La semántica estudia y reflexiona sobre la correspondencia que existe en cualquier medio de expresión entre los símbolos, palabras, expresiones o representaciones formales y situaciones o conjuntos de cosas que se encuentran en el mundo físico y en el abstracto. Mientras que la retórica sirve para el estudio y sistematización de procedimientos y técnicas de utilización del lenguaje puestos al servicios de una finalidad persuasiva o estética.
Y en ello estamos pues de pronto nos hemos caído de un guindo y hemos vuelto a la realidad más cruda: los recursos no son ilimitados y cuando vienen mal dadas tras la enésima burbuja de deuda creada por el propio sistema, el capital nada y guarda la ropa, se hace aún más fuerte y presiona para hacer saltar por los aires los derechos universales, puesto que el derecho a la propiedad privada se antepone al resto y los entierra debajo de la alfombra.
Así los derechos universales, colectivos e iguales en su aplicación para todos por el hecho objetivo de la pertenencia a la misma especie, pasan a convertirse en derechos individuales, exclusivos de aquellos que “pueden” reclamarlos para sí y los suyos. Los principios rectores que aparecen en la mayor parte de las cartas constitucionales son derechos universales en la teoría pero individuales en la práctica. Ya no somos ciudadanos con derechos a servicios esenciales para nuestra mayor posible supervivencia sino clientes que acceden (=demandan en función del precio dispuesto a pagar) a servicios ofertados.
Por lo tanto volvemos, si es que alguna vez nos olvidamos, al viejo “tanto tienes tanto vales” pero eso sí, con mucho maquillaje por medio para evitar reflexiones éticas que produzcan violentas sacudidas políticas y económicas. Y ahí es donde juega su papel la semántica y la retórica.
Las palabras no son sólo palabras. Son sofisticados instrumentos que utilizados con certera precisión conmueven masivamente sentimientos y emociones que pueden dar lugar a la transformación de la realidad o a su bloqueo.
Probablemente nunca como en este momento se ha utilizado y se le ha dado tantos significados interesados a las expresiones “servicios públicos” y “sanidad pública”.
Parece obvio definir al menos que tanta una expresión como la otra hacen referencia a una serie de servicios prestados por la administración pública a sus administrados. Una serie de servicios sujetos a reglas específicas que tienen que ver con el conocimiento previo de todos los ciudadanos acerca de los procedimientos utilizados para generarlos y de los derechos para su acceso no sujetos a las leyes de la oferta y la demanda, fundamentalmente.
Y he aquí que en momentos de vacas flacas y de unos pocos lecheros que guardan codiciosa y miserablemente la leche, éstos nos quieran vender gato por liebre.
Los neoliberales hoy en el gobierno vienen a decirnos en su neolengua que los “servicios públicos”, y también la sanidad, son servicios prestados o derivados de las prestaciones producidos por las administraciones públicas y pagados con el caudal de los impuestos. Desde ese punto de vista es obvio que ese paradigma no se ha extinguido puesto que ambas condiciones se cumplen.
En realidad tapan la Luna de la garantía universal de los servicios básicos para la supervivencia y la mejora de las condiciones de vida a la que deben de aspirar todas las civilizaciones con el dedo del “servicio público” y del debate de lo que significa. Nos fijamos en el dedo olvidándonos de lo relevante: que todos los hombres y mujeres que nacen en esta Tierra deben de ser iguales en derechos y en deberes y que la condición económica de la que parten no debería ser una causa que pusiera en riesgo su vida y su felicidad presente y futura.
Por muchas veces que nuestros gobernantes digan una y mil veces que la sanidad pública como derecho universal no está en riesgo y respeta los cánones del mejor tratamiento posible para todas las personas, todos sabemos que a estas alturas no es cierto. Ni los más cínicos soportan ya esa idea…
Lo cierto es que las Unidades de Gestión Clínica son tal y como están diseñadas otra nueva expresión de la neolengua para avanzar en el “tanto tienes, tanto vales” y en el desmontaje del Sistema Nacional de Salud para convertirlo en una especie de “HealthCare”, el famoso sistema nacional de salud del faro que guía a todo el orden occidental que coloca a EEUU en el puesto nº 12 de los países con sistemas de salud públicos.
Las UGCs son creadas por profesionales del SNS que se agrupan “voluntariamente” para asumir empresarialmente la responsabilidad de la asistencia sanitaria en un proceso de “transferencia de riesgos” por lo que si hay beneficio residual (= ahorro), éste revierte económicamente en los trabajadores de la Unidad. Estas microempresas pueden a su vez competir con otras similares como si fueran tiendas, beneficiándose supuestamente así todo el sistema.
Pero tal y como se ordenan las condiciones de funcionamiento hay elementos suficientes para su
rechazo desde los puntos de vista del profesional, del sistema público y de los pacientes.
En lo que se refiere al profesional las principales medidas que definen este nuevo instrumento son éstas:
• El director de cada UGC es “nombrado” directamente por el SACYL, y ya sabemos que el PP siempre se define por elegir los mejores en función de criterios técnicos, y nunca políticos ni filiales…
• Nada se dice acerca de las funciones específicas, responsabilidades, condiciones profesionales ni de lo que puede ocurrir con los que no firmen la integración en esta unidades. Sin embargo sí deja expresamente la puerta abierta a la introducción de contratos laborales de derecho privado a través de acuerdos con organizaciones sanitarias.
• De ello se deriva que las futuras contrataciones propuestas por el Director, no olvidemos nombrado a dedo, dejan en suspenso los habituales criterios de ingresos, promociones y traslados. Más de lo mismo…
• En última instancia la propuesta de mejora que se le hace al profesional es la obtención de incentivos económicos en caso de superávit sin ningún tipo de normas, límites ni criterios.
En cuanto al sistema, el único objetivo de gestión es el ahorro, no la eficiencia. La preocupación es el gasto, no la calidad. Vista la premisa, no es extraño pensar que estos instrumentos sean un nuevo troyano para la destrucción desde dentro de un sistema verdaderamente necesitado de reformas.
En otro orden de cosas, la fragmentación del sistema en múltiples unidades es el paso previo para el advenimiento del capital privado, pero eso sí, en aquellas que sea rentable. Con lo que sectores fundamentales del SNS como la atención primaria, tan olvidada ya por los directivos políticos y tan poco atractiva para el capital privado pero tan importante para conseguir la equidad, la justicia y la eficiencia económica, entrarán en peligro de desaparición.
Y qué decir del interés del capital privado en las unidades complejas de pacientes difíciles: con toda seguridad harían selección de riesgos. ¿Recordáis quién asumió hace poco el tratamiento de los pacientes con ébola? ¿Dónde estaban en ese momento los Sanitas, Capio, los hospitales privatizados que anuncian sus excelencias hasta en televisión?
Por último los pacientes no tienen nada que ganar en todo esto y es posible que la búsqueda del ahorro por parte del personal sanitario en la UGC contamine las decisiones profesionales.
Es evidente que el sistema necesita mejoras pero son muchas las asociaciones profesionales médicas comprometidas con un verdadero SNS que alzan su voz con otros parámetros, priorizando la eficiencia sobre la actividad sanitaria.
En palabras del médico Juan Antonio Ayllón, miembro activo de la plataforma “Sanidad Pública Sí de Burgos”, “En medicina más no suele ser mejor y muchas veces es peor. Demos más protagonismo a los profesionales y a los pacientes, los grandes silenciados. Pongamos coto a la intromisión avariciosa de la industria farmaceútica responsable, con la aquiescencia de la Administración Sanitaria, de buena parte del gasto injustificado. Necesitamos buenos gestores que dirijan con efectividad, trasparencia y estilo cooperativo. Y en última instancia no presten o promuevan la utilización de la salud para el negocio, a veces fácil y siempre blindado. ¿Qué administración permitiría quebrar a un hospital o a una UGC? ¿Se acuerdan de Alzira y su bochornoso rescate de la quiebra?”
Señores Herrera y Rajoy no engañen con sus palabras vacías: el servicio público, la sanidad pública, son otra cosa que no está ni en sus planes ni en su cabeza.
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