Los sindicatos amigos del Presidente Herrera

Por Basilio el Bagauda

Los caminos del Señor son insondables… y las puertas traseras de la Junta de Castilla y León también. Una vez más el pacto y el consenso llegan a esta tierra para quedarse y los ufanos habitantes de este territorio ni si quiera miran para otro lado, simplemente los desconocen: ¡¡Qué para eso Dios es inefable y los renglones dichosos los escribe torcidos!!

¡¡Y qué decir de los ángeles y sus trompetas!! Si fueran ellos los que tuvieran que advertirnos del miserable descalabro moral de los indeseables que dirigen nuestros destinos, apañados andaríamos. Ellos ya se valen para informarnos de lo bien qué ha ido el fin de semana cidiano, de las morcillas más grandes del mundo, de las bienaventuranzas de los prohombres de las Cámaras o de las Confederaciones de Empresarios, o de la gloriosa y económica gestión de un hospital privatizado.

Y si algo resulta muy escandaloso, con advertir un día y con sordina ya cumplen para evitar el aumento de ateos, que esa gente siempre ha sido muy molesta y no es de orden ni de ley.

“Menos mal que nos queda el dijital” para poder siquiera de vez en cuando remojarse uno los pies en el Rubicón, y a eso vamos.

Si a estas alturas alguien cree que las instituciones en Castilla y León respetan la Constitución está muy equivocado y, como no, hablando de la provisión de recursos humanos en la administración pública se ha dado un paso más para orinar sobre el artículo 103 que, recordemos, expresa como principios del acceso a la función pública de todos los españoles el mérito y la capacidad, cualidades que sólo se deben medir en procesos trasparentes y abiertos que eviten estómagos agradecidos y obediencias debidas.

En este caso además con la que parece ya inestimable ayuda de dos sindicatos que en el sector público dejaron hace ya mucho tiempo de ser “de clase” para ser “de desvergüenza”, la Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras, tanto monta, monta tanto…

El 2014 ha estado sembradito para ambas organizaciones. Como ya parece obvio ni están ni se las espera… ni se las quiere en la gran multitud de plataformas, marchas y mareas que a lo largo de estos años se han ido creando para combatir y protestar contra los recortes de los servicios públicos más esenciales.

Concretamente en nuestra Comunidad a lo largo de este año no sería justo olvidar los principales hitos conseguidos por estas esforzadas organizaciones, lo que haré a modo de resumen para entender mejor la información de la que daremos cuenta en este artículo.

En primer lugar ambos sindicatos cosecharon su primer triunfo firmando un acuerdo con la Junta de Castilla y León para recibir cientos de millones de euros en concepto de servicios de cursos de formación, cursos que sirven para que funcionarios y laborales obtengan mayores puntuaciones en los concursos y cuya opacidad en la gestión es absoluta. Posteriormente y en un alarde de generosidad se pusieron de acuerdo para que la Junta se gastara 250000 euros en una campaña electoralista en la dignificación del trabajador público, campaña que no pudieron hacer por las presiones ejercidas por plataformas que denunciaron la estafa.

A continuación y arriesgando su inmejorable posición, aceptaron una contrarreforma de la administración pública que les sustraía materias de negociación y derechos laborales a los trabajadores y ahondaba en el impulso de las empresas garrapatas y la privatización de servicios públicos. Y por último, y como demostración de su fuerza, se convirtieron en compadres y compinches de Pilar del Olmo y Juan Vicente Herrera para crear una nueva puerta trasera que introducirá a nuevos parásitos que sirvan a los fines particulares del Partido Popular y de los dos sindicatos.

Y todo ello trufado con el enésimo silencio de la oposición política en verdadero estado zombi.

Así, tras dos reuniones de un grupo de trabajo de la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo para el personal laboral de la administración autonómica que se celebraron en Valladolid entre el 29 de enero y el 4 de febrero los representantes de la Administración propusieron la posibilidad de que el personal contratado en la modalidad de relevo de las jubilaciones anticipadas pudiera extender su relación laboral hasta más allá de la jubilación de la persona que se sustituye. Ello conllevaría en la práctica que a todos los efectos estos contratados tendrían la misma posibilidad de alargar su “relación sentimental” con la Junta que aquellos que aprobaron una oposición.

Se da la circunstancia que además el personal contratado para este fin procede o bien de bolsas de empleo creadas con pruebas que para nada tienen que ver con las que realizan los que se ganan su puesto en una oposición o bien de la afortunada llamada de una oficina del ECYL a un desempleado que termina milagrosamente con sus desdichas. Así de fácil… o de difícil.

 A estas alturas muchos de vosotros os estaréis imaginando la trasparencia de los procesos de llamada, que no selección. Por muy pendiente que uno esté de una bolsa de empleo cuando lo que uno se juega es un contrato semejante es de imaginar la desconfianza que despierta que sea un funcionario con una lista de nombres y una serie de contratos que pueden ser de dos días o de 4 años el que con el teléfono a mano resuelva la papeleta.

¿Y qué decir de aquellos puestos a cubrir sin bolsas de empleo? Ahí el proceso de selección consiste también en una feliz llamada de algún listillo bien-informado una semana antes de que la administración requiera la contratación a un afortunado que cumpla los requisitos de titulación pero que a lo mejor ni estuviera inscrito como demandante de empleo en la categoría que posteriormente se exigirá. Una semana después se llama a dicho afortunado que está clavado al teléfono de manera clarividente, y “et voilà!” el contrato es suyo.

Pues bien, este procedimiento que a tantos jóvenes castellanos y leoneses les parecerá tan competente y maravilloso y que les obliga como tantas otras igualdades de oportunidades al exilio económico es el que se aprobó definitivamente el 24 de febrero con los votos contrarios de CGT y de CSIF. Y para añadir más leña al fuego se le da carta blanca a la Administración, es decir al Partido Popular, para extender la duración de esos contratos hasta donde consideren oportuno.

Es de esperar que aquellos afortunados trabajadores que se conviertan en empleados públicos en 24 horas no morderán la mano ni de la Administración que los contrata ni de los sindicatos que los colocan, sindicatos que se han convertido en corporaciones dedicadas a la captación de capitales y de clientes.

Sin duda alguna, una medida más para acabar con la corrupción pública y con la desmovilización de los empleados públicos.

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Por Burgos Dijital

Mientras Pilar del Olmo, Consejera de Hacienda, “regala” 1.800.000 a un Alto Cargo para convertir una nave ubicada en un polígono industrial de Valladolid en un gran archivo, la documentación generada en el resto de las provincias por la Junta de Castilla y León, patrimonio documental y garante en muchos casos de los derechos de los castellanos y leoneses, acaba arrumbada en cualquier pared, rincón o estructura arquitectónica de las delegaciones territoriales.

Esta es la última denuncia realizada por el Movimiento Viernes Negro, que no sólo se ocupa de informar a la opinión pública de las irregularidades que se producen en la administración autonómica, sino que también, como en este caso, llama la atención sobre hechos tan graves como la posible vulneración de las leyes de protección de datos, de la falta de control de una información que afecta a derechos y deberes, y del incumplimiento reiterado de la legislación vigente en materia de archivos. En este caso, en la línea del gobierno Herrera cuyo deporte más practicado es la conculcación de las leyes, cuando no el puenteo de las sentencias judiciales, como está siendo el caso de su rebeldía ante el despropósito de la ya sepultada “Ciudad del Medio Ambiente” de Garray (Soria).

Foto de archivo

Los funcionarios denunciantes informan de que tras la puesta en marcha del sistema de archivos en Castilla y León con su primera Ley en 1991 y tres planes de intervención en el patrimonio documental que han demostrado ser pura propaganda institucional, los archivos administrativos de las provincias se apoyan en el mejor de los casos en un solo técnico y que incluso existen delegaciones territoriales sin siquiera la cobertura de la plaza del único técnico adscrito como es el caso de Palencia y Ávila, y en otras provincias incluso se produce la acumulación de funciones, siendo el mismo técnico el responsable de la dirección del Archivo Territorial y del Archivo Histórico Provincial como es el caso de Segovia o Zamora.

En cuanto a los medios materiales parece ocurrir otro tanto: Delegaciones territoriales donde sigue sin existir un espacio propio como es el caso de Palencia y de Segovia y otras donde ni siquiera se tuvieron en cuenta las necesidades reales de generación de documentos, lo que ha provocado el colapso del sistema provincial de archivos como es el caso de Zamora y Burgos. Esta situación está causando graves trastornos, como se argumenta, en los procesos de custodia y seguridad de la información y en el propio entorno de trabajo de los empleados públicos.

Pues bien, mientras estaba ocurriendo este desastre provocado por un sinfín de años de desidia presupuestaria a pesar del empeño puesto por la Junta en demostrarnos lo que le importa la trasparencia y el acceso a la información pública, la Secretaría General de la Consejería de Hacienda comenzó a evaluar en el 2010 las posibilidades de “mercadeo” interrogando a todas las Consejerías por el volumen de documentos externalizado a otras empresas privadas.

En realidad la información le iba a servir a esta Consejería para justificar un presupuesto que ya tenía destino: la empresa pública CYLSOPA (Castilla y León Sociedad Patrimonial), dirigida por el que en ese momento era Alto Cargo de Hacienda, Gerardo Marcos Gómez. De esta manera el flamante Gerente se haría cargo de sustituir al Grupo Norte como cobrador de los servicios de custodia, entrada y salida de los expedientes.

Por otro lado y casualmente, el CYLSOPA se encargó a su vez de adaptar unos bajos cercanos a la Delegación Territorial de Burgos para convertirlos en las dependencias de la Oficina Territorial de Trabajo, de la Gerencia de Servicios Sociales y de la Dirección Provincial de Educación sin crear un espacio para el propio archivo de gestión de cada servicio lo que ha acabado provocando el colapso absoluto en Burgos.

Con estos antecedentes el Movimiento Viernes Negro realiza una serie de preguntas inquietantes que aquí detallamos y que pretenden buscar la confirmación de una posible acción voluntaria de la Junta para privatizar el enésimo servicio y de paso soltar dinero público a personas afines al aparato del Partido Popular:

¿A qué se debe el incumplimiento reiterado de las leyes relativas al Reglamento del sistema de archivos, hasta el punto de poner en entredicho la prevención de riesgos laborales a la que tienen derecho los empleados públicos?

¿Qué tipo de motivaciones ha habido para la inexistencia durante un prolongado tiempo de inversiones en los archivos públicos administrativos y que sea una empresa pública de creación muy posterior al sistema de archivos la que asuma con presupuestos públicos las inversiones no realizadas anteriormente a través de las consejerías?

¿Cuál es la diferencia entre la externalización de los servicios de gestión documental pagando a una empresa privada respecto a derivar dinero público a una empresa pública de derecho privado? ¿No estaremos ante el enésimo caso de derivación de gasto público a intereses privados designados políticamente?

¿Por qué resulta tan fácil para el Gerente del CYLSOPA, Técnico en Derecho y con puesto definitivo en la Consejería de Hacienda, conseguir una financiación de Pilar del Olmo, Consejera de Hacienda, que se le ha negado durante años a los órganos superiores en materia de cultura y de administración territorial?

¿A qué se debe “el olvido” en el proyecto de adaptación de locales a dependencias administrativas de los recursos materiales necesarios para la implementación de los archivos de gestión? ¿Por qué no se han pedido responsabilidades por dicha negligencia?

¿Existirá acaso la intención de que el CYLSOPA haga caja posteriormente en el resto de provincias de la Comunidad, dados los problemas existentes y el caso omiso hecho hasta ahora por los servicios centrales?

¿Es cierto que se intentó suplir la carencia de los archivos de gestión en estas nuevas dependencias buscando otros espacios en las oficinas que podrían atentar contra la salud laboral de los empleados públicos? ¿Es cierto que la situación fue revertida tras las visitas de inspectores de trabajo y sus advertencias de aperturas de expedientes?

A este movimiento ha llegado la información de que a pesar de que el principal motivo que movió al Gerente del CYLSOPA y que “vendió” a la administración autonómica era la sustitución del contratante para abaratar los costes de los contratos con empresas externas el mismo CYLSOPA ha acabado por contratar a la empresa de servicios documentales ARCAL, Grupo Norte, ¿es eso cierto?

¿La Junta de Castilla y León tiene certeza de que se cumple estrictamente con la ley 15/1999 de Protección de datos de carácter Personal, al intervenir diferentes empresas privadas y públicas en la custodia y manejo de los diferentes archivos, con multitud de datos personales en ellos contenidos?

¿Qué controles y protocolos lleva la Junta de C y L respecto al uso privilegiado de ingente cantidad de información, susceptible de posibles utilizaciones fraudulentas, que contienen los diferentes archivos?

A buen seguro que todos estos interrogantes quedarán sin responder por el Presidente de la Junta y el Delegado Territorial de Burgos en éste y otros foros...

¿Sindicatos, de verdad creéis que nos representáis?

¿De verdad creéis que nos representáis ?

Por Carta de los lectores
Funcionario de la Junta de Castilla y León

Soy un funcionario de la Junta de Castilla y León en Burgos y miembro activo de Viernes Negro y de la Plataforma en defensa de lo Público (PLADEPU). Desde el único medio posible e intentando jugar con las mismas cartas que los sindicatos tienen, quiero enviar esta reflexión a los mismos y a todos mis compañeros, porque sinceramente creo que a estas alturas a la mayoría, tengamos las ideas y los valores que tengamos, nos hierve la sangre por la desfachatez de la Viceconsejería de la Función Pública y por la pusilanimidad de los que dicen nos representan y que quedaron más que retratados en el acta de la Sesión del Consejo de Función Pública del 15 de abril de 2014 que se ha filtrado a la prensa y al conocimiento de todos nosotros, concretamente y para poner los puntos sobre las íes al CSIF, CCOO, UGT y FSES. Esta es la verdadera y única razón por la cual todos los interesados están reaccionando, aunque eso sí tarde y mal.

En primer lugar he de decir a mis representantes y a mis superiores que yo no necesito, como creo que ocurrirá con la mayoría de mis compañeros, que me dignifiquen porque yo ya soy una persona digna, un funcionario digno por diversas razones: soy honrado y mi puesto me lo he ganado con mis méritos y mi capacidad en igualdad frente al resto de los españoles, como dice la Constitución; tengo un trabajo digno, independientemente del puesto que ocupe; mi trabajo está al servicio de los ciudadanos y no de intereses partidistas ni espúreos; cumplo, como debe de ser, con mi cometido y utilizo los medios que mi formación y experiencia me aportan y porque además me siento orgulloso de mi condición de empleado y servidor público.

En segundo lugar, y dado lo dicho previamente, no acepto bajo ningún concepto que se me venda lo que es un claro acto electoralista como una campaña de dignificación del empleado público cuando hace menos de un mes se ha publicado una reforma de la Ley 7/2005 que debilita nuestra posición de independencia frente a los aparatos políticos y sus LDs tentaculares y potencia la privatización y externalización de servicios con el uso masivo de las encomiendas de gestión y con el reforzamiento de las empresas garrapatas (empresas públicas, fundaciones, agencias, institutos y demás chiringuitos). Los mismos que quieren dignificarnos son los que han hecho semejante disparate legislativo: unos por acción y otros, nuestros representantes sindicales, por omisión y silencio ante tamaña barbaridad que incluso les deja en fuera de juego en diversas materias a negociar en el Consejo de la Función Pública.

Indignante es que la misma pléyade de políticos que llevan varios años despreciando y alimentando rumores mal intencionados en la opinión pública sobre todos nosotros y que han ido pudriendo las administraciones públicas con sus corruptelas, ahora nos insulten intentando regalar a unos cuantos “emprendedores” de la comunicación 250.000 euros.

Repasemos todas las medidas políticas, avaladas con el silencio cómplice de nuestros supuestos representantes, que han mejorado nuestra dignidad y nuestra calidad de vida como trabajadores públicos y como ciudadanos, que también somos, no lo olvidemos:

1º.- Reduciendo y congelando hasta la perpetuidad nuestros salarios cuando muchísimos de nuestros compañeros no llegan a los 1.100 euros mensuales.

2º.- Después de insultarnos y de extender la mancha a todos calificándono de vagos y maleantes, justificaron el aumento de nuestra jornada semanal de 35 a 37,5 horas, casi un mes más de Trabajo al año. Y ya de paso aumentar la jornada a sanitarios y horas a docentes para ahorrar una de cada 10 plazas en estos Cuerpos. Y todo ello con el aval de todo un Secretario autonómico de CC.OO. y su famoso apretón de manos con nuestro Presidente.

3º.-  Quitarnos los derechos laborales, ya que ahora ponernos enfermos llega a costarnos el 50% del sueldo durante los primeros días de baja y el 25% hasta un total de 21 días siguientes.

4º.- Denostar nuestro trabajo para justificar permanentemente privatizaciones, empresas públicas, fundaciones, institutos, gerencias, desmanes y corrupciones que muchos llevamos denunciando desde hace años. Cuantas malas prácticas y delitos no habrían aflorado sin las denuncias de empleados de las Administraciones, que jugándose el puesto de trabajo pusieron en manos de policías y fiscales ciertos asuntos.

Los empleados públicos sabemos que la sociedad conoce y valora nuestro trabajo, sabe que quienes han defendido y defienden con mayor ahínco la sanidad pública, el Estado de Derecho y la gratuidad de la Justicia y el Registro Civil, la Educación pública y universal, la Administración al servicio del ciudadano, los Servicios Sociales y la atención a los más desfavorecidos y dependientes y el Estado Social, Democrático y de Derecho son los empleados públicos que comprueban a diario como voluntariamente se deterioran los servicios que prestan.

Desde aquí quiero decir a mis representantes sindicales que para nada me siento representado por quien mira egoístamente con desprecio y con temor otros movimientos que se hacen fuera de sus Organizaciones.

Que no me siento representado por aquellos que aceptan sumisamente todos y cada uno de los recortes y una serie de reformas legislativas que harán de la administración pública un mero recaudador de impuestos para distribuirlo entre inversores y especuladores en el nuevo negocio de los servicios públicos.

Que no me siento representado por aquellos que con su silencio han aceptado el crecimiento paralelo de una administración B cuyo mayor patrimonio es el de colocar a muchos “afectos” en el chollo público por la puerta de atrás y el de llenar sus contabilidades de gravísimas irregularidades, e incluso generando deudas imposibles de pagar por todos los tontos de esta Comunidad.

Que no quiero ser representado por los palmeros del CSIF José Mariano Prieto Arribas, Carlos Hernando Redondo, Isabel Madruga Bajo y Juan Carlos Gutiérrez Rodilla; por Jesús Goicoechea Torres, Nuria Martínez de la Torre, José Miguel García Álvarez, Tomás Pérez Urueña, de la UGT; por Juan Carlos de la Rosa Muñoz, Juana Olmeda Gómez, Pablo Vicente Vida, Luis C. Ramón Carreira, José L. Paniagua Alonso, Elena Fernández Gutiérrez y Francisco J. Martínez Alonso, de CCOO; y por  Patricia San Martín Videira y Pilar Gredilla Fontaneda, de FSES.

Todos ellos culpables de agradecer a los representantes de la Administración los recortes presupuestarios, la inexistencia del concurso anual para todos los funcionarios, las ofertas de empleo inexistentes, el deterioro de los recursos materiales, el hacinamiento de los empleados, las congelaciones salariales y la campaña de dignificación de los empleados públicos.

Ya no valen medias tintas y desde este humilde rincón pido a las bases de esos sindicatos, si es que les quedan, que despidan “procedentemente” a sus Aparatos por mostrar esa gran empatía con los Altos Cargos y ese desprecio por nuestra dignidad.

En última instancia a UGT: si como decís LA DIGNIDAD ES EL SALARIO, acaso en esa campaña vergonzosa en la que insistís, ¿se va a promover las subidas salariales de los empleados públicos, y muy especialmente de los que menos ganan…?

Viernes Negro denuncia graves irregularidades en la concesión de la Renta Garantizada de Ciudadanía

Por Burgos Dijital

Una vez más la Junta de Castilla y León dirigida por Juan Vicente Herrera vuelve a burlarse de las leyes y normas que se da a sí misma en lo que parece ser ya una conducta habitual, aunque no parezca tener relevancia para los medios militantes conservadores de la localidad, Diario de Burgos  y El Correo de Burgos. En esta ocasión el tema es suficientemente espinoso como para que a nadie se le escape…

El Movimiento Viernes Negro  de Burgos ha informado a este medio de unas instrucciones dictadas desde la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y dirigidas a través del correo electrónico a los empleados públicos de todas las provincias relacionados con la tramitación de expedientes de concesión de la renta garantizada de ciudadanía (RGC).

En dichas instrucciones, según se denuncia, se ordena que “aquellos titulares de la RGC que hayan estado trabajando a través del Plan de Empleo de 2013 de la Junta de Castilla y León  y derivado del mismo se les reconozca algún tipo de prestación, como pudiera ser el subsidio de desempleo, no se les extinguirá la prestación, sino que se les imputará como ingresos la cuantía de la misma”. Además la Consejería especifica que “la revisión de estos expedientes se realizará desde Servicios Centrales”.

Pues bien, al parecer en el Decreto Legislativo 1/2014, de 27 de febrero, por el que se aprueba  el texto refundido de las normas legales vigentes en materia de condiciones de acceso y disfrute de la prestación esencial de renta garantizada de ciudadanía , especifica en lo relativo a los requisitos del titular que éste no podría percibir prestaciones contributivas o no contributivas a cargo de cualquiera de las administraciones públicas.

Por lo tanto y lo que en primer lugar se evidencia es que los altos cargos de la Consejería de Familia y de la Gerencia de Servicios Sociales están invitando a todos los empleados públicos que se encarguen de dicha tramitación a que realicen una masiva prevaricación. Por ello aunque el “movimiento estima loable el esfuerzo de la administración autonómica por luchar (…) contra la exclusión social de los desafortunados trabajadores golpeados por la crisis económica y por un más que cuestionable reparto de daños y esfuerzos”, Viernes Negro  invita al Legislativo a que modifique la Ley 7/2010, dado que la Comunidad tiene en este caso la competencia exclusiva en materia de servicios sociales.

El movimiento denuncia que es gravísimo que si la propia Ley se fundamenta en el principio de ausencia de cualquier discriminación en el acceso a la renta garantizada de ciudadanía, no se entiende bajo ningún concepto que al resto de colectivos excluídos del Plan de Empleo 2013 no puedan beneficiarse del incumplimiento de la Ley, añadiendo la RGC a otras prestaciones.

Viernes Negro, preocupado por el deterioro, la mala gestión y la arbitrariedad en los servicios públicos, le detalla a Juan Vicente Herrera otra serie de interrogantes por lo francamente sospechoso de la gestión:

“¿Qué tiene de especial este Plan de Empleo 2013 para que a este colectivo sí se le permita?”

“¿Por qué concretamente en estos casos la revisión de estos expedientes se hará desde Servicios Centrales?”

“¿Es este nuevo “rapto” de competencias y de carga de trabajo una nueva estrategia para justificar nuevas contrataciones a través de empresas de servicios y fundaciones como FUCODA, obviando de nuevo el derecho constitucional de los españoles a poder ocupar un puesto de trabajo público en condiciones de igualdad, mérito y capacidad?”

Por último los empleados públicos de Viernes Negro llegan a la conclusión de que la Junta con esta medida admite implícitamente que las ayudas que se reciben a través de la RGC  son insuficientes para poder llevar una vida mínimamente digna, por lo que le piden al Presidente de la Junta que impulse la modificación de la Ley para que todos los ciudadanos puedan acceder en condiciones de igualdad a todas las prestaciones, y de esta manera también asegurar los valores de independencia, imparcialidad, trasparencia y especial sujeción a la legalidad vigente.

Se trata de un asunto muy candente en la opinión pública y en diversos foros dada la extrema necesidad de cada vez más personas desempleadas en Castilla y León sin ningún tipo de prestación, por lo que son bastantes las organizaciones que comienzan a movilizarse para que se palie con mayor celeridad los principales efectos de esta estafa a gran escala.

Burgos Dijital ha podido saber que miembros del colectivo Viernes Negro han contactado con la Asamblea de Parados y Precarios de Burgos. Este colectivo se reunió el día 7 de octubre con el Procurador del Común para denunciar e informarle del excesivo tiempo en resolver y asignar las ayudas, hasta seis meses, lo que hace que muchas familias en situación de pobreza se vean en la necesidad de tener que acudir a organizaciones benéficas para sobrevivir; la denegación de solicitudes por motivos subjetivos y juicios de valor; los requisitos incoherentes y restrictivos, e incompatibilidades entre ayudas aún no superando ingresos que permitan la mera subsistencia y que la entrega de documentación requerida supone, en algunos casos, un desembolso económico.

Tras comunicarles la denuncia los representantes de la Asamblea de Parados aún no salen de su asombro por la arbitrariedad inhumana, la injusticia y la falta de trasparencia de los dirigentes populares en la administración autonómica, por lo que la Asamblea decidirá aumentar la presión y convocar ruedas de prensa para dar a conocer lo que está sucediendo.

Parece ser que mañana muy probablemente miembros de la Asamblea, invitados por Viernes Negro,  pasen a protestar a la concentración-manifestación que tendrá lugar a las 11 en la Delegación Territorial de Burgos.

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Al Presidente de la Junta de Castilla y León contra la campaña de dignificación de los empleados públicos

Por PLADEPU ( Plataforma en Defensa de lo Público)

AL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Sr. D. Juan Vicente Herrera Campo:

El Boletín Oficial de la Junta de Castilla y León de 2 de octubre de 2014 publica el anuncio de la  RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2014, de la Secretaría General de la Consejería de Hacienda, por la que se anuncia licitación para contratar la realización de una “campaña de publicidad para la dignificación de los empleados públicos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León”. Expte.: A2014/000940.

El punto 4º de la Resolución señala el Presupuesto que asciende a un importe total de 249.260,00 €, y los empleados públicos, funcionarios, personal estatutario y laboral,  nos preguntamos la razón para que haya que “dignificarnos” o “dignificar” nuestro trabajo con este escandaloso coste económico.

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define “dignificar” como la acción de “Hacer digno o presentar como tal a alguien o algo” y  a “digno/a”, del latín dignus , le asigna cuatro acepciones:
1. adj. Merecedor de algo,
2. adj. Correspondiente, proporcionado al mérito y condición de alguien o algo,
3. adj. Que tiene dignidad o se comporta con ella,
4. adj. Dicho de una cosa: Que puede aceptarse o usarse sin desdoro (salario digno, vivienda digna),
5. adj. De calidad aceptable (una novela muy digna).

Sr. Presidente, yo no necesito que me dignifiquen, yo ya soy una persona digna, un funcionario digno. Soy digno porque:
- soy honrado y no soy corrupto, ni indecente, ni clientelar, ni trafico con influencias, ni saqueo fondos públicos para darlos a “empresarios amiguetes”, “benefactores del partido” o familiares,
- porque tengo un trabajo digno, independientemente del puesto que ocupe: administrativo, enfermero, bombero, policía, juez,  conserje, bibliotecario, profesor…,
- porque mi trabajo está al servicio de los ciudadanos (no el ciudadano al servicio del político, como es habitual),
- porque soy eficaz y cumplo con mi cometido, y con los medios que mi formación y experiencia me aportan (a pesar de la carencia de medios materiales y de formación para el reciclaje que la Administración no me ofrece),
- en suma porque estoy orgulloso de ser funcionario, porque nadie me ha regalado nada y mi puesto lo he conseguido demostrando méritos y capacidad, en competencia competitiva de igualdad, mérito y capacidad.

Un vez  más los políticos actúan como una casta que vela por sus privilegios, siendo el primero de ellos perpetuarse en el poder, y por eso esta campañita a menos de 6 meses de las próximas elecciones para no perder las poltronas de la Junta de Castilla y León. Los mismos que cada día dilapidan el prestigio de la función y de los servicios públicos, los privatizan, conciertan o externalizan; corren ahora a cazar votos, parloteando mensajes ñoños sobre los empleados públicos y así infectan el inconsciente de votantes (personal de las administraciones y ciudadanos), para que de nuevo les voten y poder seguir haciendo recortes contra personas mayores, dependientes, mujeres, infancia y juventud, educación, sanidad, vivienda, etc.

Con muchas posibilidades estos 250.000 euros servirán directa e indirectamente para comprar voluntades y manejos electorales, amén de intentar un lavado de cara de la clase política, asociando el trabajo de los funcionarios con las figuras de los políticos totalmente desprestigiados a causa de sus corrupciones y privilegios.

Gracias, presidente, pero yo no quiero que me asocien sus campañas de publicidad con el despilfarro de dineros públicos y menos con la desprestigiadísima clase política.

Indignante es que la misma casta de políticos que llevan cinco años tirando por los suelos a los empleados públicos y desde hace 35 años han infectado las administraciones con sus corrupciones, ahora de nuevo nos insulten regalando a uno o varios empresarios los 250.000 € que nos han quitado.

Repasemos, si hay que hacer una campaña de dignificación de LOS EMPLEADOS PÚBLICOS es porque estamos muy denigrados. Y ellos lo han hecho a conciencia con sus imposiciones políticas:

1º.- Bajando y congelando nuestros salarios, nos señalaban como privilegiados y superpagados, cuando más del 65 % no pasamos de los 1.100 euros mensuales. De paso, bajar nuestro salario ha sido una rotunda y eficaz lección para que hayan bajado más del 30% en los sectores privados. Bajada tan salvaje que, desde la OCDE y de la OIT, ya le dicen al Gobierno de España que se ha pasado porque ha mandado a la pobreza a más de dos millones y medio de personas y que otros diez han perdido tanto poder adquisitivo que nada más pueden consumir.

2º.- Nos colocaron el sambenito  de vagos, al aumentar nuestra jornada semanal de 35 a 37,5 horas, lo que viene a ser casi un mes más de trabajo al año. Aumento que ha servido para crear parados, al suprimir contrataciones temporales, no convocar nuevas plazas y hacer un favor a los empresarios con el mensaje, ….”mirad lo que hago yo, el Gobierno, con mis empleados; vosotros podéis machacar a vuestros curritos con más jornada y libraros de pagar horas extras”.

3º.-  Quitarnos los derechos laborales, ya que ahora ponernos enfermos llega a costarnos el 50% del sueldo durante los primeros días de baja y el 25% hasta un total de 21 días siguientes; nos han bajado, e incluso quitado, todo tipo de derechos empezando por el constitucional derecho a la negociación.

4º.- Denostar nuestro trabajo a fin de justificar privatizaciones, empresas públicas, fundaciones, institutos, gerencias, desmanes y corrupciones que denunciamos desde hace años. Seguirían sin aflorar muchas corrupciones sin las denuncias de empleados de las Administraciones que, jugándose el puesto de trabajo, pusieron en manos de policías y fiscales ciertos asuntos. Denuncias ante las cuales los políticos, comportándose también como una casta, siempre han respondido persiguiendo y acosando a los denunciantes, y en la Junta tenemos al menos tres casos de empleados públicos represaliados por dignos y valientes denunciantes.

5º.- Ni un solo responsable político de la Junta ha salido en defensa de los empleados públicos cuando en repetidas ocasiones representantes de las patronales, como los Sres. Rosell, Terciado y Cepedano (entre otros), reclaman recortes en el sector público y que se privatice más.

6º.- Y no sólo OMITEN la defensa del empleado público, sino que ACTÚAN Y PROFUNDIZAN EROSIONANDO LA FUNCIÓN PUBLICA DE NUESTRA COMUNIDAD aprobando la reciente ley de medidas de reforma de la Administración que entre muchas otras ocurrencias “habilita que los funcionarios trabajemos en las empresas y fundaciones públicas”, cuando ni siquiera en Cortes se pueden obtener datos fiables de a qué se dedican y cuáles son sus cuentas…Que sigue erosionando la Administración A permitiendo y generalizando las “encomiendas de gestión” a la Administración B, donde repetimos no existe ningún control de los ciudadanos  sobre su funcionamiento.

Donde se carga la audiencia e información pública de los ciudadanos en los proyectos de ley y reglamentos, a cambio de una aplicación en la web….llamada “gobierno abierto” que en ningún caso se creó ni sirve para tal fin….

¿Puede asegurarnos que todos los ciudadanos de Castilla y León acceden a esa aplicación? ¿O quiere dar a entender a por ejemplo, muchos de nuestros mayores, que NO LES INTERESA A USTEDES su opinión?

Los empleados públicos sabemos que la sociedad conoce y valora nuestro trabajo, sabemos que quienes han defendido la sanidad pública han sido los funcionarios y el personal laboral de los hospitales con las “mareas blancas”; quienes han defendido el Estado de Derecho y la gratuidad de la Justicia, que debe ser igual para todos (sic), y del Registro Civil , han sido los funcionarios y personal laboral que cada día prestan servicios en los Juzgados de toda España; quienes han defendido la Educación gratuita,  igualitaria y universal, han sido los funcionarios y el personal laboral de las “mareas verdes”; quienes defienden la Administración al servicio del ciudadano, no para el enriquecimiento fraudulento de sus “jefes políticos”, han sido los funcionarios y el personal laboral de las “mareas negras y los viernes negros”; quienes han defendido los Servicios Sociales que se ocupan desde las Administraciones públicas de los derechos y atención a los más desfavorecidos y dependientes, han sido los funcionarios y el personal laboral de las “mareas naranjas”, y quienes constituyen un largo etcétera de apoyo del Estado Social, Democrático y de Derecho que defina la Constitución de 1978 no son otros que  los empleados públicos.

Si la Junta de Castilla y León quiere dignificarnos, basta con que apliquen las propuestas votadas en asambleas y que a primeros del 2011 les remitimos bautizadas  como “LISTA DE LA DIGNIDAD”, así como todas y cada una de las quejas y denuncias que desde la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU), y de los viernes negros de Burgos y Palencia les hemos presentado ante la Junta de Castilla y León y el Procurador del Común.

Todo ello se puede hacer a coste cero, pero también le proponemos que destinen esos 250.000 € a reponer los salvajes recortes que han hecho en dependencia, sanidad, educación y vivienda. Si quiere una propuesta más concreta, destínelos a reponer las dotaciones presupuestarias en apoyo de las mujeres víctimas de violencia de género: subvenciones recortadas a las casas de acogida y centros de día, reapertura del centro de emergencia que cerraron en Salamanca, ayudas para la autonomía y la contratación (“plan Dike”) y programas de apoyo psicológico y de asistencia jurídica.

Una última pregunta, Sr. Presidente de la Junta de Castilla y León:  ¿Tienen mala conciencia por la continuada difamación hacia los empleados públicos?, ¿tienen miedo de que salgan a la luz más casos de corrupción y nos quieren hacer la pelota?, ¿necesitan desesperadamente nuestro voto en mayo de 2015? o… ¿son las tres cosas a la vez?

A la espera de su respuesta, reciba un saludo, en nombre de la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU), en León a 7 de octubre de 2014.

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Viernes Negro denuncia la reforma de la administración Pública de Juan Vicente Herrera

Por Burgos Dijital

Ayer jueves 10 de abril ha tenido lugar una asamblea de empleados públicos en la Delegación Territorial de Burgos convocada por representantes sindicales de CCOO, CGT y UGT a petición de activistas del Movimiento Viernes Negro de Burgos y la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) para informar, analizar y debatir sobre las modificaciones que contempla el Anteproyecto de Ley de Reforma de la Administración de Castilla y León.

Los convocantes denuncian que con esta reforma se profundiza en el proceso de deterioro y pérdida de derechos de los empleados públicos, así como del resto de los ciudadanos de Castilla y León, en la medida en que el Anteproyecto generaliza la figura de la encomienda de gestión, lo que permitirá nuevas olas de privatizaciones que provocarán la pérdida de calidad de los servicios en favor de la precariedad laboral y los beneficios empresariales, el aumento de la oscura Administración B y la desaparición del mérito, la capacidad y la igualdad como valores para la selección de los empleados públicos, con la consiguiente pérdida de objetividad, profesionalidad e imparcialidad en la prestación de los servicios públicos hacia los ciudadanos.

Pero además denuncian que esta reforma establece la posibilidad de que los empleados públicos trabajen para esas empresas de gestión privada, y sus servicios sean pagados por la propia Administración para seguir transformando la deuda privada en ilegítima deuda pública.

Edificio de la Delegación Territorial de la Junta de CyL

El colectivo convocante cursó así mismo invitación a la asamblea al Delegado Territorial, el inefable Baudilio Fernández Mardomingo, y a los 11 Procuradores de las Cortes de Castilla y León elegidos por la provincia de Burgos, entre ellos el Presidente de la Junta Juan Vicente Herrera para que pudieran conocer de primera mano las aspiraciones de los empleados públicos y manifestar su posición con respecto a las mismas.  Por supuesto ni los procuradores del Partido Popular, como ya se esperaba, ni el Delegado Territorial aparecieron por el salón de actos. En este último caso llama poderosamente la atención que un hombre tan preocupado por las charlas que dan fuera de su jornada de trabajo y de su espacio físico de trabajo algunos empleados públicos, no quiera saber nada de ellos cuando se le comunica y se le invita a dar su punto de vista en el debate. Así mismo el Presidente de la Junta, tan dispuesto cuando aparecen por aquí los ciudadanos borbones y allegados, sin ir más lejos hace tres días en la visita de la reina, no se sienta tan dispuesto cuando se trata de visitar a otros ciudadanos. No sabemos si por la falta de ágape o por la inexistencia de fotógrafos.

En cualquier caso sí aparecieron por allí el del PSOE, David Jurado lo cual, como manda la educación y las buenas formas, fue agradecido por las personas que dirigieron la asamblea y comunicaron a sus compañeros los principales y más graves cambios.

Los principales puntos que se denunciaron fueron los detallados a continuación:

• Se “legalizarán” y se extenderán las encomiendas de gestión que se trata de un instrumento por el que la Administración traslada el aspecto material de una potestad pública a un órgano distinto del encomendante, para que éste a su vez, como está ocurriendo en muchas ocasiones, subcontrate a la empresa de servicios de turno.

• También se incluirá la posibilidad de qué órganos de una Consejería desempeñen funciones en relación a los entes adscritos a ellos: por ejemplo que los recursos humanos y materiales de la Consejería de Agricultura se destinen al ITACYL. Dicho así no suena ni bien ni mal, pero hay que recordar que las prácticas de las empresas públicas de Castilla y león han sido denunciadas por el Consejo de Cuentas, que hay un buen puñado de altos cargos relacionados con estos chiringuitos imputados por diversos delitos contra la Administración Pública, y que hay una grave denuncia realizada por el PCAS admitida por la Fiscalía.

• Se introducirá la supresión de diversos trámites de fiscalización al ejecutivo en el desarrollo de su acción política tanto de los ciudadanos, como el trámite de audiencia e información pública, como de diversos contrapesos institucionales.

• Se regula de modo expreso la Atribución Temporal de Funciones (ATF) que deja en manos de cualquier Jefe la posibilidad de utilizarla contra empleados públicos que no estén de acuerdo con su proceder para moverlos prácticamente a cualquier puesto que esté libre, incluso fuera de su localidad de trabajo, sin más posibilidad para los trabajadores que recurrir en la vía contenciosa que, gracias a Gallardón, saldría bastante cara para el recurrente.

• A través de la ATF y de la encomienda de gestión cualquier trabajador puede estar obligado a trabajar para fundaciones, gerencias y empresas públicas de la Junta.

• Las Relaciones de Puestos de Trabajo donde se definen los requisitos que debe de tener un empleado para ocupar un puesto de trabajo serán prácticamente papel mojado, por lo que será aún más fácil para los altos cargos colocar a quién quiera dónde quiera, por supuesto a los puestos directivos bien remunerados.

• En el colmo de la desvergüenza el borrador planteado por el ejecutivo recoge la posibilidad, que a buen seguro la cumplirán, de contratar a personal estatutario en el SACYL fuera de las bolsas de empleo. Por lo que se cargan de un plumazo la igualdad de todos los españoles de poder acceder a un puesto público a través de pruebas selectivas objetivas e independientes. Evidentemente en este caso están detrás las famosas Unidades de Gestión Clínica: invento de la Junta para crear reinos de Taifas en nuestros hospitales dando al Jefe de la Especialidad, elegido a dedo, el presupuesto anual y la libertad total de su gestión económica para competir entre ellos.

Resulta muy edificante comprobar como la Junta acepta de buen grado todo este aparato exponiendo que además los puestos directivos en el SACYL podrán cobrar retribuciones superiores a las reguladas en los presupuestos anuales de la Junta.  

Tras estas reflexiones y unas cuantas más los trabajadores allí presentes debatieron posibles medidas en las que se intentará combinar la protesta en la calle, quizás una protesta masiva en Valladolid para el 25 de abril junto al personal más activo del resto de las provincias, con una batería posible de recursos cuando se apruebe lo que consideran un despropósito encaminado a crear un clima de represión y a la incentivación de la corrupción.

Juan Vicente Herrera oculta a los ciudadanos los privilegios de las élites

Por Basilio el Bagauda

El Movimiento “Viernes Negro” de Burgos, uno de los pocos colectivos que defienden en Castilla y León la supresión de la Administración B y de las libres designaciones, así como el incremento de empleo público a través de pruebas libres y la desaparición de la contratación a través de empresas interpuestas, ha vuelto a dejar en evidencia la hipócrita, oscura y demagógica actitud del Presidente Juan Vicente Herrera.

Así el 22 de noviembre del año pasado este colectivo denunció públicamente el uso privado y de manera cotidiana de un coche oficial por parte de la burgalesa y Jefa del Gabinete Virginia Arnáiz. El hecho denunciado no era la primera vez que ocurría, ya que diarios digitales como “Último Cero” habían denunciado el uso de otro coche pagado por todos los castellanos y leoneses de la mujer del Vicepresidente de la Junta D. Santiago Juárez, sin que ni al susodicho ni a su mujer se les ocurriera pedir perdón público ante semejante desfachatez que afeaba el ejemplarizante discurso de austeridad y sacrificio “compartido por todos”.

La respuesta a través del Procurador del Común llegó el 4 de febrero de este año en forma de una sencilla respuesta en la que el mismo se conforma,” tras una dura investigación”,  con una acusación de falsa denuncia por parte de la Consejería de Presidencia hacia el colectivo y con la información de un supuesto Código de austeridad aprobado por la Junta para controlar la conducta de sus altos cargos.

Esta respuesta pone blanco sobre negro en al menos dos aspectos que tienen que ver con la conducta política del Partido Popular de Castilla y León y del ejecutivo de Herrera.

En primer lugar, una respuesta tan pobre en su ejecución intelectual y tan débil en sus fundamentos jurídicos sólo se produce cuando una institución que en principio sirve para proteger las garantías de los derechos y libertades de los ciudadanos y controlar y denunciar los posibles abusos de los poderes públicos es tan irrisoriamente inútil como todos los observatorios, órganos colegiados, comités, grupos de trabajo, agendas de despoblación  y demás tonterías creadas única y exclusivamente para dar una apariencia de participación democrática y control de los poderes públicos que realmente no existe.

En segundo lugar debemos remontarnos al acto de investidura pronunciado por Juan Vicente Herrera ante las Cortes el 23 de junio de 2011 en el que mintió a los Procuradores y por ende a todos sus representados, a la vista de los acontecimientos, diciendo entre otras perlas, y cito textualmente, que “sólo tendrán asignado coche oficial los miembros del Consejo de Gobierno (…). Los desplazamientos, visitas y viajes oficiales se realizarán exclusivamente con la persona o personas cuya presencia esté justificada por razón de la responsabilidad o servicio”. Para aquellos que no lo sepan, y de ahí la mentira, los miembros del Consejo de Gobierno son únicamente los Consejeros y el Presidente, y éstos son “altos cargos” pero no son ni mucho menos los únicos, ya que en esta “casta” entra un número ingente de designados a dedo tanto en la Administración Pública como en todos los organismos autónomos y empresas públicas.

Ambas cosas son ejemplos de lo que significa para el partido Popular la acción del gobierno en un marco político supuestamente democrático: utilización permanente de la posición de poder institucional para saltarse todos los filtros que deberían de controlar dicho poder y dar a su vez una teatral apariencia de legitimidad a través del rodillo parlamentario y de la transmisión permanente en su relato de la idea de “profunda lealtad institucional y fe  en el funcionamiento de las instituciones”. Lo que se podría denominar como “institucionalismo”, una mezcla de posibilismo canovista y de idolatría hacia los continentes en oposición a los contenidos, como si en la democracia fuera más importante la existencia física de unas Cortes que su utilidad y funcionamiento.

Otro ejemplo claro de la tesis que sostengo se produce en el hecho de que el supuesto “código de austeridad de los altos cargos” confeccionado por no se sabe qué órgano ejecutivo o legislativo no sólo no ha pasado a debate o mínima presentación en las Cortes de Castilla y León, sino que no ha sido publicado por ningún medio de comunicación ni tampoco por parte de la administración autonómica en su cacareado portal abierto al ciudadano. Invito a todos los lectores a que intenten buscar dicho documento y a que compartan sus experiencias místicas en nuestro blog.

Dicho sea de paso que ya que se nos oculta una cosa tan nimia, por llamarla de alguna manera, como el uso en régimen de propiedad privada de chófer y coche oficial, qué no podremos pensar cerebros tan calenturientos como el mío después de leer en “Último cero” el 6 de marzo que después de varios requerimientos en Cortes por parte de los grupos de la oposición la Junta se dignó en hacer públicas las dichosas gratificaciones extraordinarias, algo a lo que le obliga la Ley de Función Pública de manera periódica, y las cuentas hablan por sí solas: un total aproximado de 4,2 millones de euros al año que va a parar a altos cargos, a secretarias y chóferes que callan los desmanes y vicios inconfesables de sus señorías, y a un buen puñado de funcionarios necesarios para el trapicheo y la corrupción. Concretamente los selectos empleados de la consejería de Sanidad, ¡¡¡Oh, qué casualidad!!!, se reparten al año un total aproximado de 925.000 euros, y eso sólo por callar.

En fin, teniendo en cuenta  todo esto, por qué no pensar, y no hay que echar mucha imaginación, en otras tantas prebendas de nuestras señorías: tarjetas de crédito asignadas al presupuesto público, sobrecitos blancos, multitud de cobros en forma de regalos y favores, viajes gratuitos pagados por empresarios, viajes de trabajo en clase “business”, áticos mal registrados, invitaciones a grandes eventos, asesores pagados por todos nosotros…

Dada la tremenda curiosidad despertada por el “código de austeridad para los altos cargos”, que bien podría ser un “menú a la carta para los altos cargos”, el Movimiento Viernes Negro ha requerido a la Junta a través del Procurador del común que se le haga llegar dicho documento para que el mismo se haga público y que los malvados castellanos y leoneses dejen de calentarse la cabeza con fábulas imposibles propias del Medievo.

Para ello se han hecho valer de la nueva herramienta que va a revolucionar y crear una nueva España, la ley de Transparencia y Buen Gobierno. Es más, en dicha comunicación realizada el 21 de febrero le recuerda a la Junta que está sometida a las bondades de dicha Ley y le subraya al Procurador del Común, mero correveydile de esta disparatada situación, que “la Consejería de Presidencia le hizo llegar a la Institución que representa el informe en el que se mencionaba el código de austeridad , no entendemos como 42 días después de publicada la Ley de Trasparencia a la que la Consejería se ve obligada a someterse no ha hecho un ejercicio de proactividad para responder a la grave denuncia cumpliendo con los principios inspiradores de la ley recientemente aprobada. En cualquier caso el Movimiento Viernes Negro quiere pensar que ha sido debido más a la ignorancia que a la malicia.”

A día de hoy el documento sigue sin publicarse y fuentes cercanas a este blog nos han confirmado que tras la consulta de algún medio de comunicación al gabinete de comunicación de la Consejería de Presidencia éstos han dado la callada por respuesta; a buen seguro estará bajo 7 llaves en algún rincón incógnito del mundo que emane una gran fuerza telúrica, junto al arca de la alianza, el Grial y el verdadero documento del registro de la propiedad del agustiniano inmueble de Javier Lacalle.

En cualquier caso el colectivo “Viernes Negro” de Burgos será a buen seguro uno de los primeros en España en realizar la prueba del algodón a la famosa y mediática Ley.

PPCyl: La nueva ETT (Parte II)

Por Basilio el Bagauda

http://burgos-dijital.blogspot.com.es/2014/02/nace-una-nueva-ett-ppcyl-1-parte.html

U: ¿Y cómo es posible que no se sepa nada de todo esto ahí fuera? ¿Cómo no dicen nada el resto de partidos? ¿Y los sindicatos? Algo tendrán que decir, digo yo.

E: Vale, por partes. Por los partidos no te preocupes. En realidad sólo hay uno al que hay que tener un poco atadito y de este ya se encargan nuestras “misiones diplomáticas” para darle a sus muchachos un poquito de vaselina. Eso sí, que haya para todos, que también la esperan los sindicatos. A lo que iba: al PSOE con darle migajas del poder institucional ya tienen de sobra. Que si unos pactos por aquí, que si unos consensos por allá, que si colocamos a algunos de los suyos como vocales de órganos inútiles pero cobrando una buena remuneración, que si les aceptamos algunas enmiendas de vez en cuando… Si a las cúpulas les aflojas la guita, está todo hecho. Al fin y al cabo ellos siempre pueden mirar hacia Madrid que ahí de vez en cuando pillan buenos cachos… Y si no, ya se encargan ellos solitos de descerrajarse unos cuantos tiros…
En cuanto a los demás partidos pues ya me dirás: los leonesistas que sigan perdiendo el tiempo con sus cuitas y si alguna vez nos comen algo de tostada ya les convertiremos otra vez al único Dios, que en el fondo son nuestros primos. Y los rojos aquí en Castilla pues, en fin, les quitamos la tontería de dos hostias y punto. Además quién coño va a votar a esos desarrapados de los cojones. Ellos que sigan con sus espectáculos de calle, con sus mareítas, con sus pegaditas de carteles, con sus asambleítas y con sus pistolitas de agua… ¡Ojo! y si montan un circo, nosotros ponemos el pan. ¡Pan!, en la cabeza ¡Pan!, en el estómago ¡Pan!, en la espalda! Que para eso pagamos a los polis, para que trabajen. Estos idiotas tienen todas las de perder y siguen sin enterarse: sacamos a nuestros azules a la calle que después de unas cuantas horas encerrados en las grilleras a pan y agua, y si es posible con algún tirito de coca que alguno se coloque, que viciosillos hay en todas partes, se comen a todos esos hijos de puta…

U: Ya, ya, pero ¿y los sindicatos?

E: Pues tres cuartos de los mismo. A los del CSIF ya les hemos puesto en su sitio a golpe de teléfono, que para eso son de los nuestros. Y a los Cocos y a los del Ojete pues hay que darles el resto de la vaselina que nos sobra de los sociatas. Sin ir más lejos, hace unos cuantos días nuestro Presidente consiguió la foto del enésimo pacto social para que todo siga tranquilito y nosotros sigamos haciendo nuestro trabajo. Lo malo es que estos cabrones son de buen comer y nos salen aún más caros que los otros, así que siempre hay que soltarles unos cuantos milloncejos de euros en concepto de “formación para el empleo”. Y en última instancia siempre queda el “hoy por mí, mañana por ti”, que puestos a sacar mierda lo mismo nos ahogamos todos.

U: Ya veo, pero también están estos, los de la CGT.

E: ¡Ah sí! Se me olvidaban éstos. Sí, estos cabrones nos han salido dignos y no quieren perras, los jodíos. Ya lo pagarán. La democracia, incluso la de los “sindicalistos”, también se engrasa con pasta y sin carburante no se llega a ningún sitio. Además en las últimas elecciones han subido pero aunque andan detrás nuestro no tienen nada que hacer, e incluso se la hemos colado con la firma del último convenio de laborales. ¡Vaya pringaos, no saben por dónde les da el aire!

U: Así que lo tenéis todo atado y bien atado.

E: Dime tú, ¿qué van a hacer los sindicatos? Al fin y al cabo ellos defienden a los trabajadores, y los empleados de la Administración B también son trabajadores aunque algunos vistan de “Adolfo Domínguez” y “La Martina”, ¡Jajajaja, me descojono! ¡Están tan pillados de los huevos que no quieren saber nada del tema! Por un lado dicen defender los servicios públicos y oponerse a las privatizaciones, pero por otro lado los trabajadores que utilizamos para privatizar los servicios deben de ser defendidos por ellos. ¡Es cojonudo! ¡Andan como pollos sin cabeza!

U: Es cierto. Pero, ¿para tanto da la Administración B?

E: Nuestro Presidente ha vendido la moto de que la Junta ha suprimido un montón de “chiringuitos” a los medios, que por cierto ya te imaginarás que también están bien ataditos a golpe de masivas suscripciones y de propaganda institucional, pero la realidad es que ni la propia Junta controla todos los recursos con los que cuenta.
Piensa que hay 4 Organismos Autónomos: la Gerencia Regional de Salud, la Gerencia de Servicios Sociales, el Servicio Público de Desempleo – la de chistes que se pueden hacer con estas mierdas -, para que nos entendamos el ECYL, y el Instituto de la Juventud.
Hay también 4 Entes Públicos de Derecho Privado: el Ente Regional de la Energía, el Instituto Tecnológico Agrario que ya conoces, la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización de empresas, la famosa ADE, y la Agencia de Calidad del Sistema Universitario. ¿A que esa no la conocías?…  En cuanto a las empresas públicas, veamos. Aquí sí que se han suprimido unas cuantas, pero en realidad lo que se ha hecho es fusionarlas con otras como SOTUR en la Fundación Siglo. Luego hemos despedido a los currelas de abajo y hemos mantenido a nuestros directivos que para eso nosotros somos muy solidarios.

U: Ya y ¿cuántas hay de esas?

E: Mira hasta hace medio año había 23 empresas públicas. Algunas muy conocidas como el ADE Parques Tecnológicos, el…

U: Ese es el que quebró, ¿no?

E: No exactamente. Se ha suprimido porque tenía una deuda de cojones, pero Doña Pilar, que para eso es una tía que los tiene bien puestos, ha hecho que la Comunidad asuma toda la deuda en los presupuestos públicos. Así que la van a pagar todos los pringaos de esta tierra, sin ningún problema… Bueno a lo que iba, que… ¡Oye Manolo, ponme otro Gin Tonic que me estoy quedando seco, y para el chaval otra caña! A ver, por dónde andaba…

U: Por las empresas públicas y fundaciones.

E: Ah, sí. Este… el ADE, el otro ADE, el Montes de Nava, S.A., que no sé para qué cojones sirve, unas cuantas relacionadas con las Universidades, el CyLog, la Sociedad de Investigación y Explotación Minera, y otras tantas que para qué aburrirte. Hay una especialmente divertida: el CYLSOPA. Este chiringuito lo hemos montado a través de Hacienda con dinero público para que compre inmuebles que a su vez alquila para su uso a la propia administración Pública, y ésta afloja la pasta de su presupuesto al CYLSOPA que la maneja como le sale de los huevos. El gerente es un genio. Ahora se le ha ocurrido, para ordeñar un poco más la vaca, montar un gran archivo para “alojar” allí todos los expedientes que produzcan las Consejerías y cobrarles por ello. ¡Qué crack!

U: ¡Hostia, esto es increíble!

E: ¡Ah! ¿Y a qué no sabías que la Junta también tiene un montón de Oficinas de Cooperación Universitaria en Colombia, en Chile, en Venezuela y hasta en Nicaragua y en la República Dominicana?. No me digas que no te gustaría pillar un currelo en Santo Domingo. ¿Te imaginas? ¿Estás soltero?

U: Sí, ahora sí.

E: ¡La hostia! En Santo Domingo, cobrando 3000 euracos netos más dietas y rodeado de jovencitas mulatas universitarias dispuestas a enseñarte a bailar bachata y a dejártela tan chupada que ni te la encontrarás.

U: La verdad es que suena de puta madre. Yo creo que con eso ya…

E: ¡Sí hombre, sí! Nos ha jodido. Y hasta yo me apunto, a lo Carromero,

U: Le faltan las Fundaciones.

E: ¡Qué me trates de tú, coño! Lo de las fundaciones ya es la de Dios. Aquí la cifra se dispara. Hasta donde yo llego hay 44 fundaciones, algunas tan divertidas como la Fundación Cultural Hispano-Brasileña, la fundación Casa de la India, la Fundación Centro de Supercomputación, y otras más conocidas como la del Instituto de la Lengua, la de Patrimonio Natural o la famosa Fundación Siglo. Esta sin ir más lejos maneja más pasta que la propia Consejería de Cultura. En realidad lo de “manejar” es un eufemismo porque al Gerente de esta le preguntaron no hace mucho por el valor de la colección y por las obras que hay en el MUSAC, el edificio coloreado ese que colocaron en León, y no tenían datos de ningún tipo. ¿No es acojonante?

U: Pero cómo es posible todo ese descontrol. ¿No hay ningún Consejo o Tribunal que lo fiscalice?

E: El Consejo de Cuentas esté ahora examinando las cuentas de hace casi cuatro años. Eso es agua pasada, y si emiten algún informe desfavorable pues ya tenemos a nuestro Vicepresidente al día siguiente con la cara de compungido que habrá estado ensayando la noche anterior, sabiendo que al día siguiente El Norte de Castilla pondrá una portada poco amable con la Junta, y a otra cosa mariposa.  

Continuará...