Los sindicatos amigos del Presidente Herrera

Por Basilio el Bagauda

Los caminos del Señor son insondables… y las puertas traseras de la Junta de Castilla y León también. Una vez más el pacto y el consenso llegan a esta tierra para quedarse y los ufanos habitantes de este territorio ni si quiera miran para otro lado, simplemente los desconocen: ¡¡Qué para eso Dios es inefable y los renglones dichosos los escribe torcidos!!

¡¡Y qué decir de los ángeles y sus trompetas!! Si fueran ellos los que tuvieran que advertirnos del miserable descalabro moral de los indeseables que dirigen nuestros destinos, apañados andaríamos. Ellos ya se valen para informarnos de lo bien qué ha ido el fin de semana cidiano, de las morcillas más grandes del mundo, de las bienaventuranzas de los prohombres de las Cámaras o de las Confederaciones de Empresarios, o de la gloriosa y económica gestión de un hospital privatizado.

Y si algo resulta muy escandaloso, con advertir un día y con sordina ya cumplen para evitar el aumento de ateos, que esa gente siempre ha sido muy molesta y no es de orden ni de ley.

“Menos mal que nos queda el dijital” para poder siquiera de vez en cuando remojarse uno los pies en el Rubicón, y a eso vamos.

Si a estas alturas alguien cree que las instituciones en Castilla y León respetan la Constitución está muy equivocado y, como no, hablando de la provisión de recursos humanos en la administración pública se ha dado un paso más para orinar sobre el artículo 103 que, recordemos, expresa como principios del acceso a la función pública de todos los españoles el mérito y la capacidad, cualidades que sólo se deben medir en procesos trasparentes y abiertos que eviten estómagos agradecidos y obediencias debidas.

En este caso además con la que parece ya inestimable ayuda de dos sindicatos que en el sector público dejaron hace ya mucho tiempo de ser “de clase” para ser “de desvergüenza”, la Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras, tanto monta, monta tanto…

El 2014 ha estado sembradito para ambas organizaciones. Como ya parece obvio ni están ni se las espera… ni se las quiere en la gran multitud de plataformas, marchas y mareas que a lo largo de estos años se han ido creando para combatir y protestar contra los recortes de los servicios públicos más esenciales.

Concretamente en nuestra Comunidad a lo largo de este año no sería justo olvidar los principales hitos conseguidos por estas esforzadas organizaciones, lo que haré a modo de resumen para entender mejor la información de la que daremos cuenta en este artículo.

En primer lugar ambos sindicatos cosecharon su primer triunfo firmando un acuerdo con la Junta de Castilla y León para recibir cientos de millones de euros en concepto de servicios de cursos de formación, cursos que sirven para que funcionarios y laborales obtengan mayores puntuaciones en los concursos y cuya opacidad en la gestión es absoluta. Posteriormente y en un alarde de generosidad se pusieron de acuerdo para que la Junta se gastara 250000 euros en una campaña electoralista en la dignificación del trabajador público, campaña que no pudieron hacer por las presiones ejercidas por plataformas que denunciaron la estafa.

A continuación y arriesgando su inmejorable posición, aceptaron una contrarreforma de la administración pública que les sustraía materias de negociación y derechos laborales a los trabajadores y ahondaba en el impulso de las empresas garrapatas y la privatización de servicios públicos. Y por último, y como demostración de su fuerza, se convirtieron en compadres y compinches de Pilar del Olmo y Juan Vicente Herrera para crear una nueva puerta trasera que introducirá a nuevos parásitos que sirvan a los fines particulares del Partido Popular y de los dos sindicatos.

Y todo ello trufado con el enésimo silencio de la oposición política en verdadero estado zombi.

Así, tras dos reuniones de un grupo de trabajo de la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo para el personal laboral de la administración autonómica que se celebraron en Valladolid entre el 29 de enero y el 4 de febrero los representantes de la Administración propusieron la posibilidad de que el personal contratado en la modalidad de relevo de las jubilaciones anticipadas pudiera extender su relación laboral hasta más allá de la jubilación de la persona que se sustituye. Ello conllevaría en la práctica que a todos los efectos estos contratados tendrían la misma posibilidad de alargar su “relación sentimental” con la Junta que aquellos que aprobaron una oposición.

Se da la circunstancia que además el personal contratado para este fin procede o bien de bolsas de empleo creadas con pruebas que para nada tienen que ver con las que realizan los que se ganan su puesto en una oposición o bien de la afortunada llamada de una oficina del ECYL a un desempleado que termina milagrosamente con sus desdichas. Así de fácil… o de difícil.

 A estas alturas muchos de vosotros os estaréis imaginando la trasparencia de los procesos de llamada, que no selección. Por muy pendiente que uno esté de una bolsa de empleo cuando lo que uno se juega es un contrato semejante es de imaginar la desconfianza que despierta que sea un funcionario con una lista de nombres y una serie de contratos que pueden ser de dos días o de 4 años el que con el teléfono a mano resuelva la papeleta.

¿Y qué decir de aquellos puestos a cubrir sin bolsas de empleo? Ahí el proceso de selección consiste también en una feliz llamada de algún listillo bien-informado una semana antes de que la administración requiera la contratación a un afortunado que cumpla los requisitos de titulación pero que a lo mejor ni estuviera inscrito como demandante de empleo en la categoría que posteriormente se exigirá. Una semana después se llama a dicho afortunado que está clavado al teléfono de manera clarividente, y “et voilà!” el contrato es suyo.

Pues bien, este procedimiento que a tantos jóvenes castellanos y leoneses les parecerá tan competente y maravilloso y que les obliga como tantas otras igualdades de oportunidades al exilio económico es el que se aprobó definitivamente el 24 de febrero con los votos contrarios de CGT y de CSIF. Y para añadir más leña al fuego se le da carta blanca a la Administración, es decir al Partido Popular, para extender la duración de esos contratos hasta donde consideren oportuno.

Es de esperar que aquellos afortunados trabajadores que se conviertan en empleados públicos en 24 horas no morderán la mano ni de la Administración que los contrata ni de los sindicatos que los colocan, sindicatos que se han convertido en corporaciones dedicadas a la captación de capitales y de clientes.

Sin duda alguna, una medida más para acabar con la corrupción pública y con la desmovilización de los empleados públicos.

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La empresa ETM y los políticos

La empresa ETM localizada en el Polígono de Villalonquéjar en Burgos

Por A. G. (ex-trabajador de ETM)

Carta de los lectores

Como  ex-trabajador de la empresa  ETM (Equipos Termo Metálicos) ubicada en el polígono de Villalonquéjar, quiero exponer ante la opinión pública burgalesa lo siguiente:

Como saben, el pasado día 1 de Agosto del año en curso, el Gobierno de España, con Rajoy a la cabeza, acordó la liquidación (cierre) de la empresa, rechazando un pedido de 25.000 horas que hubiera supuesto trabajo para todos los empleados, para aproximadamente 6 u 8 meses, y que entretanto se hubiera podido conseguir (yo pienso) algún pedido más, alguno de ellos confirmado por clientes.

Argumentan ,entre otras causas: equipos obsoletos, elevado coste de fabricación y reducida cartera de pedidos lo cual, sin dejar de ser cierto,  deja a las claras que la empresa no ha invertido un duro en modernizar equipos e instalaciones  en más de 40 años;  que ha mantenido en el equipo directivo personal de más de 65 años,  con dudoso desempeño y un coste elevadísimo, por encima de 200.000 euros,  y que la manera  más inteligente de obtener pedidos no es la de eliminar la oficina comercial… ¡¡¡VERGONZOSO!!!

En otro orden de cosas, tengo que  decir que hay dos personas con cierto renombre en Burgos, dos burgaleses que se visten por los pies (como aquel presidente autonómico que nos privatizó el hospital) que considero no han hecho nada por nosotros. Perdón,  sí han hecho, y es  echarnos la culpa a los obreros de haber llegado a esta situación. Estos dos burgaleses de pro son: D. Jaime Matéu  y D. Juan Carlos Aparicio.

Del  primero, todavía estamos esperando mantener una reunión que se solicitó al PP,  como al resto de fuerzas políticas, y que se comprometió a realizar, pero se ve que, aunque es cierto que ha contactado un par de veces con nuestros representantes, espera que el problema se resuelva por sí solo sin hacer nada con el cierre de la empresa.

                  

          Del segundo, miren ustedes, les voy a contar algo que quizá  muchos ciudadanos de a pie no sepan: Bankia, tenía unas acciones en la empresa INDRA, éstas las compra SEPI, con lo cual entra a formar parte o nacionaliza parte de esa empresa, y nombra a  Juan Carlos Aparicio del PP (Ex- Secretario de Estado, Ex-alcalde de Burgos y ex-ministro de Trabajo) como consejero delegado, quizás también,  además de todos los “méritos” anteriores, por ser muy amigo del presidente de SEPI, señor  Aguirre.  Por cierto, no se sabe a cuántos consejos  acude, pues es muy habitual verle a diario en nuestra ciudad.

Pues bien, sabido esto, un día me encuentro al Sr. Aparicio por la calle  y tengo una larga conversación con él, en la que le pregunto sobre nuestra situación, y me responde que estamos en periodo de liquidación. Le pido que hable con Aguirre (dada su amistad) para que éste tenga a bien escucharnos, para tratar de salvar la empresa, y me dice que él no va a hablar con nadie, pues los responsables de ésta situación éramos los obreros, los obreros ¡¡¡qué coincidencia con Matéu!!!  que no habíamos querido llegar a ningún acuerdo, porque los más mayores queríamos irnos con dinero a casa. ¿A qué tipo de acuerdo se puede llegar, cuando ni siquiera se cuenta con los trabajadores en la venta de una empresa, cuando no se garantiza ningún tipo de plan de viabilidad y se sospecha se quiere utilizar esta plantilla como arma para rebajar las condiciones socio laborales de los compañeros de Miranda? ¿Qué futuro  se puede decidir del  18 al 20 de Diciembre del año pasado, sin ningún elemento de juicio? También me expresó que su deseo es que nadie perdiera su empleo, que había tres grupos interesados por la empresa. Nada más se supo de ellos, pero usted nada hizo por  nosotros, así que a los dos, les digo “MUCHAS GRACIAS POR NADA”  y qué pena que no se vean en nuestra misma situación y la de muchos millones de españoles. ¡Ah,  señor Aparicio!, ¿quiere decir a los ciudadanos  lo que usted cobra por figurar en ese consejo de administración? Según mi información son más de 100.000 Euritos de nada, corríjame si es falso, y le recuerdo que de nuestra conversación hay testigos.

Por último quiero dar las gracias públicamente  a los sindicatos mayoritarios, especialmente a UGT por su labor en reuniones y negociaciones, al PSOE por su ayuda  ante la SEPI, en el Congreso y en el Senado, en las  personas  sobre todo de Luis Tudanca y de Ander  Gil, al resto de partidos, que más decididamente como IU, o más tímidamente, nos han mostrado su apoyo,  y a las Juventudes del Partido Comunista de los Pueblos de España  por habernos apoyado en todas movilizaciones que hemos llevado a cabo, tanto en la subdelegación del gobierno, en la empresa y en el edificio de los Sindicatos donde se desarrollaba la negociación . De verdad, GRACIAS, y lo digo con lágrimas en los ojos, también a la FAE, que lo cortés no quita lo valiente, y a todos los que nos han escuchado, excepto al PP que como digo más arriba, como partido no ha hecho nada.  También me gustaría destacar el silencio de la Cámara de Comercio o de partidos con vocación de gobierno como UPyD, que no se dignaron en celebrar reunión alguna con nuestros representantes.

GRACIAS DE VERDAD, a la mayoría por vuestro apoyo, a otros por vuestro silencio cómplice que os retrata.

Viernes Negro denuncia las afinidades periodísticas de la Junta de Castilla y León

Por Burgos Dijital

Viernes Negro de Burgos vuelve a sacar a empleados públicos de sus oficinas para realizar una nueva manifestación alrededor de la Delegación Territorial de Burgos denunciando un hecho que se lleva produciendo de manera intermitente en los últimos años en las oficinas de la Junta de Castilla y León: el acceso libre  a través de la red interna que los empleados de la Junta utilizan de unos medios de comunicación y la restricción del resto.

El 21 de julio de 2010 se produjo la primera incidencia a este respecto tras la sugerencia de una empleada pública que solicitaba el acceso a todos los medios de comunicación a través de su ordenador, ya que había comprobado que sólo podía acceder a la web de “Intereconomía”, medio de todos conocido muy próximo a las facciones más radicales y antisistema del Partido Popular. Dicha información fue aceptada como cierta por parte de los responsables de la red corporativa y rápidamente se cerraron todos los accesos a todas las webs de comunicación.

Pero la Junta volvió a las andadas y el Movimiento Viernes Negro tuvo que volver a presionar a la Junta, puesto que alguien había vuelto a decidir que se abriera el acceso a dicha web. La misma operación se volvió a repetir sin que nadie diera explicaciones del porqué del cariño a este medio y se volvió a cerrar el acceso.

Pero Juan Vicente Herrera y su Portavoz José Antonio de Santiago-Juárez parece que les va la marcha, y lejos de alejarse de aquellos gloriosos tiempos de la prensa oficial de “Arriba” y “El Alcázar” siguen con las mismas prácticas que sus antepasados familiares y políticos. Esta vez los medios agraciados han sido “El Correo de Burgos”, medio que ya fue utilizado para llenar a paladas las zonas públicas de las dependencias administrativas con un amplio suplemento que glosaba las maravillas del flamante Hospital de Burgos; “Radio Arlanzón”, medio que se quejaba no hace demasiado tiempo del acceso exclusivo de los empleados del Ayuntamiento al Diario de Burgos; y como no podía ser de otra manera “Radio Intereconomía”.

Vaya por delante que estos empleados díscolos no abogan ni exigen que el trabajador se pase la jornada laboral entre noticias del real Madrid, sudokus, comentarios políticos y revisión de carteleras de cine, sino que ponen el foco en el inquietante hecho del intento de descarada manipulación de utilizar incluso la red para influir ideológicamente en las opiniones y percepciones del funcionariado. Más si cabe cuando, como denuncian, “El acceso a internet en la Junta de Castilla y León se hace de forma restringida para la mayoría de los empleados públicos, a través de una Intranet, dándose la paradoja de que cuerpos de inspección, técnicos, abogados, Jefes de Sección, gestores de solicitudes on-line…, solamente disponen de Internet abierto para muy determinadas páginas, lo que limita sus posibilidades de ser más eficientes y ágiles en el desarrollo de sus funciones”.

Así mismo y de manera transversal los miembros de Viernes Negro ponen el foco también en los favores que “regalan” los poderes políticos a determinadas empresas de comunicación, favores que por otro lado, y de eso en Burgos sabemos mucho, se devuelven con el dinero de todos. Así el movimiento pone el dedo en la llaga cuando preguntan e infieren al Presidente de la Junta que “¿Acaso no cree la Junta y su Presidente que ya es suficiente con el reparto más que discutible y torticeramente desproporcionado  de las ayudas a las agencias y medios de comunicación, y las suscripciones de manera masiva y leal a determinados periódicos?”.

No de debe de olvidar el hecho de que los medios digitales también reciben ingresos en su mayor parte a través de una publicidad que aparece en mayor o menor número en función de las visitas que la web tenga, por lo que de ninguna manera se puede considerar ingenua la idea de abrir para más de 80000 empleados unas páginas y cerrar el acceso de otras.

Por último los empleados públicos apuntan a la premiada “transparencia” del gobierno Herrera, arguyendo si ésta se refiere “A la censura del resto de medios de comunicación que no le son cercanos como Cadena Ser o el periódico digital Burgos Conecta, afectando con ello gravosamente a la libre y leal competencia entre empresas de comunicación” o “ A la falta de información y contestación a las preguntas planteadas por los empleados públicos de esta Administración (…) sobre presuntas irregularidades en la administración que él preside?”.

Ciertamente como se nos ha comunicado, si se exceptúan las relaciones epistolares con el Procurador del Común, una de las instituciones-floreros de Castilla y León, no ha habido respuestas por parte de ninguno de los dirigentes de la Junta, ni tan si quiera a apelando a la non-nata (por muerta antes de nacer) Ley de Transparencia y del Buen Gobierno, otra verdadera vergüenza, producto de la típica “legislorrea” de nuestra clase política.


Relacionado:
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http://burgos-dijital.blogspot.com.es/2013/07/viernes-negros.html

La Unión Europea también investiga al Gobierno de Juan Vicente Herrera

El Gobierno de Juan Vicente Herrera del Partido Popular es investigado por la UE

Por Burgos Dijital

La OLAF, Oficina de Lucha Antifraude, está últimamente en boca de todos los medios de comunicación de nuestro país debido a la investigación abierta por el posible contrabando que se produce con la evasión de impuestos del tabaco en la frontera entre España y Gibraltar. Pero seguramente aún a estas alturas, y resulta tremendamente extraño teniendo en cuenta la maravillosa oferta de medios de comunicación que tenemos en Castilla y León, nadie sabe que esta institución está investigando al ejecutivo de Juan Vicente Herrera por un “asuntito” escondido en un rincón de la geografía burgalesa.

Antes de informar de los motivos de la investigación conviene revisar con exactitud las actividades de esta Oficina de la Unión Europea. Así como apunta en su página web, la OLAF forma parte de la Comisión Europea bajo la responsabilidad del Comisario de Fiscalidad y Unión Aduanera, Auditoría y Lucha contra el Fraude, y entra a investigar aquellos proyectos y programas realizados en parte o totalmente con presupuestos de la Unión Europea.

La misión de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude es triple:
• protege los intereses financieros de la Unión Europea investigando el fraude, la corrupción y otras actividades ilegales,
• detecta e investiga casos graves relacionados con el desempeño de actividades profesionales por parte de sus miembros y su personal que puedan dar lugar a procedimientos disciplinarios o penales
• y colabora con las instituciones de la UE, en particular con la Comisión Europea, en la elaboración y aplicación de la normativa y las políticas de lucha contra el fraude.

La OLAF está facultada para llevar a cabo, con total independencia:
• Investigaciones internas, dentro de las instituciones europeas o los organismos financiados con el presupuesto de la UE.
• Investigaciones externas, en el ámbito nacional, siempre que esté en juego el presupuesto de la UE.
Para ello, la OLAF puede realizar controles e inspecciones sobre el terreno en los locales de los agentes económicos, en estrecha cooperación con las autoridades competentes de los Estados miembros y los terceros países. La OLAF recibe y recopila información sobre posibles fraudes e irregularidades de muy diversas fuentes, en la mayoría de los casos como resultado de controles de los responsables de la gestión de los fondos de la UE en las instituciones o en los Estados miembros.

Cuando se abre un caso se clasifica en diferentes categorías, y en concreto la que atañe a este asunto sería una Investigación externa, la cual es definida como una investigación administrativa fuera de las instituciones y organismos de la Unión Europea con objeto de detectar fraudes u otra conducta irregular por parte de personas físicas o jurídicas.

Pues bien, el colectivo de funcionarios “Viernes Negro” de Burgos escribió en abril de este año al Presidente Juan Vicente Herrera para informarle y a su vez pedirle explicaciones sobre una infraestructura pagada con fondos de la Unión Europea que “misteriosamente” no funcionaba.

En concreto, la Consejería de Agricultura y Ganadería creó pomposamente en abril de 2004 la Red de Vigilancia Fitosanitaria “ante la necesidad de detectar en los primeros momentos la aparición de organismos nocivos para las plantas, con el fin de poner en marcha de manera inmediata las medidas de control necesarias”. Para ello se proyectó la construcción de una Estación de Avisos en la localidad burgalesa de Pedrosa de Duero que tendría la función de seguimiento de plagas y enfermedades de la vid en las zonas de las Denominaciones de Origen de Ribera del Duero y Arlanza.

El presupuesto inicial cofinanciado por la Unión Europea a través del FEOGA era de 425.028 €, a los que luego se tuvo que añadir los gatos relativos al equipamiento con material de oficina, informática, material de laboratorio e incluso un vehículo.

En 2005 se inauguró la Estación con la presencia, dada la importancia que se le quería dar, del Presidente Juan Vicente Herrera y del Consejero de Agricultura José Valín, hoy Presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero.

No se entiende como tras la presencia de semejantes próceres la Estación contó en un principio con un puesto de becarix, al que le sucedió un técnicx contratadx a través de Tragsa que pasó más tarde a ser contratadx como trabajadorx autónomx. Así mismo y para seguir la sorprendente deriva de este “imprescindible servicio” no se le dotó de conexión a la red ni trabajó nunca ningún empleado público.

Dado el empuje del ejecutivo del Partido Popular a esta Estación se decidió su cierre en 2011 por “falta de presupuesto para mantener la actividad para la que fue creado”. Así que más de 500.000 € de todos los ciudadanos fueron tirados literalmente a la basura por un “caprichito” de nada.

Por todo ello el Colectivo “Viernes Negro” asumiendo que Juan Vicente Herrera no contestaría, como no lo ha hecho en ninguna de las denuncias realizadas, envió a la OLAF toda la información recopilada para que ésta respondiera en el caso de que observara indicios de fraude.

Según fuentes a las que ha tenido acceso “Burgos Dijital” el 7 de julio la Oficina Antifraude envió una respuesta al Colectivo “Viernes Negro” en la que comunica la existencia de causas para abrir la investigación, dando la razón a esta Plataforma de empleados públicos.

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Por Burgos Dijital

Ayer jueves 10 de abril ha tenido lugar una asamblea de empleados públicos en la Delegación Territorial de Burgos convocada por representantes sindicales de CCOO, CGT y UGT a petición de activistas del Movimiento Viernes Negro de Burgos y la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) para informar, analizar y debatir sobre las modificaciones que contempla el Anteproyecto de Ley de Reforma de la Administración de Castilla y León.

Los convocantes denuncian que con esta reforma se profundiza en el proceso de deterioro y pérdida de derechos de los empleados públicos, así como del resto de los ciudadanos de Castilla y León, en la medida en que el Anteproyecto generaliza la figura de la encomienda de gestión, lo que permitirá nuevas olas de privatizaciones que provocarán la pérdida de calidad de los servicios en favor de la precariedad laboral y los beneficios empresariales, el aumento de la oscura Administración B y la desaparición del mérito, la capacidad y la igualdad como valores para la selección de los empleados públicos, con la consiguiente pérdida de objetividad, profesionalidad e imparcialidad en la prestación de los servicios públicos hacia los ciudadanos.

Pero además denuncian que esta reforma establece la posibilidad de que los empleados públicos trabajen para esas empresas de gestión privada, y sus servicios sean pagados por la propia Administración para seguir transformando la deuda privada en ilegítima deuda pública.

Edificio de la Delegación Territorial de la Junta de CyL

El colectivo convocante cursó así mismo invitación a la asamblea al Delegado Territorial, el inefable Baudilio Fernández Mardomingo, y a los 11 Procuradores de las Cortes de Castilla y León elegidos por la provincia de Burgos, entre ellos el Presidente de la Junta Juan Vicente Herrera para que pudieran conocer de primera mano las aspiraciones de los empleados públicos y manifestar su posición con respecto a las mismas.  Por supuesto ni los procuradores del Partido Popular, como ya se esperaba, ni el Delegado Territorial aparecieron por el salón de actos. En este último caso llama poderosamente la atención que un hombre tan preocupado por las charlas que dan fuera de su jornada de trabajo y de su espacio físico de trabajo algunos empleados públicos, no quiera saber nada de ellos cuando se le comunica y se le invita a dar su punto de vista en el debate. Así mismo el Presidente de la Junta, tan dispuesto cuando aparecen por aquí los ciudadanos borbones y allegados, sin ir más lejos hace tres días en la visita de la reina, no se sienta tan dispuesto cuando se trata de visitar a otros ciudadanos. No sabemos si por la falta de ágape o por la inexistencia de fotógrafos.

En cualquier caso sí aparecieron por allí el del PSOE, David Jurado lo cual, como manda la educación y las buenas formas, fue agradecido por las personas que dirigieron la asamblea y comunicaron a sus compañeros los principales y más graves cambios.

Los principales puntos que se denunciaron fueron los detallados a continuación:

• Se “legalizarán” y se extenderán las encomiendas de gestión que se trata de un instrumento por el que la Administración traslada el aspecto material de una potestad pública a un órgano distinto del encomendante, para que éste a su vez, como está ocurriendo en muchas ocasiones, subcontrate a la empresa de servicios de turno.

• También se incluirá la posibilidad de qué órganos de una Consejería desempeñen funciones en relación a los entes adscritos a ellos: por ejemplo que los recursos humanos y materiales de la Consejería de Agricultura se destinen al ITACYL. Dicho así no suena ni bien ni mal, pero hay que recordar que las prácticas de las empresas públicas de Castilla y león han sido denunciadas por el Consejo de Cuentas, que hay un buen puñado de altos cargos relacionados con estos chiringuitos imputados por diversos delitos contra la Administración Pública, y que hay una grave denuncia realizada por el PCAS admitida por la Fiscalía.

• Se introducirá la supresión de diversos trámites de fiscalización al ejecutivo en el desarrollo de su acción política tanto de los ciudadanos, como el trámite de audiencia e información pública, como de diversos contrapesos institucionales.

• Se regula de modo expreso la Atribución Temporal de Funciones (ATF) que deja en manos de cualquier Jefe la posibilidad de utilizarla contra empleados públicos que no estén de acuerdo con su proceder para moverlos prácticamente a cualquier puesto que esté libre, incluso fuera de su localidad de trabajo, sin más posibilidad para los trabajadores que recurrir en la vía contenciosa que, gracias a Gallardón, saldría bastante cara para el recurrente.

• A través de la ATF y de la encomienda de gestión cualquier trabajador puede estar obligado a trabajar para fundaciones, gerencias y empresas públicas de la Junta.

• Las Relaciones de Puestos de Trabajo donde se definen los requisitos que debe de tener un empleado para ocupar un puesto de trabajo serán prácticamente papel mojado, por lo que será aún más fácil para los altos cargos colocar a quién quiera dónde quiera, por supuesto a los puestos directivos bien remunerados.

• En el colmo de la desvergüenza el borrador planteado por el ejecutivo recoge la posibilidad, que a buen seguro la cumplirán, de contratar a personal estatutario en el SACYL fuera de las bolsas de empleo. Por lo que se cargan de un plumazo la igualdad de todos los españoles de poder acceder a un puesto público a través de pruebas selectivas objetivas e independientes. Evidentemente en este caso están detrás las famosas Unidades de Gestión Clínica: invento de la Junta para crear reinos de Taifas en nuestros hospitales dando al Jefe de la Especialidad, elegido a dedo, el presupuesto anual y la libertad total de su gestión económica para competir entre ellos.

Resulta muy edificante comprobar como la Junta acepta de buen grado todo este aparato exponiendo que además los puestos directivos en el SACYL podrán cobrar retribuciones superiores a las reguladas en los presupuestos anuales de la Junta.  

Tras estas reflexiones y unas cuantas más los trabajadores allí presentes debatieron posibles medidas en las que se intentará combinar la protesta en la calle, quizás una protesta masiva en Valladolid para el 25 de abril junto al personal más activo del resto de las provincias, con una batería posible de recursos cuando se apruebe lo que consideran un despropósito encaminado a crear un clima de represión y a la incentivación de la corrupción.

Juan Vicente Herrera oculta a los ciudadanos los privilegios de las élites

Por Basilio el Bagauda

El Movimiento “Viernes Negro” de Burgos, uno de los pocos colectivos que defienden en Castilla y León la supresión de la Administración B y de las libres designaciones, así como el incremento de empleo público a través de pruebas libres y la desaparición de la contratación a través de empresas interpuestas, ha vuelto a dejar en evidencia la hipócrita, oscura y demagógica actitud del Presidente Juan Vicente Herrera.

Así el 22 de noviembre del año pasado este colectivo denunció públicamente el uso privado y de manera cotidiana de un coche oficial por parte de la burgalesa y Jefa del Gabinete Virginia Arnáiz. El hecho denunciado no era la primera vez que ocurría, ya que diarios digitales como “Último Cero” habían denunciado el uso de otro coche pagado por todos los castellanos y leoneses de la mujer del Vicepresidente de la Junta D. Santiago Juárez, sin que ni al susodicho ni a su mujer se les ocurriera pedir perdón público ante semejante desfachatez que afeaba el ejemplarizante discurso de austeridad y sacrificio “compartido por todos”.

La respuesta a través del Procurador del Común llegó el 4 de febrero de este año en forma de una sencilla respuesta en la que el mismo se conforma,” tras una dura investigación”,  con una acusación de falsa denuncia por parte de la Consejería de Presidencia hacia el colectivo y con la información de un supuesto Código de austeridad aprobado por la Junta para controlar la conducta de sus altos cargos.

Esta respuesta pone blanco sobre negro en al menos dos aspectos que tienen que ver con la conducta política del Partido Popular de Castilla y León y del ejecutivo de Herrera.

En primer lugar, una respuesta tan pobre en su ejecución intelectual y tan débil en sus fundamentos jurídicos sólo se produce cuando una institución que en principio sirve para proteger las garantías de los derechos y libertades de los ciudadanos y controlar y denunciar los posibles abusos de los poderes públicos es tan irrisoriamente inútil como todos los observatorios, órganos colegiados, comités, grupos de trabajo, agendas de despoblación  y demás tonterías creadas única y exclusivamente para dar una apariencia de participación democrática y control de los poderes públicos que realmente no existe.

En segundo lugar debemos remontarnos al acto de investidura pronunciado por Juan Vicente Herrera ante las Cortes el 23 de junio de 2011 en el que mintió a los Procuradores y por ende a todos sus representados, a la vista de los acontecimientos, diciendo entre otras perlas, y cito textualmente, que “sólo tendrán asignado coche oficial los miembros del Consejo de Gobierno (…). Los desplazamientos, visitas y viajes oficiales se realizarán exclusivamente con la persona o personas cuya presencia esté justificada por razón de la responsabilidad o servicio”. Para aquellos que no lo sepan, y de ahí la mentira, los miembros del Consejo de Gobierno son únicamente los Consejeros y el Presidente, y éstos son “altos cargos” pero no son ni mucho menos los únicos, ya que en esta “casta” entra un número ingente de designados a dedo tanto en la Administración Pública como en todos los organismos autónomos y empresas públicas.

Ambas cosas son ejemplos de lo que significa para el partido Popular la acción del gobierno en un marco político supuestamente democrático: utilización permanente de la posición de poder institucional para saltarse todos los filtros que deberían de controlar dicho poder y dar a su vez una teatral apariencia de legitimidad a través del rodillo parlamentario y de la transmisión permanente en su relato de la idea de “profunda lealtad institucional y fe  en el funcionamiento de las instituciones”. Lo que se podría denominar como “institucionalismo”, una mezcla de posibilismo canovista y de idolatría hacia los continentes en oposición a los contenidos, como si en la democracia fuera más importante la existencia física de unas Cortes que su utilidad y funcionamiento.

Otro ejemplo claro de la tesis que sostengo se produce en el hecho de que el supuesto “código de austeridad de los altos cargos” confeccionado por no se sabe qué órgano ejecutivo o legislativo no sólo no ha pasado a debate o mínima presentación en las Cortes de Castilla y León, sino que no ha sido publicado por ningún medio de comunicación ni tampoco por parte de la administración autonómica en su cacareado portal abierto al ciudadano. Invito a todos los lectores a que intenten buscar dicho documento y a que compartan sus experiencias místicas en nuestro blog.

Dicho sea de paso que ya que se nos oculta una cosa tan nimia, por llamarla de alguna manera, como el uso en régimen de propiedad privada de chófer y coche oficial, qué no podremos pensar cerebros tan calenturientos como el mío después de leer en “Último cero” el 6 de marzo que después de varios requerimientos en Cortes por parte de los grupos de la oposición la Junta se dignó en hacer públicas las dichosas gratificaciones extraordinarias, algo a lo que le obliga la Ley de Función Pública de manera periódica, y las cuentas hablan por sí solas: un total aproximado de 4,2 millones de euros al año que va a parar a altos cargos, a secretarias y chóferes que callan los desmanes y vicios inconfesables de sus señorías, y a un buen puñado de funcionarios necesarios para el trapicheo y la corrupción. Concretamente los selectos empleados de la consejería de Sanidad, ¡¡¡Oh, qué casualidad!!!, se reparten al año un total aproximado de 925.000 euros, y eso sólo por callar.

En fin, teniendo en cuenta  todo esto, por qué no pensar, y no hay que echar mucha imaginación, en otras tantas prebendas de nuestras señorías: tarjetas de crédito asignadas al presupuesto público, sobrecitos blancos, multitud de cobros en forma de regalos y favores, viajes gratuitos pagados por empresarios, viajes de trabajo en clase “business”, áticos mal registrados, invitaciones a grandes eventos, asesores pagados por todos nosotros…

Dada la tremenda curiosidad despertada por el “código de austeridad para los altos cargos”, que bien podría ser un “menú a la carta para los altos cargos”, el Movimiento Viernes Negro ha requerido a la Junta a través del Procurador del común que se le haga llegar dicho documento para que el mismo se haga público y que los malvados castellanos y leoneses dejen de calentarse la cabeza con fábulas imposibles propias del Medievo.

Para ello se han hecho valer de la nueva herramienta que va a revolucionar y crear una nueva España, la ley de Transparencia y Buen Gobierno. Es más, en dicha comunicación realizada el 21 de febrero le recuerda a la Junta que está sometida a las bondades de dicha Ley y le subraya al Procurador del Común, mero correveydile de esta disparatada situación, que “la Consejería de Presidencia le hizo llegar a la Institución que representa el informe en el que se mencionaba el código de austeridad , no entendemos como 42 días después de publicada la Ley de Trasparencia a la que la Consejería se ve obligada a someterse no ha hecho un ejercicio de proactividad para responder a la grave denuncia cumpliendo con los principios inspiradores de la ley recientemente aprobada. En cualquier caso el Movimiento Viernes Negro quiere pensar que ha sido debido más a la ignorancia que a la malicia.”

A día de hoy el documento sigue sin publicarse y fuentes cercanas a este blog nos han confirmado que tras la consulta de algún medio de comunicación al gabinete de comunicación de la Consejería de Presidencia éstos han dado la callada por respuesta; a buen seguro estará bajo 7 llaves en algún rincón incógnito del mundo que emane una gran fuerza telúrica, junto al arca de la alianza, el Grial y el verdadero documento del registro de la propiedad del agustiniano inmueble de Javier Lacalle.

En cualquier caso el colectivo “Viernes Negro” de Burgos será a buen seguro uno de los primeros en España en realizar la prueba del algodón a la famosa y mediática Ley.

Radio Televisión Castilla y León: Infeliz cumpleaños

Por Burgosdijital

Radio Televisión de Castilla y León, el ente privado de Méndez Pozo y Jose Luis Ulibarri,  no despierta el más mínimo interés entre los ciudadanos de esta tierra.  Tras cinco año de emisiones (están "celebrando" el quinto aniversario) y a pesar de los más de 20 millones de euros anuales en subvenciones, TVCYL y La 8, las dos cadenas de televisión del ente, no dejan de perder espectadores frente al resto de las cadenas. Según el informe de Barlovento en su análisis televisivo de 2013, Televisión Castilla y León  y la 8 ocupaban la decimoquinta y vigesimosexta posición respectivamente con 1,5 % y un 0,6% de cuota de pantalla.  Magra cosecha que explica el escaso alarde que se hace de estos datos.

Gráfico de la cuota de pantalla en Castilla y León en 2013.  Las cadenas de Castilla y León son CYLTV y La 8

Ambas cadenas no sólo están detrás de las llamadas cadenas generalistas como La 1, Antena 3, o Telecinco, ni siquiera de las privadas de nuevo cuño como Cuatro, o La Sexta. Las subvencionadas cadenas TVCYL y La 8 son relegadas cada vez por más canales de la TDT. Incluso son adelalantadas por otras cadenas de la ultraderecha mediática como 13TV o la moribunda Intereconomía.  En definitiva, se puede decir que el supuesto servicio público por el que las cadenas de Méndez Pozo y Ulibarri son subvencionadas carece de eso ... público.  Ambas cadenas son casi irrelevantes, y las previsiones son aún peores. Según el mismo análisis sólo el año pasado TVCYL perdió un 6,3% de share y La 8 más de 25%. 

En plena crisis y efervescencia de recortes en educación y sanidad. La ciudadanía de Castilla y León ha desembolsado más de 100 millones de euros en subvenciones a una tele que nadie ve:  22 millones de euros de 2009 a 2012 y 18 millones de euros en 2013. Las televisiones de Castilla y León nos cuestan más caras que  RTVE.  Así cada castellanoleonés ha pagado 6,20 euros por persona y año en 2013 para mantener al ente público sin publicidad, y 7,07 euros por persona y año en subvenciones a las desgraciadas cadenas de Méndez Pozo y Ulibarri, y eso sin contar con las nada despreciables subvenciones camufladas de propaganda institucional. Durante mucho tiempo se criticó que RTVE tuviera una doble financiación pública y privada, sin embargo no parece que el gobierno del PP de Herrera encuentre contradicción alguna en subvencionar con dinero público estas cadenas privadas.  Aunque hay que decir que la vista de los resultados ni siquiera así,  con el dinero de los castellanoleoneses es capaz de ser competitiva.

Las catastróficos resultados de CYLTV y La 8 deberían llevar al gobierno de Castilla y León a reconsiderar unas subvenciones millonarias, sobre todo en un contexto de recortes sociales. Si una televisión privada no es vista, no cumple con el servicio público y por lo tanto no debería ser financiada con dinero público.  Las ridículas cifras de cuota de pantalla son la mejor enmienda a la totalidad de la ciudadanía de Castilla y León a la política de subvenciones del gobierno de Herrera.   Así debería ser si la autoproclamada RTVCYL también conocida como Teleméndez en Burgos si sirviera para lo que se dice que fue creada.  

El objetivo de TVCYL no es hacer comunidad o región, ni ocuparse de dar una información que otras cadenas no dan.  TVCYL es una forma de pagar con dinero público a los grupos mediáticos que la componen para que estos a través no sólo de la televisión, que nadie ve, sino principalmente a través de periódicos y radios, le canten las bienaventuranzas a los gobiernos del PP, y en especial a Juan Vicente Herrera.  

Si los gobiernos del PP se suceden elección tras elección cuando la sensación de fracaso no ha dejado de crecer, es por la dictadura mediática que existe en la región.  De este modo se puede entender que se mantenga y se paguen 100 millones de euros por  una televisión invisible al tiempo que se aniquilan servicios médicos en el medio rural, por falta de demanda. Si el PP aún se postula como favorito para ganar las elecciones en Castilla y León es porque los medios controlados por los dueños de la RTVCYL siguen contando cuentos de hadas mientras Castilla y León se muere. Fenece por la corrupción galopante alimentada a lo largo de más de 25 años de mayorías absolutas y promovida por silencios cómplices de los medios¿Cómo se va a tratar la imputación en el caso Gürtel al ex-vicepresidente de Castilla y León Jesús Merino cuando una de sus dueños, Ulibarri, también está implicado?  ¿Cómo se va a tratar el sobrecoste del 100% del Hospital de Burgos en la televisión del uno de los mayor beneficiado por dicho sobrecoste? ¿Cómo se va a explicar en la TVCYL y en los medios de comunicación afines el latrocinio cometido con las cajas de ahorros de Castilla y León si quienes más han contribuido a hundirlas son los que dan y los que reciben dichas subvenciones?

En ningún sitio del estado, ni siquiera en Valencia o Andalucía, la corrupción ha sido tan tolerada como en Castilla y León.   Casos en los que se mezcla la corrupción moral y la política en un clima de total impunidad como:  "Gürtel" "La ciudad del Medio Ambiente de Soria", "La ciudad del golf" en Ávila, el Hospital privado de Burgos, o los cuatro aeropuertos fantasma y también subvencionados por la Junta de Castilla y León no han levantado la polvareda de indignación que merecían.  No se que no haya habido dimisiones, es que no ha habido ni debate.  Todo gracias a la Omertá.  A la ley del silencio de un sistema mediático pétreo y con tintes mafiosos.

La ciudadanía es obligada a pagar a unos medios de comunicación por silencios cómplices con el PP.  De este modo RTVCYL es un parásito de Castilla y León, y es a su vez un instrumento para que la clase corrupta y también parásita puedan seguir extrayendo la sangre de una tierra exhausta.   Sólo así se entiende la existencia  RTVCYL.  Sólo así se entiende que la gente no vea ni los informativos ni los programas de las cadenas que dicen contar lo que pasa al lado de casa:  Huelen a cuento y a cuentas.  

*Datos en PDF. barlovento comunicación

EL aeropuerto de Burgos bate todos los récords: 18 viajeros al día en enero de 2014

Por Burgos Dijital

Cerca de 100 millones de euros de dinero público se ha gastado en un aeropuerto que el pasado mes de enero tuvo 18 pasajeros al día.

El pasado enero, el aeropuerto de Villafría, una de las inversiones más caras realizadas en la provincia en los últimos años, tuvo 569 pasajeros: 18 pasajeros al día.  Ni la propaganda de los medios como Diario de Burgos es capaz de ocultar la agonía de una infraestructura frívola, y extravagante.  Resulta sorprendente que, gracias al PP,  la provincia de Burgos esté más próxima a ver desaparecer la atención sanitaria de zonas rurales que un aeropuerto que nadie demanda.  Y también resulta inaceptable que  ningún grupo político ni social de la ciudad haya tenido el valor de exigir el cierre de un monumento a la estupidez.  Parece haberse instalado la absurda idea de que una vez construido el aeropuerto no ocasiona grandes pérdidas, pero no es así.  El aeropuerto sigue siendo en un contexto de crisis  y recortes salvajes en servicios básicos un pozo sin fondo de dinero público al servicio de la clase rica y acomodada de la ciudad. 

El aeropuerto que fue inaugurado en julio de 2008 costó alrededor de unos 50 millones de euros, es decir como seis bulevares juntos.   Los expertos que realizaron el Plan director del aeropuerto de Burgos hicieron unas previsiones de la demanda de pasajeros que se parecían mucho al cuento de la lechera.  Predijeron que en  2009 el aeropuerto de Burgos   tendría 94.544 pasajeros y que la cifra se incrementaría hasta los 122.653 pasajeros en 2015.  La realidad se encargó de corregir a los flautistas de Hammelin.  El aeropuerto de Villafría  ningún año consiguió llegar ni a un tercio de las previsiones.  

Año	Pasajeros	Operaciones	Carga
2008 (Jul-Dic)	13.037	1.501	0 kg.
2009	27.716	3.571	0 kg.
2010	33.595	3.559	1.766 kg.
2011	35.447	3.960	308 kg
2012	21.057	2.904	0 kg
2013	18.905	2.305	0 kg

Cuadro histórico de pasajeros del aeropuerto de Villafría

El despilfarro no se acabó con la inauguración del aeropuerto.  El tímido incremento  de pasajeros que se observa en los tres primeros años del aeropuerto son debidos a las masivas subvenciones de la Junta de Castilla y León a compañías aéreas para que operasen desde aeropuertos de la región.  El de Burgos fue, en proporción, el más subvencionado.  Más de 20 millones de euros del dinero de los castellanos- leoneses fue regalado a Air Nostrum en el periodo 2008-2011.  En plena crisis, y con recortes drásticos en sanidad y educación el gobierno de Juan Vicente Herrera subvencionaba con cerca de 200 euros a cada pasajero que salía del aeropuerto de Villafría.  Al acabarse las subvenciones de la Junta, obligada por la UE,  el magro espejismo desapareció y las cifras del aeropuerto cayeron en barrena. 

EL apartado de subvenciones al aeropuerto de Villafría por parte de instituciones gobernadas por liberales del PP no termina con los cuantiosos regalos a Air Nostrum?.  El bolsillo de los burgaleses sigue sangrando por la cabezonería del alcalde Javier Lacalle que preside el "Consorcio para la promoción del aeropuerto de Burgos".  Este organismo cuenta con un presupuesto que ronda el medio millón de euros anuales de dinero público y sirve para promocionar el turismo en la Costa Mediterránea sufragando las vacaciones y los viajes a la clase pudiente burgalesa.  Otro objetivo del consorcio también era el de  proporcionar unas cuantas noticias dulces respecto al aeropuerto, sin embargo últimamente ha protagonizado sainetes como el de la espantada de Good-Fly el verano pasado.  La compañía ex-burgalesa dejó tirados a más de 100 burgaleses en Mallorca y obligó a un desembolso suplementario de otros 50.000 euros de dinero público para fletar un avión que les trajera a casa. 

La deuda del aeropuerto de Villafría según uno de los pocos artículos esclarecedores de DB firmado por H. Jiménez es de unos 80 millones de euros.  Números ciclópeos, sobre todo si se comparan con la insignificancia de los 18 pasajeros diarios de enero.  En la noticia también se afirma que cada día que el aeropuerto permanece abierto genera una pérdida de 10.000 euros de dinero público.  

Tras siete años de crisis sin precedentes con familias desahuciadas, miles de jóvenes burgaleses emigrando para escapar del paro y la precariedad laboral; Con un medio rural en vías de extinción, la prioridad para Lacalle y Juan Vicente Herrera no puede ser seguir subvencionando el aeropuerto de Burgos.  No es bueno para Burgos independientemente de lo que hagan en el resto de las ciudades.  La oposición política debería ser más valiente y exigir el fin del consorcio del aeropuerto, el fin de las subvenciones de vacaciones, e incluso, en un ejercicio de moralidad exigir el cierre total de un aeropuerto que no vale sino para que los ricachones de la ciudad tengan un aeródromo privado a precio de ganga.