Próxima 'Ley de Mecenazgo': hacia la privatización de la Cultura

Teatro HÄAGEN-DAZS Calderón (Madrid)

Desde diversos sectores del ámbito cultural se ha venido reclamando y promoviendo la modificación de la actual ‘Ley de Mecenazgo’ que opera en España desde 2002 [1]. Estas peticiones inciden en la necesidad de aumentar el papel inversor del sector privado en la vida cultural mediante un mayor estímulo de la política fiscal aplicable al respecto. Visto ello por estos mismos como la tabla de salvación de un sector, el de la cultura, sobre el que pende siempre la fatídica amenaza del recorte presupuestario en cuanto la coyuntura económica se vuelve ligeramente desfavorable.

Parece ser que las reclamaciones en este sentido han sido rauda y gustosamente atendidas por el nuevo gobierno, quien con su rotunda mayoría se siente omnipotente para emprender cuantas medidas favorezcan los intereses privados, indistintamente del ámbito que pueda tratarse: educativo, sanitario, laboral… En este caso también en el ámbito cultural, con la premisa de ampliar ostensiblemente los beneficios fiscales a la iniciativa privada y convertirlo de esta forma en un objetivo mucho más atractivo para ésta.

Así pues, todo hace pensar que el texto que está ultimando el, nuevo y aglutinador, ‘Ministerio de Educación, Cultura y Deporte’ se pondrá a la vanguardia de las más generosas normativas que sobre mecenazgo existen en Europa. Las suposiciones colocan los beneficios fiscales para los donantes entorno al 70% de deducción fiscal de las cantidades aportadas, en línea a como ya sucede en Reino Unido y Francia. Lo que vendría a suponer más del doble de lo que resulta en España hasta la fecha (30%).

Si hasta ahora particulares y empresas decidían llevar a cabo: donaciones económicas y materiales, patrocinio de iniciativas públicas o, bien, promoción propia mediante Fundaciones privadas; éstos se beneficiaban por ello –en sus declaraciones de IRPF o Impuesto de Sociedades- de una deducción entorno al 30% de las cantidades destinadas a este fin [2]. Por el contrario, una vez se aprobase el nuevo marco regulatorio el beneficio fiscal se dispararía, de forma que Hacienda sólo recaudaría lo equivalente al 30% de las cantidades destinadas por éstos a fines culturales (frente al 70% que recauda actualmente).

Ruta Quetzal BBVA

La situación que de esta forma se nos dibuja pondría al sector en España ante tesituras hasta ahora desconocidas que podrían resultar realmente peligrosas. Aun suponiendo, por un lado, que mediante la aplicación de estas nuevas medidas fiscales se lograse efectivamente estimular la inversión privada [3], se correría con ello el riesgo de que las aportaciones obtenidas por esta nueva vía se detrajesen de los presupuestos públicos destinados a fines culturales, en vez de concebirse como un “plus” añadido a la propia política inversora de la administración. De forma que el impulso inversor privado se vería contrarrestado por un repliegue presupuestario público que dejaría la situación en el sector cuantitativamente en un punto similar al existente actualmente.

Por otro lado, se daría también la situación de que –con el aumento de los beneficios fiscales y la menor aportación vía impuestos del sector privado al fondo de recaudación común- se verán mermados los presupuestos generales y con ello, más que probablemente, las partidas destinadas por la administración a este campo; delegándose así un mayor poder de decisión sobre en qué proyectos invertir una mayor o menor cantidad de dinero a la iniciativa privada en detrimento de criterios de interés público general.

Otro de los capítulos que parece se verán alterados con la nueva ‘Ley de Mecenazgo’ será el relativo a la política de subvenciones en la materia. Aquí también se prevé la introducción de ventajas fiscales, en este caso, dirigidas a las industrias del sector; distinguiéndose así por un lado las ayudas públicas directas –otorgadas mediante subvención como sucede hasta el momento- de las bonificaciones aplicables a las industrias de la cultura. De esta forma, se dice pretender hacer más atractivo y competitivo el sector, a la vez que acabar con la llamada “cultura de las subvenciones” de la que son acusadas ciertas industrias que, como la cinematográfica, probablemente requerirían sencillamente de medidas veraces de control en su acceso a las ayudas públicas [4].

HEINEKEN Jazzaldia (San Sebastián)

Resta por ver cómo quedará  definitivamente concretada la nueva norma y si finalmente resultará tan generosa con el sector privado como todas las suposiciones vaticinan. Si así resultase, ésta actuaría en detrimento del papel director que hasta el momento el poder público ha ejercido sobre la política cultural en España, cediendo un mayor protagonismo a criterios de rentabilidad económica y arbitrariedad empresarial propios de la iniciativa privada.

Cabría admitir que la actual Ley en vigor pudiera ya requerir, tras 10 años de recorrido, de cierta necesidad de revisión con el fin de involucrar más al sector privado, pero en ningún caso resultaría conveniente que se aplicasen medidas desproporcionadas (más allá del 50% de deducción fiscal), ni que se concibiese esta vía de financiación de otra forma que no fuese como estrictamente complementaria a una política presupuestaria pública que vele decididamente por el interés general.

Por último, no debemos de olvidar que lo privado ha buscado siempre su vinculación con el mundo de la cultura, interesado especialmente por los valores que ésta le imprime, el reconocimiento social que le reporta y la plataforma publicitaria que le brinda. Aspecto éste que no ha de tomarse a la ligera, debiendo de valorarse e, incluso, cuantificarse en la medida que verdaderamente tiene.

Se establece pues entre ellos una relación simbiótica por la cual, mediante una buena articulación, ambos mundos podrían verse claramente beneficiados. Por un lado, el cultural recibiría un aliento económico que le permitiera una mayor estabilidad presupuestaria y, como contraprestación, el privado lograría más rentabilidad en la explotación de la imagen que el mundo cultural le aporta. No obstante, debería ello siempre producirse bajo la condición de que en este camino conjunto, la cultura: salvaguardase inalterado su marchamo de interés general, fuese la administración pública la rectora principal de su política y bajo ningún concepto, como algunos parecen pretender, se infravalorase y ofreciese… a precio de saldo.

--------------------------------------------

 [1] Ley 49/2002, de 23 de diciembre.

[2] La Ley de 2002 estable una deducción fiscal de las cantidades donadas de un 25% en el caso de particulares y de un 35% en el caso de empresas.

[3] Así atestigua el caso francés, con un incremento de un 60% en las aportaciones privadas en los 2 primeros años desde la entrada en vigor de su normativa.

[4] “Tinieblas González denuncia que las productoras ganan dinero de ayudas” (EITB, 13/09/2011), Vídeo íntegro: http://www.youtube.com/watch?v=0G4YVZfvPWk