Por Burgos Dijital
Burgos Dijital tuvo la oportunidad de entrevistar a Isabel Franco Carmona, representante de la Comisión Promotora de la ILP por la renta Básica, a su paso por Burgos este 11 de noviembre.
Esta sevillana especialista en Relaciones Laborales y Ciencias del Trabajo trabaja en las labores de coordinación y extensión por todo el Estado para la recogida de al menos 500000 firmas en la Iniciativa Legislativa Popular de creación de una Renta Básica universal, individual y sin periodo de finalización como “una medida necesaria que podría ser rotundamente eficaz contra el estado de emergencia social que se vive en este país, contraponiéndose a la precariedad laboral y social a la que ha estado sometida históricamente una parte de la población y que con la crisis se ha radicalizado”.
¿Cómo nace la idea de la ILP para la renta básica?
Nace en el verano de 2013 como una idea - necesidad que surge a la vez en diferentes colectivos como el “Campamento Dignidad de Extremadura” y que se materializa en una reunión en el barrio madrileño de Entrevías en la que se determina la acción de presentación, promoción y recogida de firmas con una doble finalidad: por un lado conectar con todas aquellas personas que sufren en toda España el paro o la precariedad laboral para que se sintieran amparadas y unidas por una misma causa a través de la movilización social, y por otro lado para sacar de una vez por todas esta grave problemática social a las calles a través de charlas y de mesas informativas colocadas especialmente al lado de las oficinas de empleo.
¿Qué diferencias existen entre la Renta Básica que se solicita a través de la ILP y las diferentes ayudas que aparecen en las comunidades autónomas como la Renta Garantizada de Ciudadanía en Castilla y León?
En primer lugar, las diferentes ayudas y subsidios que se conceden no llegan a cubrir las necesidades básicas de los solicitantes ni llegan a toda la población que no tiene ningún tipo de ingreso. Además todas ellas se encuentran por debajo del considerado umbral de la pobreza, calculándose en torno a un 80 % del IPREM, y se conceden tras intervenciones muy agresivas de los servicios sociales, con lo que se estigmatiza aún más a las personas.
Por otro lado este tipo de ayudas tiene un periodo de prestación determinado que abarca un mínimo de 3 meses y un máximo de un año, concretamente en el País Vasco. Una vez terminado el plazo, muchas personas que no han conseguido durante ese tiempo un trabajo, la mayor parte, vuelven a la situación previa.
La renta básica se calcula, a través de datos de Eurostat, en 645,33 €, que es la cantidad mínima que expresa el umbral de pobreza y son los ingresos mínimos que se van a exigir como derecho individual y sin temporalidad determinada.
La implantación se haría en dos fases: una primera de urgencia en la que se añadiría a todas las
personas que reciben prestación la cantidad suficiente para llegar al menos al umbral de pobreza y se concedería hasta esa cantidad a las que no reciben nada, y una segunda fase donde se legislara y aprobara definitivamente la Renta Universal.
¿Han pensado los grupos de trabajo en favor de la Renta Básica en otro tipo de medidas complementarias para que las familias puedan encarar gastos que no se podrían cubrir con ese único ingreso?
La renta básica se concibe como una herramienta mínima de emancipación de los ciudadanos pero debe de ir acompañada con medidas políticas y económicas que hagan efectivo el derecho a la vivienda y que paralicen los recortes en sanidad y educación para volver a recuperar y mejorar estos servicios imprescindibles.
¿Es presupuestariamente posible la concesión de este ingreso universal? ¿Habéis hecho cálculos estimativos?
Por supuesto que mañana sería económicamente viable. El cálculo hecho sobre los presupuestos andaluces, como ejemplo, haría posible que con el llamado “salario social”, ciertas partidas presupuestarias de las Diputaciones Provinciales y con la financiación del Decreto de Inclusión Social 1500000 de andaluces podrían cobrar la renta básica.
Así mismo existen estudios que nos dan dos datos muy reveladores: por un lado, se calcula que a día de hoy si se unieran toda la amalgama de ayudas y subsidios que están dando las diferentes administraciones 4500000 de españoles podrían recibir ya la renta básica, y por otro lado expertos economistas calculan que en torno al 70 % del fraude fiscal concentrado en las grandes multinacionales y en las familias más adineradas serviría para llegar hoy a todos los trabajadores que no reciben ninguna prestación. Isabel termina rematando que lo que hace falta es voluntad política.
¿Se ha ampliado el plazo de la recogida de firmas?
Se está esperando la respuesta pero no hay ninguna razón para que esta no sea positiva, por lo que el plazo se cerraría el 14 de marzo del año próximo. A partir de ahí sería la mesa del Congreso la que se encargaría de la supervisión de las firmas, de la posterior admisión a trámite de la ILP y su discusión que bien puede terminar sin ni siquiera aprobarse la creación de un proyecto de ley para su futuro debate definitivo o, como le ocurrió a la ILP presentada por la PAH, con una Ley que en nada se le parezca a lo exigido por los promotores.
Por último, ¿de qué movimiento social partió el origen de la ILP?
En realidad se planteó desde un principio la ILP como herramienta para construir un movimiento social, y no al revés. El nombre que se eligió para el colectivo fue el de “Movimiento contra el paro y la precariedad” aunque luego allá donde han sido creados colectivos homólogos han tomado otros nombres.
Ahora mismo, aún no existiendo este tipo de colectivos en todas las provincias, se están recogiendo en todas las provincias a través de otros movimientos como la Plataforma del 22M (Marchas de la Dignidad) y la PAH que han hecho suya la iniciativa.
Isabel Franco Carmona terminó la entrevista adelantándonos que habrá una gran movilización para impulsar la ILP durante las fiestas navideñas, aunque no se atrevió a anunciar que se hará y en qué fecha exacta.
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