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| Foto de archivo |
En primer lugar no hay que pasar por alto que para ejercer este derecho hay que estar legalmente empleado, y obvia decir, que cada vez hay más pasivos (jubilados) y activos no empleados que activos trabajando “legalmente”, por lo que quizás en próximas convocatorias los sindicatos no puedan entrar si quiera en la guerra porque sus peones no contarán en las estadísticas. En segundo lugar, también obvia decir que en la utilización de ese derecho, por desgracia, intervienen factores tan determinantes como las amenazas patronales y los miedos propios de cada individuo, y también, como no, los intereses personales y privados de muchos trabajadores y de colectivos minoritarios que se anteponen a la defensa de valores más elevados y a la solidaridad necesaria con aquellos que más están sufriendo esta parca. Y es aquí donde muchos dirigen el foco a todos esos empleados públicos que, a pesar de su “hasta ahora seguridad laboral”, no quieren perder ni un duro de su nómina mientras siguen manifestándose en contra de la dada en llamar “funcionariofobia”.
Después de tanta obviedad introductoria, conviene hacer unos cuantos incisos para limpiar los árboles que nos impiden ver el bosque. Si bien es cierto que los trabajadores del sector público no han sido precisamente los que más se hayan movilizado en ninguna de las huelgas generales que ha habido hasta ahora en España, también es cierto que su sector profesional dentro de los sindicatos no es precisamente el del Metal: ha sido más bien blandito, tirando a acomodaticio… Además en las cuatro últimas huelgas generales los servicios mínimos han sido tan abusivos que cuando han sido recurridos, los jueces han dado la razón a los recurrentes una y otra vez. Eso sí dos años después…
Si a esos “servicios máximos” les unimos todas las fuerzas del orden (que son también empleados públicos), el personal de las empresas públicas que se debe totalmente a quien le contrata a dedo, y diversos grupos específicos colegiados como los médicos y los enfermeros que negocian por su cuenta sus derechos laborales, lo que queda a la hora de comprobar las cifras reales de seguimiento en este sector son pura especulación que, por supuesto, siempre favorecen al gobierno que es a la vez su patrón. Y todo ello aderezado de sindicatos, en algunos casos con mucho peso entre el personal funcionario (que no laboral ni estatutario), que como el CSIF se desmarcan de la pelea con la idea de que la huelga es política (¿acaso alguna no lo es?), cuando en realidad lo que hacen es traicionar a sus trabajadores por puro partidismo (cada día es más evidente, si no lo era ya antes, que la Central Sindical Independiente de Funcionarios no es más que una lanza introducida por el Partido Popular en la herida abierta de los movimientos sindicales).
A todo ello hay que unir que los problemas laborales en el sector público en muchos casos son de otro calado y aunque no menos importantes y suficientes como para excusarse de la lucha con el resto de los trabajadores voy a explicar convenientemente algunos de ellos para poner las cartas boca arriba y quizás quien sabe dar algunas pistas a los sindicatos si de verdad quieren y pretenden reencontrarse con las conciencias de los trabajadores que no pueden ser despreciados ni por su número ni por los sensibles puestos que ocupan.
A todo ello hay que unir que los problemas laborales en el sector público en muchos casos son de otro calado y aunque no menos importantes y suficientes como para excusarse de la lucha con el resto de los trabajadores voy a explicar convenientemente algunos de ellos para poner las cartas boca arriba y quizás quien sabe dar algunas pistas a los sindicatos si de verdad quieren y pretenden reencontrarse con las conciencias de los trabajadores que no pueden ser despreciados ni por su número ni por los sensibles puestos que ocupan.
En primer lugar ha habido y sigue habiendo un grado brutal de condescendencia, cuando no de complicidad, por parte de muchos representantes sindicales ante la corrupción galopante en los niveles de altos cargos y puestos técnicos. A ello hay que añadir el uso permanente del nepotismo por los directivos, y casi nunca denunciado por parte de los representantes sindicales con nombres y apellidos, debido a la desconfianza suscitada de estos golfos que nos mandan hacia una persona imparcial e independiente.
En segundo lugar, y en Castilla y León de una manera desmesurada, la perversa utilización en la provisión de puestos de trabajo de instrumentos aceptados legalmente como las Libres Designaciones (el concepto se explica por sí solo) y las Comisiones de Servicio que permiten a la administración mover al empleado público a un puesto que no es el suyo por nuevas necesidades de trabajo y de organización. Ambas cosas están siendo “utilizadas” por el ejecutivo de Herrera para que la administración autonómica se convierta única y exclusivamente en un brazo más al servicio de su partido, el Partido Único. Por supuesto todo ello unido a la inexistencia de concursos que posibiliten romper con las reglas de este monstruoso juego, y de unos sindicatos cobardes que no se atreven a denunciar en los tribunales semejante conculcación de las leyes de función pública.
Otra causa de desmotivación de los empleados públicos es la competencia cada vez mayor y más feroz que muchos trabajadores contratados a dedo les hacen depredándoles competencias (= utilidad social) y derechos económicos (mientras los sueldos de los empleados públicos soportaron hasta el 2011 dos congelaciones y una reducción del 5 %, los trabajadores de la administración B consiguieron entre 2009 y 2011 una subida del 10 %). Aquí surge una contradicción para los grandes sindicatos que quieren ser el perejil de todas las salsas: ¿A quién defendemos ahora, a los empleados que llegaron por sus propios méritos o a los elegidos para la gloria…?
Y qué decir ante la complejidad de derechos reconocidos a unos empleados públicos y otros en función de la administración para la que trabajan, derechos peleados en muchos casos por los mismos sindicatos en unos sitios sí y en otros no ¿??. Esto en un país en el que otro de los deportes nacionales es la envidia provoca si cabe un mayor grado de desprecio entre unos trabajadores que en principio coinciden en su nivel de responsabilidad y competencias, pero ya no tanto en cuestiones siempre tan significativas como los horarios o los sueldos. Así se producen ejemplos curiosos como el hecho de que en una ciudad como Burgos los empleados de la administración autonómica trabajen 10 horas más al mes que sus compañeros del Ayuntamiento y de la Diputación Provincial. O que, a día de hoy, a un profesor le descuenten su sueldo desde el primer día de ausencia justificada en el trabajo (se entiende por causas de salud) y a cualquier otro funcionario o laboral de la misma administración cobre ese día si no está de baja. O que, como ejemplo de la diferencia de retribuciones, un administrativo en Castilla La Mancha o en el País Vasco gane de media 600 euros más al mes que el mismo profesional si trabaja en Castilla y León o en Baleares.
Como podéis ver son decenas las razones por las cuales el trabajo sindical no se ha hecho correctamente en las administraciones públicas y en algunos casos ha provocado un aumento de la distancia y desconexión entre estos trabajadores y el resto de la sociedad.
A pesar de todo considero que con la que está cayendo los empleados públicos deberían de estar al lado del resto porque se lo pueden permitir más que nadie y porque ellos son también ciudadanos que están sufriendo las consecuencias de esta dictadura económica, ciudadanos que por su supuesta vocación deben de defender no ya sus intereses sino y sobre todo la función social que cumplen. Esta huelga ha demostrado una vez más que la mayoría no están a la altura de lo que los tiempos exigen, y que por muchas razones que tengan para estar desilusionados no podrán limpiar su “honor” ante la ciudadanía con la enésima muestra de cobardía y de falta de empatía. Parece como si sufrieran del síndrome de Estocolmo.
Ante todo que recuerden para quien quiera oír que las congelaciones y las reducciones salariales, el aumento de horario, la reducción de prestaciones de la Seguridad Social, y el endurecimiento de las condiciones en el sistema nacional de pensiones no lo han provocado los sindicatos, sino la indiferencia y el conformismo de la mayoría. La misma que ha dejado campar a sus anchas a la corrupción política y funcionarial. Y por si no se han enterado lo próximo será el despido colectivo de trabajadores laborales. ¿Seguirán en la insolidaridad y en menosprecio por la lucha y la dignidad? ¿Quién da más?
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