residuos, y
la urgencia de mantenimiento y conservación de los parques y jardines. No
olvida la salud ambiental, que mejore la calidad de vida a través de la
reducción de la contaminación atmosférica, el ruido o la contaminación
electromagnética.
Satisfacer las
necesidades de la ciudad con productos cuyo origen es lejano incrementa la
insostenibilidad de la urbe, por lo que se propone también mejorar los vínculos
con la producción cercana.
Los
instrumentos de la política ambiental para llevar a cabo estas acciones deberán
incluir una amplia participación de la ciudadanía, un programa ambiciosos de
educación ambiental, fiscalidad ambiental a través de la modificación o
creación de impuestos y tasas “verdes” y la puesta en marcha de un plan de
compra pública verde por parte de la Administración.
Tampoco
olvidamos las consecuencias que ciertas políticas de ámbito supramunicipal
tienen sobre la ciudadanía y sobre el medio ambiente, por lo que se debe tener
una postura beligerante ante la firma de tratados internacionales, rechazar la
extracción de hidrocarburos en la provincia y exigir el desmantelamiento
definitivo de Garoña.
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