PLADEPU toma la iniciativa para que los partidos de la oposición acaben con el desmantelamiento de la función pública

Por Burgos Dijital

Componentes de PLADEPU de León, Palencia y Valladolid, han mantenido reuniones esta semana con los representantes de IU, Podemos y Ciudadanos para explicar cómo se puede acabar con la corrupción y la politización de los servicios públicos en la Junta de Castilla y León.

La trayectoria de la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) desde el año 2011, cuenta con un gran respaldo de compañeros y compañeras que trabajan en la administración autonómica y que realizaron decenas de propuestas para el recorte en el gasto de la administración pública que no afectaba a los ciudadan@s, poniendo en evidencia la estrategia del Partido Popular de evitar el control público de miles de millones de € y de destrucción de la independencia de los empleados públicos. Por ello en 2012 las reivindicaciones fueron avaladas con 9.000 firmas de empleados públicos, con las que consiguieron dos reuniones con Pilar del Olmo y representantes de Función Pública y posteriormente con los portavoces de los grupos parlamentarios.

En esa ocasión de nada sirvió debido al rodillo parlamentario y ninguna de las medidas fueron debatidas y adoptadas por el ejecutivo.

El 22 de octubre en la sede de las Cortes tuvo lugar un encuentro y toma de contacto entre varias personas de León, Valladolid y Palencia, por parte de PLADEPU, y procuradores de tres de las fuerzas de oposición de esta legislatura para volver a retomar las reuniones que se tuvieron hace 5 meses, antes de las elecciones autonómicas, para que todos los partidos incluyeran una serie de propuestas en su programa. 

Como señalan miembros de PLADEPU en nota de prensa "tras las presentaciones, posteriormente se hizo entrega de la carta que van a recibir cada uno de los 84 diputados que componen las Cortes de Castilla y León, insistiendo en que el primer y más importante derecho que se está vulnerando gravísimamente es el de la propia función pública: las encomiendas de gestión a fundaciones y entes públicos que atentan contra el derecho al puesto del funcionariado no susceptible al miedo al despido o a temporalidad y precarización del trabajo de las personas. Las recientes contrataciones de la Fundación de Acción Social y Tutela van más allá y vulneran profundamente la legalidad y atentan contra la independencia que debe garantizar la administración en la tramitación de la mayor parte de las políticas de los servicios sociales".

A continuación PLADEPU expuso los puntos estratégicos más importantes que puedan servir para realmente defender lo público en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, de modo que la administración vuelva a estar al servicio de la ciudadanía y no al servicio de los intereses de los partidos políticos como ocurre actualmente. 

El documento de trabajo se estructura en 34 medidas "para la regeneración de la Administración Autonómica, contra la corrupción y por la devolución de derechos expropiados a los empleados públicos o recortados a la ciudadanía".

Las propuestas concretan soluciones para la regeneración de la Administración autonómica de Castilla y León, despolitización y profesionalización de la Administración autonómica, eliminación de la administración paralela o administración B (empresas públicas, institutos, fundaciones, agencias y otros entes), y otras medidas contra la privatización y la corrupción.

Por ultimo hubo un ofrecimiento de PLADEPU para asesorarles en cuantas dudas tengan sobre la Administración, explicando que el apoyo será esencialmente técnico, sin ningún sesgo político, y que se apoyará a cada grupo político que lo solicite, puesto que la prioridad es que la Junta de Castilla y León valorice los medios materiales y humanos que tiene, promueva la eficacia, independencia y transparencia en la gestión de los servicios públicos, y devuelva los derechos recortados a la ciudadanía y a sus trabajadores.

El denominador común en las tres reuniones ha sido el interés de los grupos políticos por las propuestas expuestas, así como de las prácticas necesarias para poder llevarlas a cabo con efectividad. Quedó muy claro que todas las funciones de la Administración “B” paralela pueden ser llevadas a cabo y desarrolladas por la Administración General, es decir, que todo debe volver a ser público. Algunos grandes fraudes están siendo silenciados pero acabarán saltando a la opinión pública; otros no se hubieran producido si hubieran sido gestionadas las funciones por empleados públicos independientes, y no de libre designación.

Propuesta PLADEPU a los partidos políticos