 |
| Edificio de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos |
Funcionario de la Junta de Castilla y León
Lo que representa o debe representar la Administración Pública de Castilla y León, según las leyes y normas, que por otra parte, son muchas, es una imagen que no se corresponde con la realidad. Pero llegar hasta esta afirmación y lograr ésto, no ha sido espontáneo, sino progresivo. Se puede deducir que a la Administración, en general, ocurre lo mismo que a la sociedad actual.
En esta Institución se ha ubicado como poder absoluto el político, sostenido por el poder económico. Esto no debería ser así, puesto que según la Constitución y la Ley de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas, entre otras, determinan cuáles son los principios generales de actuación. Es paradójico que los dirigentes políticos aludan tanto al cumplimiento de nuestras leyes y Carta Magna, para después no cumplirlas.
Estos son: Articulo 3, Ley de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y procedimiento administrativo común...
En esta Institución se ha ubicado como poder absoluto el político, sostenido por el poder económico. Esto no debería ser así, puesto que según la Constitución y la Ley de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas, entre otras, determinan cuáles son los principios generales de actuación. Es paradójico que los dirigentes políticos aludan tanto al cumplimiento de nuestras leyes y Carta Magna, para después no cumplirlas.
Estos son: Articulo 3, Ley de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y procedimiento administrativo común...
“Las Administraciones públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, des-centralización, des-concentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho... Las Administraciones públicas, en sus relaciones, se rigen por el principio de cooperación y colaboración, y en su actuación por los criterios de eficiencia y servicio a los ciudadanos... Bajo la dirección del Gobierno de la Nación, de los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas y de los correspondientes de las Entidades que integran la Administración Local, la actuación de la Administración pública respectiva se desarrolla para alcanzar los objetivos que establecen las leyes y el resto del ordenamiento jurídico”.
Con lo anterior, la Administración debe actuar “bajo” la dirección del gobierno, para alcanzar sus objetivos (que no deberían ser los del gobierno). Esta afirmación de la ley hace ya mucho tiempo que no se respeta.
¿Cómo se ha llegado a esta situación? Algunos elementos, no todos, que han contribuido a este hecho son:
Cambios en la ley de función pública que afecta a los funcionarios. La mayoría de plazas, sobre todo, pero no solo, del cuerpo superior de funcionarios de esta Administración, son conseguidas en una modalidad que determina la propia ley como libre designación. Estos funcionarios, recordemos, son los que firman la mayoría de los informes administrativos. Esto significa que los puestos son ocupados por las personas que quiere el superior jerárquico, normalmente de una tendencia política elegida, y no por los criterios marcados por la ley.
Esto supone una manipulación programada del trabajo. Así, los/as funcionarias/os que consideran su independencia en la actuación y criterios de servicio al ciudadano, son relegados a otros puestos y apartados, en la mayoría de los casos, a puestos de trabajo “sin funciones”. La maquinaria normativa y sobre todo, esta dinámica de funcionamiento, ha creado una serie de clientelismos difíciles de desentrañar.
Los puestos laborales que tienen como funciones, según las leyes, controlar internamente la actuación de la Administración, son ocupados por personas elegidas por los poderes políticos en plazas de libre designación. ¿Podemos asegurar objetividad y transparencia en estos casos? ¿Cómo puede decidir un supervisor sobre una actuación administrativa si ha sido elegido por la persona responsable de esa actuación?.
En la Administración se piensa primero en qué persona se quiere colocar y luego se crea una plaza.
Unido a lo anterior, la política imperante en esta Comunidad ha realizado y realiza, una labor de manchar, calumniar y desacreditar la labor de los funcionarios. El tema ha llegado, no solo a tachar de incompetente su actuación, sino también a divulgar apelativos ofensivos. Ellos tienen el poder de la propaganda, lo están haciendo y estiman que la ciudadanía debe confiar qué es veraz.
Este clientelismo predispone a que la mayoría de los puestos relevantes sean ocupados, no por quién correspondería, sino más bien, por quienes fueran proclives a dejar sus decisiones a merced de “otros” que, en definitiva, les han puesto en ese cargo, y por ello deben pagar ese “canon”.
No se puede perder la perspectiva de la dificultad que supone trabajar en estas condiciones. Manteniendo una independencia ideológica y profesional. Y todo ello unido a que “nadie” se lo cree y los trabajadores van cada uno a lo suyo (el sistema logra esta situación).
Esta red clientelar está asentada en la institución y las conexiones son tan amplias que puede resultar difícil trabajar como dice la ley.
¿Se podría pensar que una institución de servicio a la ciudadanía es un cortijo donde unos cuantos deciden y casi siempre no para favorecerla?
Todo este entramado es el idóneo para que las fuerzas en el poder determinen que lo público no es lo eficiente ni adecuado y que lo privado en lo eficaz y necesario. Habría que pensar si ése no es el objetivo último de todo esto.
Los puestos laborales que tienen como funciones, según las leyes, controlar internamente la actuación de la Administración, son ocupados por personas elegidas por los poderes políticos en plazas de libre designación. ¿Podemos asegurar objetividad y transparencia en estos casos? ¿Cómo puede decidir un supervisor sobre una actuación administrativa si ha sido elegido por la persona responsable de esa actuación?.
En la Administración se piensa primero en qué persona se quiere colocar y luego se crea una plaza.
Unido a lo anterior, la política imperante en esta Comunidad ha realizado y realiza, una labor de manchar, calumniar y desacreditar la labor de los funcionarios. El tema ha llegado, no solo a tachar de incompetente su actuación, sino también a divulgar apelativos ofensivos. Ellos tienen el poder de la propaganda, lo están haciendo y estiman que la ciudadanía debe confiar qué es veraz.
Este clientelismo predispone a que la mayoría de los puestos relevantes sean ocupados, no por quién correspondería, sino más bien, por quienes fueran proclives a dejar sus decisiones a merced de “otros” que, en definitiva, les han puesto en ese cargo, y por ello deben pagar ese “canon”.
No se puede perder la perspectiva de la dificultad que supone trabajar en estas condiciones. Manteniendo una independencia ideológica y profesional. Y todo ello unido a que “nadie” se lo cree y los trabajadores van cada uno a lo suyo (el sistema logra esta situación).
Esta red clientelar está asentada en la institución y las conexiones son tan amplias que puede resultar difícil trabajar como dice la ley.
¿Se podría pensar que una institución de servicio a la ciudadanía es un cortijo donde unos cuantos deciden y casi siempre no para favorecerla?
Todo este entramado es el idóneo para que las fuerzas en el poder determinen que lo público no es lo eficiente ni adecuado y que lo privado en lo eficaz y necesario. Habría que pensar si ése no es el objetivo último de todo esto.
Otros artículos recomendados:
Milagros Marcos y la ONCE, irresponsables sociales 
No hay comentarios:
Publicar un comentario