Aproximación a la situación de los comedores escolares en Castilla y León

Por Burgos Dijital

Los cambios en la normativa de los comedores escolares han favorecido que actualmente este servicio esté externalizado y sean subcontratados por empresas de restauración colectiva, formando así parte de la privatización generalizada que se está llevando a cabo en el sector público.

Las empresas que pueden optar a este tipo de concursos son grandes empresas de restauración, ya que su adjudicación conlleva la gestión de varios centros educativos de la provincia, aspecto inviable para una pequeña empresa. De manera que estos concursos favorecen más la oligarquía en este sector -uno más entre tantos otros.-  Concretamente en Burgos la concesión se ha hecho a IGMO S.L, que al menos era una empresa local, adquirida en 2013 por AUSOLAN, cuarta empresa en el ranking del sector de la restauración colectiva a nivel nacional, de origen vasco.

Estas empresas ofrecen dos tipos de servicios, según centros. Por un lado, en cada vez menos centros existe cocina propia atendida por cocinero/cocinera, personal de la Junta de Castilla y León, que cada día prepara la comida para los niños y niñas, encargándose la   empresa de comedores colectivos del diseño de menús así como del abastecimiento. Sin embargo este sistema se está sustituyendo por un nuevo sistema de gestión de los comedores escolares basado en un servicio de catering frío. En este caso, los menús una vez elaborados en cocinas industriales se someten a un enfriamiento rápido, se envasan en barquetas y se transportan a los centros escolares donde se procede a un calentamiento o reconstitución, en su caso. En este sistema industrializado y de producción en cadena, los menús se preparan y congelan para tres días o incluso para quince, como se viene realizando ya en algunos colegios de la comunidad.

Las distintas asociaciones de madres y padres de los colegios de la capital y la provincia están realizando distintas actividades para manifestar su desacuerdo con esta medida que ha tomado la Junta de Castilla y León, preocupados porque el paso de una cocina propia a una cocina industrial situada a cientos de kilómetros del centro suponga un deterioro en la calidad de la alimentación de sus hijos e hijas. Los escolares, de este modo, apenas comen comida fresca y recién hecha, algo que debería ser prioritario en la alimentación de todas las personas, pero en especial en el caso de los niños, que se encuentran en plena fase de desarrollo.

Los comedores escolares son algo más que un comedor, son lugares de encuentro, educativos,  y de transmisión de valores nutricionales, sociales y ambientales.

En el ámbito laboral y de desarrollo local, el traslado del lugar de elaboración de la comida fuera del centro conlleva  la desaparición de las cocinas en los colegios, lo cual supone la desaparición también de al menos un puesto de trabajo en cada centro educativo (generalmente personal laboral de la Junta). Pero esto no se queda aquí, ya que estas grandes empresas, por motivos de disminución de costes, compran la materia prima para elaborar los menús a miles de kilómetros de los comedores escolares a grandes proveedores, dejando de comprar la carne, la fruta, el pan... a los proveedores locales, lo que repercute de manera directa en el tejido rural, con el perjuicio que esto supone para el ámbito rural, cada vez más depauperado, ignorado y expoliado.

La administración entra aquí en una contradicción. Pon un lado parece apoyar al pequeño y mediano productor rural colaborando con marcas de garantía como Lechuga de Medina o Cerezas y Manzanas del Valle de las Caderechas o llevando a cabo campañas como “Tierra de sabor”, señalando que esos productos constituyen una garantía de calidad. Por otro lado,  vemos como no prima la compra de productos locales de calidad, como se hace en otros sitios con clausulas de compra local. Las adjudicaciones  priorizan la oferta económica a otros aspectos como son la calidad y origen de los alimentos, el desarrollo local y el compromiso con el medio ambiente.

Para terminar, señalar que esta política de privatización a favor de las grandes empresas se  verá aún más ferozmente impulsada si se firma el TTIP, Tratado de Libre Comercio e Inversión entre la UE y EEUU negociado con secretismo, por todo lo que implica a nivel laboral, sanitario, ambiental o social. Para el tema que nos ocupa, el TTIP supondrá por un lado la irrevocabilidad de las privatizaciones y por otro la imposibilidad de introducir cláusulas de compra local en los contratos públicos. Esta coincidencia entre políticas locales y tratados internacionales no son causalidad sino reflejo de un modelo pensado y diseñado, en el que se priman intereses empresariales frente a las necesidades de los trabajadores usuarios de servicios públicos.

Recomendado:
¿Qué has comido hoy en el cole, cariño?