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| El despilfarro de dinero público en Castilla y León se ha convertido en algo cotidiano en la tierra de Pavor |
El movimiento Viernes Negro no parece descansar y vuelve a la carga con una nueva denuncia en la que podría haber irregularidades rayanas en la prevaricación y en la malversación de caudales públicos, y ello a pesar de que los sindicatos Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras, siguiendo la estela de CSIF, han dejado de firmar las comunicaciones de manifestación en un claro acto de hostilidad tras las denuncias de la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) en el, a su juicio, compadreo de los representantes de estas dos centrales sindicales con los representantes de la Junta al aprobar una campaña de dignificación al funcionario que, finalmente y tras las presiones sufridas, no se hará y que iba a suponer 250000 euros de nuestros impuestos. ¡¡Si alguien quiere hacerse una campaña electoral que se la pague!!
En este caso la información que hacen pública sigue la misma trama de las denuncias sobre malversación en obras públicas sin uso o cerradas como el Laboratorio Agrario Regional o la Estación de Avisos de plagas construída en Pedrosa de Duero. Hemos de recordar que en la primera infraestructura fueron más de 2 millones de euros invertidos en una reforma que ampliaba el complejo y que nunca ha sido utilizada, y en el segundo fueron un total de 500.000 euros los que se fueron por el vertedero de las ocurrencias Populares cuyo gobierno no puede sacar pecho a estas alturas.
Según fuentes consultadas por Burgos Dijital a día de hoy el asunto del Laboratorio parece estar siendo ya más que espinoso para la Consejería de Silvia Clemente, ya que tras varios meses de petición de documentación por parte del Procurador del Común aún no ha obtenido respuesta, caso muy parecido al de la Comisión Europea que estudia el inmenso dislate fraudulento del HUBU y a la que no se le ha enviado la documentación solicitada. En cuanto al asunto de la Estación de Avisos la OLAF (Oficina de Lucha Antifraude), órgano fiscalizador de la Unión Europea abrió expediente a la Junta y sigue su curso.
El asunto que a continuación detallamos parece que va a ir por los mismos derroteros y en este caso podríamos estar hablando de más de tres millones de euros, sólo que en este caso afecta a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente en la construcción y mantenimiento de la red de piscifactorías.
Viernes Negro recuerda en su denuncia que el 16 de julio de 2012 aparece en el Diario de Burgos una noticia con este encabezamiento: “La Junta cierra la Piscifactoría de Quintanar y lleva las truchas a León”.
El diario de cabecera de la ciudad, siempre tan interesado en ir más allá de lo que los gabinetes de prensa de las Consejerías cocinan, se limita a trasladar a sus lectores que, y siempre citando a fuentes de la Delegación Territorial, “no se trata de un cierre sino de un cese temporal, que traerá consigo una reorganización interna de los recursos y que forma parte del Plan de Optimización de los Recursos, que busca mejorar la eficiencia y eficacia”. Sigue apuntando que el cese temporal de la Piscifactoría de Quintanar de la Sierra (Burgos), llamado “La Pesquera”, no será el único en la Comunidad Autónoma, “sino que afectará a otras dos piscifactorías de las provincias de Soria –en la localidad de Ucero- y de Palencia -en Celadilla del Río-“. Por último el periódico acaba apuntando que en “las próximas semanas se procederá al traslado de los ejemplares a las instalaciones de Vegas del Condado en León”.
Pues bien parece ser que tras esa información tan meliflua se escondía toda una panoplia de malas decisiones que le habrían supuesto al erario público un agujero que los periodistas de tan afamado diario no estuvieron por la labor de investigar.
Parece ser que en el año 2008, y cofinanciado con fondos europeos del “Programa IFOP” destinados a la mejora de centros de acuicultura, se ejecutó un proyecto de modernización de esta instalación, donde se invirtió más de 1.000.000 de euros, con el objetivo de conseguir el mantenimiento de 6 líneas de trucha autóctona para realizar la repoblación y mantenimiento de los ríos trucheros de la provincia de Burgos, dado que la cría de la trucha autóctona solamente está autorizada en piscifactorías públicas.
La decisión del gasto resulta increíble cuando la propia administración sabía que la falta de caudal del río Arlanza en la época estival provocaba inequívocamente que durante este periodo el funcionamiento se hacía inviable, por lo que se trasladaban los ejemplares de las distintas líneas genéticas a la piscifactoría de Oña, propiedad de la Diputación Provincial de Burgos.
Por otro lado, si esto ya resulta de por sí suficientemente llamativo, el Movimiento VIERNES NEGRO de Burgos denuncia una serie de hechos que hacen que el asunto pase de ser cómico, si no fuera por la cantidad de dinero burlada por el gobierno de Herrera a la Educación o a los Servicios Sociales, a alcanzar tintes trágicos.
El colectivo informa de un desvío presupuestario de cerca del 15 %: de los 887.661,49 € se pasa a más de 1.000.000 de euros finales. El supuesto cese temporal es hoy ya definitivo tanto en la piscifactoría burgalesa como en las de Soria y Palencia, en las que también se despilfarraron fondos europeos. Con el agravante de que una vez cerradas quedan inservibles para futuras reutilizaciones.
A continuación dejan entrever la existencia de unos informes técnicos elaborados por funcionarios competentes en la materia contrarios al cierre. En dichos informes parece ser que se indicaba que el mantenimiento de estas instalaciones era mínimo, alrededor de unos 15.000 € anuales, y que el traslado en pleno verano de los alevines a León era una imprudencia por la alta tasa de mortalidad que dicho operativo producía. Además también se indicaba que había muchas dudas respecto a la capacidad de las instalaciones de la Piscifactoría de León para seguir con las investigaciones y el mantenimiento de las líneas genéticas de truchas autóctonas que se realizaban en las instalaciones de Soria, Palencia y Burgos.
Tal es así la realidad del despropósito cometido que la Junta de Castilla y León tiene ahora que adquirir las Truchas Arco Iris a empresas privadas de La Rioja para repoblar zonas de pesca recreativa en Burgos.
Por todo ello, el colectivo de funcionarios va a llevar esta denuncia a la OLAF como ya ha anunciado a Juan Vicente Herrera.
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