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| Teatro HÄAGEN-DAZS Calderón (Madrid) |
Desde diversos sectores del ámbito cultural se ha
venido reclamando y promoviendo la modificación de la actual ‘Ley de Mecenazgo’
que opera en España desde 2002 [1]. Estas peticiones inciden en la necesidad de aumentar el papel inversor del sector privado en la vida cultural mediante
un mayor estímulo de la política fiscal aplicable al respecto. Visto ello por estos
mismos como la tabla de salvación de un sector, el de la cultura, sobre el que
pende siempre la fatídica amenaza del recorte presupuestario en cuanto la
coyuntura económica se vuelve ligeramente desfavorable.
Parece ser que las reclamaciones en este sentido han
sido rauda y gustosamente atendidas por el nuevo gobierno, quien con su rotunda
mayoría se siente omnipotente para emprender cuantas medidas favorezcan los
intereses privados, indistintamente del ámbito que pueda tratarse: educativo, sanitario,
laboral… En este caso también en el
ámbito cultural, con la premisa de ampliar
ostensiblemente los beneficios fiscales a la iniciativa privada y convertirlo
de esta forma en un objetivo mucho más atractivo para ésta.
Así pues, todo hace pensar que el texto que está
ultimando el, nuevo y aglutinador, ‘Ministerio de Educación, Cultura y Deporte’
se pondrá a la vanguardia de las más generosas normativas que sobre mecenazgo
existen en Europa. Las suposiciones colocan los beneficios fiscales para los
donantes entorno al 70% de deducción
fiscal de las cantidades aportadas, en línea a como ya sucede en Reino
Unido y Francia. Lo que vendría a suponer más del doble de lo que resulta en
España hasta la fecha (30%).
Si hasta ahora particulares y empresas decidían llevar
a cabo: donaciones económicas y materiales, patrocinio de iniciativas públicas
o, bien, promoción propia mediante Fundaciones privadas; éstos se beneficiaban
por ello –en sus declaraciones de IRPF o Impuesto de Sociedades- de una
deducción entorno al 30% de las cantidades destinadas a este fin [2]. Por el contrario, una vez se aprobase
el nuevo marco regulatorio el beneficio fiscal se dispararía, de forma que Hacienda sólo recaudaría
lo equivalente al 30% de las cantidades destinadas por éstos a fines
culturales (frente al 70% que recauda actualmente).
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| Ruta Quetzal BBVA |
La situación que de esta forma se nos dibuja pondría
al sector en España ante tesituras hasta ahora desconocidas que podrían
resultar realmente peligrosas. Aun
suponiendo, por un lado, que mediante la aplicación de estas nuevas medidas
fiscales se lograse efectivamente estimular la inversión privada
[3], se correría con ello el riesgo de
que
las aportaciones obtenidas por esta
nueva vía se detrajesen de los presupuestos públicos destinados a fines culturales,
en vez de concebirse como un “plus” añadido a la propia política inversora de
la administración. De forma que el impulso inversor privado se vería contrarrestado
por un repliegue presupuestario público que dejaría la situación en el sector
cuantitativamente en un punto similar al existente actualmente.
Por otro lado, se daría también la situación de
que –con el aumento de los beneficios fiscales y la menor aportación vía
impuestos del sector privado al fondo de recaudación común- se verán mermados
los presupuestos generales y con ello, más que probablemente, las partidas
destinadas por la administración a este campo; delegándose así un mayor poder de decisión sobre en qué proyectos invertir
una mayor o menor cantidad de dinero a
la iniciativa privada en detrimento
de criterios de interés público general.
Otro de los capítulos que parece se verán alterados
con la nueva ‘Ley de Mecenazgo’ será el relativo a la política de subvenciones
en la materia. Aquí también se prevé la introducción de ventajas fiscales, en
este caso, dirigidas a las industrias del sector; distinguiéndose así por un
lado las ayudas públicas directas –otorgadas mediante subvención como sucede
hasta el momento- de las bonificaciones aplicables
a las industrias de la cultura. De esta forma, se dice pretender hacer más
atractivo y competitivo el sector, a la vez que acabar con la llamada “cultura
de las subvenciones” de la que son acusadas ciertas industrias que, como la
cinematográfica, probablemente requerirían sencillamente de medidas veraces de
control en su acceso a las ayudas públicas [4].
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| HEINEKEN Jazzaldia (San Sebastián) |
Resta por ver cómo quedará definitivamente concretada la nueva norma y si
finalmente resultará tan generosa con el sector privado como todas las suposiciones
vaticinan. Si así resultase, ésta actuaría
en
detrimento del papel director que hasta el momento el poder público ha ejercido
sobre la política cultural en España, cediendo un mayor protagonismo a criterios
de rentabilidad económica y arbitrariedad empresarial propios de la iniciativa
privada.
Cabría admitir que la actual Ley en vigor pudiera ya
requerir, tras 10 años de recorrido, de cierta necesidad de revisión con el fin
de involucrar más al sector privado, pero en
ningún caso resultaría conveniente que se aplicasen medidas desproporcionadas
(más allá del 50% de deducción fiscal), ni que se concibiese esta vía de
financiación de otra forma que no fuese como estrictamente complementaria a una
política presupuestaria pública que vele decididamente por el interés general.
Por último, no debemos de olvidar que lo privado ha buscado siempre su
vinculación con el mundo de la cultura, interesado especialmente por los valores
que ésta le imprime, el reconocimiento social que le reporta y la plataforma
publicitaria que le brinda. Aspecto éste que no ha de tomarse a la ligera,
debiendo de valorarse e, incluso, cuantificarse en la medida que verdaderamente
tiene.
Se establece pues entre ellos una relación
simbiótica por la cual, mediante una buena articulación, ambos mundos podrían verse claramente beneficiados. Por un lado, el
cultural recibiría un aliento económico que le permitiera una mayor estabilidad
presupuestaria y, como contraprestación, el privado lograría más rentabilidad
en la explotación de la imagen que el mundo cultural le aporta. No obstante, debería
ello siempre producirse bajo la condición de que en este camino conjunto, la
cultura: salvaguardase inalterado su marchamo de interés general, fuese la administración
pública la rectora principal de su política y bajo ningún concepto, como
algunos parecen pretender, se infravalorase
y ofreciese… a precio de saldo.
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[2] La Ley de 2002 estable una
deducción fiscal de las cantidades donadas de un 25% en el caso de
particulares y de un 35% en el caso de empresas.
[3] Así atestigua el caso
francés, con un incremento de un 60% en las aportaciones privadas en los 2
primeros años desde la entrada en vigor de su normativa.
ECOLOGISTAS EN ACCIÓN rechaza esa previsión toda vez que no existe razón alguna basada en la mejora de la movilidad urbana, el Plan ni tan siquiera intenta fundamentar la medida, no mejora en ningún caso la movilidad de la zona afectada, que se vería incluso afectada por el incremento de tráfico que supondría, no existe ni un argumento de carácter social para llevarla a cabo y no mejora en nada la vida de los vecinos de la zona.
