CHAVS. La demonización de la clase obrera.

Por Basilio El Bagauda 

“La locura de una sociedad organizada en torno a los intereses de plutócratas  se ha puesto de manifiesto por una crisis económica provocada por la codicia de los banqueros. La nueva política de clases sería un comienzo, al menos para construir un contrapeso a la hegemónica e incontestada  política de clase de los ricos. Quizá entonces sea posible otra vez una nueva sociedad basada en las necesidades de la gente, más que en el beneficio privado. La clase trabajadora se ha organizado en el pasado para defender sus intereses; ha exigido que se la escuche y arrancado concesiones de manos de los ricos y poderosos. Por mucho que se la ridiculice e ignore, volverá a hacerlo”.

De esta manera, el inglés Owen Jones termina a modo de optimista resumen su libro titulado “Chavs. La demonización de la clase obrera”.  En palabras del escritor, “Chavs” es un término peyorativo que hace referencia a la subcultura de la clase trabajadora inglesa, especialmente a jóvenes que llevan ropa deportiva de marca, bisutería llamativa, viven de las prestaciones y en viviendas sociales.

Su tesis recoge numerosos datos de fuentes fiables y contrastadas y numerosos ejemplos extraídos de los medios de comunicación británicos de prensa escrita y televisión. Con ellos el escritor trata de demostrar cómo ha existido y existe una intención premeditada de suprimir ideológicamente el concepto de “lucha de clases” para posteriormente denostar a una parte importante de la clase trabajadora como un parásito del sistema, un residuo que no ha querido ni ha sabido aprovecharse del crecimiento económico de la política tatcheriana y que ha vivido y vive “chupándole la sangre” al resto de contribuyentes que sí han conseguido un mejor estatus por sus méritos y su trabajo.

Owen Jones desmonta todo el aparataje ideológico neoliberal para enseñarnos las piezas que lo conforman, desenmarañando la red tejida con innumerables prejuicios y diseñada para incentivar el odio de clase, poniendo el foco en los medios como fabricantes de conciencias colectivas.

Fundamentalmente toca cuatro aspectos que explican el cambio cultural y social provocado y conducido por las élites conservadoras que, tras la devastadora destrucción de buena parte de los sindicatos, llevaron al laborismo a lo largo de los 80 a entrar en el mismo juego dejando de lado a las clases trabajadoras que se encontraron desarmadas y desalojadas del sistema político.

En primer lugar, explica cómo durante los últimos 30 años se ha producido una deliberada imagen distorsionada de comunidades de clase obrera a través de series de televisión donde se las caricaturizaba con múltiples estereotipos. Así mismo se presenta con mucha frecuencia en comedias histriónicas a jóvenes blancos sin trabajo, viviendo en viviendas sociales degradadas y llenos de vicios cuyo único futuro es esperar a la paga del subsidio mensual para cubrir la deuda adquirida realizando apuestas.

Por no hablar de las columnas de opinión en los grandes medios conservadores donde se aprovecha cualquier tipo de incidente en esas comunidades para colocar un discurso en el que las desigualdades sociales no existen ni son causa de esos incidentes, sino que son únicamente los individuos con sus comportamientos los que se merecen lo que tienen.

En segundo lugar, Owen Jones hace una descripción perfecta sobre la llegada al poder de Margaret Tatcher y sus principales actuaciones para cambiar completamente el sistema económico de Gran Bretaña acompañándolo de una verdadera contrarrevolución social sirviendo con su partido a los intereses exclusivos de las clases altas. Para ello desmonta por completo las industrias británicas más tradicionales y desregula el mercado laboral; debilita a los sindicatos aprovechando el empuje represivo contra las huelgas mineras; da un revolcón a la política de construcción de viviendas sociales liberalizando una buena parte de ellas para su venta convirtiendo el derecho en un producto de consumo y la segregación de las comunidades más tocadas por la crisis; y privatiza los más esenciales servicios públicos provocando graves desigualdades sociales. Hasta el punto de convertir a Gran Bretaña en el país europeo con mayor tasa de población por debajo del umbral de la pobreza, y en el núcleo ideológico conservador más duro de occidente.

A ello se añade, en tercer lugar, el destrozo de las opciones políticas de la clase obrera que siempre habían depositado su confianza en el Partido Laborista debido a la desaparición casi absoluta en él de miembros que hubieran salido de estas comunidades, el giro de 180 grados en el pensamiento político de la socialdemocracia que sólo se interesó por competir en el mismo campo de juego con los tories, y en basar buena parte de su argumentario en dos de las grandes mentiras del sistema en los últimos tiempos: la falsa meritocracia y el invento de la “clase media”. El primer concepto se basa en la existencia de oportunidades para todas las personas y en la absoluta creencia anglosajona de que Gran Bretaña premia a los trabajadores con la movilidad social. El ensayista critica este aparente positivo valor explicando que la gran desigualdad interclases provoca la impermeabilidad de ese supuesto flujo, ya que “los de arriba” bloquean a “los de abajo” esas posibilidades. Así mismo también desmonta el mito de la creación de la “clase media” que es, entre otras cosas para el autor, una parte de la clase trabajadora que ha mejorado su poder adquisitivo y que se reafirma a sí misma a través del distanciamiento con la clase obrera.

Por último, desgrana las consecuencias del odio de clase y de las humillaciones a los más desfavorecidos poniendo el foco en el resurgimiento de la extrema derecha de la mano del BNP (British National Party) y de la explosión inusitada de graves problemas raciales.

 

Propuestas transversales #15M

 Por http://www.lasociedadinversa.com/

Hace unos días, el Tesoro Público abrió el mercado de deuda pública a los minoristas, es decir, ha abierto la posibilidad de que los particulares adquieran deuda pública.

Nosotros ya apuntamos en junio del año pasado la necesidad de esta medida, que incluimos en un paquete de acciones que presentamos bajo el título de “Hacia un nuevo orden social”, y que trasladamos en su parte económica más sustancial a la Presidencia del Gobierno, según consta en la repuesta o acuse de recibo. Allí se decía:

“¿Qué solución tenemos? Es evidente que la solución pasa por cambiar esto, es decir, hacer que parte del más de billón y medio de euros en activos financieros, principalmente aquélla que está asignada a depósitos y fondos de inversión, vuelva a aplicarse de forma natural a la economía nacional… Crear el producto financiero que posibilite esta voluntad.”

De forma análoga se instó a alguna publicación a que se hiciera eco de este conjunto de medidas, se implicara y las promoviera, en un momento ciertamente dramático de la coyuntura económica, no encontrado este intento respuesta alguna, consciente, por otra parte, de la heterodoxia y la inutilidad del método elegido en uno y otro caso para elevar las propuestas.

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Foto de archivo Mayo de 2011

La medida tomada por el Tesoro no es desde luego tan ambiciosa como la que nosotros presentamos, y se queda en sus aspectos meramente economicistas, dejando a un lado la posibilidad de instrumentalizar un verdadero proceso de regeneración económica y la de crear un tejido financiero social paralelo del que pudiera nutrirse el sector productivo, en lo que verdaderamente se constituiría como el puente hacia un nuevo orden social o una forma de hacer cosas bien distintas, cosas tales como quitar parte de la relevancia y capacidad de dominación a los mercados o hacer —cuando menos— una declaración explícita de esa intencionalidad.

La cuestión ahora podría ser saber por qué no se hizo en su momento —al margen de la ortodoxia y de la fuente— un estudio y un uso útil y considerado de las propuestas. Esto es, cuando se mandó tal escrito, ¿se leyó?, ¿se leyó y se desconsideró directamente?, ¿quién lo leyó?, ¿qué ventajas se hubieran derivado en ese momento? Y lo más importante, ¿acaso nos sobran las propuestas?

Estas mismas cuestiones son las que se pueden plantear con los desahucios. Hemos tratado de aportar las soluciones que a todas luces no aportan las partes. De un lado parece quedarse en meras cuestiones técnicas y de otro, el de la ILP, en soluciones casi incoherentes y casi imposibles: ¿cómo se espera que un desahuciado en paro pueda pagar un alquiler social?, ¿sobre qué base salarial se fija el 30%? Además de esto, si una barbaridad es —desde el punto de vista de la equidad comercial— que el deudor pierda el inmueble y mantenga la deuda, también lo es que pueda intercambiar una por otra, es decir, que se pueda devolver (y se haga de forma sistemática) el artículo adquirido sin más. Es una barbaridad desde el punto de vista del interés del banco (que se queda con un artículo que ya vendió) y lo es, sobre todo, desde el punto de vista del usuario que no sólo da el inmueble como pago de la deuda sino la parte de capital amortizado.

A modo de ejemplo, por un préstamo de 200.000 euros, pagar la casa de 240.000 euros y 80.000 euros de préstamo liquidado y seguir debiendo el préstamo, es una fechoría, pero no seguir debiendo el préstamo (eso es la dación) no parece tampoco una propuesta ambiciosa para el usuario, puesto que está dando un inmueble (que posiblemente valga más de los 240.000 euros) por un préstamo de 200.000 (disminuido en el capital amortizado por los 80.000), en tanto que el banco ha recuperado ese capital amortizado y tiene un inmueble, pero no tiene el resto de capital, que es lo que verdaderamente le interesa.

Es decir, que las soluciones no sólo se presentan como imposibles e incoherentes, sino, dadas las condiciones de partida de la actual legislación —y aunque aparentemente no lo parezca—, como poco ambiciosas, justas y útiles.

Las soluciones tienen que ser útiles y posibles, y válidas para otros escenarios y para la generalización de los mismos. Nuestra propuesta está planteada ya: la única forma de no dar lugar a un caos (o un abandono) sistémico es establecer una moratoria tutelada y avalada por el Estado para aquellos casos de endeudamiento sobrevenido, en la que éste alcanzaría un grado de titularidad temporal (copropiedad) sobre el inmueble.

Foto de archivo Mayo de 2011

La cosa es sencilla: el banco no pierde su cota de ingresos por impagos (se pone fin a la morosidad y al colapso económico), el deudor lo empieza a ser sobre el Estado con el que establece una forma de copago de la cuota hipotecaria en función de las posibilidades económicas (mejor es deberle al Estado por cesión de titularidad de la propiedad que perderla totalmente y pagar por un arrendamiento totalmente estéril para las partes), el Estado alcanza una co-titularidad de la propiedad sobre la que hará finalmente cesión si cambia la situación económica del propietario inicial o que mantendrá —si no se da este caso—, perpetuándose en esa forma de arrendamiento social, pudiendo llegar a ser propietario único al retrotraer el arrendamiento de la parte de propiedad del usuario.

Mucho mejor es esto que todo lo propuesto, incluida la medida aprobada por la Junta de Andalucía, por la que se demora durante tres años el fatídico final, en tanto que durante ese periodo se establece un vínculo innecesario, improductivo o incluso perjudicial para las partes, no aplicable a demasiados casos (se estima que sólo al 3% de los desahucios) y no demasiado ventajoso económicamente hablando, lo que implica poco impacto económico, subvencionable en el mercado libre mediante otras disposiciones. También a modo de ejemplo, para un justiprecio de 240.000 euros, regulado por la ley de expropiación, la Junta tendría que abonar 4800 euros al año (el 2%), de los cuales, para el ingreso familiar superior admitido por el propio Decreto-ley, de 1626 euros, el usuario podría tener que abonar la totalidad (400 euros al mes), mientras que otros ingresos familiares superiores no pueden acogerse, sea cual sea la relación hipoteca/ingresos y sea cual sea el decremento de ingresos en puntos porcentuales (y, consecuentemente, el endeudamiento sobrevenido), como tampoco pueden acogerse otros casos o circunstancias de endeudamiento por no estar contemplados en la ley, que dan lugar igualmente todos ellos a casos de exclusión social (el otro 97% de los casos).

Además, no se entiende que el proceso de expropiación no sea reversible, no en el sentido de dar término a la ocupación en caso de que varíen las circunstancias de la persona beneficiaria, tal como indica el Decreto, sino en el sentido de recuperar la propia vivienda. Es decir, no se entiende que el tiempo de demora y la posible variación de las condiciones no repercutan en lo que aquí se presenta como fundamental y originario, que es la perdida de la vivienda, y que, por tanto, el proceso de expropiación no se anticipe, por un plus en la contribución, al de desahucio, sin lo cual, dicha expropiación sólo tiene de expropiación el nombre, y deja de serla para ser una mera gestión inmobiliaria.

En cambio, mediante nuestra fórmula, el Estado, una vez negociada el nuevo precio de la propiedad y de las cuotas, así como la parte de capital ya inyectado asociable a esta partida, establecería una forma de leasing, que además de presentar las ventajas descritas tiene otras añadidas, como la de hacerse de un parque de viviendas que viene muy bien para cambiar la política de la vivienda en España, facilitando la movilidad geográfica (lo que se presenta como una ventaja derivada es en realidad un bien en sí mismo de cara al mercado laboral y a la promoción profesional) etc. o estimular el consumo (el propio de la ocupación de las viviendas).

La financiación del Estado, caso de ser necesaria, puede venir por una emisión especial de la deuda anteriormente descrita, esto es, por una emisión de deuda pensada no sólo por criterios económicos sino funcionales. Volvemos a lo que ya dijimos: es muy diferente una deuda pública sin una funcionalidad clara a otra aplicada a esta forma de socorro o plan social, con la vivienda como bien tangible e inversión final. En este caso, simplemente con 1000 millones de euros se daría cobertura a todos los casos de desahucio, incluso los ya aplicados, porque ese dinero de deuda pública solidaria cubriría 50.000 casos durante dos años. ¿Dónde está el plan? El plan está en que muchos de esos desahucios lo son por unas cuotas, por un problema puntual, es decir por un endeudamiento, aunque sobrevenido, no sistémico. El plan está en que muchos de esos casos no necesitarían la aportación de toda la cuota. El plan está en que seguramente no serían los mismos 50.000 durante esos dos años, porque muchos de ellos saldrían de la bolsa permitiendo que entren otros.  El plan está en que esos que salen no sólo reanudarían sus aportaciones sino las correspondientes al periodo en las que han estado usando esta cobertura. El plan está en que muchos de estos desahucios u otros pueden estar asociados al capital ya inyectado, por lo que no tendrían un nuevo coste. De todo ello se desprende que con ese capital podría dar cobertura al doble o el tripe de expedientes. El plan está, finalmente, en que se puede mover con poco dinero un volante de inercia grande de este problema, y emparejadamente de toda la economía doméstica que lleva asociada.

Quiero hacer finalmente un resumen de la propuesta de COPAGO HIPOTECARIO.

A- Proponemos establecer una fórmula de leasing y propiedad múltiple entre los titulares de las viviendas afectas por un expediente de desahucio y el Estado.

B- Mediante esta fórmula el usuario pagará la parte de la cuota de la hipoteca a la que pueda hacer frente (que puede ser nula), en tanto que el Estado hará frente al resto (copago hipotecario).

C- Como consecuencia, se alcanzará una copropiedad del inmueble que se irá resolviendo hacia la propiedad final de una de las partes en virtud de las circunstancias.       

            Según las circunstancias aludidas, podría ocurrir:

* Que el titular inicial recuperara la posibilidad de normalizar su situación, haciéndose nuevamente cargo de toda la cuota, así como de reintegrar todas las aportaciones realizadas por el Estado, con lo volvería a ser el único futuro propietario.

* Que el titular inicial no recupere la posibilidad de normalizar su situación. En este caso se seguiría aplicando la fórmula de copago hasta llegar al total del valor de la propiedad o pago de la hipoteca. A partir de aquí, podrán darse dos casos, en función de la capacidad económica del titular inicial y del reparto de propiedad alcanzado hasta ese momento:

1º El titular inicial de la hipoteca sigue pagando cuotas, en este caso al Estado, que estará conceptuado como pago en alquiler por la parte de propiedad del Estado y, según el caso, como recompra.

2º El titular inicial de la hipoteca sigue sin pagar cuotas o hacerlo en la cantidad suficiente, en cuyo caso, el alquiler de la parte que el Estado tiene en propiedad será retrotraída de la propiedad del titular inicial, pudiendo llegarse a la perdida total de la propiedad en beneficio del Estado.

D- El Estado hará uso de emisiones especiales del Tesoro Público orientado a minoristas para hacer frente a las partidas económicas que necesite, así como de la conceptualización para este fin de otras partidas económicas inyectadas ya a las entidades bancarias en régimen de ayudas.

Vemos que, en efecto, este método permite al usuario inicial recuperar la propiedad, con lo que al Estado no le costaría nada y, en el peor de los casos, pone freno a la exclusión social de una forma casi gratuita porque es el propio usuario el que paga su inclusión con la parte del inmueble que tiene originariamente en propiedad (mucho mejor esto a que se pierda en subastas y ejecuciones).

Ahora depende del gobierno, o de lo que cada uno de nosotros podamos entender, hacer y difundir.

Ecologistas en Acción: sobre el Bulevar de la calle Vitoria

Ecologistas en Acción de Burgos rechaza las obras del aparcamiento y Bulevar de la Calle Vitoria

El proyecto no está previsto en el actual Plan General de Ordenación Urbana y supone un gasto desorbitado.

Ecologistas en Acción de Burgos ha presentado alegaciones en el período de información pública del anteproyecto de obra del aparcamiento y bulevar de la Calle Vitoria solicitando que no se ejecute. Con la justificación de “devolver la calle a los vecinos”  y de dotar de plazas de aparcamiento al Barrio de Gamonal se presenta un proyecto con un presupuesto de 18 millones de euros con un “carácter especial que identifique y unifique la nueva zona del Bulevar”.

El anteproyecto de obras, afecta al tramo de la Calle Vitoria desde el inicio de la Calle Juan Ramón Jiménez hasta su confluencia con la Avda. de la Constitución.  En primer lugar, el anteproyecto no se ajusta al planeamiento de ordenación vigente, que no prevé ninguna de las infraestructuras que contempla; el proyecto no se ajusta a las condiciones del concurso inicial, lo que debería retrotraer las actuaciones al momento del concurso y no hay una garantía de que los residentes estén dispuestos a utilizar esas plazas de garaje.  Por si esto fuera poco, se adjudica el mantenimiento de la calle a la empresa adjudicataria: una nueva fórmula de privatización de una calle de todas las personas.

Pero lo más incoherente de todo es destinar un presupuesto de 18 millones de euros a realizar demoliciones, movimientos de tierras, firmes y pavimentos cuando en la actualidad no hay presupuesto para realizar muchas obras que hacen falta de manera urgente en la ciudad: pintado, iluminación y elevación de pasos de cebra, señalización de velocidad máxima a 30 km/h, instalación de aparca-bicis, mejora de los accesos peatonales al Hospital Universitario…

Sin duda la restricción del tráfico en la Calle Vitoria mejoraría la calidad de vida de las personas al reducir los niveles de ruido y contaminación e incrementarse la seguridad de esta vía. Sin embargo hay otras herramientas alternativas más económicas de regeneración urbana que pueden reutilizar lo que ya está hecho y da servicio sin necesidad de realizar todo obra nueva. Aunque ya sabemos que la obra nueva siempre es mejor negocio para los constructores.

La memoria del proyecto incluye un aparcamiento disuasorio de 537 plazas y un aparcamiento en la Calle Vitoria de 246. A éstos habría que añadir los aparcamientos que contempla el Plan Director de Gamonal-Capiscol en la Plaza San Bruno y en Lavaderos, a nuestro juicio sin una garantía de que se vayan a adquirir y con la sospecha de que alimentará la especulación.  El proyecto calcula que en tres años se habrán vendido y alquilado la totalidad de las plazas a un precio de 17000 euros (más IVA), aunque no tiene en cuenta que los datos  del incremento del paro, la pérdida de masa salarial y la subida del precio de los combustibles modifica las prioridades de las personas.

Capitalismo o Democracia

Foto de archivo 19-05-2011

Merkel, Draghi, Berlusconi, Bersani, Sarkozy, Hollande. Rajoy, Rubalcaba, Aznar, González, Mas, Camps, Bárcenas, Urdangarín, Blanco, Matas, Rato, Botín. Herrera, López. Aparicio, La Calle, Ibáñez, Braceras, Escribano… No son más que productos de la misma época, del mismo sistema que elige a los “mejores”, a los “más dotados” para decidir los designios de aquellos a los que representan, o a los que dicen que representan. Y es por ello que estamos como estamos…

Esta crisis sistémica, como ya se ha dicho en tantos foros, no es más que el anuncio de una muerte anunciada. De la misma manera que un ser vivo enferma y muere cuando introduce en sus circuitos vitales el tráfico de sustancias venenosas para sí mismo, el sistema de convivencia que nos dimos a nosotros mismos como sociedad se catapulta al fin de su existencia. Si una condición física o química resulta incompatible con la vida, es lógico pensar que un valor, o varios, incompatible con un  sistema puedan acabar con él, o al menos se contemple como un peligro crítico.

Me explico. Cualquiera que tenga un mínimo de memoria, se acordará de la cantidad de recompensas y castigos que recibía cuando era niño tanto en casa como en el colegio por aquellas cosas que los adultos, padres y profesores, consideraban que habíamos hecho de manera correcta o incorrecta. En el fondo no se trataba más que de moldear nuestro comportamiento para que la sociedad nos viera como alguien en quien confiar, ya que la confianza, valor opuesto al miedo, es uno de los principales pilares en los que se basa todo colectivo para poder vivir.

Siempre se oponía la Verdad frente a la Mentira, la Solidaridad frente el Egoísmo, la Cooperación frente al Individualismo, la Generosidad frente a la Avaricia, la Tranquilidad frente a la Ira, la Trasparencia frente a la Opacidad. Toda esta contraposición de valores se convertía en parte del acervo cultural y de nuestra enseñanza cotidiana, sin que apenas nos diéramos cuenta.

Foto de archivo

Luego, más tarde, a medida que nos hacíamos mayores íbamos experimentando que para adaptarnos a nuestro sistema socioeconómico debíamos percibir esos valores como algo a lo que aspirar, pero prescindibles en tanto en cuanto resultaran una molestia para conseguir aquello a lo que uno aspirara: en todas las ocasiones, el individuo por encima de la sociedad. O como se atrevió a aventurar Margaret Tatcher: “la sociedad no existe”.

Y en esas estuvimos. Mientras intuíamos el camino correcto, elegimos el único que nos permitieron, y de esta manera el capitalismo imperante en los 80 nos llevó al paraíso. Difícil no lo tenía: a un lado el socialismo soviético en plena descomposición y con un sinfín de errores y horrores que serían explotados y difundidos hasta la extenuación por sus enemigos, y al otro un mundo donde todo podía ser posible si te esforzabas, un mundo donde las libertades y el ascenso social eran las principales recompensas.

Pero nos engañaron al hacernos creer que todas nuestras ilusiones y nuestros deseos pasaban por la asunción indiscutible de nuestra convivencia en el libre mercado, y de éste como única fuente inspiradora de los sistemas democráticos.

Nada más lejos de la realidad, ya que sobre el terreno cualquiera comprueba cómo es en el libre mercado donde se produce la necesidad de instrumentalizar al resto de los sujetos sociales para extraer el máximo beneficio propio, de vulnerar su dignidad. Y es aquí donde nuestro sistema de convivencia, sin que quizás nos diéramos cuenta, comenzaba a hacer aguas. Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos “Dignidad” quiere decir “valor en igualdad, sin condiciones e inalienable, que poseen todos los seres humanos”. Y como reflexiona Felber “del idéntico valor de todos los hombres proviene nuestra igualdad en el sentido de que en una democracia todas las personas deben disfrutar de la misma libertad, derechos y oportunidades.(…) La dignidad humana es la premisa para la libertad.”   

    

Por lo tanto sin dignidad no hay igualdad de oportunidades, y sin ésta la libertad no sirve más que para elegir entre Iberdrola o Gas Natural…

Foto de archivo

Una de las principales razones por la cual los ciudadanos que llegan a gobernar nuestras vidas, o al menos a influir en ellas, son como son, se debe al sistema de valores que realmente nos es inoculado desde los “tanques de pensamiento” capitalistas: sociópatas educados en la obediencia y el rendimiento, cuyos valores principales son la competencia, la ambición por el beneficio y la obsesión por el ascenso social… Todos ellos, ansiosos por el miedo y la desconfianza, mueven sus hilos con el único fin del dominio. Capaces de todo por alcanzar la cúspide de la pirámide del poder, cual sacerdote supremo en un zigurat sumerio. Esta es la raíz de la corrupción que ataca directamente la línea de flotación de nuestras democracias, y a su vez es la causa de la miseria económica de un sinfín de ciudadanos que merecen tanto respeto, o más, que otros ciudadanos que nos están llevando a la miseria moral.

Resulta evidente que el sistema político y económico que nos hemos dado para convivir es obsoleto y prescindible. Ya no sirve, si es que sirvió alguna vez, para colmar las ilusiones de la mayoría. Y es por ello que se hace necesario un nuevo paradigma en las relaciones de poder y un revolcón radical en las personas y organizaciones que lideren ese cambio.

Nuestros valores morales, los que nos enseñaron de niños, junto a la declaración universal de los derechos humanos deben de prevalecer sobre cualquier argumento de crecimiento económico. Se debe de desligar la política de la economía, anteponiendo la primera, ya que es ésta en la que más influyen los ciudadanos, sobre la segunda. Se deben de limitar las desigualdades imponiendo límites sobre la propiedad privada, ya que las élites económicas están en contradicción con una sociedad realmente democrática. Se debe de incentivar la verdadera responsabilidad social en las empresas para que estas incorporen valores positivos relacionados con la dignidad humana y con la defensa del medio ambiente. Y por último se debe de impulsar la participación ciudadana destruyendo la organización piramidal en la toma de decisiones y el control democrático permanente sobre las acciones ejecutivas.

¿Quién quiere ser poderoso cuando se puede ser feliz?

El agua de Burgos, ¿será finalmente sacrificado en el altar de la incompetencia de la gestión de Lacalle?

Afirmar que la caja de caudales del Ayuntamiento de Burgos recuerda a la patena del párroco de Las Quintanillas, es algo que casi todo el mundo sabe o imagina, a tenor de las decisiones que se vienen tomando. Partiendo por tanto del hecho de que estamos sin blanca y que las reiteradas subidas de impuestos y tasas son a todas luces insuficientes, añadiendo que el Clan Baeza (así denominamos al equipo de cachorros de Lacalle, incluido él mismo) parece que tiene que devolver los “préstamos” realizados previamente a la campaña electoral por algunas constructoras, se antoja evidente la necesidad de rascar “ande sea”. Y si los burgaleses tenemos que pasar sed...pues para eso hemos votado a una Corporación Municipal, cuyo mayor mérito ha sido el aplaudir, despellejándose las manos eso sí, a sus mayores en el banquillo pepero. Es vox populi, que carecen de experiencia laboral,....excepto la gestión de un municipio que se acerca a los doscientos mil habitantes... ¿no se les queda grande a esta pandilla de becarios añosos? ¿qué pecado hemos cometido los burgaleses para merecer este castigo cuasi divino?

Imagino que los aventurados lectores querrán materiales nuevos y no afirmaciones que son comunes y resabidas en los cuatro cantones de la Burgatti. Disculpen mis disgresiones. El agua, que según aprenden todos los escolares es la base de la vida, como también que somos en un noventa por ciento agua. Pues bien, la depredadora ideología privatizadora y las extremas necesidades de nuestro Consistorio hace tiempo que han puesto los ojos sobre este bien tan preciado, y especialmente en Burogos, donde la calidad del agua ha favorecido la instalación de empresas señeras. Debemos recordar que hubo intentos previos, como el propuesto en el 2004 por la entonces concejala Cristina Ayala, que fueron abortados por la patronal empresarial, ya que suponían un importante aumento del coste: imagínense a la cervecera San Miguel, por poner un ejemplo, ¡a qué precio le iba a salir la producción de cervezas!

Sin embargo, en estos momentos, ahogado en su propia ambición y miseria, el señor Lacalle, necesita vender. El primer paso fue transformar el Servicio Municipalizado de Aguas en Empresa Municipal, siendo el Ayuntamiento el propietario del 100% de las acciones. Aunque esta maniobra se realizó para enmendar una irregularidad¹, no cabe duda que albergaba otras intenciones...

Y claro está, una empresa se puede vender....la oferta parece que está sobre la mesa. A falta de transparencia de los que saben no nos queda más remedio que apuntar a la rumorología más fiable, y esta sugiere que la oferta sólo abarca al 49% de las acciones. Las empresas dedicadas a la gestión del agua observan atentamente los movimientos, es un mercado cautivo tremendamente rentable. Otra rumorología más peregrina apunta a que el propio Méndez Pozo, no sólo impulsa esta operación para que la liquidez del Hay Untamiento le permita a él ganar dinero en las obras que promueve², si no que podría estar interesado en la compra, para así controlar el agua que beben sus súbditos, después de leer en su periódico, vivir en sus casas, y ser atendidos en su hospital con peaje en la sombra. Lo cierto es que cualquier suspiro bajo los Soportales de Antón lleva su melodía y no siempre es certera, pero... ahí queda eso, porque tampoco es del todo descabellado.

¡Ay! ¡Que no nos sale novio para moza tan aseada! Por el momento no parecen surgir compradores demasiado interesados, y es que parece que el precio, -según dicen-, es elevado, y a las empresas del ramo les interesa el control, o sea, el 51% por lo menos. Esa podría ser la razón por la que no termina de cerrarse la operación.

Por otro lado, no deja de sorprender el funcionamiento del “Servicio de Aguas”, de este emirato casi independiente cuyo Emir: José Carracedo³ fue jubilado por obligación tras haber reinado más de cuarenta años. A pesar de que en el Servicio de Aguas se ha entrado a dedo y los cargos de responsabilidad responden a favores y redes clientelares al más puro estilo de “La Familia”, tenemos que reconocer que durante años se ha consolidado una red de suministro completa y de gran calidad, que incluye todo el proceso desde la toma de agua en Arlanzón, hasta la depuradora de Villalonquéjar. Estas infraestructuras en prefectísimo estado, sostenidas por las cuadrillas de mantenimiento suponen una golosina para cualquier empresa del sector, que se ahorraría tremendas inversiones durante años. Recordemos que está pendiente de asignar la ampliación de la nueva depuradora (EDAR), sobre la cual el Ayuntamiento tiene que hacerse cargo de un 30% (El otro 70%, el Estado a través de la Sociedad Acuanorte)

Por tanto, ¿conviene a la ciudad vender unas instalaciones y un producto, como el agua, de uso diario y cuya compra no puede realizarse en un mercado competitivo? Conocemos algunas de las consecuencias inmediatas para los ciudadanos: seguro y significativo incremento del precio, para que la empresa propietaria garantice sus beneficios, en régimen monopolista. En la actualidad esto es imposible dado que se trata de una compañía pública, todos los ingresos deben ser reinvertidos, por ello, las instalaciones presumen de un mantenimiento de gran calidad, envidia de otras ciudades.

La segunda consecuencia, más gravosa a largo plazo, supondría el lento deterioro de la red de distribución, dado que sólo se repondría lo estrictamente necesario, en una lógica de beneficios empresariales puros y duros. La empresa adjudicataria tendrá muy pocos estímulos para mejorar el servicio e invertir en un sector que domina absolutamente y en el que no es posible la competencia. Los mecanismos de control públicos podrían no ser suficientes.

Entiendo con meridiana claridad, que para los burgaleses sería un error deshacernos de tan preciado patrimonio: nuestro agua y su distribución.

Sin embargo, se pueden ofrecer algunas sugerencias para, salvaguardando la propiedad municipal, pueda revertir algunos beneficios en el Ayuntamiento. Partimos de que todo lo que ingresa la Empresa Municipal de Aguas tiene que ser reinvertido en la conservación y mejora de las instalaciones. Pero, lo cierto es que todos los espacios en los que se desarrolla su actividad son propiedad del Ayuntamiento: almacenes, oficinas y demás. ¿sería posible establecer un canon para abonar el coste de este alquiler de la empresa Municipal a su accionista y propietario? Esta u otras vías, podrían ser exploradas por la Corporación y reflexionar antes de deshacerse alegremente del Agua, recuerden ustedes, salvando las distancias, la película española: “Y también la lluvia”, que relataba la respuesta ciudadana ante la privatización del servicio del agua en una ciudad latinoamericana... estoy convencida de que no estamos tan lejos de sufrir las mismas consecuencias que los habitantes de Cochabamba. En España hay buenos ejemplos de gestión pública del agua, ¿por qué no miramos en esos espejos?

Clara Uribai

1El Servicio Municipalizado de Aguas daba servicio además de al Ayuntamiento de Burgos a muchos municipios de la comarca circundante. Era obligado crear un organismo que regulara y organizara este servicio, pero que a su vez sentaba a la mesa en pie de igualdad a todos los municipios. Esto dio lugar a muchos conflictos, y el Ayuntamiento de Burgos, se negó en redondo. Parece ser que para solventar esta cuestión sólo quedaba la posibilidad de transformar el Servicio en Empresa. Lo que se realizó a comienzos del año 2010.

2Tras la finalización del HUBU, que parece haber sido un negocio redondo para sus constructores, no así para los ciudadanos que tendremos que pagarlo durante mucho tiempo, Méndez se escuda en la empresa MBG, para apropiarse del concurso del nefasto Bulevar de la calle Vitoria. Para esta obra necesita liquidez el Ayuntamiento.

3Prometemos un artículo exclusivo sobre este personaje de la vida burgalesa, no defraudará y nos ayudará a comprender la idiosincrasia y las relaciones sociales de la propia ciudad. Ha sido jubilado recientemente por el artículo 33 a la edad de 78 años y sólo aceptó porque quería hacer fijos a algunos de sus hijos, que ya trabajan en la empresa de aguas, y así evitaba el escándalo y males mayores para ellos.

Charla: Red Alternativa de Grupos.

Empresas públicas: La administración paralela (1ª parte)

Sé que no voy a demostrar grandes habilidades sociales ni voy a pasar por el tío más popular del barrio si confieso algo que en un “tête-à-tête” sería inconfesable, y es que una de las primeras cosas que hago al iniciar el día es mirarme los boletines oficiales. ¡Vale, me basta con el del Estado y el de Castilla y León!, que uno no es tan morboso como para hojear el de La Rioja. Sinceramente suele ser un verdadero ejercicio de automatismo funcionarial, pero de vez en cuando esta “literatura” nos trae alguna joya que apenas necesita un pequeño esfuerzo de lectura entre líneas.

Así, como no me quiero tirar el rollito a lo “PedroJota” en plan  “a través de fuentes cercanas a este periódico hemos accedido exclusivamente a esta información…”, he de decir que este 26 de septiembre se publicó en el bocyl un breve informe de fiscalización de las cuentas del ¿¿2007?? de una empresa pública denominada SOTUR (Sociedad de Promoción de Turismo de Castilla y León) y que quiero exponer como ejemplo de por qué y para qué sirven estos chiringuitos culpables en buena parte de la situación crítica de los servicios públicos.

Se trata de un informe elaborado por la Comisión de Hacienda de las Cortes de Castilla y León, y en él se viene a destacar en sólo dos folios una serie de cosas que si viviéramos en una tierra decente pondrían en la cárcel ipso facto a los responsables del enésimo saqueo, y que a continuación detallo:

•    En primer lugar le emplaza a que “exista una adecuada correlación entre las cuentas anuales y la información contenida en ellas”. Es decir que los conceptos de ingresos y gastos puestos por escrito tienen poco que ver con la realidad de lo ingresado y lo gastado. A esto los “neos” lo llaman “reajuste presupuestario”, y en mi pueblo se llama “estafa con el dinero de todos”.
•    En segundo lugar expresan que las deudas ni se regularizan ni se computan en muchas de las cuentas de los acreedores. Eso la casta lo llama “ingeniería financiera”, y a eso en mi pueblo se le llama “fraude con el dinero de todos”.
•    Para continuar la Comisión les dice que “La empresa debe mejorar el control interno en materia de gestión de personal, determinando claramente los puestos con los que cuenta la empresa”. A eso los “caraduras” lo llaman “flexibilidad en la gestión de recursos humanos”, pero a esto en mi pueblo se le llama “casa de putas con el dinero de todos”.
•    Y que me decís de “En los expedientes de gestión de personal y de contratación debe dejarse constancia de todas las actuaciones llevadas a cabo a lo largo del proceso.” Es decir que ni en la contratación de personal ni en la que se realiza con empresas hay un mínimo grado de transparencia. A esto, de nuevo, los “neos” lo llaman “la mano invisible” (Ver “Teoría de los sentimientos morales” de Adam Smith), y a eso en mi pueblo se le llama “enchufe trifásico” y “despilfarro astronómico con el dinero de todos”.
•    Y por último, todo un clásico: inexistencia de trasparencia en los contratos de patrocinio, ya que en ellos ni se justifica ni se motiva el gasto. A esto los “chorizos” lo llaman “rápida adaptación a las necesidades del mercado”, y a esto de donde yo vengo se le llama “corrupción política y empresarial con el dinero de todos”.

El ejemplo, y hay muchos más, evidencia la perversión del Estado de derecho, el listón moral de una parte importante de nuestra sociedad (que no de toda) culpable por su silencio, el expolio permanente de una parte de la clase política (denominada ya en muchos círculos intelectuales como la “clase extractiva”), y el poder acumulado por una serie de individuos que se permiten seguir robándonos a sus anchas sin que por ello les pase nada después de cometer mil y un delitos.

Concretamente en Castilla y León existen a día de hoy  52 entes entre fundaciones, organismos autónomos y empresas públicas. Es lo que se conoce como la “Administración B” o “sector público paralelo”, un conjunto de chiringuitos que cuentan con nuestro dinero pero que, gracias a nuestra maravillosa legislación, no rinden cuentas ni explicaciones por parte de sus responsables en las Cortes… ni en ninguna parte.

Las doctrinas neoliberales buscan y consiguen la máxima permanente de la privatización de los beneficios y la socialización de las pérdidas. Es por ello que la destrucción de los servicios públicos para posteriormente convertirlos en un producto mercantil más es un objetivo estratégico y un fin en sí mismo.

Lo más grave es que quienes debieran de cuidar y proteger el bien común conceptualizado en la res pública como “estado de bienestar” e “igualdad de oportunidades” son aquellos que poco a poco, como si se tratara de un ejército de termitas, están extrayendo todos los recursos posibles para su propio interés privado. Una suerte de Saturno devorando a sus hijos.

Hay diversas maneras de acabar con la imagen, en un principio, y con la función, más tarde, de un servicio público. Una de las más extendidas, dada su cobertura legal, es la creación de un organismo autónomo: puede ser propuesto por el ejecutivo y aprobado por el legislativo con una mayoría absoluta en un parlamento, y en algunos casos ni siquiera es necesario que pase por la “Casa de la soberanía popular”. Una vez aprobada la Ley de creación en la que se habla de finalidad, justificación, y recursos públicos con los que contará en un principio, el ente echa a andar con nuestra pasta, y a partir de ahí el ejecutivo nombra a sus amiguetes para que lo dirijan, y éstos a su vez contratan a quien crean conveniente, por supuesto sin ningún control. En principio cada año deben de rendir cuentas al ejecutivo, el cual filtra convenientemente los datos al legislativo, y al correspondiente Consejo de Cuentas, el cual fiscaliza con varios años de diferencia para que se diluyan las responsabilidades y para colmo sus advertencias nunca tienen carácter vinculante, es decir que se hacen para que el Consejo de Cuentas exista.

Una vez creado el ente pasa en muchos casos a competir en funciones y competencias, cuando no las excede con la debida displicencia del ejecutivo de turno, con la unidad administrativa correspondiente. Así pasito a pasito se le van dando más recursos económicos hasta el punto de producirse un trasvase de los mismos de la unidad administrativa primigenia al ente público de derecho privado. Resultado: los empleados públicos de oposición se quedan sin trabajo y su unidad se convierte en un residuo ineficaz lleno de vagos, por lo que el ejecutivo presenta una imagen horrible de la misma a la opinión pública para su posterior extinción. Si la empresa pública a la larga funciona y genera beneficios potentes se acaba privatizando, por lo que se le resta a la administración pública de esas ganancias, que podrían redundar en beneficio de todos, y al ciudadano de a pie se le quita un servicio a su alcance y se le hace pagar por él.

En España hay 140000 empleados públicos sin oposición en la Administración del Estado, 450000 en las administraciones autonómicas, 416000 en las administraciones locales, y 40000 en las Universidades. En total algo más de un millón de personas. Es quizás por eso que dado el ingente número de puestos de trabajo los grandes sindicatos con representación en las administraciones públicas (especialmente CCOO, CSIF y UGT) han callado al respecto. Pero no es menos cierto que también son responsables de esta situación por omisión, ya que en su haber siempre se ponen la medalla de la defensa de lo público. Mal se defiende este cuando se calla o simplemente se divaga ante el gran número de tropelías y corruptelas creado, cuando se permite que los habitantes de Españistán no puedan acceder a un empleo público en condiciones de igualdad, cuando se da vía libre para que el dinero de todos acabe en manos de golfos, o cuando se elimina la imparcialidad y la objetividad al que está obligado cualquier empleado público por ser éste esclavo atado a un contrato o compinche de filiación partidista.

Desde este rincón de libertad y desde esta humilde opinión no pretendo ser el causante del despido de trabajadores, que para eso ya se han valido los dos últimos gobiernos con sus  reformas laborales de corte claramente neoliberal. Pero si hay dinero para la contratación de todos estos trabajadores (por cierto el salario medio de estos trabajadores es entre un 10 y un 20 % más que el de los empleados públicos congelados y saqueados por decreto), lo tiene que haber para que tanto los que ahora los ocupan como todos los que ahora mismo sufren el calvario del paro puedan optar en condiciones de igualdad tras unas pruebas objetivas que demuestren su capacidad y sus méritos. ¡¡¡Ya está bien de tanto mamoneo!!!

ESTO NO ES UNA CRISIS, ES UNA ESTAFA

ALONSO QUIJANO

Ecologistas en Acción de Castilla y León se suma al Día Internacional contra la

Ante el auge que está tomando la extracción de gas no convencional mediante la técnica del fracking, se ha convocado a nivel mundial una jornada de lucha para el día 22 de septiembre. Las razones de la misma se deben a las graves consecuencias medioambientales que acarrea, por lo que es necesario que se prohíba la utilización de esta técnica.

La convocatoria internacional contra la fractura hidráulica nace a raíz de las reuniones del Foro Mundial Alternativo del Agua, celebrado en marzo en Marsella (Francia) y de la Cumbre de los Pueblos, que tuvo lugar en Río de Janeiro, en el mes de junio. A partir de las conversaciones entre los movimientos contra la fractura hidráulica de todo el mundo se declara el día 22 de septiembre, como Día Global Antifracking. La sociedad norteamericana lleva años visibilizando y sufriendo los efectos de estas explotaciones. En Europa también ha generado protestas masivas en países, motivando que algunos gobiernos hayan aprobado prohibiciones o moratorias.

En nuestra Comunidad Autónoma se han concedido(1) ya 11 permisos de investigación y solicitado(2) 15, el último de ellos (Permiso “Edison”) apareció anunciado en el B.O.E. del pasado día 19. Actualmente hay enclaves para la perforación de cuatro pozos en la provincia de Burgo(3) que se encuentran a la espera de la decisión de sometimiento de la correspondiente evaluación de impacto ambiental, no obligatoria al tratarse de fase de investigación. Así, se estimó que no era necesaria para el pozo Enara-4 (en Álava), una decisión del todo imprudente, teniendo en cuenta los riesgos que están asociados al uso de esta técnica.

Es conveniente tener en cuenta dos cuestiones en relación a la fase de investigación. La primera es que se usaran los mismos aditivos que en la fase de explotación, con lo que los riesgos de contaminación ya aparecen en este momento. La segunda es que se trata de un paso previo, y obligatorio legalmente, a la fase de explotación, objetivo último de todos estos permisos. Como así reconocen las propias empresas en las memorias presentadas, se trata de valorar la viabilidad técnica y económica de los permisos, obviando, los aspectos sociales y medioambientales.

La tramitación de los permisos de exploración se ha hecho de forma poco transparente y tratando de eludir la participación de la ciudadanía, dando prioridad a los intereses de las empresas por encima de los de las personas. En el caso de los permisos solicitados, y en algunos de los ya concedidos, la información presentada no permite dilucidar a ciencia cierta cuales se solicitan serán susceptibles de utilizar la técnica del fracking. En general, las solicitudes de información a las administraciones competentes han sido desatendidas. En el pasado mes de marzo Ecologistas en Acción solicitó al Gobierno de la Junta de Castilla y León que se oponga a la extracción de gas por fracking sin haber recibido respuesta en ningún sentido.

A la par, son numerosas las voces que se alzan en contra del fracking. Un gran número de municipios han manifestado son oposición y se han creado diferentes plataformas y asambleas en contra de la fractura hidráulica. En base a un importante número de informes y denuncias por parte de la ciudadanía estadounidense se pueden conocer los riesgos de esta técnica. Por una parte, los productos químicos tóxicos necesarios para la fractura hidráulica pueden contaminar el aire, el suelo y el agua, y en consecuencia, provocar importantes daños a la salud de las personas. Los tóxicos presentes en la mezcla de líquidos inyectados pueden llegar a los acuíferos de agua potable y a los ríos. También es necesaria una gran cantidad de agua para poder llevar a cabo la extracción.

La extracción de gas no convencional supone, además, una alta ocupación del territorio, dada la cantidad de pozos que se deberían hacer para optimizar la explotación, la necesidad de crear balsas para acumular el agua contaminada y el elevado tránsito de vehículos con cisternas para evacuar el gas. Este modelo de desarrollo tendría graves impactos en las actividades que mantienen la actividad en el medio rural: agricultura, ganadería…

Ecologistas en Acción entiende que el principio de precaución debe de estar más presente que nunca en las decisiones relativas a la extracción de recursos e impacto ambiental en el territorio. Los riesgos derivados del uso de la fractura hidráulica son elevados, como demuestra la experiencia en EE.UU., y su rendimiento energético es bajo. El Gobierno castellano-leonés debería prohibir la investigación y explotación de gas no convencional por fractura hidráulica en nuestro territorio y apostar por un modelo energético basado en el ahorro, la eficiencia y las energías renovables.
1 Permisos concedidos: “Boñar-Cistierna”, “Ebro B y C”, “Sedano”, “Urraca”, “Bezana-Bigüenzo”, “Luena”, “Libra”,
“Gran Enara”, “Angosto” y “Pisuerga”.
2 Permisos solicitados: “Guardo”, “Burgos 1, 2, 3 y 4”, “Palencia 1, 2, 3 y 4”, “Rojas”, “Leni”, “Tesla”, “Cronos”,
“Osorno” y “Edison”.
3 Corresponden al permiso “Gran Enara”: Enara 9 en Castrobarto (3.030 m. de profundidad) y Enara 10 en Junta de
Traslaloma (5.089).
Corresponden al permiso “Angosto”: Angosto 1 (2530 m.) y Espinosa CB-1 (4.575 m.), ambos en Espinosa de los
Monteros

Palabras que matan

Prima de riesgo, rescate financiero, eurobonos, crecimiento negativo, marca España, copago, troika, Ibex-35, mercado secundario de deuda, bonos basura, mercado de derivados, fondos de rescate europeo, recapitalización de la banca, Fondo de reestructuración ordenada bancaria, venta,  spread, Banco malo, déficit estructural, burbuja inmobiliaria, Agencias de calificación de riesgo, Stock option, PIGS, Grexit, Spanic, CAC-40, índice Nikkei,  Hedge Funds,  Regla de oro presupuestaria, Standard and Poor’s, Fitch, Moody’s, activo inmobiliario, gran depresión, flexiseguridad, competitividad, productividad, empleabilidad, desajuste bancario, paraíso fiscal, declaración tributaria especial, meritocracia, Club Bilderberg, Foro de Davos, mercado de futuros, Pacto de estabilidad.

Esta nueva jerga creada en las facultades de economía, y los Master’s en Business Administration ha saltado de las hojas color salmón de los periódicos económicos y han comenzado a ocupar un hueco nada despreciable en nuestra cotidianidad. El discurso ultraliberal cuyo inexorable avance data al menos de los años 70, lejos de haber colapsado como efecto de la crisis financiera redobla los ataques por controlar el territorio simbólico del lenguaje. Aún hoy no es extraño que sean los sumos pontífices de esa nueva religión travestida en ciencia llamada Economía los que traten de explicarnos el desastre de la crisis que ellos mismos han creado y siguen alimentando. Los dueños de esa jerga, los llamados expertos (en economía), aparecen en estos últimos años con una inusitada frecuencia en los medios de comunicación y, cual oráculos son preguntados por periodistas en espera de un Santo Grial que nos saque de la zozobra. Es enervante y hasta paradójico que sigan gozando de tal rol los que no sólo fueron incapaces de predecir, evitar la crisis sino los que, a  vista de los acontecimientos, parecen totalmente incapacitados para resolver la situación, pero lo más preocupante es que su preponderancia es síntoma de la incapacidad de erigir y/o difundir un discurso alternativo.

El neoléxico del primer párrafo son los ladrillos sobre los que se construye y reconstruye el discurso ultraliberal. Como señala Paul Walder en su artículo La palabra circundante. Territorialización económica del lenguaje el primer efecto es que “la constante incorporación y repetición de nuevos léxicos, así como la exclusión de otros, genera una nueva realidad”.  En esta génesis de nueva realidad echan mano de  toda la artillería lingüística, desde la utilización de la retórica como cuando de Guindos tira de oxímoron y habla de “crecimiento negativo” hasta la imposición de nuevos significados vía eufemismo como en el caso de rescate que ha pasado de ser sinónimo de liberación, a ser lo contrario: rapto, extorsión, secuestro, encierro, reclusión. Ni siquiera España se salva, que ha pasado de ser un Estado soberano garante de derechos a una vulgar marca que cotiza en bolsa.  Los medios de comunicación mediante la promoción de este léxico y la censura de los contrarios contribuyen a una ofensiva discursiva que pretende la colonización de nuestra lengua con el objeto de edulcorar la brutalidad de las políticas y la injusticia que engendran.  

El otro resultado de la conquista del discurso ultraliberal a las clases oprimidas es el de la alienación de las mismas y de los individuos que las componen, inyectándo de forma silenciosa, como si de radiación se tratara, el veneno de la perspectiva de vida de sus enemigos. En la nueva realidad ultraliberal creada con los nuevos léxicos el propio sistema que las genera está fuera de toda discursión y de todo debate. Es Dios. Las causas de los fracasos y frustraciones de colectivos de personas no caben ser atribuidas a la organización económica, social, y política de la sociedad sino que la responasbilidad es atribuíble exclusivemente al indivíduo. Las personas que fracasan lo hacen porque lo merecen, a este respecto Mohamed Barkad explica la sucesión de suicidios en France Télécom como la traslación de la lucha de clases al propio individuo. Esa es una de las explicaciones para entender que en el país con más paro de Europa aún no se haya levantado un ejército de 5 millones de personas exigiendo que se les trate con dignidad, porque muchos de ellos han aceptado como propio el discurso que los inculpa de la precaria situación vital que padecen.

Aunque las perspectivas de la batalla no son halagüeñas a corto plazo, la guerra está lejos de estar perdida. Es cierto que sorprende la ausencia o el retraso de la intelectualidad en el debate postcrisis. La universidad plegada sobre sí misma y con muchas de sus energías empleadas al servicio del propio discurso ultraliberal se dedica a crear profesionales especializados con poca capacidad crítica en lugar de personas capaces de resolver los problemas abstractos y reales que nos acosan. También se echa de menos una reacción del mundo de las artes, al que se le puede acusar de las mismas taras. En estos dos ámbitos, que no hayan aparecido aún en la superficie discursos robustos no quiere decir que no hayan brotado. Hasta ahora es la gente de a pie la que más ha cuestionado el imaginario colectivo de los últimos 30 años y el papel de los medios de comunicación. Se ha ido instalando progresivamente en la sociedad  la sospecha de haber vivido una gigantesca estafa, y de ser las víctimas de la misma. El 15-M es el primer aldabonazo de gente que busca otra forma de explicar las cosas al margen del discurso institucional y ultraliberal. Se desempolvaron los viejos diccionarios y se empezó a hablar de justicia, amor, comunidad, estafa, lucha de clases, mentiras, de democracia real, de robos, de futuro, de pueblo, de miedo, de esperanza, de libertad, de igualdad. Convocando mediante la épica y la epopeya a todas aquellas víctimas que las utilizaron en la historia y poniéndo la semilla de un ejercicio de creación común cuyos frutos están aún por ver.

Carolina Rueda Tenaz

Esta casa es una ruina (o ¡Porque tú lo vales, Piluca!)

Y llegó la hora de la verdad: la presentación de los presupuestos reales de las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal. Llegó con las amenazas a andaluces, valencianos o catalanes de que serían deshauciados (digo, intervenidos) de su casa por su mala cabeza, llegó con rumores de deberes mal hechos y desafíos malvados por parte de administraciones no marianistas. Pero llegó también como llega la primavera, con sus constantes y variables cambios meteorológicos… Así fue, justo en el momento preciso quien falló al pobre Montoro, que ya no sabe dónde meterse, fueron tres díscolas administraciones, de las cuales dos contaban con toda su lealtad y beneplácito: Madrid y Castilla y León.

¡Castilla y León! ¿es posible? Pero si Piluca nos aseguró que estaba todo en su sitio: - Ya sabes D. Cristóbal, nosotros nunca hemos dado guerra, al menos no a los nuestros. Como vamos a hacerte esa puñeta a ti y a España, que está por encima de todos nosotros. No te preocupes el 17 de mayo lo tendrás todo como Dios manda.

¡Pero entonces como pudo ocurrir! Pues nada, Piluca lo expresa y nos demuestra con claridad meridiana que en realidad ese pequeño desvío de 190 millones de euros de nada, se debe a que tenían unas cuantas facturas relativas a la sanidad metidas en el cajón a 31 de diciembre de 2011, y que con las ayudas del pago a proveedores lo que hizo fue airearlas para que se pudiera pagar lo que se debía: - Pero Piluca, ¿te estás dando cuenta de lo que dices? Pero si fue la coartada que utilizamos en La Mancha y en Andalucía para dar a los sociatas hasta en el cielo de la boca… Y ahora, ¿cómo se lo explico yo a Don Mariano? Mira de momento cállate una temporadilla que cada vez que abres el pico sube el pan, y ya hablaremos con tu jefe.

En fin, no es que a mí me importe demasiado a estas alturas las frías cifras con  las que nos levantamos y acostamos todos los días. De hecho estoy hasta la coronilla del déficit, del pib, de indicadores y demás gaitas que hacen cada vez más incomprensible la realidad que nos rodea, pero llama poderosamente la atención como en este jodido país se cambian las reglas de juego constantemente en función de quien sea el individuo o colectivo que se vaya a poner a examen: a estas alturas Piluca tendría que estar cesada de su cargo y dando las gracias por no haber redactado la tan temida sanción penal en la famosa Ley de Buen Gobierno por atentar contra la estabilidad presupuestaria. Pero aquí, al contrario, se saca pecho, su sube la cabeza, y se cuenta la mentira que corresponda para salir del paso. ¡Chisssstttt! Y a callar, que quede todo en su sitio.

Siempre he pensado que por estas tierras en las que nos ha tocado vivir las cosas funcionaban sin saber muy bien porqué, y no te digo ya si te comparabas con las tribus bárbaras del norte: ¡qué crisis existencial!, ¡qué complejos de inferioridad!. Siempre andábamos detrás de ellos en todos los números posibles, hasta que llegó el gran descubrimiento español: el ladrillo. Ahí estábamos nosotros navegando con viento a favor y a toda leche, con unas ganas tremendas de pasarles por encima con nuestros flamantes BMW, Audis, Mercedes… Mientras nos seguían hablando de tonterías como el fracaso escolar, la desastrosa política de investigación, la falta de productividad… ¡La falta de productividad, qué chorrada si estamos ganando pasta por un tubo…!



"Casa en ruinas de Flickr" por Roberto Alcalde

Pero el edificio se cayó como no podía ser de otra manera, como todos nos imaginábamos que ocurriría algún día, y ahora, con todas las prisas del mundo, se quiere limpiar el patio trasero de mierda acumulada hasta las cejas y sanear las fachadas para que por fuera se vea bonito. Parches y más parches, y lo llaman reformas: la reforma  laboral es un claro ejemplo de las falacias con las que nos desayunamos todos los días. En principio creada al efecto para generar empleo y para ganar competitividad, y como consecuencia productividad. Lo primero no sólo no se ha conseguido, sino todo lo contrario, y en cuanto a lo segundo pues ni está ni se le espera, y quizás este sea el mayor cáncer de este país, y me explico: nos hemos pasado años y años hablando de la dichosa falta de competitividad secular mientras se le echaba la culpa a las chapuzas organizativas de nuestros jefes, a la pícara vaguería de los trabajadores, a la falta de puntualidad de los proveedores, al derroche absurdo de todos, y al lucero del alba si hacía falta. Era imposible, intentáramos compararnos con quien fuera en Europa, con algunas pequeñas excepciones en una geografía paralela, que produjéramos lo mismo en el mismo número de horas de trabajo.

Y digo yo, ¿a qué se deberá todo esto? ¿tendremos acaso algún problema genético? ¿nuestro acerbo cultural nos lo impide? Escarbad un poco…, y os daréis cuenta que tras este fino barniz de seriedad y profesionalidad que tantos dirigentes, representantes de instituciones de todo tipo, directivos y jefes de medio pelo o de pelo entero, se esconde una gruesa capa de mezquindad, envidia, cinismo, elitismo casposo, soberbia, desconfianza, deslealtad y cobardía, mucha cobardía. Desde aquí os pregunto: ¿cuántas veces  vuestras expectativas en el mundo universitario, en el laboral, en el profesional…, tras unos méritos ganados a pulso, se han visto defraudadas por la inexistente recompensa?

Cuando un familiar que vivía y trabajaba en Londres hasta hace unos pocos años nos comentó que tenía “morriña” y que se vendría sí o sí a España, le advertimos: “Muchacho, ten cuidado… Tú eres un tío currante y aquí trabajes lo que trabajes, no vas a recibir los mismos parabienes, quizás ni una palmada en la espalda por el trabajo bien hecho…”.  Y mucho me temo que esta es una de las grandes fracturas de este país cuyos resultados entre otros son: la inexistencia de ética en el trabajo, la no asunción de responsabilidades, el escaqueo generalizado, el abuso de poder, la imposibilidad de generar una meritocracia que suponga la posibilidad de ascenso social por parte de cualquier ser humano que nazca en esta tierra, y especialmente la persistencia de una endogámica casta de mandamases intocables que están mandándonos a la mierda, mientras siguen acumulando pasta en sus cuentas suizas y poder en sus enfermos cerebros, sin que parezca que a nadie le importe.

Supongo que todo esto suena a actual, pero desgraciadamente viene de lejos. Últimamente se habla mucho de las castas: la de los políticos, la de los funcionarios, la de los empresarios… Así es, vivimos en un sistema podrido de élites cada vez más impermeables, y esa endogamia acaba creando monstruos que yerran y cambian las reglas del juego para demostrar en una nueva pirueta torticera que ellos no se equivocan nunca, que “asesinan” socialmente y condenan al ostracismo al que quiere romper ese juego de poder. Lo estamos viendo todos los días, mientras todo se va a pique, nadie asume responsabilidades, nadie corrige sus indeseables comportamientos, nadie pide perdón… Todo vale y nosotros se lo seguimos permitiendo. Así que no te preocupes Piluca, que tú seguirás en tu puesto hasta que prestes tus buenos servicios, y mientras Juan Vicente lo quiera así… AMÉN.

ALONSO QUIJANO

Zona Libre de Fracking

Cada vez son más los municipios del norte de España situados en la así denominada ‘Cuenca Vasco-Cantábrica’ –en el que se incluye la provincia de Burgos- que se oponen decidida y frontalmente contra los planes del Ministerio de Industria y de la Junta de Castilla y León de exploración de hidrocarburos a través de la concesión de permisos para la prospección de yacimientos de gas no convencional, explotados mediante la técnica de fractura hidráulica o fracking, como más habitualmente se la conoce.

El pasado domingo, 20 de mayo, se desarrolló en la localidad norteña de Castobarto (Junta de Traslaloma) una nueva ‘Asamblea Contra de la Fractura Hidráulica’ –que va ya por su 5ª celebración en diferentes localidades de la provincia- con el fin de seguir difundiendo información sobre el tema y aunando apoyos e iniciativas encaminadas a la concienciación sobre las consecuencias de utilización de este tipo de técnicas de explotación. En este mismo sentido, en la vecina provincia de Álava ha surgido la iniciativa: ‘Municipios Libres de Fracking’; promovida por la plataforma Fracking Ez Araba y que aglutina en estos momentos a 16 entidades que se han declarado –a través de mociones de sus respectivos ayuntamientos- como municipios libres y contrarios a la utilización de técnicas de fracturación hidráulica en su territorio; siendo muchos otros los municipios de esta misma provincia que se encuentran en proceso de declaración y que se sumarán próximamente a la misma iniciativa.

No sólo en Álava –donde los planes de exploración se encuentran más avanzados- se está dando este fenómeno, sino que en Cantabria son ya 3 los municipios cuyos ayuntamientos se han declarado Libres de Fracking (Corvera de Toranzo, Cabuérniga y Ruente) y que a su vez han hecho un llamamiento a otros ayuntamientos afectados para que se sumen a este frente de oposición en contra de los permisos de exploración concedidos en sus áreas. En la provincia de Burgos podemos contabilizar hasta 6 municipios que han emitido oficialmente, mediante acuerdos de sus ayuntamientos, su oposición a los estudios de viabilidad técnica y rentabilidad económica de futuras explotaciones de gas mediante esta controvertida técnica. Primeramente fue la localidad serrana de Vilviestre del Pinar, a la que se sumaron los ayuntamientos de Junta de Traslaloma, Valle de Tobalina, Espinosa de los Monteros y Valle de Mena; siendo recientemente Valle de Manzanedo el último de los municipios en sumarse a esta lista. A buen seguro que no será el último, por las manifestaciones hechas por otros ayuntamientos de la provincia en las que se quejan del secretismo con el que han sido concedidos los permisos de prospección por parte de la administración central y autonómica, así como de la total desinformación que sobre su evolución vienen padeciendo.

Por su parte, la administración sigue haciendo oídos sordos al sentir contrario general –especialmente agudo en aquellas zonas del medio rural que se ven directamente afectadas-, primando por encima de todo los interés económicos y desestimando en Consejo de Ministros el recurso interpuesto por EQUO en relación a los permisos de exploración concedidos en las provincias de Burgos, La Rioja, Álava y Vizcaya. Aduciendo para ello el peregrino argumento de la incertidumbre científica aún existente sobre los riesgos que entraña la utilización de esta técnica que está realizando para ello la EPA (Agencia norteamericana de Protección del Medioambiente). Lo que no se indica ni se tiene en consideración, casualmente, es que estos mismos estudios –aún no finalizados pero parcialmente hechos públicos- empiezan a demostrar los efectos adversos de esta técnica y transformando la opinión y la decisión política en el mismo país que vio su origen hace unas décadas. En la misma línea se muestra el Parlamento Vasco que ha modificado para ello la ley autonómica de Conservación de la Naturaleza que impedía la explotación minera en zonas de protección ambiental e instado al ejecutivo de Patxi López a la exploración de todos los recursos energéticos existentes en el País Vasco, entre los que se encuentra de manera muy especial aquellos gasísticos existentes en el subsuelo de esta comunidad; rechazando de paso la propuesta de moratoria que solicitaba la creación de una comisión científica permanente que analizase la evolución de la tecnología vinculada a la explotación de gas no convencional.

Volviendo de nuevo a Burgos, debemos señalar que siguen solicitándose permisos de exploración en nuevos sectores en el sur y oeste de la provincia con una superficie total de 382.860 Ha. en los así denominados como: Burgos 1, Burgos 2, Burgos 3 y Palencia 2. Estos permisos en trámite han de sumarse a los solicitados anteriormente y a aquellos que cuentan ya con la autorización por parte de la administración competente (recomendamos leer para ello la publicación hecha en este mismo medio, a fecha 9 de diciembre de 2011: "La Amenaza del Fracking llama a la puerta”).

Especialmente interesada en la explotación de los posibles recursos gasísticos de la provincia de Burgos se muestra la empresa Trofagas –filial de la multinacional norteamericana BNK Petroleum-. Sin embargo, no resulta la única solicitante de permisos y beneficiada con la obtención de autorizaciones de exploración. En ello destacan también: la alianza de HEG (Heyco Energy Group) y la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi (SHESA, dependiente del Ente público Vasco de Enegía), FEC (Frontera Energy Corporation, filial de la multinacional canadiense San Leon Energy), Repsol, Unión Fenosa Gas y OGS (Oil & Gas Stills).

Decidida resulta la actitud de las administraciones en el fomento de esta particular fuente de energía, no queriendo atender a las muestras de controversia y polémica que despierta en países donde viene ya desarrollándose. Así demuestra la comparecencia institucional del Viceconsejero de Industria y Energía del Gobierno Vasco, Xabier Garmendia, en el ‘Foro de Gas No Convencional 2012’ celebrado en Barcelona en el mes de marzo y donde las empresas del sector –cual lobby- han buscado inversores para sus proyectos de expansión por España y Europa: su nuevo horizonte de negocio. De la misma forma, también parece cada vez más firme y decidida la actitud en contra de la opinión pública en general y, especialmente, de la población y los ayuntamientos afectados sobre el terreno, acentuado ello por el sigilo y oscurantismo mostrado en la tramitación de los permisos solicitados por las empresas promotoras.

Este frontal desencuentro entre políticos y ciudadanos, también en esta materia, hace plantearse serias dudas sobre el modelo energético –o falta del mismo- existente en España, en el que por un lado se recortan drásticamente las ayudas al pujante y prometedor sector de las energías renovables o al tradicional y articulador sector del carbón, mientras se apuesta y promociona un nuevo modelo basado en la explotación de energías fósiles mediante técnicas agresivas altamente contaminantes para la salud y el medioambiente. Sobre ello se despejan las dudas al suponer una intención por parte de la casta política dominante de garantizar su futuro siguiendo la senda de grandes elefantes retirados de la vida política que –como: José María Aznar, Felipe González, Pedro Solbes, Elena Salgado o Josu Jon Imaz- han encontrado un plácido y fructífero acomodo como asesores o en los consejos de administración de las principales empresas energéticas del país. Como vemos, en ocasiones: “Roma sí paga a los traidores” y alguno de ellos debe de estar ya frotándose las manos...