viernes, 24 de julio de 2015

Los usuarios valoran como buena o muy buena la atención de las enfermeras

Por SATSE

Las enfermeras piensan que no progresan porque no están en los puestos de gestión

Más de un 81 por ciento de los profesionales consideran buena o muy buena la valoración que de ellos hacen los ciudadanos

El 90 por ciento de los encuestados coinciden en la necesidad de dar una mayor visibilidad a la profesión, para que no sólo les reconozcan sus habilidades personales

Cerca del 90 por ciento de los profesionales de Enfermería españoles encuestados por el Barómetro Enfermero piensa que el colectivo tiene importantes problemas para progresar como profesión, apuntando como principal causa su falta de presencia en los órganos de gestión de la política sanitaria.

En una nueva oleada del Barómetro Enfermero elaborado por SATSE, los 4.135 profesionales de Enfermería de todo el país encuestados han manifestado su opinión sobre los principales problemas que existen para que la profesión en su conjunto avance, señalando, además de la falta de representatividad en los órganos de gestión, la precariedad laboral y la labor desempeñada por los directivos y gestores puestos, generalmente, por el gobierno correspondiente.

La falta de prestigio social, las presiones de la profesión médica, y la escasa confianza en sus propias capacidades son otros problemas que señalan que existen, en estos momentos, para progresar como profesión.

De otro lado, el Barómetro Enfermero ha preguntado a los profesionales sobre la valoración que, a su juicio, hacen los usuarios de la atención que presta la Enfermería. Al respecto, el 65,22 por ciento opina que ésta es buena y un 16,28 por ciento cree que muy buena. Además, para el 98,24 por ciento resulta muy importante o bastante importante la opinión que los pacientes tienen de ellos.

En cuanto a los aspectos que creen que más valoran en ellos los ciudadanos, una amplia mayoría (74,22 por ciento) señala las habilidades personales (empatía, accesibilidad o cercanía). Un 19,27 por ciento considera que son las habilidades técnicas (realización de procedimientos), y solo el 3,46 por ciento, los conocimientos teóricos o científicos.

Para cambiar esta situación, todos los encuestados coinciden en la importancia de dar visibilidad a la profesión, siendo para el 90 por ciento algo sumamente necesario, mientras que el 10 por ciento restante opina que es un aspecto importante, pero no lo considera un objetivo prioritario en estos momentos.

Más visibilidad

En cuanto a las acciones que podrían potenciar esta visibilidad, el 42,27 por ciento de los encuestados cree que la medida más efectiva serían intervenciones directas con la población (talleres, charlas, encuentros…) dando a conocer la formación y el trabajo diario de las enfermeras.

Por su parte, el 37,41 por ciento opina que lo más efectivo sería realizar campañas divulgativas en medios de comunicación, y para el 12,87 por ciento resulta fundamental la sensibilización de los más pequeños en las escuelas.

Entre las medidas que los encuestados han propuesto también se encuentran el desarrollo efectivo de las especialidades, el reconocimiento de la profesión por parte de la propia Administración, y la concienciación de los profesionales sobre las propias capacidades e importancia de la profesión, así como fomentar la investigación y los cuidados basados en la evidencia científica, entre otras.

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26 de julio: Romería contra el fracking en Mozuelos de Sedano

El Domingo 26 de Julio celebraremos una gran Romería contra el Fracking en Mozuelos de Sedano (Burgos).

Queremos decir bien alto y bien claro que no queremos Fracking, ni aquí ni en ningún sitio, y lo vamos a hacer de forma festiva, pacifica y creativa.

Tendremos un montón de actividades para toda la familia, juegos populares, música y actuaciones. Además, tomaremos una gran foto aérea formando la frase "FRACKING NO". Contamos contigo!

Pd1: Os animamos a traer comida para pasar el dia y también protección para el sol (sombrero, crema, paraguas, cantimplora...)

Pd2: Si necesitas venir en coche, te animamos a publicar tu viaje en Internet para compartir vehiculo, ahorrar gastos y quemar menos gasolina (blablacar.es, amovens.es)

jueves, 23 de julio de 2015

Las cláusulas abusivas de los Bancos y Cajas: Fiador y deudor solidario, el interés de demora.

En los desahucios también se dejan algunos enseres y muebles

Por Burgos Dijital

Segunda parte del taller sobre cláusulas abusivas que tuvo lugar el viernes 8 del pasado mes de Mayo de la mano de la PAH Burgos. Fue impartido por José María Erauskin y Maite Ortiz, abogados de Stop Desahucios Gipuzkoa.

Los abusos bancarios son la causa del empobrecimiento de las familias y de los desahucios. Son formas de proceder encubiertas que mediante cláusulas injustas hacen pagar un dinero que no tienen que pagar las familias. Producen como consecuencia el desahucio, que suele ser lo más llamativo mediáticamente y en el peor de los casos puede desembocar en la desesperación y el suicidio (no son suicidios sino asesinatos).

Por ello todas las políticas que se orienten tan solo a la solución del desahucio o la creación de un techo alternativo sin atajar el problema de los abusos y las cláusulas abusivas significa seguir permitiendo que las entidades bancarias criminales sigan actuando con total impunidad obteniendo beneficios por medio del engaño a las personas y el empobrecimiento de las familias. La solución política definitiva pasa por acabar con las cláusulas abusivas y las prácticas de abuso por parte de las entidades que conllevan al desahucio entre otras consecuencias.

En esta segunda parte nos cuentan cómo funcionan dos procedimientos abusivos: la sucia transmutación de la figura jurídica de fiador a deudor solidario, y la cláusula del interés de demora, dos tácticas que juegan con la ausencia de información y la situación indefensa de las familias para generar una deuda que no acaba o incluso atacar a los bienes de otros miembros de la familia una vez que el deudor del préstamo ya no puede pagar.

En contradicción con las leyes europeas, el legislador español también ha sido y sigue siendo cómplice en abusos bancarios con la cláusula del interés de demora.
La ley española ha permitido a los jueces diferenciar lo que es abusivo de lo que no y, pese a los avisos de la Unión Europea, el estado español ha tardado años en cambiar esta realidad. Desde el 1993 se instó a España a que toda cláusula abusiva quedase eliminada de la ley bancaria; sin embargo, hasta 2014 el interés de demora sigue siendo remodulado por los jueces y todavía hoy en día existen casos.

Relacionado:

Las cláusulas abusivas de Bancos y Cajas: Comisiones, cláusula suelo y IRPH

miércoles, 22 de julio de 2015

23 de julio: Concentración a la puerta de SINTERPACK (antigua STORK-INTER-IBÉRICA) por el despido de nueve trabajadores

Por Comité de empresa de SINTERPACK

El pasado miércoles 15 de julio la dirección de la empresa Sinterpack (antes Stork Inter-Ibérica) ha despedido, por causas económicas, a nueve trabajadores.
La empresa fue vendida en el mes de Marzo por el grupo Marel a un grupo inversor francés, y atraviesa una situación muy delicada.
El nuevo dueño, lejos de acometer en un inicio cambios estructurales internos, la primera decisión contundente con la que nos hemos encontrado han sido estos despidos.

Estamos convencidos de que el número de despidos (nueve) responde a la estrategia de no tener que enfrentar un despido colectivo (ERE de extinción) con la consecuente obligación de negociar estas extinciones.

Entre los despedidos hay compañeros de más de cincuenta años, incluso cincuenta y ocho años, lo cual nos indigna porque se les deja en una situación laboral y vital muy complicada comprometiendo muy seriamente su futuro y jubilación.
Estos despidos tienen el agravante de comprometer el futuro de la empresa ya que con los compañero despedidos se pierde el conocimiento que se va con ellos.

Como siempre se apunta al lado más débil que es el de los obreros, muy indefensos ante estos movimientos.
Requerimos a la empresa para que reconsidere la situación y considere estos despidos como improcedentes ya que es lo que realmente son.
Desde el comité queremos que se visibilice esta situación y por ello los trabajadores nos concentraremos a la puerta de la fabrica en la hora del almuerzo.

POR LA DEFENSA DE LOS PUESTOS DE TRABAJO

22 de julio: concierto de Onda Calera

Concierto del grupo Onda Calera + Proyección del documental Érase una vez en la 55 con la Hoover Presentado por su director Andrés Enrique- Arias

martes, 21 de julio de 2015

Ley Mordaza, ley 1984

Presencia de la Policía Nacional en la calle.

Por Revista Libertaria Argelaga

El 1 de julio, momento de la entrada en vigor de la Ley Mordaza y de la última Reforma del Código Penal, la monarquía española se convierte en un Estado policíal, culminando una etapa de populismo punitivo que arranca en la década de los noventa con la Ley de la Patada en la Puerta y el Código Penal “de la democracia”, el más duro de Europa y digno heredero del código franquista vigente hasta 1995. Lo que había sido hasta hoy un Estado partitocrático caracterizado por un autoritarismo rampante emanando de un “poder” legislativo que poco a poco iba conculcando derechos y suprimiendo libertades con la ayuda de un “poder” judicial dependiente de los partidos, ya es un Estado de excepción declarado gracias a un ordenamiento jurídico hecho a la medida del aparato represivo.

La diferencia no es sutil: hasta anteayer la partitocracia se apoyaba principalmente en el conformismo de las masas; ahora ante todo lo hace en “las fuerzas y cuerpos de seguridad”. Eso quiere decir que, bien por la irrupción incontrolable de la cuestión social, bien por la debilidad irrefrenable del régimen ante las consecuencias de la salida de Grecia de la zona euro, los problemas políticos se están contemplando cada vez más como problemas de seguridad, es decir, como problemas de orden público.

Al menos, a una parte significativa de la clase dominante le ha entrado pánico ante el peligro que conlleva el desarrollo de los conflictos sociales en las urbes y el territorio, consecuencia directa de la crisis económica y el descrédito institucional, y ha considerado que no era suficiente el refuerzo del sistema de partidos que ha supuesto la aparición de nuevas opciones políticas.
Una parte de la oligarquía dirigente confía más en la integración de los partidos y coaliciones emergentes gracias a una política de pactos; la otra, cree más en los cordones policiales con carta blanca para reprimir sin contemplaciones toda veleidad de protesta y de disidencia. En un caso bastaría con los mecanismos de vigilancia y control habituales del posfranquismo, fuertemente respaldados por la legislación de los anteriores gobiernos socialistas; en el otro, se trataría lisa y llanamente de volver a la política de orden practicada por la dictadura franquista.

El pacto social que fundamentaba la partitocracia, representado por la ley Corcuera, parece haberse resquebrajado. Las fuerzas políticas partidarias de anteponer la “seguridad ciudadana” al estado actual de los derechos de intimidad, vivienda, acogida, reunión, manifestación y expresión, de por sí bastante recortados, piensan que la situación social amenaza con deteriorarse y derivar hacia coyunturas griegas pues el régimen es demasiado vulnerable a las especulaciones financieras y a medida que surjan nuevos agujeros en la financiación lo será todavía más. A fin de conjurar una crisis potencial con otro rescate en el horizonte complicado con un Syriza a la española, ellas han apostado por la línea dura.

Creen conveniente imponer un “marco jurídico adecuado” y una desregulación de la actividad policial que permita total impunidad a prácticas ilegales que se venían ejecutando sin demasiada cobertura, tal como hizo en su momento la anterior ley. Incluso se le autoriza a imponer sanciones que antes incumbían al juez.

Parece que la intervención arbitraria y desproporcionada de la policía contra “terceros” que protesten sea, oligárquicamente hablando, la única forma de garantizar “el normal funcionamiento de las instituciones” dentro de la crisis y asimismo, de mantener “la tranquilidad” de los ciudadanos que deciden en la economía y la política.

Para que la sociedad y el Estado continúen en manos de irresponsables y corruptos, la calle ha de quedar a merced de los verdaderos violentos: la madera.La ley Mordaza es la primera de su estilo en definir el concepto de “seguridad ciudadana”: es “la garantía de que los derechos y libertades reconocidos y amparados por las constituciones democráticas puedan ser ejercidos libremente por la ciudadanía”.

La redacción resulta más clara de entender cuando se tiene en cuenta que se refiere al derecho de estar de acuerdo con las disposiciones del Estado y a la libertad para obedecerlas.

La legislación securitaria amplía el muestrario de hechos “perturbadores” y figuras delictivas con términos suficientemente ambiguos como para abarcar a un sector importante de la población: aquél que se manifiesta, desobedece, grita a los políticos, se opone a los desahucios, convoca movidas por internet; aquél que forma parte de piquetes de huelga, okupa casas, corta el tráfico, fotografía las brutalidades de las fuerzas de orden; aquel que interfiere “en el funcionamiento de infraestructuras críticas”, es decir, que defiende el territorio, e incluso el hincha futbolero demasiado ruidoso y… aquél que hace botellón: la dipsomanía juvenil resulta ahora subversiva a la mirada beata de los dirigentes.

En el cesto punitivo cabe de todo, desde el yihadista fanático al modesto ciudadano que no se cree obligado a mostrar su carnet de identidad al primer esbirro; desde el pacifista que se encadena contra las líneas MAT al viandante que rehúsa un cacheo; desde el inmigrante indocumentado al insolvente que se resiste a abandonar su casa.

Todos ellos son “infractores”, y como tales figurarán en un registro, cualquiera que sea la levedad de la infracción o el grado de culpabilidad, porque aunque ésta sea mínima, puede ser susceptible de considerarse contraria al orden constitucional, y por lo tanto, responsable de aportar su grano de arena a la desestabilización “de las instituciones políticas, de las estructuras económicas o sociales del Estado”.

La ley Mordaza nos indica que el régimen partitocrático evoluciona imparablemente hacia una sociedad orwelliana como la descrita en la novela “1984”, con la información unilateral, el control de masas, la represión del activismo social, la erradicación de la inteligencia crítica, las neolenguas y los ministerios de la opresión, donde cualquier muestra exterior de disconformidad puede comportar terribles humillaciones. Es evidente, el Gran Hermano de hoy no es el Partido, sino el Estado partitocrático, pero los lemas siguen siendo los mismos: “la guerra es la paz”, “la libertad es la esclavitud”, “la ignorancia es la fuerza”.

La Ley Mordaza es un producto típico de la Razón de Estado, pues con ella se persigue un aumento de poder que apunta a la conservación del régimen por encima de los súbditos denominados “ciudadanos”, sea cual sea el medio empleado. De preferencia, los inmorales, arbitrarios, violentos e ilegítimos, pues a los ojos de los expertos represores de la oligarquía dirigente, son los más eficaces.

La partitocracia desde el pasado 1 de julio es ya visiblemente lo que ya era esencialmente: un Estado policial que da la bienvenida a su “ciudadanía” con una expansión penal perfectamente regulada sin necesidad de recurrir al golpe de Estado.

lunes, 20 de julio de 2015

Las cláusulas abusivas de los Bancos y Cajas: La clausula suelo, el IRPH y las comisiones de Bancos y Cajas

Imagen cedida por PAH Burgos

Por Burgos Dijital

El viernes 8 del pasado mes de Mayo tuvo lugar de la mano de la PAH Burgos un completísimo taller sobre cláusulas abusivas donde se explicaron las diferentes formas de proceder abusivas de las entidades bancarias contra las personas. Fue impartido por José María Erauskin y Maite Ortiz, abogados de Stop Desahucios Gipuzkoa.

Los abusos bancarios, las artimañas y fechorías en los procedimientos de los bancos son la base del problema, que genera finalmente el desahucio como consecuencia. Estas cláusulas y engaños van desde el simple tamaño de la letra en los contratos hasta cláusulas como el tóxico IRPH o la cláusula suelo, el interés de demora así como la sucia transmutación de la figura jurídica de fiador a deudor solidario. Artimañas burocráticas que juegan con la ausencia de información y la situación indefensa de las familias para generar una deuda que no acaba o incluso atacar a los bienes de otros miembros de la familia.

El legislador español, también cómplice en estos abusos con la cláusula del interés de demora en contradicción con las leyes europeas, ha permitido a los jueces diferenciar lo que es abusivo de lo que no y, pese a los avisos de la Unión Europea, el estado español ha tardado años en cambiar esta realidad.

Desde el 1993 se instó a España para que toda cláusula abusiva quedase eliminada de la ley bancaria; sin embargo, hasta 2014 el interés de demora sigue siendo remodulado por los jueces y todavía hoy en día existen casos.

Por ello todas las políticas que se orienten tan solo a la solución del desahucio o la creación de un techo alternativo sin atajar el problema de los abusos y las cláusulas abusivas es seguir permitiendo que las entidades bancarias criminales sigan actuando con total impunidad obteniendo beneficios por medio del engaño a las personas y el empobrecimiento de las familias. La solución política definitiva pasa por acabar con las cláusulas abusivas y las prácticas de abuso por parte de las entidades que conllevan al desahucio entre otras consecuencias.

LAS COMISIONES QUE COBRAN BANCOS Y CAJAS
¿El Banco o la Caja te ha enviado una carta para comunicarte el cobro de una comisión de 30 euros por impago de una factura o por haberte quedado sin saldo en la cuenta?

LA CLAÚSULA SUELO

El IRPH

De Charlie Hebdó a la ley contra la LGTBfobia: discursos de odio y censura estatal.(Parte 2)

Por Pablo Pérez Navarro

Libertad de expresión, homofobia y censura estatal.

Al fin y al cabo, es muy cómodo defender la libertad de expresión cuando no es nuestra sensibilidad la que se ve directamente atacada por su ejercicio. Y nada significa esa “libertad” cuando se administra a voluntad en función de los intereses políticos concretos de quienes la enarbolan como bandera.
Si bien esto resulta evidente en el caso del cinismo de la derecha europea e internacional que se manifestó la semana pasada por las calles de París, la ocasión resulta más que propicia para arriesgarnos a pensar más allá, en relación con las llamadas a limitar la libertad de expresión que se hacen desde escenarios más próximos a la militancia de izquierdas.

Preocupante resulta, en este sentido, el amplio consenso que goza, entre los colectivos LGTB, la recientemente aprobada ley contra la lgtbfobia en Cataluña.
Muy en especial respecto al valor de su parte punitiva –el resto, es decir, las medidas para fomentar el trato igualitario de la diversidad sexual en ámbitos diversos como el educativo, el del deporte, la salud o los medios de comunicación, podrían ser una gran herramienta en la lucha contra la lgtbfobia-, que tipifica como faltas administrativas, castigables con multas e inhabilitaciones para cargos públicos, el uso de expresiones vejatorias homofóbicas, bifóbicas y transfóbicas, además de cualquier acción que conduzca a la discriminación o menosprecio de las personas LGTB.
Acciones que incluirían la propia difusión de los discursos homofóbicos, y hasta la distribución de ciertos libros, como pone de manifiesto la denuncia –eso sí, aún por resolver-, a El Corte Inglés por vender el libro “Curar la homosexualidad”. Denuncia que gozará de las simpatías, muy probablemente, de muchas de las que ahora defienden sin paliativos el “valor occidental” de la libertad de expresión, empezando por la que concierne a las publicaciones más claramente islamofóbicas del Charlie Hebdó.

Por mi parte, y no sólo por las razones con las que argumentaba Judith Butler en Lenguaje, poder e Identidad que “la censura estatal [del discurso del odio] produce discurso del odio”, y que siempre merece la pena revisitar, creo que la homofobia, la bifobia, la transfobia y, ahora más que nunca, la islamofobia, exigen a la vez mucho más y mucho menos de nosotras.

Mucho más, porque ciertos discursos deben salir mucho más caros que la recepción de una simple multa, y no precisamente en términos penales o económicos. Debemos seguir siendo –o, mejor, serlo siempre más que nunca- capaces de organizar respuestas colectivas que, como la que está a punto de conseguir que la homofóbica y casposa letra que la murga Ni Fu Ni Fa preparaba para los carnavales de Tenerife sea retirada, no sólo desautoricen a quien nos pretende agredir con sus palabras, sino que tomen cada discurso de odio como punto de apoyo para señalar y combatir las mil y una formas de discriminación que conforman eso que llamamos “espacio público”.

Pero también exigen mucho menos, ya que reforzar el poder del estado para limitar la circulación de cualesquiera discursos, para decidir cuáles merecen, y cuáles no, la intervención de la censura en cualquiera de sus formas es siempre un arma de doble, triple o cuádruple filo. Una cultura de lo “políticamente correcto”, que no tolerase, por la vía penal o administrativa, ni Charlies Hebdós, ni obispos de Alcalá, ni Ni Fu Ni Fas, antes o después se volvería contra nosotras, en nombre de la defensa de las sensibilidades religiosas, de la paz social o de la seguridad ciudadana: contra las que se besan al paso del papa, contra las que se manifiestan en capillas como la de Somosaguas, contra las que hacen parodias del PP con capuchas etarras, contra las que cocinan cristos, contra las que se manifiestan frente al congreso, contra las que cuelgan pancartas en la fachada de cualquier edificio; y un largo etcétera que conocemos ya, por desgracia, demasiado bien.

Visto el consenso, la distopía en la que solicitaremos en respetuoso silencio multas administrativas mientras se nos prohíbe manifestarnos ante la sede de quienes publiquen sus revistas satíricas a nuestra costa o nos insulten desde sus púlpitos podría estar preocupantemente cerca.
Mucho más urgente sería, en la Europa que conocemos y en la que tan orquestadamente nos preparan, recorrer justamente el camino contrario. El de limitar el papel del estado a la hora de censurar el flujo de discursos –y de cuerpos- en el espacio público. Incluyendo los que nos ponen como objetivo a diversas minorías, ya sea que procedan de semanarios de izquierda o de derechas, de las murgas carnavaleras o de las jerarquías eclesiáticas.
Entre otras cosas para no tener que hacer recuento de leyes mordaza cada vez que salgamos a las calles para hacerles frente. Las políticas combativas y contestatarias pueden exigir más energía, pero tienen la ventaja de que su potencial transformador es de mucho mayor alcance que el de las políticas de la censura. Y quien crea que son compatibles, mal que nos pese a veces, se engaña.

Relacionado:
De Charlie Hebdó a la ley contra la LGTBfobia: discursos de odio y censura estatal. 1ª parte

No constará en el expediente académico del alumnado que no hizo las pruebas de 3º de primaria

Por CGT Enseñanza Burgos

CGT se alegra de que la Consejería de Educación de Castilla y León haya decidido que no conste NOTA ALGUNA en el expediente de los niños y niñas que no realizaron las pruebas externas de tercero de primaria.

Desde el primer momento manifestamos nuestro rechazo a estas pruebas innecesarias, discriminatorias, antesala de la elaboración de rankings de centros y que han supuesto un coste económico importante, además de mostrar la falta de confianza de la Administración en la labor educativa del profesorado.

En su día, animamos al profesorado y a las familias a no tomar parte de este despropósito e iniciamos una campaña de BOICOT a las pruebas, informando a los centros, al profesorado y llevando nuestras protestas a la calle.

Agradecemos al profesorado que manifestó su rechazo, a las familias que decidieron que sus hijos e hijas no hicieran las pruebas, a pesar de la “presión” a la que se vieron sometidas, y animamos a que el curso que viene sigamos con esta campaña de boicot a TODAS las “REVÁLIDAS”.

Relacionado:
Campaña de boicot contra las pruebas de evaluación de 3º de primaria

domingo, 19 de julio de 2015

Salarios y comisiones en Caja Burgos. "Corrupción y codicia de la mano del PP"

El sueldo de Jose María Leal, de Caja Burgos Fundation

Por CSR de Gamonal y Burgos Dijital

Salarios y comisiones

Caja Burgos Corrupción y codicia de la mano del PP (Última Parte)

Si entramos a hablar de los sueldos de los otros directivos, podemos comprobar que en medio de estos tiempos de crisis y recortes sus salarios no están a la altura del resto de la ciudadanía: su director general, Rafael Barbero, percibía en 2014 como presidente de la Fundación Caja Burgos la pequeña cantidad de 209.215 euros anuales; su secretario general, Andrés Carretón, que entendemos trabajará la mitad del tiempo de su Presidente, es “castigado” con 118.280 euros; la responsable de la Obra Social, Rosa Pérez, 128.471 euros, entendemos que parte de los mismos serán dirigidos a extender su inestimable labor “social”.

No contentos con estas retribución y mientras todo el país seguía tiritando, el señor Barbero subió las nóminas de la Fundación un 2%, ya que al parecer no les daba para pagar las facturas de la luz, de la misma manera que le ocurría a un ínclito político del PP gallego.

Por otro lado, el actual presidente de Caja Burgos, José María Leal Villalba, recibió de la nueva entidad dueña de esa caja 1,1 millones de euros para investigación universitaria sobre el cáncer - no el de la propia entidad, se entiende- a través de una sociedad ubicada en Santiago de Compostela, presidida por su mujer y dirigida por un par de colaboradores.

Al parecer, dos patronos de la Fundación Caja de Burgos denunciaron además que se les ocultan los sueldos de los empleados. E incluso han llegado a sospechar que con el beneficio de los ahorros de la mayoría de los burgaleses y burgalesas se pagan sueldos escandalosos, entre 30.000 y 60.000 € anuales.

También se denunció la percepción de dietas al margen de lo establecido en los propios estatutos a favor del expresidente de la caja, quien percibió en concepto de “trabajos de organización, preparación y coordinación” 61.056 euros entre febrero y junio de 2010. Parece que, por su parte, Ángel Ibáñez cobró 24.000 € por conceptos similares. Esto nos puede recordar a las famosas y recientes asesorías verbales del Diputado Pujalte y el embajador Trillo en la “trama eólica”.

Otros partidos no se libran tampoco de la quema. Por ejemplo, el exconcejal Luis Escribano (PSOE) cobró unos 12.000 euros anuales de 2004 a 2011. Quizás por eso de denunciar los escándalos anteriormente citados, nada. Quien sabe si el silencio no es más que un precio.

Para acabar con este ignominioso compendio de abusos, corrupción y despilfarro, citaremos el último escándalo. ¿Recuerdan las grandes controversias de la multimillonaria reforma de la plaza de toros, que originó duras movilizaciones y un conflicto por el que numerosas burgalesas y burgaleses tienen abiertos procesos administrativos y judiciales? Pues bien, para salvar la cara a Javier Lacalle y Ángel Ibáñez, los directivos de esta entidad han decidido dedicar cerca de un millón de euros a costear el diseño del proyecto e introducir mejoras adicionales.
Todo esto para que el Partido Popular pueda presumir de que el Ayuntamiento no tendrá que pagar más de lo inicialmente previsto (en total, unos ocho millones de euros, de momento). Una vez más, los fondos de la obra social van destinados a una obra especulativa, de la que se beneficia el inefable Antonio Miguel Méndez Pozo, para cerrar el círculo.

La historia de esta caja nos muestra, en fin, que en buena medida su función ha sido la de enriquecer a sus directivos y favorecer la especulación urbanística, con la que se lucran. Hipócritamente, tratan de justificar la existencia de la caja con la “obra social”, mientras la nave nodriza a la que pertenecen no tiene escrúpulos para dejar a familias en la calle, tapiar locales públicos o saquear los fondos de la entidad. Siguen, eso sí, financiando la cultura, a su manera. Ante la falta de oportunidades de esta ciudad, las personas creadoras y vinculadas al arte se ven forzadas a colaborar con esta Caja, aunque sea con la pinza en la nariz.

CSR de Gamonal tapiado en diciembre de 2011

Los y las representantes del Centro Social Recuperado de Gamonal anunciamos que no nos quedaremos de brazos cruzados, Seguiremos reafirmándonos en nuestra apuesta por la autogestión y el apoyo mutuo en el CSR de Gamonal, por mucho que los directivos de la Caja nos denuncien y quieran tapiar el espacio, que es de todos, de nuevo.

DONDE LAS DAN, LAS TOMAN

CSR –GAMONAL

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Duro golpe de la Fundación Caja Burgos a la pluralidad de opinión del patronato
Las cincuenta sombras de José María Arribas Moral
La obra leal de la Caixa

Jose María Arribas dónde están los 34 millones de euros

sábado, 18 de julio de 2015

De Charlie Hebdó a la ley contra la LGTBfobia: discursos de odio y censura estatal.(Parte 1)

Por Pablo Pérez Navarro

“Sí, pero”. El valor de la políticas adversativas.

Mucho se ha escrito desde el atentado al semanario. Y mucho se ha criticado a quienes han aprovechado la ocasión para pensar en el papel de la política exterior de las democracias occidentales en la radicalización del terrorismo fundamentalista o en los escurridizos límites entre el uso legítimo de la libertad de expresión y la reproducción de los discursos de odio, islamofóbicos o de cualquier otra índole. Se les critica en ocasiones, a quienes plantean estas cuestiones, por utilizar la reprobable fórmula del “condeno el atentado, pero…”.

Como si cualquier cosa que sucediera al este “pero” viniese a justificar, de una u otra manera, lo injustificable: el atentado en sí.

Sin embargo, pero, no obstante, incluso una tragedia de esta índole debe convertirse, aunque sólo fuera por el enorme impacto social y mediático que la ha sucedido, en una ocasión para el ejercicio urgente del pensamiento crítico. No deja de tener gracia que quienes critican la fórmula del “sí, pero” pretendan limitar el espacio de lo pensable en esta ocasión a la defensa de la libertad de expresión en general y a la del Charlie Hebdó en particular. Aunque sólo fuera porque el humor satírico del Charlie Hebdó es un gran exponente de la fórmula del “sí, pero…”, incluso en su respuesta a atentados terroristas aún más sangrientos que el del propio Charlie Hebdó.

Sin ir más lejos, una de las portadas más difundidas en estos días es la que representa, tras la matanza de cien militantes de los Hermanos Musulmanes en Egipto, la caricatura de una cualquiera de sus víctimas tratando de protegerse de los disparos con un ejemplar del Corán bajo la leyenda “este Corán es una mierda, no para las balas”.

De hecho, esta portada ni se molestaba en incluir la parte del “sí, condeno el atentado” –aunque la demos por supuesto, pues lo contrario sería moralmente abominable- para lanzarse directamente a señalar ese “pero” que ridiculizaba el componente religioso de la política de los Hermanos Musulmanes.

Al margen de la opinión que nos merezca esta portada, es crucial que nos demos cuenta de que, en la política de los “peros”, no importa tanto la fórmula en sí como lo que la sigue. Para muestra, ese chiste en el que una apacible abuela le comenta a otra “yo no soy racista, pero quienes más me han oprimido son los hombres blancos, heterosexuales y de clase media”, o algo por el estilo.
Y es que sin peros, incluyendo los más incómodos, nos quedaríamos de un plumazo sin pensamiento crítico y, por supuesto, sin sátira política. Sin peros, en definitiva, sólo podríamos pensar en blanco y negro, al estilo del peor de los fundamentalismos.

La construcción de la mirada islamofóbica.

Uno de esos peros incómodos, y que más atención ha acaparado, es la cuestión de si Charlie Hebdó es o no, y de qué manera, una revista islamofóbica de izquierdas. No creo que lo sea, al menos, por el motivo aparentemente más obvio: por ser una revista blasfema. No por enseñar la cara –y hasta el culo- de Mahoma.
A la vista está que tampoco han escatimado golpes contra otras confesiones. Y, sin embargo, al poner en una balanza las blasfemias cristianas y las islámicas, bien pudiera ser, así a bote pronto, que el lado contra el fundamentalismo islámico pese mucho más que el del resto de religiones.
Sería incluso sorprendente si estuvieran, en realidad, todas a la par, dado que la revista se publica en un país donde la población islámica, y no digamos ya el fundamentalismo islámico, es obviamente muy minoritario.
Hablamos de una minoría, además, que tampoco ocupa cotas de poder que expliquen la fijación temática con la figura de Mahoma o con la cultura religiosa musulmana en general. Ni siquiera si pensamos en una hipotética influencia retrógrada en la cultura nacional: no fue precisamente el fundamentalismo islámico quien llenó las calles en las protestas masivas contra el matrimonio gay y lesbiano hace apenas un año, ni quien pretendía expulsar a los gitanos del territorio francés.

En cualquier caso, más allá de la quizá reveladora cuestión de las proporciones, y diga lo que diga el papa y nuestra ley española en defensa de las sensibilidades religiosas, una cosa resulta clara: la libertad de expresión resultaría un derecho bastante escuálido si no incluyese el derecho a la blasfemia.

Por lo que a la islamofobia se refiere, más preocupante parece el tratamiento de las víctimas de diferentes formas de terrorismo, en portadas como la ya citada sobre el atentado a los Hermanos Musulmanes, o esa otra, también muy discutida estos días, sobre las niñas nigerianas, negras y musulmanas, víctimas de abusos sexuales caricaturizadas en aquella otra portada en la que gritaban “no toquen nuestras ayudas sociales”.
Hay que dejar claro, eso sí, que pese al aire quasi fascista que emanaría de una lectura precipitada de esta última, el efecto buscado sería justamente el contrario, esto es, el de ridiculizar ese discurso arquetípico de la derecha para el cual muy diversas minorías precarizadas y discriminadas no tendrían mayor aspiración que la de convertirse en parásitos del estado por la vía de las ayudas sociales.
En este caso, llevando al absurdo del razonamiento, el semanario hacía escarnio del muy conocido discurso xenófobo para el que hasta la situación más invivible no sería más que un medio para obtener la ayuda de los servicios sociales.

Pero, no obstante, sin embargo, más allá de los objetivos políticos rastreables en portadas como esta, no es baladí la cuestión de la representación paródica de según qué víctimas. No tanto porque las víctimas del terrorismo, ya que no la blasfemia, deban ser, en cuanto tema, un límite natural de la libertad de expresión.
Lo preocupante del caso es, más bien, con la sensibilidad de qué víctimas, y de qué audiencias, se permite entrar en conflicto directo, y con cuáles no. De hecho, no parece tan fácil encontrar las viñetas del Charlie Hebdó que hagan sátira política, por ejemplo, a costa de las cuarenta víctimas del terrorista fundamentalista cristiano de Oslo.
O de las víctimas de ETA. O de las del atentado del 11S. La portada tras la caída de las torres gemelas, por ejemplo, no recurría a la caricatura de sus víctimas, sino a la de Bin Laden.
Nada que ver, por ejemplo, con aquel videoclip electropop de Alma-X, que se burló del poder simbólico, fálico y económico de las torres con un diálogo en el que una le pedía sexo anal a la otra en los momentos que precedían al atentado, y que yuxtaponía las imágenes de los saltos al vacío desde las torres con la “reflexión” de que miles de puestos de trabajo se habían venido abajo.
Ni con aquellas drag queens cuyo nombre no recuerdo pero que, en el epicentro del clímax patriótico, bélico y de recorte de derechos civiles tras el atentado, hicieron el tan manido play back de “It´s raining men” mientras proyectaban las imágenes reales de los mortales saltos desde las torres en llamas. La caricatura de Bin Laden pertenecía, sin duda, a un terreno mucho más seguro en lo que al uso de la libertad de expresión se refiere, a una distancia inconmensurable de la portada dedicada a las víctimas del atentado en Egipto.

Charlie Hebdó no llega tan fácilmente a según qué extremos cuando las víctimas en cuestión no son las de “los otros”. Probablemente porque, para empezar, el contexto ideológico más inmediato se lo impide.
Pensemos, si no, en un ejercicio de imaginación, en el revuelo diplomático, o hasta jurídico, que se podría haber producido ante una portada que caricaturizase con cualquier fin a las víctimas del atentado del 11M en Madrid. O en el humorista Dieudonné –ideológicamente alineado con la extrema derecha antisemita- que acaba de ser imputado por un tuit en el que decía “Je suis Charlie Coulibaly”; es decir, en el que reclamaba para sí el nombre del terrorista que había acabado con la vida de varios judíos en un mercado Kosher.

Mi posición no es, desde luego, la de que cualquiera de estos ejemplos, empezando por Charlie Hebdó, debiera ser imputable, por indefendibles que puedan resultar. Al contrario, ese camino parece un billete en primera clase hacia el totalitarismo ideológico.
Pero sí creo que deben servirnos para reflexionar hasta qué punto al participar, sin cuestionarla, de esa construcción de la mirada en la que las víctimas de ciertos terrorismos son intocables, mientras que otras no lo son en absoluto, no sólo no desafiamos el régimen de representación eurocéntrico, islamofóbico y racista en el que unas víctimas cuentan más que otras sino que lo estaríamos, además, alimentando, justificando y, en definitiva, consolidando.

viernes, 17 de julio de 2015

SACYL cierra camas este verano en los hospitales mientras aumentan las listas de espera

Hospital universitario de Burgos HUBU

Por Burgos Dijital

El sindicato SATSE denuncia que SACYL ha cerrado camas en todos los hospitales de Castilla y León, recientemente se ha contabilizado el cierre de 688 camas este verano:

- en el hospital del Bierzo, tras las elecciones municipales y autonómicas se cerraron las 36 camas, que se habían reabierto este invierno debido a las necesidades hospitalarias, contrariamente a las informaciones del SACYL en los medios de comunicación.

- en Segovia se mantiene el cierre de 48 camas desde hace ya varios años.

- en Medina del Campo la planta de Cirugía se encuentra cerrada desde junio, con 26 camas.

- en el complejo Asistencial de Avila se prevé que haya unas 100 camas menos.

- en el hospital universitario de Burgos unas 89 camas

- en León un total de 95 camas

- en Palencia se espera una disminución de 38 camas para este verano

- en los hospitales Clínico y Virgen de la Vega de Salamanca se cerrarán 64 camas

- la planta de Urología de Soria con 28 camas quedará cerrada también

- y en Valladolid se contabilizan unas 208 camas menos para estos meses.

- en Zamora aún no se tienen datos

Con esta denuncia SATSE pretende al mismo tiempo desmentir las informaciones difundidas por SACYL a los medios de comunicación respecto al cierre de camas para estos meses de verano. SATSE se opone a este tipo de políticas de recortes y alza la voz porque se está intentando engañar a la ciudadanía con cifras que no son ciertas.

Con este recorte de la asistencia de los pacientes sólo se consigue un aumento de la carga asistencial de los profesionales sanitarios que trabajan en verano y en un deterioro de la calidad asistencial, con un aumento de traslados de pacientes entre centros y unidades que no son las que les corresponden por sus dolencias o patologías. A costa de todo esto se pretende un ahorro económico, en contraposición de los despilfarros que se efectúan en otras Consejerías.

Este sindicato "niega que se produzca una reestructuración de camas por que se reduzcan las necesidades asistenciales", sino que esta reducción en el número de camas disponibles "sólo obedece a criterios económicos" cuando los pacientes en listas de espera cada vez aumenta más y aumenta el tiempo de espera, concluye SATSE.