El caso Espolón y la impunidad de los políticos.

Burgos:  República bananera.

Hace unas semanas conocimos el informe realizado por la Secretaría del Ayuntamiento que pretendía esclarecer lo ocurrido con el llamado “Caso de la cafetería del Espolón”.  Antes de entrar en detalles, es conveniente remontarse en el tiempo para entender la estrategia del PP, que no ha sido sino la de tratar que el dedo acusador pase de puntillas sobre él.

Pecando por omisión, el PP ha demostrado que no quería esclarecer las causas de la “no recaudación” del canon de arrendamiento de la cafetería, que sólo ha actuado cuando  la opinión pública lo ha exigido y con el único objetivo  de proteger a dos de sus cargos públicos:  Ibáñez, actual vicealcalde de la ciudad y Aparicio ex-alcalde y diputado, que conocían el impago y no actuaron.

La oposición trató de forzar una investigación a través de una comisión  Si esta era aprobada Aparicio , Ibáñez y otros cargos políticos hubieran tenido que declarar.  Hubiera sido interesante oir a Aparicio que sabía que el mismo bar en donde se toma el pincho de tortilla no pagaba la renta al ayuntamiento.  La otra posibilidad, es la que conocemos.  El PP se negó a votar a favor de esta comisión, pero trataron de acallar las críticas ante tal desfachatez mediante la presentación de una moción en la que se pedía a la Secretaría que realizara un informe sobre el caso.  El PP demostró de nuevo su capacidad para el regate en corto, ya que por un lado, la secretaría, al contrario de la comisión, no tiene la potestad para llamar a declarar a cargos políticos, y ciñe su investigación a los empleados del ayuntamiento.  Es decir, cuando se aprobó el procedimiento ya se sabía que las culpas recaerían en los funcionarios.

El encargado de realizar el informe es el Vicesecretario, en esos momentos el Secretario del Pleno se encuentra de vacaciones, y el documento se termina de redactar en el puente de diciembre. ¡Vaya por Dios! Justo después de las elecciones generales.  Además presenta notables irregularidades lo que le inutiliza legalmente.  La firma debería ser la del Secretario general del Pleno y no la del Vicesecretario ¿Por qué se ha negado a formarlo?

A pesar de su nulidad legal podemos encontrar cosas interesantes:

Primero:  El origen del problema radica en que no se transmitió a la sección de tributos el contrato entre el Ayuntamiento y el arrendatario.  A este error le acompañan otros menores que provocan la famosa expresión “fallo multiorgánico” que se concentran en la época del PSOE.  En este periodo hay dos concejalías que no hacen su trabajo: la de Hacienda y la de personal. 

Prueba del poco rigor en su trabajo queda demostrado cuando en enero de 2001 el arrendatario de la Cafetería Espolón que también lo era de la cafetería interior del Teatro Principal remite un escrito pidiendo la “exención de la obligación de abono del canon arrendatario por la explotación de la cafetería interior del Teatro” por motivos de inviabilidad económica.  La negligencia se pone de manifiesto porque la comisión de hacienda desestimó la petición pero quedan en el aire algunas preguntas:  ¿Por qué no se revisó el expediente de arrendamiento? ¿Por qué nadie detectó que no se había comunicado nada a la sección de  Tributos? ¿Se interesó el concejal de hacienda por el expediente?

Segundo:  Desde  febrero de 2001 hasta febrero de 2008, no existe ningún documento en el expediente, a ojos del ayuntamiento la Cafetería  Espolón no existe.  Este oscuro periodo administrativo comprende 2 años de gobierno del PSOE y cinco años del PP.

Tercero:  Esta niebla administrativa termina cuando el 11 de febrero de 2008 cuando un ciudadano dirige un escrito al Alcalde (Aparicio) y a varias concejalías en las que denuncia “las ilegales actividades llevadas a cabo en la Cafetería Espolón y la Cafetería Interior del Teatro, objetos de concesión municipal y del que ni siquiera se había realizado acuse de recibo”.
Es entonces cuando se pone en marcha la maquinaria administrativa, realizándose informes al respecto.  Se informa de que la deuda acumulada por el arrendatario hasta el mes de mayo de 2008 alcanza los 378.000 euros, y además de que el contrato, improrrogable, había finalizado el 18 de mayo de 2005.  A día de hoy el arrendatario malvado, explota un local municipal desde hace once años, sin pagar un duro, y los seis últimos sin tener ni siquiera contrato. 

En julio de 2008, se intentan cobrar las cantidades adeudadas al propietario.  Desde esa fecha el arrendatario comienza a interponer recursos de reposición con la clara intención de dilatar los  plazos de cobro que son denegados por el ayuntamiento.  Dicho proceso se agota el 24 de febrero de 2009, sin que la empresa pagara un euro al ayuntamiento quedando como única alternativa la vía judicial.  Sin embargo, y aquí se encuentra lo inexplicable,  la vía judicial es obviada por el PP hasta que el asunto se filtra a la prensa en septiembre de 2011, y sólo cuando la presión de opinión ciudadana se hace clamor el PP decide reclamar la deuda por ese cauce.

¿Qué motivó al PP a no seguir por la vía judicial?¿Por qué el PP ha esperado tres años en hacerlo? ¿Cuánto dinero han dejado de ingresar las arcas municipales en esos tres años? ¿Por qué el Jefe de la Administración Municipal, el alcalde Aparicio, y el Concejal de Hacienda y actual vicealcalde Ibáñez no actuaron contundentemente para subsanar esta irregular situación?

Ya sea por “fallos multiorgánicos” producidos por la dejadez del PSOE, o por el escamoteo intencionado del PP , se ha beneficiado a un particular y el ayuntamiento de Burgos ha dejado de ingresar 600.000 euros  (100 millones de pesetas) ¿Qué político se va a responsabilizar de esta situación?

                              Alejandro Zapata