Sé que no voy a demostrar grandes habilidades sociales ni voy a pasar por el tío más popular del barrio si confieso algo que en un “tête-à-tête” sería inconfesable, y es que una de las primeras cosas que hago al iniciar el día es mirarme los boletines oficiales. ¡Vale, me basta con el del Estado y el de Castilla y León!, que uno no es tan morboso como para hojear el de La Rioja. Sinceramente suele ser un verdadero ejercicio de automatismo funcionarial, pero de vez en cuando esta “literatura” nos trae alguna joya que apenas necesita un pequeño esfuerzo de lectura entre líneas.
Así, como no me quiero tirar el rollito a lo “PedroJota” en plan “a través de fuentes cercanas a este periódico hemos accedido exclusivamente a esta información…”, he de decir que este 26 de septiembre se publicó en el bocyl un breve informe de fiscalización de las cuentas del ¿¿2007?? de una empresa pública denominada SOTUR (Sociedad de Promoción de Turismo de Castilla y León) y que quiero exponer como ejemplo de por qué y para qué sirven estos chiringuitos culpables en buena parte de la situación crítica de los servicios públicos.
Se trata de un informe elaborado por la Comisión de Hacienda de las Cortes de Castilla y León, y en él se viene a destacar en sólo dos folios una serie de cosas que si viviéramos en una tierra decente pondrían en la cárcel ipso facto a los responsables del enésimo saqueo, y que a continuación detallo:
• En primer lugar le emplaza a que “exista una adecuada correlación entre las cuentas anuales y la información contenida en ellas”. Es decir que los conceptos de ingresos y gastos puestos por escrito tienen poco que ver con la realidad de lo ingresado y lo gastado. A esto los “neos” lo llaman “reajuste presupuestario”, y en mi pueblo se llama “estafa con el dinero de todos”.
• En segundo lugar expresan que las deudas ni se regularizan ni se computan en muchas de las cuentas de los acreedores. Eso la casta lo llama “ingeniería financiera”, y a eso en mi pueblo se le llama “fraude con el dinero de todos”.
• Para continuar la Comisión les dice que “La empresa debe mejorar el control interno en materia de gestión de personal, determinando claramente los puestos con los que cuenta la empresa”. A eso los “caraduras” lo llaman “flexibilidad en la gestión de recursos humanos”, pero a esto en mi pueblo se le llama “casa de putas con el dinero de todos”.
• Y que me decís de “En los expedientes de gestión de personal y de contratación debe dejarse constancia de todas las actuaciones llevadas a cabo a lo largo del proceso.” Es decir que ni en la contratación de personal ni en la que se realiza con empresas hay un mínimo grado de transparencia. A esto, de nuevo, los “neos” lo llaman “la mano invisible” (Ver “Teoría de los sentimientos morales” de Adam Smith), y a eso en mi pueblo se le llama “enchufe trifásico” y “despilfarro astronómico con el dinero de todos”.
• Y por último, todo un clásico: inexistencia de trasparencia en los contratos de patrocinio, ya que en ellos ni se justifica ni se motiva el gasto. A esto los “chorizos” lo llaman “rápida adaptación a las necesidades del mercado”, y a esto de donde yo vengo se le llama “corrupción política y empresarial con el dinero de todos”.
El ejemplo, y hay muchos más, evidencia la perversión del Estado de derecho, el listón moral de una parte importante de nuestra sociedad (que no de toda) culpable por su silencio, el expolio permanente de una parte de la clase política (denominada ya en muchos círculos intelectuales como la “clase extractiva”), y el poder acumulado por una serie de individuos que se permiten seguir robándonos a sus anchas sin que por ello les pase nada después de cometer mil y un delitos.
Concretamente en Castilla y León existen a día de hoy 52 entes entre fundaciones, organismos autónomos y empresas públicas. Es lo que se conoce como la “Administración B” o “sector público paralelo”, un conjunto de chiringuitos que cuentan con nuestro dinero pero que, gracias a nuestra maravillosa legislación, no rinden cuentas ni explicaciones por parte de sus responsables en las Cortes… ni en ninguna parte.
Las doctrinas neoliberales buscan y consiguen la máxima permanente de la privatización de los beneficios y la socialización de las pérdidas. Es por ello que la destrucción de los servicios públicos para posteriormente convertirlos en un producto mercantil más es un objetivo estratégico y un fin en sí mismo.
Lo más grave es que quienes debieran de cuidar y proteger el bien común conceptualizado en la res pública como “estado de bienestar” e “igualdad de oportunidades” son aquellos que poco a poco, como si se tratara de un ejército de termitas, están extrayendo todos los recursos posibles para su propio interés privado. Una suerte de Saturno devorando a sus hijos.
Hay diversas maneras de acabar con la imagen, en un principio, y con la función, más tarde, de un servicio público. Una de las más extendidas, dada su cobertura legal, es la creación de un organismo autónomo: puede ser propuesto por el ejecutivo y aprobado por el legislativo con una mayoría absoluta en un parlamento, y en algunos casos ni siquiera es necesario que pase por la “Casa de la soberanía popular”. Una vez aprobada la Ley de creación en la que se habla de finalidad, justificación, y recursos públicos con los que contará en un principio, el ente echa a andar con nuestra pasta, y a partir de ahí el ejecutivo nombra a sus amiguetes para que lo dirijan, y éstos a su vez contratan a quien crean conveniente, por supuesto sin ningún control. En principio cada año deben de rendir cuentas al ejecutivo, el cual filtra convenientemente los datos al legislativo, y al correspondiente Consejo de Cuentas, el cual fiscaliza con varios años de diferencia para que se diluyan las responsabilidades y para colmo sus advertencias nunca tienen carácter vinculante, es decir que se hacen para que el Consejo de Cuentas exista.
Una vez creado el ente pasa en muchos casos a competir en funciones y competencias, cuando no las excede con la debida displicencia del ejecutivo de turno, con la unidad administrativa correspondiente. Así pasito a pasito se le van dando más recursos económicos hasta el punto de producirse un trasvase de los mismos de la unidad administrativa primigenia al ente público de derecho privado. Resultado: los empleados públicos de oposición se quedan sin trabajo y su unidad se convierte en un residuo ineficaz lleno de vagos, por lo que el ejecutivo presenta una imagen horrible de la misma a la opinión pública para su posterior extinción. Si la empresa pública a la larga funciona y genera beneficios potentes se acaba privatizando, por lo que se le resta a la administración pública de esas ganancias, que podrían redundar en beneficio de todos, y al ciudadano de a pie se le quita un servicio a su alcance y se le hace pagar por él.
En España hay 140000 empleados públicos sin oposición en la Administración del Estado, 450000 en las administraciones autonómicas, 416000 en las administraciones locales, y 40000 en las Universidades. En total algo más de un millón de personas. Es quizás por eso que dado el ingente número de puestos de trabajo los grandes sindicatos con representación en las administraciones públicas (especialmente CCOO, CSIF y UGT) han callado al respecto. Pero no es menos cierto que también son responsables de esta situación por omisión, ya que en su haber siempre se ponen la medalla de la defensa de lo público. Mal se defiende este cuando se calla o simplemente se divaga ante el gran número de tropelías y corruptelas creado, cuando se permite que los habitantes de Españistán no puedan acceder a un empleo público en condiciones de igualdad, cuando se da vía libre para que el dinero de todos acabe en manos de golfos, o cuando se elimina la imparcialidad y la objetividad al que está obligado cualquier empleado público por ser éste esclavo atado a un contrato o compinche de filiación partidista.
Desde este rincón de libertad y desde esta humilde opinión no pretendo ser el causante del despido de trabajadores, que para eso ya se han valido los dos últimos gobiernos con sus reformas laborales de corte claramente neoliberal. Pero si hay dinero para la contratación de todos estos trabajadores (por cierto el salario medio de estos trabajadores es entre un 10 y un 20 % más que el de los empleados públicos congelados y saqueados por decreto), lo tiene que haber para que tanto los que ahora los ocupan como todos los que ahora mismo sufren el calvario del paro puedan optar en condiciones de igualdad tras unas pruebas objetivas que demuestren su capacidad y sus méritos. ¡¡¡Ya está bien de tanto mamoneo!!!
ESTO NO ES UNA CRISIS, ES UNA ESTAFA
ALONSO QUIJANO
