Por Burgos Dijtal
Ayer el Partido Popular dijo no a la creación de mecanismos para la
protección de l@s emplead@s públic@s en el caso de que éstos denuncien
irregularidades y posibles delitos contra la Administración Pública.
Esa es la
noticia que se produjo en las Cortes de Castilla y León y no, como “rellena” el
Diario de Burgos su espacio regional de noticias, el cambalache de última hora,
que ya explicaremos, entre la Presidenta de las Cortes Silvia Clemente y los
portavoces de los grupos Popular y Ciudadanos.
También hay que apuntar al
periodista Pablo Álvarez, firmador de la noticia, que PLADEPU significa Plataforma en defensa de lo Público y no, como apunta
el profesional, Plataforma de Defensa del Empleado Público.
Este es el tipo
de información que confunde, curiosamente de manera maliciosa, a la opinión
pública, puesto que este colectivo de empleados públicos que llevan más de
cuatro años arriesgando, y nos consta, no ya su carrera profesional sino
incluso su propio puesto de trabajo, ha
realizado innumerables acciones políticas y denuncias de irregularidades que en
cualquier otro país de nuestro entorno habrían sido inmediatamente
investigadas.
El trabajo de este colectivo no
ha buscado en ningún momento, como nos informan parte de sus miembros, la
mejora de sus condiciones laborales, ya que para eso ya están las
organizaciones sindicales, sino para combatir
la corrupción sistémica que se produce a su alrededor y para combatir las
privatizaciones, externalizaciones y la deriva de presupuestos públicos a la
administración paralela. Basta con entrar en la página web de PLADEPU o en
seguir las denuncias del colectivo Viernes Negro a lo largo de todos estos
años.
Parece que ni los diarios del
Grupo Promecal ni el sacrosanto Norte de Castilla han tenido demasiado interés
en la cobertura de esta noticia que, si no fuera por su evidente falta de
independencia, sería hoy noticia de portada, puesto que es el primer parlamento español en donde se ha planteado el desarrollo
de esta normativa.
En palabras de Quinidio Martínez, principal portavoz de
PLADEPU, la propuesta fue entregada y discutida en diversas reuniones
mantenidas con representantes de todas las formaciones políticas con
representación en las Cortes, como ya informamos en este medio. Así mismo el
famoso “wistleblower”, nombre anglosajón que se da a l@s denunciantes tanto en
las grandes empresas como en las administraciones públicas de los países
occidentales, ya fue elevado, junto a otras 34 propuestas, y aceptado en
diversos programas políticos antes de las elecciones autonómicas.
Nos sigue informando el
funcionario Quinidio Martínez que buena parte del día de ayer estuvo en
contacto con todos los partidos de la oposición para discutir la estrategia y
el planteamiento de la propuesta y que el
propio Partido Popular, en un claro intento político de “llevarse el gato al
agua” intentó convencer a Luis Fuentes, portavoz de C’s y presentador de la
propuesta, de que ésta fuera presentada y consensuada previamente con el
partido mayoritario de la Cámara para, evidentemente, ganar tiempo y dejarla en
nada.
Como finalmente no se produjo el
acuerdo, l@s compañer@s de Herrera dieron el no por respuesta, defendiendo cínicamente
que l@s emplead@s públic@s, como tod@s l@s ciudadan@s, están obligad@s a
denunciar irregularidades y que darles una protección excepcional sería, en el
fondo, estigmatizarles.
Y ahora vamos a la explicación
del cambalache final, el momento que ocupa la mayor parte de la noticia en El
Diario de Burgos.es. Tal y como nos lo cuenta el periodista pareciese que l@s
procurador@s del Partido Popular quisieron cambiar de opinión en última
instancia al comprobar que Luis Fuentes
quería modificar la propuesta en el sentido de ampliar el plazo de 6 meses a 1
año para que el legislativo desarrollase en una Ley los mecanismos de
protección, lo que obligaría a votar otra vez. Y que la presidenta de la Cámara
paralizara esta posibilidad, con toda lógica, porque la propuesta modificada sólo se podría presentar en otro pleno por
escrito.
Por otro lado, Carriedo explica al periodista que la razón
de dar un sí si se dobla el plazo se debe a que el Consejo Consultivo de
Castilla y León necesita precisamente los 6 meses para realizar el dictamen
preceptivo. Pablo Álvarez no se molestó en comprobar que el Consejo Consultivo tiene marcado ese plazo no como obligatorio sino
como máximo, e incluso la Junta puede solicitar a la institución un plazo
máximo de dos meses.
La versión que nos da Quinidio
Martínez es bien diferente: al parecer l@s procurador@s del PP no habían hecho
bien sus deberes y no habían comprobado que en el programa político que los
populares están realizando, no hacía más de dos días que se había incluido la
creación de un sistema de protección de emplead@s públic@s en el caso de que
ést@s denunciaran.
Ahora bien, ¿se debe esto a un
ataque de trasparencia? ¿quizás al enésimo anzuelo electoral al que nos tiene
acostumbrado el bipartidismo? Pues no exactamente. La explicación se debe a
que, como nos recuerda el portavoz de PLADEPU, una de las medidas que tomó Rajoy contra la creación de una República
Catalana fue la de advertir a tod@s l@s emplead@s públic@s que era su deber
denunciar todas las órdenes que les diera la Generalitat y que fueran en contra
del ordenamiento jurídico y, para ello, crear un sistema eficaz y rápido de
denuncia, protección del denunciante e investigación.
Es evidente que las intenciones
del PP no pasan por no volver a tener en la Administración Pública a multitud
de afiliados bien relacionados que se dediquen a saquear las arcas públicas,
sino más bien al acomodo y a la
instrumentalización de las instituciones, al que nos tienen acostumbrados, para
el relato único que tienen para este país.
Mientras tanto Juan Vicente Herrera sigue sin contestar,
como denuncian miembros de Viernes Negro de Burgos, a todas las denuncias que lleva recibiendo personalmente en los últimos
tres años. Para él nada tienen que ver con su gestión el desarrollo de la trama púnica, de la trama eólica, del alucinado sobrecoste del Hospital de Burgos o de
todos los graves y feos asuntos en torno a los negocios oscuros de las empresas públicas, algunos
sustanciándose ya en los tribunales, dirigidas
por el exconsejero de Economía Tomás Villanueva.
