Por Burgos Dijital
- · Continúan los efectos de la privatización del HUBU: reducción de camas y empeoramiento de la prestación sanitaria, así como la pérdida de cientos de puestos de trabajo públicos, produciéndose una falta de dotación y cobertura de los servicios.
- · La administración incumple su promesa de no privatizar más servicios. Los sindicatos denunciaban las derivaciones a la sanidad privada, empresas como Recoletas o la Clínica Universitaria de Navarra.
- · Los sindicatos exigen la urgente contratación de personal de las Bolsas de Empleo y la paralización de los conciertos privados
El SACYL había prometido el aumento de entre el 15 y el 18% de la plantilla cuando el Hospital de Burgos entrara en funcionamiento.
La realidad es que, desde entonces, se han reducido
las dotaciones de la plantilla del centro, pasando de 3.331 plazas a finales de
2009, hasta las 3.215 de principios del presente año. Desglosando la lista, el personal estatutario
encabeza la lista con 88 plazas perdidas, siguiendo 16 personal
funcionario, 7 de laboral y 5 de médicos residentes. Según estos cálculos se
habrían perdido 116 plazas.
La diferencia fundamental se encuentra entre el
número de plazas, y el número de plazas que están cubiertas con personal que se
encuentra desempeñando su labor. De las 3.215 plazas de trabajo público del
HUBU, sólo están cubiertas 3.086 plazas, cifra a la que habría que descontar los
128 puestos eventuales que tienden a desaparecer. Si aplicamos este descuento,
la cifra se incrementaría hasta las 257 plazas orgánicas sin cubrir.
Desde la apertura del hospital, la administración y
los medios de comunicación han tratado de vender el HUBU como una referencia a
nivel nacional, cuando tienen lugar derivaciones de pacientes al centro privado
San Juan de Dios o a sus propias casas, así como la existencia de quirófanos
sin uso, excusándose en la falta de personal, entre otros ejemplos.
La privatización de servicios como Logopedia
(1041.3068, 25€), Cirugía y Traumatología (1.212.184,22€) o Rehabilitación
(925.375,00€), supone el trasvase de más de 3 millones de euros a la sanidad
privada; en el caso de la Logopedia, concertando siempre con las mismas
adjudicatarias.
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