Tierra de Pavor: las rentas garantizadas de nuestras Consejeras

Por Basilio el Bagauda

De todo el mundo es bien conocido que España lleva unos años convirtiéndose por arte de una estafa a escala global, que nos han querido vender como una crisis inevitable, en un pozo oscuro del que sólo salen mentiras políticas y miserias humanas. Tampoco es mi intención demostrar lo que otros llevan haciendo desde hace mucho tiempo presentando e interpretando datos que muestran a las claras la brecha social producida por políticas tendentes al saqueo de las clases trabajadoras y el ataque directo y agresivo de los pudientes aliados de las clases extractivas colocadas por PSOE y PP para dirigir nuestros destinos.

Algunas de las dirigentes del cortijo autonómico no contentas con eso, fomentan e impulsan aún más esta huida hacia delante indecente y criminal, propia de otros tiempos donde la pobreza y la tiranía eran cara y cruz de la misma moneda.

Entre tanto los trabajadores han sabido organizarse en un sinfín de movimientos y plataformas fuera del sistema para denunciar con total libertad las evidencias de la estrategia totalitaria neoliberal. Es el caso de Viernes Negro de Burgos que en su última denuncia, apoyada por la Asamblea de Parados y Precarios, enviada al sordo y ciego Presidente de la Junta le hacían partícipe de las incongruencias y de las injusticias provocadas por la normativa autonómica en relación a la renta básica, aquí denominada “renta garantizada de ciudadanía”.

En ella se exponía grosso modo las desigualdades que se producían en el acceso a dicha renta puesto que la misma sólo era compatible con los subsidios y prestaciones generadas tras la finalización de contratos en los Planes de Empleo mientras que los que recibían otro tipo de prestaciones, aunque fueran de 50 € al mes como ocurre en muchos casos, no podían acceder a esta prestación imprescindible para la subsistencia. Además el colectivo expresaba en su denuncia que “las personas que dirigen esta administración están aceptando que la percepción recibida a través de la renta garantizada de ciudadanía es del todo punto insuficiente para poder llevar una vida mínimamente digna”.

Pues bien, el Procurador del Común con fecha 2 de febrero ha dado la razón a los denunciantes requiriendo a la Consejera de Familia Milagros Marcos y a toda su cúpula una mayor sensibilidad hacia las personas en riesgo de exclusión social exigiéndole un cambio normativo para que los castellanos y leoneses tengan al menos los mismos derechos que la mayor parte de los ciudadanos del Estado, y haciendo públicas sus desavenencias con la política en servicios sociales comunicando que a su juicio esta percepción sin ningún otro apoyo económico es insuficiente para cubrir la necesidades básicas de subsistencia y denunciando la oposición expresa de la Consejera de llevar a cabo los cambios normativos necesarios. Todo un ejercicio de crueldad y de indecencia por parte de personas que cobran entre 3000 y 5000 euros al mes.

Abundando en el enfado institucional del Procurador, incluso le indica el camino a seguir, eligiendo cuidadosamente administraciones del mismo color para que los chicos del Partido Popular no se enfaden, y observando la legislación de CC.AA. como Madrid, Castilla La Mancha, Canarias, Cantabria, Murcia, Galicia y Extremadura.

Llama poderosamente la atención como una Comunidad como la nuestra especialmente castigada por el aumento de paro y por una despoblación provocada por la emigración de miles de jóvenes ante la ausencia de perspectivas laborales y de ayudas económicas, vende humo y compra pobreza y caridad. Esa es la marca de identidad de la ex bibliotecaria, que sigue fielmente los pasos de Doña Silvia Clemente.

Lo de la ínclita segoviana lo comento porque una de las principales medidas que tomó en materia de “caridad” fue la colaboración a través de una carta fechada el 15 de abril de 2013 de la Consejería de Agricultura en el recientemente creado “Fondo de Solidaridad para la lucha contra la pobreza y la exclusión social” por su amiga Milagros.

En dicha misiva Doña Milagros reconocía “la dramática situación de muchas familias a consecuencia de la pérdida de su empleo que incrementaban el porcentaje de familias en situación de pobreza y de exclusión social en nuestro entorno”. ¿Esto se iba a paliar con unas prestaciones suficientes para evitarlo? No, por supuesto. Mucha mejor idea era la creación de un fondo de caridad del que a estas alturas nadie ha oído hablar.

¿Y cómo se iba a implementar ese fondo? Pues con ocurrencias tan espectaculares como la de Doña Silvia: invitando a las empresas agroalimentarias de Castilla y León a colaborar en la red de apoyo a cambio de la visibilización de una conducta empresarial irreprochable, cercana a los pobres menesterosos. Y si esto no era suficientemente atractivo para los empresarios del sector, se les ofrecía una brecha más en la fiscalidad que permitiera deducciones y desgravaciones a tutiplén, que al fin y al cabo eso de la fiscalidad no tiene nada que ver con la redistribución de la riqueza y la crisis social.

En definitiva, como siempre la rubia disparando con pólvora ajena: lo mismo hace caridad con el dinero de otros, que se gasta el 25 de diciembre de 2010, día laborable donde los haya, más de 500 € en un famoso restaurante de un pueblo cercano a Valladolid a cargo de la Consejería o se va a Nueva York con todos los gastos pagados por “Tierra de Sabor” a presentar la marca y a darse la vida padre con su amiga Piluca, la Consejera de Hacienda.

Y qué decir de la responsable del NO a la mejora de las rentas básicas. Dirige una Consejería fantasma cuyas funciones y competencias son desarrolladas en más de un 90 % por un organismo autónomo llamado “Gerencia de Servicios Sociales” y cuya única existencia sólo se debe a la necesidad de engordar las cuentas bancarias de unos cuantos prohombres y promujeres de la casta más rancia del feudo castellanoleonés.

Habida cuenta de que además, mientras esto ocurre, la reducción de los recursos y el desmantelamiento en materia de servicios sociales es más que palmario: cada vez menor número de camas en residencias públicas de ancianos y de asistidos; una política de juventud prácticamente inexistente donde se están aumentando los precios de los albergues juveniles para dejarlos vacíos y derivando la mayor parte del dinero a pura propaganda; unos gastos en dependencia ya prácticamente desaparecidos; disminución del número de plazas en pisos de acogida para mujeres maltratadas por violencia masculina o un aumento cada vez mayor en el tiempo de resolución de los expedientes de la Renta Garantizada de Ciudadanía (ahora mismo en torno a 7 meses) son una prueba del voluntario ataque a los sectores sociales más vulnerables, mujeres, ancianos y jóvenes.

Doña Milagros siga usted en esta línea que más tarde o más temprano superará a Doña Silvia y ya sabe lo que le espera al otro lado: viajes a Nueva York, restaurantes de lujo y quién sabe si algún bolso de vuitton…

Pero de más renta para los pobres, ni hablar…

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