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| El consejero de la trama eólica se va |
Por Manuel Cortázar
Don Tomás Villanueva: el mejor guardés del cortijo castellano y leonés.
Parece que el todavía Consejero en funciones Tomás Villanueva quiere seguir dejando su impronta plagada de irregularidades e investigaciones judiciales tras haberse tomado muy en serio durante años al frente de la Economía y el Empleo de la Comunidad el encargo de Juan Vicente Herrera de crear todo tipo de organismos financiados con dinero público al margen de las reglas del control público.
Así tras la creación de las diferentes Agencias de Desarrollo Económico con quiebras millonarias, delegaciones comerciales internacionales, y escándalos como el sobrecoste millonario del edificio de Arroyo de la Encomienda (Valladolid), con varias decenas de altos cargos imputados, la sobretasación de suelos en parques tecnológicos nunca construidos y la nueva y flamante “trama eólica”, Don Tomás da un paso al frente para privatizar los servicios de Empleo de Castilla y León, el famoso ECYL.
El empleo y la formación, otro producto mercantilizado.
Ya hace tres años que se denunciaron las maniobras de la Junta por descapitalizar la labor que realiza el servicio público de empleo, en su momento cuando en junio de 2012, Villanueva despidió a 70 técnicos de las 54 oficinas de empleo de Castilla y León que llevaban 9 años trabajando, aprovechando que tenían un contrato de obra y servicio tras superar un proceso selectivo al que se presentaron 2.500 aspirantes.
En diciembre de ese mismo año presentó un ERE que afectaba a otros 120 orientadores laborales que llevaban cinco años con un contrato similar.
Sólo las protestas de estos afectados y las sentencias judiciales obligaron a la Junta a dar marcha atrás en sus planes: los 70 técnicos de modernización tuvieron que ser readmitidos 9 meses después tras una cascada de fallos judiciales, si bien la mitad de los 120 orientadores se fueron a la calle y 60 pudieron conservaron el puesto tras negociar con los sindicatos.
Ahora hace escasos meses la Consejería de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León se ha gastado 3,3 millones de euros en toda la Comunidad autónoma para subcontratar a empresas privadas buena parte de las labores que venían realizando los funcionarios de este aún servicio público. La lógica neoliberal parece seguir imponiéndose en la línea política del PP y el siguiente paso es convertir todos los servicios de empleo de capital público, en un producto más con el qué comerciar.
En la provincia de Burgos, que formaba parte del lote junto a Soria y Segovia, la contratación por importe de 1,1 millones de euros ha ido a parar a una fundación llamada “Fundación Sócrates”. Esta empresa, con sede en Chiclana de la Frontera (Cádiz), se encarga desde la fecha de adjudicación, el pasado mes de marzo, de la realización de labores de "atención, orientación, formación e inserción laboral" a los colectivos en paro.
Desde ese momento los parados de la provincia de Burgos, y entendemos que de toda la Comunidad, han ido recibiendo en las últimas semanas cartas oficiales del Ecyl en la que les advierten de que a partir de ahora las empresas subcontratadas (que denominan eufemísticamente "agencias de colocación colaboradoras") se pondrán en contacto con ellos para realizar servicios de inserción laboral. Así lo ha denunciado la Asamblea de Parados y Precarios de Burgos que ha exigido a la Junta información sobre los concursos de adjudicación.
Las cartas advierten a los trabajadores desempleados que estas empresas se encargarán de las labores "de intermediación, como orientación, formación, ayuda en la búsqueda de empleo, captación de ofertas de trabajo, promoción de candidatos u otras necesarias para alcanzar el objetivo de la inserción laboral, siempre de forma gratuita para usted". Así mismo se les advierte que “pueden ser sancionados” si no se comparece a la citación cuando aún muchos de ellos piensan, con toda lógica, que se trata de una estafa.
Para rizar el rizo, las utes adjudicatarias Sócrates e Ibecom no realizan finalmente la labor contratada por la Junta, sino que a su vez estas realizan una subcontratación a lo que, suponemos en neolengua, denominan "entidades colaboradoras".
La Fundación Sócrates o el imperio de la inmoralidad
La Fundación Sócrates comenzó su andadura en Murcia y Cartagena pero pronto se volcó hacia Andalucía durante la última legislatura gobernada por PSOE e IU. De hecho tiene un centro de orientación laboral subvencionado por la propia Junta de Andalucía a través del programa Andalucía Oriental y convenios con diversas administraciones públicas.
Según ha podido comprobar Burgos Dijital, los patronos de la fundación son un conglomerado formado a su vez por tres empresas: “Centro de Estudios Sócrates, S.L.” “ACFOR 2000 Gesprode Acciones Formativas y Proyectos para el Desarrollo de Empresas Privadas, S.L.” y “Programaciones y Tecnologías del Mediterráneo, S.L.”.
Dada la opacidad de la información financiera y mercantil de dichas empresas hace sospechar que sean “empresas pantalla”, ya que es realmente excepcional que tres sociedades limitadas (empresas de capital limitado a número concreto de socios, que perfectamente podrían ser unipersonales) constituyan una fundación teniendo como fines “la formación especial y la formación profesional de colectivos con deficiencias físicas, psíquicas o en riesgo de exclusión social, así como su protección, cuidado, atención social y la búsqueda de alternativas laborales a los mismos”.
Aunque los patronos de la fundación son en este caso personas jurídicas, los cargos los ostentan personas físicas: en concreto el Presidente es Justo Lucas del Río Moreno.
El ahora Presidente de la UTE fue el principal imputado por delitos de estafa, fraude y falsedad documental en lo que se denominó la “Operación Escuela”, en la que a través de algunas empresas que son patronas de la Fundación Sócrates (Ces SL y ACfor 2000 SL) se concedían certificados que necesitaban los estudiantes para "engordar sus currículos y poder acceder a un determinado puesto de trabajo", otorgaban títulos por cursos que no se realizaron o no se completaron y certificaban la asistencia a más clases que las recibidas. Esta operación policial desplegada en 2006 en Cádiz, Sevilla, Madrid, Granada y Murcia, y que acabó con 28 detenidos, situó como cabecillas de la trama al ya señalado junto a su mujer inspectora de trabajo y en la que también participaron dos sindicalistas de CC.OO. de la sección de Banca.
