.jpg)
Por Grupo de trabajo de lucha contra el TTIP. CGT Burgos
Los servicios públicos son un preciado objeto de deseo por parte de las grandes empresas, ávidas de copar lo que sería un importante nicho de negocio. En este contexto, entre los apartados a negociar dentro del TTIP están los servicios, incluidos el sector público.
Recordemos que el TTIP es un Acuerdo de Libre Comercio e Inversión negociado entre la UE y EE.UU, rodeado de secretismo y bajo la tutela de los lobbies empresariales. Busca eliminar normativas laborales, medioambientales, sanitarias y sociales que supongan obstáculos tanto al libre comercio como a la inversión. Todo esto acompañado de un Mecanismo de Resolución de Disputas, que permite a las empresas extranjeras denunciar a los Estados frente a un “tribunal” ad hoc en caso de que se hayan aprobado o se proyecten aprobar regulaciones que mermen sus expectativas de beneficio.
En anteriores artículos (ver al final del artículo) ya hemos tratado los efectos sobre el empleo, los derechos laborales y la seguridad alimentaria. En este nos centraremos en el sector de los servicios.
Tal es el interés de las multinacionales por el sector servicios que paralelamente al TTIP se negocia otro acuerdo, el TISA, que forma parte del mismo paquete.
 |
| CGT Burgos en la campaña contra el TTIP |
El TISA (Trade in Services Agreement) es un acuerdo para la liberalización de los servicios, incluidos los públicos. Forma parte del mismo paquete en tanto que sus negociaciones se iniciaron prácticamente a la vez que las del TTIP (julio de 2013), se espera su finalización también en 2015 y los gabinetes de negociación por parte de la UE son los mismos. Igualmente está rodeado de secretismo, de tal manera que los documentos de las conversaciones solo serán desclasificados 5 años después de la entrada en vigor del TISA o, si fracasa, desde el cierre de las negociaciones.
A diferencia del TTIP, las partes negociadoras no son solo EEUU y la UE, sino unos 50 países que se autodenominan “los muy buenos amigos de los Servicios”. Entre ellos se incluyen Australia, Canadá, Chile, EEUU, Japón, México, Noruega, Suiza, Turquía... y los 28 estados miembros de la Unión Europea.
Trata de reactivar las negociaciones para la liberalización de los servicios, estancadas tras el fracaso en 2001 de la Ronda de Doha, celebrada en el seno de la OMC (Organización Mundial del Comercio). Ahora bien, dichas negociaciones se llevan al margen de la OMC y van incluso más allá en tanto que incluyen educación y sanidad, que dentro de la OMC estaban relativamente blindadas. La intención posterior es presionar al resto de países para que se adhieran.
Veamos qué se está negociando:
La privatización de los servicios públicos
Para extender sus tentáculos al sector público, las grandes empresas pretenden incluir una cláusula según la cual todo ‘nuevo servicio’ o que pueda ser dividido de uno ya existente, debe ser puesto en el mercado a través de su licitación.
Por tanto, la táctica será ir desgajando áreas de los servicios públicos para su paulatina privatización. Al final, nos quedaremos con unos servicios públicos, denominados así por su financiación, pero gestionados en sus diferentes áreas por empresas privadas. Además, en los concursos públicos no podrán incluirse cláusulas que primen la compra de productos locales o la actividad de pymes locales.
Otra de las condiciones a introducir es la cláusula de la irrevocabilidad, según la cual una vez privatizado un servicio público ya no se podrá devolver a manos públicas.
Según filtraciones del 13 de junio de 2014, son susceptibles de liberalización los servicios sanitarios, servicios sociales, pensiones y educación.
Extensión de las subvenciones al sector privado
La Internacional de Servicios Públicos (federación sindical mundial que promueve los servicios públicos) alerta sobre la posibilidad de que el acuerdo imponga la “obligación de neutralidad económica” entre prestatarios de los servicios públicos y privados. Es decir, si en un sector existen servicios privados junto a servicios públicos (por ejemplo, hospitales, escuelas) ambos tendrían derecho a las mismas subvenciones, en aras de la sacrosanta libre competencia. De modo que una universidad extranjera podría instalarse solicitando una financiación similar a las universidades públicas.
Restricción para reglamentar servicios claves
Ahora bien, no solo son objeto de negociación los servicios públicos, en tanto que están financiados con dinero de los contribuyentes, sino todo tipo de servicios: transportes, gestión del agua, telecomunicaciones, energía, servicios financieros... cualquier servicio que no haya quedado expresamente excluido de las negociaciones.
Este acuerdo restringirá la capacidad de un gobierno para reglamentar servicios claves como los ya citados. Una vez fijadas las reglas del juego resultaría muy difícil cualquier modificación legislativa que buscara una mayor protección de los usuarios. Esto es así porque se pretende introducir el Mecanismo de Resolución de Diferencias, por el que los estados podrían ser denunciados por multinacionales frente a un tribunal “ad hoc” por la posible reducción de los beneficios esperados. De este modo, los Estados se enfrentarían a multas millonarias a pagar con dinero público, no solo por las leyes ya aprobadas, sino también por cualquier proyecto de ley que se esté tramitando y que no se retire.
Sector financiero
En el sector financiero, como en el resto de sectores, el TISA y el TTIP buscan la casi eliminación de las regulaciones nacionales.
Tras las crisis financiera que todavía nos azota, EEUU endureció parcialmente su normativa. Está prácticamente prohibido que la banca pueda realizar operaciones especulativas con dinero de sus clientes para sus propios beneficios; resulta relativamente fácil cerrar grandes entidades financieras que incumplan con sus obligaciones legales así como dividir en partes grandes entidades cuya quiebra pudiera suponer un riesgo sistémico; están limitadas las retribuciones de los directivos y se puede exigir la devolución de bonus...
La UE, dentro de las rondas de negociación del TTIP, está presionando a EEUU para que retire dicha normativa. El promotor de esta iniciativa dentro de Europa no es otro que la City de Londres, paraíso fiscal en el corazón de la capital británica. EEUU se muestra aparentemente reacio, pero no debemos olvidar la presión de los lobbies financieros en EEUU, igualmente interesados en esta desregulación.
De llevarse a cabo, se incrementaría la probabilidad de nuevas crisis financieras, así como su magnitud, a la vez que estaría reducida la capacidad de los gobiernos para actuar, dado que cualquier normativa podría ser llevada ante el Mecanismo de Resolución de Disputas por alguna de las entidades afectadas.
Igual que en los otros artículos, recordamos que esto, y mucho más, pretende aprobarse para finales 2015. Después tendrá que ser ratificado por el Consejo Europeo, el Parlamento Europeo y los Parlamentos Nacionales cuya Constitución así lo exija. Es responsabilidad nuestra pararlo en la calles, antes de que sea demasiado tarde.
En este caso, debemos también recordar que cualquier aparente victoria sobre el TTIP no será tal, si no paramos también el TISA, pues este último tratado puede ser utilizado para colarnos aparentes renuncias en el TTIP. Stop TTIP y Stop TISA. Por unos servicios públicos de calidad, libres de cualquier mercantilización.
Relacionado:
.jpg)
