- Que desde la PAH se han aportado referencias a experiencias diversas de otros ayuntamientos que demuestran que sí existe verdadera voluntad política, se pueden tomar muchas medidas para presionar a las entidades bancarias para que no se queden con las casas de los afectados y mucho menos realicen desahucios, para forzar la puesta en alquiler social de las viviendas vacías, para presionar a las autoridades autonómicas y estatales por un cambio de la legislación que no sea un simple parche, para eliminar las plusvalías municipales y evitar que los impuestos municipales sean un problema añadido a los afectados, etc.
- Ante la propuesta del Sr Alcalde de poner en marcha una vía de subvención para ayudas al alquiler para los afectados (propuesta que no se incluía entre las exigencias de la PAH), entendemos que aun siendo un paso que pudiera resultar positivo para algunas familias (a falta de conocer los detalles, cuantías y requisitos de dicha medida), creemos que es claramente insuficiente y que no es esta la línea fundamental que un Ayuntamiento debe seguir, sino la de colaborar a evitar los desahucios, apuntando así a las causas del problema y no a medidas parciales paliativas.
- Como hemos reflejado en el escrito presentado, esperamos que el Ayuntamiento tome decisiones efectivas sobre las propuestas presentadas en el plazo de un mes, empezando por que los desahuciados no tengan que pagar las plusvalías municipales cuando pierden la casa, sin excusarse en posibles limitaciones legales dado que existen diversas vías por las que este problema se puede solucionar de hecho.
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Propuestas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca al Ayuntamiento de Burgos.
A la atención del Alcalde de Burgos.
Burgos, 11 de Diciembre de 2012
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Burgos es un movimiento ciudadano espontáneo que agrupa a diferentes personas y organizaciones sociales de Burgos, convencidas de la injusticia que supone la situación por la que atraviesan las personas sometidas a un proceso de desahucio como consecuencia del impago de hipotecas con garantía inmobiliaria (vivienda habitual y única), por imposibilidad real de hacer frente a la misma debido a la situación económica actual: precariedad laboral y desempleo generalizado.
Las entidades bancarias –con un descontrol absoluto de los responsables políticos, y a veces con su connivencia-, en los últimos años han actuado de manera irresponsable, entre otras materias concediendo hipotecas, y en este momento están recibiendo –en muchos casos- ayudas públicas, sin que las mismas reviertan o palíen el problema de las personas afectadas, abocadas a la exclusión social.
El Gobierno ha tomado medidas claramente insuficientes al respecto, primero con el Real Decreto- ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, y recientemente con el Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios. No se afronta el problema con decisión, ni se resuelven definitivamente la inmensa mayoría de los supuestos.
En este contexto, este Ayuntamiento debe ejercer sus competencias en esta materia (Acción Social, Vivienda, y Hacienda, básicamente) y asumir su responsabilidad en la situación creada –de la cual es, como todos los Ayuntamientos- en parte responsable, ya que son evidentes las insuficientes medidas que ese Ayuntamiento está promoviendo en esta materia que son un simple maquillaje (la Oficina de Intermediación creada por la Junta de Castilla y León, no resulta operativa, y el proyecto de Asesoramiento a los afectados pensamos que no resolverá nada).
En la actualidad en muchas ocasiones se desvía a los afectados hacia instituciones de beneficencia, asociaciones y ONGs para que sean ellas las encargadas de dar las ayudas de emergencia y el apoyo básico a las familias.
Es un hecho que frente a la inmensa labor y la profesionalidad y dedicación de los trabajadores sociales municipales, éstos chocan contra el muro de la burocracia, los recortes de presupuesto y la inoperancia de los escasos medios a su alcance.
Queremos recordar a esa Alcaldía que su máxima prioridad y su deber, es velar por el bienestar de sus ciudadanos, proporcionándoles los servicios básicos y elementales que les permitan tener una vida digna.