Ayer, 24 de abril, comenzó en Valladolid la instrucción del juicio abierto contra algunos de los principales gestores de diversas empresas públicas de la Junta de Castilla y León tras la denuncia realizada por parte del Partido Castellano ( PCAS) a la Fiscalía General de Castilla y León.
Desde aquí hay que dar la
enhorabuena a la organización política por haber puesto el foco en
la gran cantidad de irregularidades encontradas tanto en la
adquisición de patrimonio como en la realización de diversos
contratos por parte del Consejo de Cuentas hace unos meses. Llama por
eso poderosamente la atención que tras la cantidad de denuncias
realizadas por diversas plataformas de empleados públicos al
Presidente de la Junta y al Procurador del Común, así como después
de múltiples informes demoledores del Consejo, la administración de
Justicia en esta comunidad no haya querido mover ficha hasta la
denuncia pública hecha por el partido castellanista, lo cual deja
bastante en evidencia lo que tantas veces hemos comprobado sobre la
falta de independencia de las fiscalías ante el poder político,
como antes de ayer sugería el Fiscal General del estado Torres
Dulce.
Este podría ser el primer intento
de apertura de un melón podrido que se ha convertido en un cáncer
para la independencia y objetividad de la administración autonómica
y que nos pasa también factura como contribuyentes y como
ciudadanos: Juan Vicente Herrera, ¿los castellanos y leoneses se preguntan
cómo se pueden asumir las casi ya inexistentes ayudas a la
dependencia, la enésima congelación de empleo público y
destrucción del existente, las eternas listas de espera sanitarias,
la emigración masiva de jóvenes por falta de futuro, la supresión
de gasto público en becas y en profesorado… con el pago entre
todos de una deuda de 400 millones de euros más sus criminales
intereses por culpa de la golfería de algunos cuantos ineptos o
estafadores nombrados por usted?.
La rueda ha echado a andar y
esperemos que llegue lejos y, sobre todo pase factura a quien tiene a
nuestra Comunidad como un cortijo. Así hace unos cuantos días,
concretamente el 18 de abril, la policía judicial visitó en Arroyo
de la Encomienda las dependencias del ADE, empresa pública dirigida
con gran acierto por el candidato a las elecciones europeas del PP y
Consejero de Economía Tomás Villanueva, que tiene entre sus haberes
la desaparición de las centenarias cajas de ahorro de esta
comunidad.
Parece ser que los agentes que allí
se presentaron, lejos de aprovechar la visita para tomar un almuerzo
dentro del edificio en una de las cafeterías más baratas de
Valladolid, acumularon pruebas y evidencias sobre las posibles
irregularidades en la compra del edificio así como de la compra y
posterior recalificación de terrenos rústicos que han acabado
formando parte de polígonos industriales en el ámbito rural.
Salta a la vista de manera muy
evidente el hecho de que tras hacerse público que la Junta a través
de otra empresa pública llamada Gesturcal fuera a pagar a las
empresas constructoras de la sede un alquiler durante 15 años de 76
millones de euros al año, el alquiler había pasado a ser compra y
los 76 millones x 15 se acabaran convirtiendo en tan sólo 52
millones.
O que la adquisición de terrenos
para Polígonos industriales se hiciera comprando a través de
empresas intermediarias por un valor de un 500 % mayor que el
inicial.
Así mismo el PCAS también ha hecho
referencia a muchos expedientes de contratación que pudieran haber
sido realizados de manera contraria a Derecho y ha considerado en su
denuncia que tras estas y otras irregularidades existen indicios de
administración desleal, tráfico de influencias, estafa,
malversación de caudales públicos y prevaricación.
El Fiscal ha apuntado por su parte
al Juez al que se ha dirigido una serie de contratos realizados para
diversos eventos que a juicio del Fiscal se troceaban para evitar la
licitación pública cuyo requisito es imprescindible cuando
sobrepasan los 18000 euros.
Los presuntos delincuentes imputados
y que ayer comenzaron a declarar son el Director General de Economía
Víctor Valverde Gómez, el Director General de Comercio Carlos
Teresa Heredia, el Director General de Trabajo Miguel Ángel Díez
Mediavilla, el Jefe de Servicio de Prevención de Riesgos Rafael
Llanos Berrocal, el Jefe de Servicio de Actuaciones Estratégicas
Comerciales, la Interventora Delegada Nuria García Prieto, el
Coordinador de Servicios José María Casas Inclán, la Jefa de
Servicio de Ordenación e Inspección Comercial, el Jefe de Servicio
de Análisis Económico Juan Carlos Gamazo Chillón, todos ellos
elegidos como Libre Designación.
Entre los contratos señalados por
el Fiscal destacamos:
- Dos contratos, por importe de 18.022,94 y 17.826,66 euros, cuyas facturas fueron expedidas por la misma empresa y periodos de tiempo sucesivos con el concepto idéntico de “Asesoramiento legal en materia de Cajas de Ahorros”. Dados los resultados en este caso, aunque no fuera delito, lo más decente en este caso es que se devolviera el dinero.
- Otro caso que llama la atención es el de 4 contratos que suman en total 55.308,57 euros que se gastaron para la organización del 12 Congreso de Economía de Castilla y León y que, a juicio de las cifras de decrecimiento del PIB en nuestra comunidad, también deberían de devolverlo porque lo más estimulante para nuestra economía hecho por Don Tomás han sido estos 55.000 € en la hostelería vallisoletana.
- Por último y para que escueza un poco más el sangrante despilfarro realizado por la Consejería de Economía a través de sus chiringuitos de 60.000 euros en la organización de una prestigiosa jornada de entrega de ¿¿premios escolares de Prevención de Riesgos Laborales??, de los que tan sólo se justificaron 45.694,40 euros. Desde aquí queremos pensar que la Junta tuvo a bien, ya que el tema tenía que ver con la política escolar, desviar 14.305,60 euros para aumentar la ya abultada bolsa de gasto desplegada para las becas escolares. En este caso, Don Tomás el pueblo te lo perdonará.
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