Por Burgos Dijital
Esta mañana a las 12
horas se ha convocado una rueda de prensa para presentar el
informe elaborado por el Grupo de apoyo a las personas encausadas
tras las protestas contra las obras del Bulevar de Gamonal. El saldo de detenidos
durante los pasados días 10, 11 y 13 de enero fue de 47, de
los cuales 11 eran menores de edad. Además, se produjeron dos
detenciones más posteriores a los hechos. Se les acusa, entre otras
cosas, de atentado contra la autoridad, desórdenes públicos, daños
y destrozos...
El informe elaborado se
articula en varios puntos importantes: presentación de los objetivos
y del trabajo realizado por el Grupo de apoyo, visión general de las
detenciones (perfiles de los detenidos y testimonios de algunos de
ellos), resumen de algunos de los testimonios de testigos
presenciales, condiciones de las detenciones e información sobre el
proceso judicial, información sobre los intentos de criminalización,
represalias y hostigamiento por parte de las fuerzas policiales y
respuesta a los mensajes y declaraciones realizadas tanto por el
Ayuntamiento como por la Subdelegación del Gobierno.
El Grupo de apoyo
denuncia que el panorama general obtenido después de
investigar entre los testimonios de detenidos, familiares y testigos
dista mucho del presentado oficialmente por parte de la Policía y
los órganos de gobierno de la ciudad. Denuncian también que las
condiciones de las detenciones, que consideran que en
su mayoría fueron aleatorias y arbitrarias como demuestran
numerosos testimonios, no fueron las adecuadas, y que el trato
recibido por los detenidos no fue correcto: algunos recibieron un
trato vejatorio, violento, no se les proporcionaron las
condiciones habituales en casos de detención (realizar una llamada a
familiares, tener una colchoneta o una manta, etc).
El
informe detalla que durante los días que duraron las protestas se
produjo una gran cantidad
de casos de hostigamiento por parte de la policía: cacheos,
seguimientos, entrada en locales privados de jóvenes,
identificaciones de personas que acababan de salir de asambleas o
volvían de manifestaciones... Así mismo, el informe también
denuncia que ‘toda la acción policial estuvo acompañada
de numerosos actos de violencia y amenaza‘. Destaca
especialmente el testimonio de uno de los menores que relata cómo
recibió malos tratos durante
la detención, hasta que los agentes tuvieron constancia de que se
trataba de un menor. Dicho menor cuenta con un parte de lesiones. Dos
agentes, por lo visto, presentaron un informe de lesiones realizado
por una clínica privada, sospechosamente sin constancia de fecha y
hora, alegando que las lesiones habían sido producidas por el citado
menor.
Se continúa el informe denunciando que, a pesar de
que ‘la juez instructora del caso refleja deficiencias en los
atestados policiales’, esto ‘no se traduce en una puesta en
libertad de las personas detenidas, sino en una prórroga de la
detención en dependencias policiales. (…) Esto supone privarles un
día más de su libertad cuando no existen pruebas concluyentes de su
implicación.’
Se critica la alta suma impuesta para el pago de las
fianzas, que era de 3000 euros, que se consiguió pagar, entre otras
cosas, gracias a la solidaridad de numerosas personas que
participaron en las protestas de apoyo a los encausados.
Aunque desde el Grupo de
apoyo a las personas encausadas se anima las mismas y a sus familias
a volver a la normalidad de sus vidas, los constantes intentos de
criminalización por parte de los medios de comunicación y de las
administraciones públicas no ayudan. Tampoco ayuda el acoso
policial que se vive aún en el barrio. Se continúa con el
acecho y seguimiento a personas implicadas en las asambleas y grupos
de apoyo. Según se relata en el informe presentado, el pasado 18 de
febrero la policía entraba en el local social de dos personas
encausadas y sus amigos, tras haber asistido a una convocatoria del
Grupo de apoyo, con el objetivo de recordarles ‘su condición de
procesados por los incidentes acaecidos en torno a la lucha contra el
bulevar de la calle Vitoria.’
Se ha mencionado también el caso de los dos jóvenes
a los que 4 unidades de la policía han interceptado este fin de
semana por ir disfrazados de lo que ellos mismos habían calificado
de “aberchándals”. Se ha recordado que el Carnaval es la época
del año en la que la sátira está permitida y legitimada; miembros
del grupo de apoyo consideran que sería una situación cómica si no
fuese por la gravedad del asunto.
El representante del Ayuntamiento
comunicó, según se recoge en el informe, que el consistorio
no se personará como acusación particular pero sí como
perjudicado, aduciendo que “el Ayuntamiento, como no puede
ser de otro modo, tiene que defender los intereses generales de la
ciudad y de todos los burgaleses, de modo que está obligado a
reclamar la restauración de los daños públicos”. Además del
Ayuntamiento, se unen como damnificados la UTE de empresas
adjudicatarias de las obras, la aseguradora Plus Ultra, la Clínica
Recoletas, Telefónica y Caja Círculo.
Desde el grupo de apoyo a encausados se considera
que ‘ambas
instituciones emplean una burda estrategia de criminalización e
intimidación, con el objetivo de desactivar la movilización de la
gente ante atropellos como la fallida construcción del Bulevar y
otros cometidos por y desde el poder’, declarando
que ‘las luchas contra la corrupción, los abusos de poder, en
contra de la miseria e injusticias diarias, deben ser una constante
entre los habitantes de Burgos (…) para lograr transformar esta
sociedad, en evidente decadencia, en otra con mayor justicia social,
igualdad y liberada de aquellos poderosos que, de forma continua,
atentan contra derechos fundamentales del resto de la ciudadanía.’
Desde el grupo de apoyo
se pide solidaridad ciudadana con las personas encausadas: se hace un
llamamiento a todos aquellos testigos que puedan aportar
información o datos (fotos, vídeos) que puedan servir como apoyo a
los encausados y se solicita apoyo en las concentraciones y
movilizaciones.
Para consultar el informe
completo:
