"El delegado de la Junta de Castilla y León en Burgos miente"

Foto de archivo. PAH Burgos ocupando una entidad bancaria

Por PAH Burgos

En relación a la noticia publicada por el Diario de Burgos con fecha 2 de Abril sobre el alquiler de nuestra compañera Piedad y su familia, PAH Burgos quiere puntualizar y DESMENTIR algunas de las afirmaciones vertidas por el delegado de la Junta de Castilla y León en Burgos, el Sr.D. Baudilio Fernández-Mardomingo:

1)- NO es cierto que Pah Burgos ni Piedad hayan rechazado el piso de alquiler ofrecido.

Es mas correcto decir que NO ACEPTAMOS el modus operandi de la Junta de Castilla y León

2)- La actuación de la Junta en este caso se ha limitado a hacer una llamada en la tarde del sábado, tras la entrevista con el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera en el forum, a la Asociacion Sta. María la Mayor (constructora "benéfica" propietaria de las viviendas que gestiona la fundación Caja de Burgos, NO CAJA CIRCULO) para pedir "el favor" de que den una vivienda a Piedad y su familia.

Esta entidad privada es quien ha puesto a disposición de la familia una de las viviendas sita en la c/Arles por una renta de 380€/mes.

Se da la circunstancia de que todas estas viviendas fueron en su día VENDIDAS por la propia Junta de Castilla y León.

No es de extrañar, por lo tanto, que este organismo público, no disponga de patrimonio PROPIO para alquiler social a familias necesitadas, ya que prefiere venderlo.

3)- Tampoco la ayuda o subvención necesaria para el sustento de esta familia en precario, ha salido de las arcas públicas,sino que la Junta de Castilla y León ha trasladado el problema a Cáritas Diocesana, quien tiene un convenio con la propiedad de las viviendas antes mencionada para ayudar al co-pago de la renta de alquiler a familias en el umbral de exclusión.

4)- la "ayuda" de la que habla el Delegado, no es NADA nuevo. Son precisamente ONG's y organismos privados como son Promocion Gitana y Cáritas, quienes ÚNICAMENTE prestan ayuda a las cada vez más numerosas familias  a quien la propia Junta , deniega ayudas básicas como el la Renta Garantizada de Ciudadania, como precisamente denuncian estas ONG's y la propia Pah.

Esto es por lo tanto, echar balones fuera y una dejacion  de funciones y responsabilidades manifiesta y lamentable.

5) Tampoco es cierto que a Piedad, se la haya ofrecido un trabajo y que lo haya rechazado.

Lo que se ha ofrecido desde Cáritas, es la realización de cursillos de formación a cambio de la ayuda para pagar su alquiler, según se contempla dentro del convenio de colaboración con Sta. Maria la Mayor.

Pah Burgos conoce bien ese convenio, porque a diferencia de la propia Junta, colabora con ambas entidades y estuvo presente en su negociación.

6) finalmente, aclarar que tampoco la Junta de Castilla y León intervino en la paralización del desalojo de Piedad de su vivienda, ya que el procedimiento fue paralizado judicialmente por la intervención de su abogada de oficio, fijándose una vista para el próximo día 9 de abril.

Desde PAH BURGOS, dejar claro que el bienestar de las familias son lo primero, por lo que Piedad se trasladará al piso ofertado por Sta. Maria la Mayor, a cuyos directivos y trabajadoras agradecemos la sensibilidad y colaboración mostrada SIEMPRE desde hace 3 años.

Sin embargo, denunciamos la inoperancia, falta de empatía, prepotencia e indiferencia de la Junta de Castilla y Leon, y de sus máximos dirigentes.

Como ha quedado claro en la gestión de este caso, no son los ciudadanos quienes les importan, sino no salir mal parados en época de elecciones, no quedar mal en las "fotos públicas" en sus actos electorales como demuestra su actuación en el acto del PP del Forum.

Allí, tanto el Sr. Herrera como la Sra. Consejera Milagros Marcos, se comprometieron a celebrar una reunión para poner sobre la mesa no solo este caso, sino el problema de la vivienda en la comunidad.

Pero claro, allí había prensa...

Lo cierto es que dicha  reunión fijada para el pasado día 30 de Marzo, no solo no se celebró sino que ni siquiera tuvieron la cortesía de notificarnos su anulación.

Por lo tanto, si nos niegan la negociación en una mesa,  PAH BURGOS saldrá a la calle a buscar a quienes tienen en su mano o aspiran a tener, el poder para cambiar las cosas.

Por que poder, se puede.

PERO LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN NO QUIERE

César Rico ignora a las víctimas del terrorismo franquista.

Cráneo con entrada de proyectil. Fosa de Estépar. 

Por Lucas Mallada

Mientras algunos colectivos ciudadanos, apoyados por la iniciativa del Espacio Tangente y aportaciones económicas personales se han empeñado en asumir de forma particular la exhumación de una parte de nuestra historia reciente, en la que entronca nuestra democracia, las autoridades institucionales locales y regionales han brillado por su ausencia. Ni una palabra, ni un gesto, y mucho menos la presencia de la Diputación de Burgos, de la Junta de Castilla y León o de la Subdelegación del Gobierno de España, frente a los restos humanos desenterrados en la fosa común de Estépar, silenciados desde el aciago año del golpe de Estado de julio de 1936.

Mal está que no se repare de forma suficiente la eliminación sistemática de civiles por parte de un Estado, que en primer lugar tiene cierta responsabilidad histórica en los hechos y en segundo lugar les debe un homenaje por representar el germen de la resistencia a la intolerancia del terrorismo impuesto por los generales golpistas encabezados por Franco.

La ausencia de las instituciones políticas en el homenaje realizado en Estépar a las víctimas del terrorismo franquista no puede considerarse solamente un inocente olvido, mas bien parece toda una posición frente a algunas víctimas que no son reconocidas del todo por la democracia nacida en el año 1977. Este silencio y esta ausencia tan estruendosa retratan a los representantes institucionales que no han comprendido el enorme daño de legitimidad que generan a un Régimen político que, o no sabe, o no quiere, reconocer de forma idéntica a aquellos que han sido asesinados por defender la libertad de todos.

Tiempo tienen para reparar sus errores, porque las exhumaciones continuarán, en la medida que se consiga financiación (aportaciones desinteresadas), hasta desenterrar los restos de las 400 personas que se estima fueron exterminados en el Monte de Estépar, tras ser sacados del Penal de Burgos.

Por tanto invitamos: a César Rico como Presidente de la Diputación de Burgos, a Baudilio Fernández-Mardomingo, como Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos, y a José María Arribas Andrés, como Subdelegado del Gobierno a que reconozcan, aunque sea con algunas décadas de retraso, a todos aquellos españoles que fueron asesinados por defender una España democrática y plural.

Relacionado:
Las fosas comunes del monte de Estépar
Campaña de mecenazgo para la exhumación del monte de Estépar

Los crímenes del franquismo en el monte de Estépar

Baudilio Fernández-Mardomingo, el empleado más eficaz de Eficanza.

Por Lucas Mallada

Baudilio Fernández-Mardomingo, veterinario y funcionario de la Junta,  cuñado de César Rico, presidente de la Diputación de Burgos, es un hombre del régimen, fiel y cumplidor. Por eso es desde noviembre de 2012 el Delegado Territorial de la Junta en Burgos. Por ello también es el representante de la administración pública autonómica, de los poderes públicos, en definitiva de los intereses colectivos de todos los castellano-leoneses.

Sin embargo, por sus gestos, declaraciones y actos impulsivos, de los que no se reflexionan porque se llevan en el ADN, ejerce como auténtico pretor de los intereses particulares de la sociedad anónima: Nuevo Hospital de Burgos SA, más conocida por su marca comercial: Eficanza, constructora y propietaria del Hospital Universitario de Burgos.

Hospital Universitario de Burgos

Sus reiteradas y oportunas declaraciones en los medios de comunicación convencionales, adictos al régimen (que comparten propiedad con algunos accionistas de la empresa mencionada), enarbolando la bandera de la “eficacia”, de los resultados y de la buena gestión, siempre cuando las dudas, las sospechas de connivencia público-privada, -es decir CORRUPCIÓN-, arrecian y se extienden por la ciudadanía como un clamor.

Pero en su celo, no sabemos si suficientemente recompensado, el señor Fernández-Mardomingo, ha llegado a censurar mediante una carta a algunos funcionarios del SACYL (Sanidad Castilla y León) que han hecho públicos datos y pruebas y que en un afán de transparencia muy meritoria tratan de explicar a los ciudadanos que tienen derecho a saber qué se hace con los recursos de todos y si estos benefician al bien común o llenan cuentas en Suiza. En esta misiva les recriminaba porque "los empleados no hablan mal de su empresa", claro, por si no lo habíamos entendido: EFICANZA. 

Y el asunto tiene trascendencia porque es sabido que el bueno de Baudilio fue ya condenado por acosar a un funcionario para tratar de conminarle a que cometiera una ilegalidad (en el lejano 2005), lo que se conoce como prevaricación. Con estos antecedentes, ¿podemos estar seguros de las decisiones y acciones de este señor? ¿Cómo es posible que escojan a una persona condenada por hechos probados y le den la responsabilidad máxima de la administración regional en la provincia de Burgos? ¿Usted pondría al lobo para cuidar del rebaño? Seguramente no, a no ser que esté confabulado con el dueño del matadero próximo, y así encima ahorrarle el coste del sacrificio....

Si el señor Joaquín Costa levantara la cabeza....oligarquía y caciquismo....

Viernes Negro denuncia la reforma de la administración Pública de Juan Vicente Herrera

Por Burgos Dijital

Ayer jueves 10 de abril ha tenido lugar una asamblea de empleados públicos en la Delegación Territorial de Burgos convocada por representantes sindicales de CCOO, CGT y UGT a petición de activistas del Movimiento Viernes Negro de Burgos y la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) para informar, analizar y debatir sobre las modificaciones que contempla el Anteproyecto de Ley de Reforma de la Administración de Castilla y León.

Los convocantes denuncian que con esta reforma se profundiza en el proceso de deterioro y pérdida de derechos de los empleados públicos, así como del resto de los ciudadanos de Castilla y León, en la medida en que el Anteproyecto generaliza la figura de la encomienda de gestión, lo que permitirá nuevas olas de privatizaciones que provocarán la pérdida de calidad de los servicios en favor de la precariedad laboral y los beneficios empresariales, el aumento de la oscura Administración B y la desaparición del mérito, la capacidad y la igualdad como valores para la selección de los empleados públicos, con la consiguiente pérdida de objetividad, profesionalidad e imparcialidad en la prestación de los servicios públicos hacia los ciudadanos.

Pero además denuncian que esta reforma establece la posibilidad de que los empleados públicos trabajen para esas empresas de gestión privada, y sus servicios sean pagados por la propia Administración para seguir transformando la deuda privada en ilegítima deuda pública.

Edificio de la Delegación Territorial de la Junta de CyL

El colectivo convocante cursó así mismo invitación a la asamblea al Delegado Territorial, el inefable Baudilio Fernández Mardomingo, y a los 11 Procuradores de las Cortes de Castilla y León elegidos por la provincia de Burgos, entre ellos el Presidente de la Junta Juan Vicente Herrera para que pudieran conocer de primera mano las aspiraciones de los empleados públicos y manifestar su posición con respecto a las mismas.  Por supuesto ni los procuradores del Partido Popular, como ya se esperaba, ni el Delegado Territorial aparecieron por el salón de actos. En este último caso llama poderosamente la atención que un hombre tan preocupado por las charlas que dan fuera de su jornada de trabajo y de su espacio físico de trabajo algunos empleados públicos, no quiera saber nada de ellos cuando se le comunica y se le invita a dar su punto de vista en el debate. Así mismo el Presidente de la Junta, tan dispuesto cuando aparecen por aquí los ciudadanos borbones y allegados, sin ir más lejos hace tres días en la visita de la reina, no se sienta tan dispuesto cuando se trata de visitar a otros ciudadanos. No sabemos si por la falta de ágape o por la inexistencia de fotógrafos.

En cualquier caso sí aparecieron por allí el del PSOE, David Jurado lo cual, como manda la educación y las buenas formas, fue agradecido por las personas que dirigieron la asamblea y comunicaron a sus compañeros los principales y más graves cambios.

Los principales puntos que se denunciaron fueron los detallados a continuación:

• Se “legalizarán” y se extenderán las encomiendas de gestión que se trata de un instrumento por el que la Administración traslada el aspecto material de una potestad pública a un órgano distinto del encomendante, para que éste a su vez, como está ocurriendo en muchas ocasiones, subcontrate a la empresa de servicios de turno.

• También se incluirá la posibilidad de qué órganos de una Consejería desempeñen funciones en relación a los entes adscritos a ellos: por ejemplo que los recursos humanos y materiales de la Consejería de Agricultura se destinen al ITACYL. Dicho así no suena ni bien ni mal, pero hay que recordar que las prácticas de las empresas públicas de Castilla y león han sido denunciadas por el Consejo de Cuentas, que hay un buen puñado de altos cargos relacionados con estos chiringuitos imputados por diversos delitos contra la Administración Pública, y que hay una grave denuncia realizada por el PCAS admitida por la Fiscalía.

• Se introducirá la supresión de diversos trámites de fiscalización al ejecutivo en el desarrollo de su acción política tanto de los ciudadanos, como el trámite de audiencia e información pública, como de diversos contrapesos institucionales.

• Se regula de modo expreso la Atribución Temporal de Funciones (ATF) que deja en manos de cualquier Jefe la posibilidad de utilizarla contra empleados públicos que no estén de acuerdo con su proceder para moverlos prácticamente a cualquier puesto que esté libre, incluso fuera de su localidad de trabajo, sin más posibilidad para los trabajadores que recurrir en la vía contenciosa que, gracias a Gallardón, saldría bastante cara para el recurrente.

• A través de la ATF y de la encomienda de gestión cualquier trabajador puede estar obligado a trabajar para fundaciones, gerencias y empresas públicas de la Junta.

• Las Relaciones de Puestos de Trabajo donde se definen los requisitos que debe de tener un empleado para ocupar un puesto de trabajo serán prácticamente papel mojado, por lo que será aún más fácil para los altos cargos colocar a quién quiera dónde quiera, por supuesto a los puestos directivos bien remunerados.

• En el colmo de la desvergüenza el borrador planteado por el ejecutivo recoge la posibilidad, que a buen seguro la cumplirán, de contratar a personal estatutario en el SACYL fuera de las bolsas de empleo. Por lo que se cargan de un plumazo la igualdad de todos los españoles de poder acceder a un puesto público a través de pruebas selectivas objetivas e independientes. Evidentemente en este caso están detrás las famosas Unidades de Gestión Clínica: invento de la Junta para crear reinos de Taifas en nuestros hospitales dando al Jefe de la Especialidad, elegido a dedo, el presupuesto anual y la libertad total de su gestión económica para competir entre ellos.

Resulta muy edificante comprobar como la Junta acepta de buen grado todo este aparato exponiendo que además los puestos directivos en el SACYL podrán cobrar retribuciones superiores a las reguladas en los presupuestos anuales de la Junta.  

Tras estas reflexiones y unas cuantas más los trabajadores allí presentes debatieron posibles medidas en las que se intentará combinar la protesta en la calle, quizás una protesta masiva en Valladolid para el 25 de abril junto al personal más activo del resto de las provincias, con una batería posible de recursos cuando se apruebe lo que consideran un despropósito encaminado a crear un clima de represión y a la incentivación de la corrupción.