No quiero decir
con ello que crea que la iniciativa privada sea mala por sí misma y que la
educación deba de proporcionarse exclusivamente de forma pública (ése es otro
tema), sino que, como todo en la vida, está en función del: cómo, a costa de qué
y contado con quiénes. Ahí es donde precisamente más dudas me despierta la puesta
en marcha de una nueva universidad privada en Castilla y León –la cual sería la
quinta de esta naturaleza, frente a las cuatro públicas existentes- por muy
pionera que ésta sea en su metodología de enseñanza “On-Line”.
Todos
sabemos sobradamente la mala perspectiva que augura al sector educativo público,
con draconianos recortes ya en marcha y que impondrán el aumento de horas lectivas
de los docentes y del ratio de alumnos por aula para el próximo curso. De ellos
no está exenta la formación universitaria que, a partir de la aprobación
reciente del Decreto 14/2012, deja en manos de cada autonomía la capacidad de
aumentar los costes del crédito académico y de eliminar aquellas titulaciones
que no cuenten con un mínimo de matriculaciones, quedando pues a merced de los
intereses económicos cortoplacistas frente a criterios de visión y
responsabilidad social que debieran siempre de prevalecer.
Bajo este
nuevo rasero serán muchas las disciplinas en las universidades públicas de
Castilla y León que se verán afectadas, estimándose –según el criterio manejado
por el Ministerio de 50 alumnos matriculados- hasta en un tercio el número total
de titulaciones que podrían verse suprimidas, desapareciendo directamente o
concentrándose en centros específicos [1].
Si a ello le
sumamos el aumento garantizado de las tasas y la disminución acelerada de la
partida destinada a becas, el resultante es… un suculento y jugoso bocado para
las universidades privadas existentes y, qué decir, para la nueva institución “On-Line” quien –dado su carácter- requiere de costes empresariales menores y evita
al alumno los gastos de vivir fuera de casa para cursar los estudios que desea.
Sobre planes
premeditados de aprovechar el debilitamiento del sistema universitario público
–en mi opinión- debe de andar el asunto,
de lo contrario no resulta fácil de entender el apoyo incondicional a la
iniciativa que ha tenido de la Junta de Castilla y León, a pesar de contar
desde un principio con el informe negativo del Consejo de Universidades de la
región [2]. Del mismo modo que por
parte de los promotores de la iniciativa en utilizar para su propio beneficio
el nombre de la comunidad y suplantar la identidad de la universidad pública de
Burgos, debiendo de cambiar sus anteriores y sucesivas denominaciones –‘Universidad
Internacional de Castilla y León’ y, más tarde, ‘Universidad Privada
Internacional de Burgos’- por una definitiva y más impersonal: ‘Universidad
Internacional Isabel I de Castilla’.
El apoyo
recibido por esta institución privada no se limita únicamente a la Junta, sino
que ha contado también con la colaboración del Ayuntamiento de Burgos quien, a
expensas de aprobarse definitivamente en próximas fechas, tiene acordado la
cesión gratuita durante ¡20 años! de un edificio municipal de 1.500 m2 –en el
que se situó anteriormente el laboratorio municipal- para la ubicación allí de
la noble sede de esta institución privada virtual. Aunque a tenor de lo visto,
pareciera no ser tan virtual –digo yo- por el tamaño del inmueble, ni tan
privada por las inmejorables condiciones de ocupación conseguidas.
Por último,
otro aspecto a tener en cuenta es la naturaleza de los promotores del proyecto,
quienes constituyeron para ello la sociedad: ‘Campus Educativo de Castilla y León,
S.A.’. Detrás de este, también, controvertido y ambicioso nombre se encuentra
el portugués ‘Instituto Piaget’ que aporta el aval académico, junto con las
empresas burgalesas: ‘Lexeco Asesores’ y ‘Grupo SAIZ’.
Efectivamente… el ladrillo aparece de por medio y –como bien sabemos sobradamente a estas alturas en este país y particularmente en esta ciudad- no es el sector constructor el que destaque por tener sensibilidad social alguna en los fines que persigue, ni transparencia precisamente en los medios que utiliza. Recordemos para ello sólo la sanción impuesta al mismo ‘Grupo SAIZ’ por conducta fraudulenta en la adjudicación de obras públicas [3].
Efectivamente… el ladrillo aparece de por medio y –como bien sabemos sobradamente a estas alturas en este país y particularmente en esta ciudad- no es el sector constructor el que destaque por tener sensibilidad social alguna en los fines que persigue, ni transparencia precisamente en los medios que utiliza. Recordemos para ello sólo la sanción impuesta al mismo ‘Grupo SAIZ’ por conducta fraudulenta en la adjudicación de obras públicas [3].
Juzguen
ustedes mismos… puede que yo sea un mal pensado.
[1] "La barrera de 50 alumnos eliminaría en la Comunidad untercio de las carreras", ABC (30/04/2012).
[2] ”Los rectores rechazan la universidadprivada Unicyl, ya aprobada por la Junta”, Leonoticias.com (12/12/2010).
