Los fraudes de Hacienda en Castilla y León

El dinero pagado en nómina de diciembre solo a los funcionarios de
Hacienda en Burgos asciende a 29.190 euros, en las llamadas "bufandas",
el resto de funcionariado ha sido discriminado

 Por Burgos Dijital

La Consejera de Hacienda Pilar del Olmo engaña a los castellanos y leoneses al informar reiteradamente en Cortes de la imposibilidad de hacer públicas las famosas “bufandas”, las gratificaciones extraordinarias que la Junta concede a algunos empleados públicos por servicios extraordinarios, amparándose en un informe jurídico hecho a medida por la Agencia Nacional de Protección de Datos.

O eso o la Consejera ha tirado el informe a la papelera, de lo cual debería dar constancia tanto a los Procuradores de la oposición que en repetidas ocasiones han denunciado la opacidad de la recompensa como a los representantes sindicales, los cuales, según la normativa, tienen derecho a dicha información.

Lo cierto es que diferentes plataformas en defensa de lo público han denunciado el hecho de que estas gratificaciones sirven para mantener una red de fidelidad y de clientelismo destinada a buscar silencios ante los manejos que de tanto en cuanto nos descubren organismos como el Consejo de Cuentas o los asfixiados medios de comunicación que buscan su libertad fuera de la órbita de Ulibarri y la familia Méndez Ordóñez.

Burgos Dijital ha podido comprobar como en la Delegación Territorial de Burgos se han hecho públicas, eso sí en un rincón del edificio, las gratificaciones que han sido repartidas a todos los funcionarios del Servicio Territorial de Hacienda en forma de “incremento del complemento de productividad”.

El concepto por el cual se abonan esas cantidades está dentro del "Plan Específico de Lucha contra el fraude 2014"

Al parecer la decisión ha sido tomada por el Director General de Tributos y Financiación Autonómica y refrendada por la propia Consejera de Hacienda vinculándolo con un supuesto Plan Específico de Lucha contra el Fraude 2014 que no es más que una mera excusa a juzgar por la presencia cada año de un Plan de control tributario que tiene, entre otros cometidos, la lucha contra el fraude fiscal.

A juzgar por los hechos, no se ha producido más que una dádiva discrecional que en este caso tiene que ver más con la “inyección de optimismo” sospechosamente cercana, junto a la devolución de la paga saqueada en el 2012, a las elecciones generales por parte de los ejecutivos de Herrera y de Rajoy.

Lo grave del asunto, como apuntábamos arriba, es que en este caso Pilar del Olmo cumple las disposiciones de la Ley de Función Pública 7/2005, que en su art. 76.3 expresa que “las cantidades que perciba cada funcionario por este concepto serán de conocimiento público de los demás funcionarios de la Consejería interesada, así como de los representantes sindicales”, por lo que estaría infringiendo las supuestas órdenes vinculantes en las que se ha amparado hasta ahora para ocultar los datos de los empleados públicos que reciben gratificaciones extraordinarias, las cuales también la ley informa en el mismo sentido.

Los sindicatos y sus representantes no han sido informados oficialmente de esta sorprendente medida, ya que hasta ahora la productividad era un concepto salarial fijado por las funciones y las responsabilidades de cada puesto de trabajo y negociado entre ambas partes. Con esta medida la Junta viene a decir al resto de empleados públicos que toda la pérdida de poder adquisitivo acumulada en los últimos 15 años se debe directamente a su falta de rendimiento y lealtad profesional. 

La mayor parte de los empleados públicos han cobrado en torno a una media de 400 – 500 €, aunque algunos de ellos han llegado a percibir de “aguinaldo” la cantidad nada desdeñable de 1500 €.

A día de hoy la denuncia realizada a la Inspección General de Servicios hace ya más de un año y al Presidente de la Junta hace dos semanas por funcionarios de la Delegación de Burgos y el movimiento Viernes Negro acerca de las graves irregularidades cometidas por un funcionario de Hacienda no sólo sigue siendo silenciada, sino que se da la paradójica circunstancia de que dicho funcionario también ha sido premiado con más de 700 euros “por su  especial lucha contra el fraude”.

Es de suponer que el portavoz de Ciudadanos en las Cortes Luis Fuentes, después de pactar la creación de un mecanismo de protección de denunciantes en la administración pública, pedirá explicaciones ante semejante despropósito. O quizás lo que ocurra es que ni siquiera persiga el objetivo de la regeneración, dada la deserción de su partido por entregarse sin condiciones a los primeros presupuestos de esta legislatura.

Parece que en Burgos también tenemos a nuestro propio “Gómez de la Serna” y quién sabe si en Castilla y León a nuestro propio Albert Rivera, dechado de vacuidad y oportunismo.