Ana Garrido, funcionaria que destapó parte de la Gürtel y Viernes Negro: la corrupción en la Administración

Por Burgos dijital

Barriendo la corrupción es el nombre de la charla taller que ha organizado la plataforma ciudadana Burgos Decide y que ha traído a Burgos a Ana Garrido, la empleada pública que sacó a la luz los trapos sucios del ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid), localidad en la que trabajaba, pensando que sería la manera de que el alcalde y algunos otros concejales y trabajadores dejaran de llevarse dinero público a sus bolsillos. 

Lo que Ana no sabía en aquél momento era que lo que estaba haciendo realmente era destapar parte de una de las mayores tramas de corrupción que ha habido en España, en una de sus ramificaciones en Madrid: la trama Gürtel. Recabó documentación y la entregó por error a las personas equivocadas, que intentaron que aquello no saliera a la luz y no protegieron su anonimato. Al descubrirlo, y al comenzar a sufrir un acoso laboral de dimensiones desorbitadas, comenzó su periplo para denunciar públicamente esta situación. 

Hoy es el día en que algunos de los principales implicados en la trama han sido imputados, algunos incluso están resultando condenados a multas y penas de cárcel.

También ha participado en este taller un miembro del colectivo Viernes Negro, que agrupa a funcionarios de la Junta de Castilla y León, y que lleva ya tiempo denunciando públicamente las irregularidades que van detectando en el seno de la Administración Pública.

Dos de las principales conclusiones que se han podido extraer del encuentro han sido, por un lado, las dificultades laborales y personales a las que se enfrentan las y los empleados públicos a la hora de denunciar y hacer públicas las corruptelas que hay en la administración de lo que es de todos, y la opacidad con la que desde los altos cargos, no tan altos cargos y cargos políticos, se trata de ocultar la corrupción que invade los pasillos y los despachos de instituciones públicas, sobre todo en regiones donde no hay alternancia política y se suceden legislaturas ganadas con mayorías absolutas. 

Por otro lado, la otra conclusión a la que han podido llegar los asistentes es la constatación de la vulnerabilidad de las personas que denuncian este tipo de casos si no se respeta su anonimato, y el bloqueo por parte de la mayoría de los medios de comunicación, que en clara connivencia con los poderes políticos, impiden que las denuncias salgan a la luz y lleguen a la opinión pública (entre otros motivos, porque la publicidad institucional es, en la mayoría de los casos, la fuente de ingresos fundamental de estos).

Burgos Dijital publicará próximamente una entrevista a los ponentes.

Imágenes cedidas por Burgos Decide

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Por Burgos Dijital

El movimiento Viernes Negro no parece descansar y vuelve a la carga con una nueva denuncia en la que podría haber irregularidades rayanas en la prevaricación y en la malversación de caudales públicos, y ello a pesar de que los sindicatos Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras, siguiendo la estela de CSIF, han dejado de firmar las comunicaciones de manifestación en un claro acto de hostilidad tras las denuncias de la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) en el, a su juicio, compadreo de los representantes de estas dos centrales sindicales con los representantes de la Junta al aprobar una campaña de dignificación al funcionario que, finalmente y tras las presiones sufridas, no se hará y que iba a suponer 250000 euros de nuestros impuestos. ¡¡Si alguien quiere hacerse una campaña electoral que se la pague!!

En este caso la información que hacen pública sigue la misma trama de las denuncias sobre malversación en obras públicas sin uso o cerradas como el Laboratorio Agrario Regional o la Estación de Avisos de plagas construída en Pedrosa de Duero. Hemos de recordar que en  la primera infraestructura fueron más de 2 millones de euros invertidos en una reforma que ampliaba el complejo y que nunca ha sido utilizada, y en el segundo fueron un total de 500.000 euros los que se fueron por el vertedero de las ocurrencias Populares cuyo gobierno no puede sacar pecho a estas alturas.

Según fuentes consultadas por Burgos Dijital a día de hoy el asunto del Laboratorio parece estar siendo ya más que espinoso para la Consejería de Silvia Clemente, ya que tras varios meses de petición de documentación por parte del Procurador del Común aún no ha obtenido respuesta, caso muy parecido al de la Comisión Europea que estudia el inmenso dislate fraudulento del HUBU y a la que no se le ha enviado la documentación solicitada. En cuanto al asunto de la Estación de Avisos la OLAF (Oficina de Lucha Antifraude), órgano fiscalizador de la Unión Europea abrió expediente a la Junta y sigue su curso.

El asunto que a continuación detallamos parece que va a ir por los mismos derroteros y en este caso podríamos estar hablando de más de tres millones de euros, sólo que en este caso afecta a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente en la construcción y mantenimiento de la red de piscifactorías.

Viernes Negro recuerda en su denuncia que el 16 de julio de 2012 aparece en el Diario de Burgos una noticia con este encabezamiento: “La Junta cierra la Piscifactoría de Quintanar y lleva las truchas a León”.

El diario de cabecera de la ciudad, siempre tan interesado en ir más allá de lo que los gabinetes de prensa de las Consejerías cocinan, se limita a trasladar a sus lectores que, y siempre citando a fuentes de la Delegación Territorial, “no se trata de un cierre sino de un cese temporal, que traerá consigo una reorganización interna de los recursos y que forma parte del Plan de Optimización de los Recursos, que busca mejorar la eficiencia y eficacia”. Sigue apuntando que el cese temporal de la Piscifactoría de Quintanar de la Sierra (Burgos), llamado “La Pesquera”, no será el único en la Comunidad Autónoma, “sino que afectará a otras dos piscifactorías de las provincias de Soria –en la localidad de Ucero- y de Palencia  -en Celadilla del Río-“. Por último el periódico acaba apuntando que en “las próximas semanas se procederá al traslado de los ejemplares a las instalaciones de Vegas del Condado en León”.

Pues bien parece ser que tras esa información tan meliflua se escondía toda una panoplia de malas decisiones que le habrían supuesto al erario público un agujero que los periodistas de tan afamado diario no estuvieron por la labor de investigar.

Parece ser que en el año 2008, y cofinanciado con fondos europeos del “Programa IFOP” destinados a la mejora de centros de acuicultura, se ejecutó un proyecto de modernización de esta instalación, donde se invirtió más de 1.000.000 de euros, con el objetivo de conseguir el mantenimiento de 6 líneas de trucha autóctona para realizar la repoblación y mantenimiento de los ríos trucheros de la provincia de Burgos, dado que la cría de la trucha autóctona solamente está autorizada en piscifactorías públicas.

La decisión del gasto resulta increíble cuando la propia administración sabía que la falta de caudal del río Arlanza en la época estival provocaba inequívocamente que durante este periodo el funcionamiento se hacía inviable, por lo que se trasladaban los ejemplares de las distintas líneas genéticas a la piscifactoría de Oña, propiedad de la Diputación Provincial de Burgos.

Por otro lado, si esto ya resulta de por sí suficientemente llamativo, el Movimiento VIERNES NEGRO de Burgos denuncia una serie de hechos que hacen que el asunto pase de ser cómico, si no fuera por la cantidad de dinero burlada por el gobierno de Herrera a la Educación o a los Servicios Sociales, a alcanzar tintes trágicos.

El colectivo informa de un desvío presupuestario de cerca del 15 %: de los 887.661,49 € se pasa a más de 1.000.000 de euros finales. El supuesto cese temporal es hoy ya definitivo tanto en la piscifactoría burgalesa como en las de Soria y Palencia, en las que también se despilfarraron fondos europeos. Con el agravante de que una vez cerradas quedan inservibles para futuras reutilizaciones.

A continuación dejan entrever la existencia de unos informes técnicos elaborados por funcionarios competentes en la materia contrarios al cierre. En dichos informes parece ser que se indicaba que el mantenimiento de estas instalaciones era mínimo, alrededor de unos 15.000 € anuales, y que el traslado en pleno verano de los alevines a León era una imprudencia por la alta tasa de mortalidad que dicho operativo producía. Además también se indicaba que había muchas dudas respecto a la capacidad de las instalaciones de la Piscifactoría de León para seguir con las investigaciones y el mantenimiento de las líneas genéticas de truchas autóctonas que se realizaban en las instalaciones de Soria, Palencia y Burgos.

Tal es así la realidad del despropósito cometido que la Junta de Castilla y León tiene ahora que adquirir las Truchas Arco Iris a empresas privadas de La Rioja para repoblar zonas de pesca recreativa en Burgos.

Por todo ello, el colectivo de funcionarios va a llevar esta denuncia a la OLAF como ya ha anunciado a Juan Vicente Herrera.

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Carta de los lectores
Funcionario de la Junta de Castilla y León

Lo que representa o debe representar la Administración Pública de Castilla y León, según las leyes y normas, que por otra parte, son muchas, es una imagen que no se corresponde con la realidad. Pero llegar hasta esta afirmación y lograr ésto, no ha sido espontáneo, sino progresivo. Se puede deducir que a la Administración, en general, ocurre lo mismo que a la sociedad actual.

En esta Institución se ha ubicado como poder absoluto el político, sostenido por el poder económico. Esto no debería ser así, puesto que según la Constitución y la Ley de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas, entre otras, determinan cuáles son los principios generales de actuación. Es paradójico que los dirigentes políticos aludan tanto al cumplimiento de nuestras leyes y Carta Magna, para después no cumplirlas.

Estos son: Articulo 3, Ley de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y procedimiento administrativo común...

“Las Administraciones públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, des-centralización, des-concentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho... Las Administraciones públicas, en sus relaciones, se rigen por el principio de cooperación y colaboración, y en su actuación por los criterios de eficiencia y servicio a los ciudadanos... Bajo la dirección del Gobierno de la Nación, de los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas y de los correspondientes de las Entidades que integran la Administración Local, la actuación de la Administración pública respectiva se desarrolla para alcanzar los objetivos que establecen las leyes y el resto del ordenamiento jurídico”.

Con lo anterior, la Administración debe actuar “bajo” la dirección del gobierno, para alcanzar sus objetivos (que no deberían ser los del gobierno). Esta afirmación de la ley hace ya mucho tiempo que no se respeta.

¿Cómo se ha llegado a esta situación? Algunos elementos, no todos, que han contribuido a este hecho son:

Cambios en la ley de función pública que afecta a los funcionarios. La mayoría de plazas, sobre todo, pero no solo, del cuerpo superior de funcionarios de esta Administración, son conseguidas en una modalidad que determina la propia ley como libre designación. Estos funcionarios, recordemos, son los que firman la mayoría de los informes administrativos. Esto significa que los puestos son ocupados por las personas que quiere el superior jerárquico, normalmente de una tendencia política elegida, y no por los criterios marcados por la ley. 

Esto supone una manipulación programada del trabajo. Así, los/as funcionarias/os que consideran su independencia en la actuación y criterios de servicio al ciudadano, son relegados a otros puestos y apartados, en la mayoría de los casos, a puestos de trabajo “sin funciones”. La maquinaria normativa y sobre todo, esta dinámica de funcionamiento, ha creado una serie de clientelismos difíciles de desentrañar.
Los puestos laborales que tienen como funciones, según las leyes, controlar internamente la actuación de la Administración, son ocupados por personas elegidas por los poderes políticos en plazas de libre designación. ¿Podemos asegurar objetividad y transparencia en estos casos? ¿Cómo puede decidir un supervisor sobre una actuación administrativa si ha sido elegido por la persona responsable de esa actuación?.
En la Administración se piensa primero en qué persona se quiere colocar y luego se crea una plaza.
Unido a lo anterior, la política imperante en esta Comunidad ha realizado y realiza, una labor de manchar, calumniar y desacreditar la labor de los funcionarios. El tema ha llegado, no solo a tachar de incompetente su actuación, sino también a divulgar apelativos ofensivos. Ellos tienen el poder de la propaganda, lo están haciendo y estiman que la ciudadanía debe confiar qué es veraz.

Este clientelismo predispone a que la mayoría de los puestos relevantes sean ocupados, no por quién correspondería, sino más bien, por quienes fueran proclives a dejar sus decisiones a merced de “otros” que, en definitiva, les han puesto en ese cargo, y por ello deben pagar ese “canon”.

No se puede perder la perspectiva de la dificultad que supone trabajar en estas condiciones. Manteniendo una independencia ideológica y profesional. Y todo ello unido a que “nadie” se lo cree y los trabajadores van cada uno a lo suyo (el sistema logra esta situación).

Esta red clientelar está asentada en la institución y las conexiones son tan amplias que puede resultar difícil trabajar como dice la ley.

¿Se podría pensar que una institución de servicio a la ciudadanía es un cortijo donde unos cuantos deciden y casi siempre no para favorecerla?

Todo este entramado es el idóneo para que las fuerzas en el poder determinen que lo público no es lo eficiente ni adecuado y que lo privado en lo eficaz y necesario. Habría que pensar si ése no es el objetivo último de todo esto.

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Viernes Negros

A Pilar del Olmo le sobra el dinero; privatizaciones encubiertas?

Por Burgos Dijital

Mientras Pilar del Olmo, Consejera de Hacienda, “regala” 1.800.000 a un Alto Cargo para convertir una nave ubicada en un polígono industrial de Valladolid en un gran archivo, la documentación generada en el resto de las provincias por la Junta de Castilla y León, patrimonio documental y garante en muchos casos de los derechos de los castellanos y leoneses, acaba arrumbada en cualquier pared, rincón o estructura arquitectónica de las delegaciones territoriales.

Esta es la última denuncia realizada por el Movimiento Viernes Negro, que no sólo se ocupa de informar a la opinión pública de las irregularidades que se producen en la administración autonómica, sino que también, como en este caso, llama la atención sobre hechos tan graves como la posible vulneración de las leyes de protección de datos, de la falta de control de una información que afecta a derechos y deberes, y del incumplimiento reiterado de la legislación vigente en materia de archivos. En este caso, en la línea del gobierno Herrera cuyo deporte más practicado es la conculcación de las leyes, cuando no el puenteo de las sentencias judiciales, como está siendo el caso de su rebeldía ante el despropósito de la ya sepultada “Ciudad del Medio Ambiente” de Garray (Soria).

Foto de archivo

Los funcionarios denunciantes informan de que tras la puesta en marcha del sistema de archivos en Castilla y León con su primera Ley en 1991 y tres planes de intervención en el patrimonio documental que han demostrado ser pura propaganda institucional, los archivos administrativos de las provincias se apoyan en el mejor de los casos en un solo técnico y que incluso existen delegaciones territoriales sin siquiera la cobertura de la plaza del único técnico adscrito como es el caso de Palencia y Ávila, y en otras provincias incluso se produce la acumulación de funciones, siendo el mismo técnico el responsable de la dirección del Archivo Territorial y del Archivo Histórico Provincial como es el caso de Segovia o Zamora.

En cuanto a los medios materiales parece ocurrir otro tanto: Delegaciones territoriales donde sigue sin existir un espacio propio como es el caso de Palencia y de Segovia y otras donde ni siquiera se tuvieron en cuenta las necesidades reales de generación de documentos, lo que ha provocado el colapso del sistema provincial de archivos como es el caso de Zamora y Burgos. Esta situación está causando graves trastornos, como se argumenta, en los procesos de custodia y seguridad de la información y en el propio entorno de trabajo de los empleados públicos.

Pues bien, mientras estaba ocurriendo este desastre provocado por un sinfín de años de desidia presupuestaria a pesar del empeño puesto por la Junta en demostrarnos lo que le importa la trasparencia y el acceso a la información pública, la Secretaría General de la Consejería de Hacienda comenzó a evaluar en el 2010 las posibilidades de “mercadeo” interrogando a todas las Consejerías por el volumen de documentos externalizado a otras empresas privadas.

En realidad la información le iba a servir a esta Consejería para justificar un presupuesto que ya tenía destino: la empresa pública CYLSOPA (Castilla y León Sociedad Patrimonial), dirigida por el que en ese momento era Alto Cargo de Hacienda, Gerardo Marcos Gómez. De esta manera el flamante Gerente se haría cargo de sustituir al Grupo Norte como cobrador de los servicios de custodia, entrada y salida de los expedientes.

Por otro lado y casualmente, el CYLSOPA se encargó a su vez de adaptar unos bajos cercanos a la Delegación Territorial de Burgos para convertirlos en las dependencias de la Oficina Territorial de Trabajo, de la Gerencia de Servicios Sociales y de la Dirección Provincial de Educación sin crear un espacio para el propio archivo de gestión de cada servicio lo que ha acabado provocando el colapso absoluto en Burgos.

Con estos antecedentes el Movimiento Viernes Negro realiza una serie de preguntas inquietantes que aquí detallamos y que pretenden buscar la confirmación de una posible acción voluntaria de la Junta para privatizar el enésimo servicio y de paso soltar dinero público a personas afines al aparato del Partido Popular:

¿A qué se debe el incumplimiento reiterado de las leyes relativas al Reglamento del sistema de archivos, hasta el punto de poner en entredicho la prevención de riesgos laborales a la que tienen derecho los empleados públicos?

¿Qué tipo de motivaciones ha habido para la inexistencia durante un prolongado tiempo de inversiones en los archivos públicos administrativos y que sea una empresa pública de creación muy posterior al sistema de archivos la que asuma con presupuestos públicos las inversiones no realizadas anteriormente a través de las consejerías?

¿Cuál es la diferencia entre la externalización de los servicios de gestión documental pagando a una empresa privada respecto a derivar dinero público a una empresa pública de derecho privado? ¿No estaremos ante el enésimo caso de derivación de gasto público a intereses privados designados políticamente?

¿Por qué resulta tan fácil para el Gerente del CYLSOPA, Técnico en Derecho y con puesto definitivo en la Consejería de Hacienda, conseguir una financiación de Pilar del Olmo, Consejera de Hacienda, que se le ha negado durante años a los órganos superiores en materia de cultura y de administración territorial?

¿A qué se debe “el olvido” en el proyecto de adaptación de locales a dependencias administrativas de los recursos materiales necesarios para la implementación de los archivos de gestión? ¿Por qué no se han pedido responsabilidades por dicha negligencia?

¿Existirá acaso la intención de que el CYLSOPA haga caja posteriormente en el resto de provincias de la Comunidad, dados los problemas existentes y el caso omiso hecho hasta ahora por los servicios centrales?

¿Es cierto que se intentó suplir la carencia de los archivos de gestión en estas nuevas dependencias buscando otros espacios en las oficinas que podrían atentar contra la salud laboral de los empleados públicos? ¿Es cierto que la situación fue revertida tras las visitas de inspectores de trabajo y sus advertencias de aperturas de expedientes?

A este movimiento ha llegado la información de que a pesar de que el principal motivo que movió al Gerente del CYLSOPA y que “vendió” a la administración autonómica era la sustitución del contratante para abaratar los costes de los contratos con empresas externas el mismo CYLSOPA ha acabado por contratar a la empresa de servicios documentales ARCAL, Grupo Norte, ¿es eso cierto?

¿La Junta de Castilla y León tiene certeza de que se cumple estrictamente con la ley 15/1999 de Protección de datos de carácter Personal, al intervenir diferentes empresas privadas y públicas en la custodia y manejo de los diferentes archivos, con multitud de datos personales en ellos contenidos?

¿Qué controles y protocolos lleva la Junta de C y L respecto al uso privilegiado de ingente cantidad de información, susceptible de posibles utilizaciones fraudulentas, que contienen los diferentes archivos?

A buen seguro que todos estos interrogantes quedarán sin responder por el Presidente de la Junta y el Delegado Territorial de Burgos en éste y otros foros...

Viernes Negro denuncia graves irregularidades en la concesión de la Renta Garantizada de Ciudadanía

Por Burgos Dijital

Una vez más la Junta de Castilla y León dirigida por Juan Vicente Herrera vuelve a burlarse de las leyes y normas que se da a sí misma en lo que parece ser ya una conducta habitual, aunque no parezca tener relevancia para los medios militantes conservadores de la localidad, Diario de Burgos  y El Correo de Burgos. En esta ocasión el tema es suficientemente espinoso como para que a nadie se le escape…

El Movimiento Viernes Negro  de Burgos ha informado a este medio de unas instrucciones dictadas desde la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y dirigidas a través del correo electrónico a los empleados públicos de todas las provincias relacionados con la tramitación de expedientes de concesión de la renta garantizada de ciudadanía (RGC).

En dichas instrucciones, según se denuncia, se ordena que “aquellos titulares de la RGC que hayan estado trabajando a través del Plan de Empleo de 2013 de la Junta de Castilla y León  y derivado del mismo se les reconozca algún tipo de prestación, como pudiera ser el subsidio de desempleo, no se les extinguirá la prestación, sino que se les imputará como ingresos la cuantía de la misma”. Además la Consejería especifica que “la revisión de estos expedientes se realizará desde Servicios Centrales”.

Pues bien, al parecer en el Decreto Legislativo 1/2014, de 27 de febrero, por el que se aprueba  el texto refundido de las normas legales vigentes en materia de condiciones de acceso y disfrute de la prestación esencial de renta garantizada de ciudadanía , especifica en lo relativo a los requisitos del titular que éste no podría percibir prestaciones contributivas o no contributivas a cargo de cualquiera de las administraciones públicas.

Por lo tanto y lo que en primer lugar se evidencia es que los altos cargos de la Consejería de Familia y de la Gerencia de Servicios Sociales están invitando a todos los empleados públicos que se encarguen de dicha tramitación a que realicen una masiva prevaricación. Por ello aunque el “movimiento estima loable el esfuerzo de la administración autonómica por luchar (…) contra la exclusión social de los desafortunados trabajadores golpeados por la crisis económica y por un más que cuestionable reparto de daños y esfuerzos”, Viernes Negro  invita al Legislativo a que modifique la Ley 7/2010, dado que la Comunidad tiene en este caso la competencia exclusiva en materia de servicios sociales.

El movimiento denuncia que es gravísimo que si la propia Ley se fundamenta en el principio de ausencia de cualquier discriminación en el acceso a la renta garantizada de ciudadanía, no se entiende bajo ningún concepto que al resto de colectivos excluídos del Plan de Empleo 2013 no puedan beneficiarse del incumplimiento de la Ley, añadiendo la RGC a otras prestaciones.

Viernes Negro, preocupado por el deterioro, la mala gestión y la arbitrariedad en los servicios públicos, le detalla a Juan Vicente Herrera otra serie de interrogantes por lo francamente sospechoso de la gestión:

“¿Qué tiene de especial este Plan de Empleo 2013 para que a este colectivo sí se le permita?”

“¿Por qué concretamente en estos casos la revisión de estos expedientes se hará desde Servicios Centrales?”

“¿Es este nuevo “rapto” de competencias y de carga de trabajo una nueva estrategia para justificar nuevas contrataciones a través de empresas de servicios y fundaciones como FUCODA, obviando de nuevo el derecho constitucional de los españoles a poder ocupar un puesto de trabajo público en condiciones de igualdad, mérito y capacidad?”

Por último los empleados públicos de Viernes Negro llegan a la conclusión de que la Junta con esta medida admite implícitamente que las ayudas que se reciben a través de la RGC  son insuficientes para poder llevar una vida mínimamente digna, por lo que le piden al Presidente de la Junta que impulse la modificación de la Ley para que todos los ciudadanos puedan acceder en condiciones de igualdad a todas las prestaciones, y de esta manera también asegurar los valores de independencia, imparcialidad, trasparencia y especial sujeción a la legalidad vigente.

Se trata de un asunto muy candente en la opinión pública y en diversos foros dada la extrema necesidad de cada vez más personas desempleadas en Castilla y León sin ningún tipo de prestación, por lo que son bastantes las organizaciones que comienzan a movilizarse para que se palie con mayor celeridad los principales efectos de esta estafa a gran escala.

Burgos Dijital ha podido saber que miembros del colectivo Viernes Negro han contactado con la Asamblea de Parados y Precarios de Burgos. Este colectivo se reunió el día 7 de octubre con el Procurador del Común para denunciar e informarle del excesivo tiempo en resolver y asignar las ayudas, hasta seis meses, lo que hace que muchas familias en situación de pobreza se vean en la necesidad de tener que acudir a organizaciones benéficas para sobrevivir; la denegación de solicitudes por motivos subjetivos y juicios de valor; los requisitos incoherentes y restrictivos, e incompatibilidades entre ayudas aún no superando ingresos que permitan la mera subsistencia y que la entrega de documentación requerida supone, en algunos casos, un desembolso económico.

Tras comunicarles la denuncia los representantes de la Asamblea de Parados aún no salen de su asombro por la arbitrariedad inhumana, la injusticia y la falta de trasparencia de los dirigentes populares en la administración autonómica, por lo que la Asamblea decidirá aumentar la presión y convocar ruedas de prensa para dar a conocer lo que está sucediendo.

Parece ser que mañana muy probablemente miembros de la Asamblea, invitados por Viernes Negro,  pasen a protestar a la concentración-manifestación que tendrá lugar a las 11 en la Delegación Territorial de Burgos.

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