Por Burgos Dijital
Ayer jueves 10 de abril ha tenido lugar una asamblea de empleados públicos en la Delegación Territorial de Burgos convocada por representantes sindicales de CCOO, CGT y UGT a petición de activistas del Movimiento Viernes Negro de Burgos y la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) para informar, analizar y debatir sobre las modificaciones que contempla el Anteproyecto de Ley de Reforma de la Administración de Castilla y León.
Los convocantes denuncian que con esta reforma se profundiza en el proceso de deterioro y pérdida de derechos de los empleados públicos, así como del resto de los ciudadanos de Castilla y León, en la medida en que el Anteproyecto generaliza la figura de la encomienda de gestión, lo que permitirá nuevas olas de privatizaciones que provocarán la pérdida de calidad de los servicios en favor de la precariedad laboral y los beneficios empresariales, el aumento de la oscura Administración B y la desaparición del mérito, la capacidad y la igualdad como valores para la selección de los empleados públicos, con la consiguiente pérdida de objetividad, profesionalidad e imparcialidad en la prestación de los servicios públicos hacia los ciudadanos.
Pero además denuncian que esta reforma establece la posibilidad de que los empleados públicos trabajen para esas empresas de gestión privada, y sus servicios sean pagados por la propia Administración para seguir transformando la deuda privada en ilegítima deuda pública.
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| Edificio de la Delegación Territorial de la Junta de CyL |
El colectivo convocante cursó así mismo invitación a la asamblea al Delegado Territorial, el inefable Baudilio Fernández Mardomingo, y a los 11 Procuradores de las Cortes de Castilla y León elegidos por la provincia de Burgos, entre ellos el Presidente de la Junta Juan Vicente Herrera para que pudieran conocer de primera mano las aspiraciones de los empleados públicos y manifestar su posición con respecto a las mismas. Por supuesto ni los procuradores del Partido Popular, como ya se esperaba, ni el Delegado Territorial aparecieron por el salón de actos. En este último caso llama poderosamente la atención que un hombre tan preocupado por las charlas que dan fuera de su jornada de trabajo y de su espacio físico de trabajo algunos empleados públicos, no quiera saber nada de ellos cuando se le comunica y se le invita a dar su punto de vista en el debate. Así mismo el Presidente de la Junta, tan dispuesto cuando aparecen por aquí los ciudadanos borbones y allegados, sin ir más lejos hace tres días en la visita de la reina, no se sienta tan dispuesto cuando se trata de visitar a otros ciudadanos. No sabemos si por la falta de ágape o por la inexistencia de fotógrafos.
En cualquier caso sí aparecieron por allí el del PSOE, David Jurado lo cual, como manda la educación y las buenas formas, fue agradecido por las personas que dirigieron la asamblea y comunicaron a sus compañeros los principales y más graves cambios.
Los principales puntos que se denunciaron fueron los detallados a continuación:
• Se “legalizarán” y se extenderán las encomiendas de gestión que se trata de un instrumento por el que la Administración traslada el aspecto material de una potestad pública a un órgano distinto del encomendante, para que éste a su vez, como está ocurriendo en muchas ocasiones, subcontrate a la empresa de servicios de turno.
• También se incluirá la posibilidad de qué órganos de una Consejería desempeñen funciones en relación a los entes adscritos a ellos: por ejemplo que los recursos humanos y materiales de la Consejería de Agricultura se destinen al ITACYL. Dicho así no suena ni bien ni mal, pero hay que recordar que las prácticas de las empresas públicas de Castilla y león han sido denunciadas por el Consejo de Cuentas, que hay un buen puñado de altos cargos relacionados con estos chiringuitos imputados por diversos delitos contra la Administración Pública, y que hay una grave denuncia realizada por el PCAS admitida por la Fiscalía.
• Se introducirá la supresión de diversos trámites de fiscalización al ejecutivo en el desarrollo de su acción política tanto de los ciudadanos, como el trámite de audiencia e información pública, como de diversos contrapesos institucionales.
• Se regula de modo expreso la Atribución Temporal de Funciones (ATF) que deja en manos de cualquier Jefe la posibilidad de utilizarla contra empleados públicos que no estén de acuerdo con su proceder para moverlos prácticamente a cualquier puesto que esté libre, incluso fuera de su localidad de trabajo, sin más posibilidad para los trabajadores que recurrir en la vía contenciosa que, gracias a Gallardón, saldría bastante cara para el recurrente.
• A través de la ATF y de la encomienda de gestión cualquier trabajador puede estar obligado a trabajar para fundaciones, gerencias y empresas públicas de la Junta.
• Las Relaciones de Puestos de Trabajo donde se definen los requisitos que debe de tener un empleado para ocupar un puesto de trabajo serán prácticamente papel mojado, por lo que será aún más fácil para los altos cargos colocar a quién quiera dónde quiera, por supuesto a los puestos directivos bien remunerados.
• En el colmo de la desvergüenza el borrador planteado por el ejecutivo recoge la posibilidad, que a buen seguro la cumplirán, de contratar a personal estatutario en el SACYL fuera de las bolsas de empleo. Por lo que se cargan de un plumazo la igualdad de todos los españoles de poder acceder a un puesto público a través de pruebas selectivas objetivas e independientes. Evidentemente en este caso están detrás las famosas Unidades de Gestión Clínica: invento de la Junta para crear reinos de Taifas en nuestros hospitales dando al Jefe de la Especialidad, elegido a dedo, el presupuesto anual y la libertad total de su gestión económica para competir entre ellos.
Resulta muy edificante comprobar como la Junta acepta de buen grado todo este aparato exponiendo que además los puestos directivos en el SACYL podrán cobrar retribuciones superiores a las reguladas en los presupuestos anuales de la Junta.
Tras estas reflexiones y unas cuantas más los trabajadores allí presentes debatieron posibles medidas en las que se intentará combinar la protesta en la calle, quizás una protesta masiva en Valladolid para el 25 de abril junto al personal más activo del resto de las provincias, con una batería posible de recursos cuando se apruebe lo que consideran un despropósito encaminado a crear un clima de represión y a la incentivación de la corrupción.
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