La Ley Mordaza amenaza los derechos humanos

Concentración en la ciudad de Burgos frente a la Subdelegación del Gobierno

Por Burgos Dijital

Como si de un cortejo fúnebre por los derechos humanos se tratara, con velas encendidas y ambiente de despedida, se han producido concentraciones en diferentes ciudades del Estado en contra de la aprobación en el pleno del Congreso de la Ley de Seguridad Ciudadana o Ley Mordaza.
 El plazo de presentación de enmiendas parciales a la Reforma de esta Ley se ha cerrado, un período que solo ha durado una semana, mucha prisa tiene este gobierno en sacar a la luz y publicar su Ley Mordaza, que nos retrotrae al franquismo, cuyo texto se vota mañana jueves día 11 de diciembre en el Congreso y pasará al Senado, con esta velocidad en un mes aproximadamente entraría en vigor.
La Ley Mordaza amenaza los Derechos Humanos, y son muchas las voces que exigen a la Comisión de Interior que defienda el derecho a la protesta porque  no "existe un problema de seguridad ciudadana ni razones objetivas que justifiquen el aumento de infracciones o el endurecimiento de las sanciones", como afirma Amnistía Internacional.

Algunas aspectos acerca de la aprobación de esta Ley:

- Se limita cuando no, se prohíbe, la grabación y difusión de imágenes de las Fuerzas de Seguridad del Estado, lo cual podrá ser sancionado hasta con 30.000 euros de multa, dificultando por tanto la defensa de los ciudadanos a la hora de documentar abusos policiales.

- Se podrán considerar infracciones (lo cual atenta contra el ejercicio de los derechos amparados en la Constitución como la libertad de expresión, libertad de reunión e información) , aquellas manifestaciones pacíficas en las proximidades del Congreso, el Senado u otras sedes legislativas de las Comunidades Autónomas.  Tratar de parar un deshaucio será sanción. Ocupar una sucursal bancaria o acudir a una actividad en un Centro Social Recuperado pueden conllevar multas de 100 a 600 euros.

Se trasladan las faltas del ámbito penal al administrativo, lo que antes hacía un juez conocedor de las Leyes y que siempre parte del principio de inocencia de la persona, ahora lo tramitaría la Administración. 

La Ley deja mucho margen a la interpretación con lo que podrían aumentar actuaciones policiales de forma arbitraria, limitando la circulación, reunión y manifestación y hasta realizar registros corporales e incluso violar un domicilio privado si consideran que así se garantiza la seguridad ciudadana.

Esta Ley, por el afán privatizador de este Gobierno, lleva también a la equiparación del personal de seguridad privada al público, se abre también la puerta a la privatización del personal de instituciones penitenciarias.

Una vez más se atornilla a la ciudadanía pretendiendo que esté callada y sumisa.

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No es una ley, es una venganza. 
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