Juan Vicente Herrera oculta a los ciudadanos los privilegios de las élites

Por Basilio el Bagauda

El Movimiento “Viernes Negro” de Burgos, uno de los pocos colectivos que defienden en Castilla y León la supresión de la Administración B y de las libres designaciones, así como el incremento de empleo público a través de pruebas libres y la desaparición de la contratación a través de empresas interpuestas, ha vuelto a dejar en evidencia la hipócrita, oscura y demagógica actitud del Presidente Juan Vicente Herrera.

Así el 22 de noviembre del año pasado este colectivo denunció públicamente el uso privado y de manera cotidiana de un coche oficial por parte de la burgalesa y Jefa del Gabinete Virginia Arnáiz. El hecho denunciado no era la primera vez que ocurría, ya que diarios digitales como “Último Cero” habían denunciado el uso de otro coche pagado por todos los castellanos y leoneses de la mujer del Vicepresidente de la Junta D. Santiago Juárez, sin que ni al susodicho ni a su mujer se les ocurriera pedir perdón público ante semejante desfachatez que afeaba el ejemplarizante discurso de austeridad y sacrificio “compartido por todos”.

La respuesta a través del Procurador del Común llegó el 4 de febrero de este año en forma de una sencilla respuesta en la que el mismo se conforma,” tras una dura investigación”,  con una acusación de falsa denuncia por parte de la Consejería de Presidencia hacia el colectivo y con la información de un supuesto Código de austeridad aprobado por la Junta para controlar la conducta de sus altos cargos.

Esta respuesta pone blanco sobre negro en al menos dos aspectos que tienen que ver con la conducta política del Partido Popular de Castilla y León y del ejecutivo de Herrera.

En primer lugar, una respuesta tan pobre en su ejecución intelectual y tan débil en sus fundamentos jurídicos sólo se produce cuando una institución que en principio sirve para proteger las garantías de los derechos y libertades de los ciudadanos y controlar y denunciar los posibles abusos de los poderes públicos es tan irrisoriamente inútil como todos los observatorios, órganos colegiados, comités, grupos de trabajo, agendas de despoblación  y demás tonterías creadas única y exclusivamente para dar una apariencia de participación democrática y control de los poderes públicos que realmente no existe.

En segundo lugar debemos remontarnos al acto de investidura pronunciado por Juan Vicente Herrera ante las Cortes el 23 de junio de 2011 en el que mintió a los Procuradores y por ende a todos sus representados, a la vista de los acontecimientos, diciendo entre otras perlas, y cito textualmente, que “sólo tendrán asignado coche oficial los miembros del Consejo de Gobierno (…). Los desplazamientos, visitas y viajes oficiales se realizarán exclusivamente con la persona o personas cuya presencia esté justificada por razón de la responsabilidad o servicio”. Para aquellos que no lo sepan, y de ahí la mentira, los miembros del Consejo de Gobierno son únicamente los Consejeros y el Presidente, y éstos son “altos cargos” pero no son ni mucho menos los únicos, ya que en esta “casta” entra un número ingente de designados a dedo tanto en la Administración Pública como en todos los organismos autónomos y empresas públicas.

Ambas cosas son ejemplos de lo que significa para el partido Popular la acción del gobierno en un marco político supuestamente democrático: utilización permanente de la posición de poder institucional para saltarse todos los filtros que deberían de controlar dicho poder y dar a su vez una teatral apariencia de legitimidad a través del rodillo parlamentario y de la transmisión permanente en su relato de la idea de “profunda lealtad institucional y fe  en el funcionamiento de las instituciones”. Lo que se podría denominar como “institucionalismo”, una mezcla de posibilismo canovista y de idolatría hacia los continentes en oposición a los contenidos, como si en la democracia fuera más importante la existencia física de unas Cortes que su utilidad y funcionamiento.

Otro ejemplo claro de la tesis que sostengo se produce en el hecho de que el supuesto “código de austeridad de los altos cargos” confeccionado por no se sabe qué órgano ejecutivo o legislativo no sólo no ha pasado a debate o mínima presentación en las Cortes de Castilla y León, sino que no ha sido publicado por ningún medio de comunicación ni tampoco por parte de la administración autonómica en su cacareado portal abierto al ciudadano. Invito a todos los lectores a que intenten buscar dicho documento y a que compartan sus experiencias místicas en nuestro blog.

Dicho sea de paso que ya que se nos oculta una cosa tan nimia, por llamarla de alguna manera, como el uso en régimen de propiedad privada de chófer y coche oficial, qué no podremos pensar cerebros tan calenturientos como el mío después de leer en “Último cero” el 6 de marzo que después de varios requerimientos en Cortes por parte de los grupos de la oposición la Junta se dignó en hacer públicas las dichosas gratificaciones extraordinarias, algo a lo que le obliga la Ley de Función Pública de manera periódica, y las cuentas hablan por sí solas: un total aproximado de 4,2 millones de euros al año que va a parar a altos cargos, a secretarias y chóferes que callan los desmanes y vicios inconfesables de sus señorías, y a un buen puñado de funcionarios necesarios para el trapicheo y la corrupción. Concretamente los selectos empleados de la consejería de Sanidad, ¡¡¡Oh, qué casualidad!!!, se reparten al año un total aproximado de 925.000 euros, y eso sólo por callar.

En fin, teniendo en cuenta  todo esto, por qué no pensar, y no hay que echar mucha imaginación, en otras tantas prebendas de nuestras señorías: tarjetas de crédito asignadas al presupuesto público, sobrecitos blancos, multitud de cobros en forma de regalos y favores, viajes gratuitos pagados por empresarios, viajes de trabajo en clase “business”, áticos mal registrados, invitaciones a grandes eventos, asesores pagados por todos nosotros…

Dada la tremenda curiosidad despertada por el “código de austeridad para los altos cargos”, que bien podría ser un “menú a la carta para los altos cargos”, el Movimiento Viernes Negro ha requerido a la Junta a través del Procurador del común que se le haga llegar dicho documento para que el mismo se haga público y que los malvados castellanos y leoneses dejen de calentarse la cabeza con fábulas imposibles propias del Medievo.

Para ello se han hecho valer de la nueva herramienta que va a revolucionar y crear una nueva España, la ley de Transparencia y Buen Gobierno. Es más, en dicha comunicación realizada el 21 de febrero le recuerda a la Junta que está sometida a las bondades de dicha Ley y le subraya al Procurador del Común, mero correveydile de esta disparatada situación, que “la Consejería de Presidencia le hizo llegar a la Institución que representa el informe en el que se mencionaba el código de austeridad , no entendemos como 42 días después de publicada la Ley de Trasparencia a la que la Consejería se ve obligada a someterse no ha hecho un ejercicio de proactividad para responder a la grave denuncia cumpliendo con los principios inspiradores de la ley recientemente aprobada. En cualquier caso el Movimiento Viernes Negro quiere pensar que ha sido debido más a la ignorancia que a la malicia.”

A día de hoy el documento sigue sin publicarse y fuentes cercanas a este blog nos han confirmado que tras la consulta de algún medio de comunicación al gabinete de comunicación de la Consejería de Presidencia éstos han dado la callada por respuesta; a buen seguro estará bajo 7 llaves en algún rincón incógnito del mundo que emane una gran fuerza telúrica, junto al arca de la alianza, el Grial y el verdadero documento del registro de la propiedad del agustiniano inmueble de Javier Lacalle.

En cualquier caso el colectivo “Viernes Negro” de Burgos será a buen seguro uno de los primeros en España en realizar la prueba del algodón a la famosa y mediática Ley.