Desde el pasado 22 de noviembre, la
inmensa mayoría de los ciudadanos españoles tenemos un derecho fundamental
menos en nuestro haber: Para poder ejercer nuestro derecho de defensa ante la
Administración de Justicia tendremos que abonar una Tasa al Estado. Gallardón, que tan “moderado” parecía
cuando estaba en la oposición, ha sacado a relucir su verdadero yo, dictando
leyes absolutamente aberrantes, como esta. Pero ¿Qué supone en la práctica esta Ley de
Tasas Judiciales?:
1.- Que para resolver la inmensa mayoría
de las cuestiones en materia civil, contencioso-administrativo o social, antes
de litigar hay que pagar una tasa. Si no la pagas, archivarán el asunto por no
cumplir con los requisitos legalmente exigidos para poder interponer una
demanda.
2.- Que sólo están exentos de pagar los
que tengan derecho a la asistencia jurídica gratuita, es decir, los que
anualmente cobren menos de 14.910 euros.
3.- Por poner un ejemplo: para recurrir
una multa de tráfico en la que se imponga una sanción de 300 euros (que con el
descuento correspondiente se quedaría en 150 €) y la retirada de 2 puntos del
carnet de conducir el justiciable tendrá que abonar 200 euros en tasas y
esperar a que la Justicia le dé la razón. ¿¿¿¿¿¿¿cómo vas a pagar 200 euros de
tasa si lo que vas a reclamar son 150 €??????? No cabe en ninguna cabeza
humana…
Resulta evidente que es un atentado más
hacia la clase media, la trabajadora, porque al que tiene muy poco no le afecta
–ya hemos explicado que está exento- y al que tiene mucho, el tener que pagar
no será un impedimento para solicitar a los Jueces que impartan Justicia.
Es una Ley a todas luces
inconstitucional, para empezar porque nuestra Carta Magna, en su artículo 24
recoge: Todas las personas tiene derecho
a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus
derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse
indefensión. Desde el mismo momento en que para obtener la tutela judicial
efectiva hay que pagar, ya se está limitando el acceso a la misma, dejándonos indefensos.
Por primera vez un Gobierno ha
conseguido poner de acuerdo a las distintas asociaciones de Jueces, al Ministerio
Fiscal, a los funcionarios que trabajan en la Administración de Justicia, a los
diversos Colegios de Abogados de España…, esto es, a todos los operadores jurídicos
que intervienen en el entramado judicial para decir NO A LAS TASAS de forma unánime,
mediante concentraciones, recogidas de firmas o anuncios de huelgas si no se
retira la Ley.
Podría esto hacer reflexionar un poco al
iluminado que ha promulgado la norma jurídica. Quizás debiera plantearse que se
está equivocando de medio a medio y echar marcha atrás antes de que el tercer
poder del Estado se le subleve de verdad...
Al parecer la reforma de la Justicia del
PP no termina aquí, ya ha anunciado una reforma integral, sin que termine de
explicar en qué va a consistir. Sólo como anticipo de su “gran idea” esta
semana conocíamos que quiere privatizar los Registros Civiles -entes adscritos
hasta ahora a un Juzgado- Hoy por hoy, el
acceso a sus servicios es gratuito para el ciudadano (pedir un certificado de
nacimiento o defunción, tramitar un matrimonio…), ya que se financia con cargo
a los Presupuestos Generales del Estado y, por lo tanto, con cargo a nuestros
impuestos. Con la nueva regulación, parece que todos estos trámites van a tener
un coste adicional para el ciudadano (otro más, primero el copago sanitario,
ahora el copago judicial y en breve el copago educativo…).
Como parece que este atropello a la
Justicia Pública no tiene fin, seguiremos alerta para contarles la segunda, o
incluso la tercera parte de este cuento de terror ¿Quién sabe?…,
Cecilia B. Violeta
- Porque no me gusta un sistema en el que examinamos de forma común a todos los alumnos para quedar bien en estudios internacionales que después se interpretan de forma sesgada y cuyos datos se falsean impunemente, pero después cada universidad tendrá libertad para hacer sus propios exámenes de ingreso.
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