Viernes Negro desvela los privilegios de los altos cargos de la Junta de Castilla y León

Por Burgos Dijital

El día 22 de noviembre de 2013 empleados públicos de la Junta de Castilla y León presentaron una denuncia al Presidente de la Junta de Castilla y León y al Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos, de la que dimos cuenta en este medio, por el presunto uso indebido de un vehículo oficial por parte de la Directora del Gabinete del Presidente, la Sra. Virginia Arnaiz Gonzalez, lo que valoraron en unos 70.000 € anuales.

Informaciones posteriores aparecidas en medios de comunicación en relación a gratificaciones extraordinarias a conductores y personal de confianza podrían elevar esa cifra a los 100.000 € anuales.

Ante la falta de respuesta por parte del Presidente y del Delegado Territorial en Burgos de la Junta se presentó esta denuncia el día 3 de diciembre de 2013 ante el Procurador del Común y éste dio respuesta tras recibir un informe de la Consejería de Presidencia en el que se manifestaba que existía un “Código de Austeridad para altos cargos de la Administración”, según Acuerdo de 29 de septiembre de 2011”, en el que se exponía que la Directora de Gabinete del Presidente “podría utilizar el coche oficial para ir y venir del trabajo diariamente, compartiéndolo cuando fuera posible con otros altos cargos que residieran en la misma localidad"

A continuación el Movimiento VIERNES NEGRO de Burgos solicitó al Procurador del Común el citado texto del “Código de austeridad para altos cargos de la Administración” y éste respondió que tenía en su poder dicho documento pero sin disposición de hacerlo público.

Más tarde VIERNES NEGRO al conocer que el Director General de Formación Profesional y Régimen Especial, Sr. Enrique de la Torre Alonso, seguía utilizando un coche oficial para desplazarse diariamente desde su domicilio de Burgos a su lugar de trabajo en Valladolid y viceversa, presentó el día 3 de julio de 2015 una nueva denuncia-queja, ante el Sr Presidente de la Junta, por entender que se estaba utilizando un vehículo público para uso privado.

Once días después y tras más de año y medio el nuevo Consejero de Presidencia De Santiago-Juárez remitió al Movimiento un escrito de respuesta a la denuncia-queja anterior, adjuntando el opaco “Código de Austeridad para los Altos Cargos de la Administración Autonómica y de su Sector Público”.

Tras su lectura los denunciantes sospechan de la falta de control público efectivo, puesto que el documento dice literalmente que los privilegios allí vertidos “se notificaron únicamente a los altos cargos…”. Expresan así mismo la gravedad del asunto porque dicho documento “no se ha debatido en las Cortes, se ha ocultado a los Procuradores como así nos lo comunicaron, no ha sido explicado en los medios de comunicación y, como nosotros mismos hemos comprobado, se ha ocultado a los propios trabajadores de la Administración, por lo que no puede ser más que un pacto entre iguales para que ninguno de ellos tenga privilegios por encima del resto”. Además señalan la inexistencia en el mentado Código de posibles sanciones, multas o apercibimientos.

Al parecer los privilegios expresados en el código oculto hasta ahora no sólo afectaban a los 74 altos cargos en la Administración General: Presidente, Jefa de Gabinete, Consejeros, Viceconsejeros, Secretarios, Directores Generales y Delegados Territoriales, sino que también se incluían los Presidentes, Directores Generales y asimilados de los Entes Adscritos o Administración B, que está compuesta por los Organismos Autónomos, Empresas Públicas y Fundaciones Públicas, tales como: Gerencia Regional de Salud, Gerencia de Servicios Sociales, Servicio Público de Empleo, Instituto de la Juventud, Ente Regional de la Energía, Instituto Tecnológico Agrario de C y L, Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización de Empresas (ADE), y fundaciones de todo tipo y pelaje como: Fundación Santa Barbara, Fundación Centro de Supercomputación de CyL, Fundación Patrimonio Natural de CyL.

Tras el último “Informe Sobre la Reorganización del Sector Público Autonómico a 1 de Julio de 2014”, elaborado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, donde se reflejan los Entes Adscritos que han desaparecido y creado en Castilla y León, en estos últimos años, tenemos en Castilla y León un total de 61 Entes Adscritos: Organismos Autónomos, Entes Públicos de Derecho Privado, Empresa Públicas y Fundaciones Públicas. El número de altos cargos en estos Entes Adscritos es difícil de saber dado que la coletilla “Asimilados” no está definida en este tipo de Entes, y en muchos casos no es público su organigrama, pero suponen, al menos, unos 30 altos cargos los que pueden acogerse a esta denominación y ser susceptibles de la aplicación de este Código de Austeridad.

Los denunciantes calculan que la mitad de estos 104 altos cargos tengan su domicilio en Valladolid, con lo que habría al menos 52 altos cargos que estarían presuntamente utilizando diariamente un vehículo público para uso privado. Tras el cálculo realizado del gasto medio por vehículo de unos 100.000 euros anuales (gasolina, mantenimiento y gastos del conductor-sueldo/gratificaciones), apuntan “un gasto medio de al menos 5.200.000 de euros anuales, es decir unos 20.800.000 de euros en la legislatura pasada, cálculo aproximado, teniendo en cuenta que desconocemos las cifras reales de altos cargos y asimilados de los Entes Adscritos o Administración B”.

Tras la realización de esta fácil contabilidad, la organización espeta al Presidente “¿Cómo se ha permitido y se permite a este grupo selecto de trabajadores con unas retribuciones aproximadamente de 8-9 veces el salario mínimo interprofesional, el uso particular, y probablemente indiscriminado, de un vehículo público, cuando miles de empleados públicos de la Junta se deben trasladar todos los días en su vehículo a otros municipios, cuando tienen que poner a disposición de la administración su vehículo particular para trasladarse en una misma jornada a diferentes centros de salud o colegios rurales, cuando miles de docentes y sanitarios deben de cambiar periódicamente de municipio por no tener durante años un destino definitivo y por las altas tasas de interinidad que les impiden tener una mínima posibilidad de conciliar su vida laboral y familiar?”

En una reciente entrevista de la Plataforma en Defensa de lo Público PLADEPU, con la Viceconsejera de la Función Pública y Gobierno Abierto, esta justificó que a estos altos cargos hay que ofrecerles incentivos para que acepten estos puestos, como se hace en las grandes empresas. A ello, los representantes de la plataforma respondieron que los altos cargos son servidores públicos que vienen a servir y no a servirse ni a hacerse ricos y que los únicos méritos que tienen para acceder a esos puestos son la amistad con Juan Vicente Herrera y sus Consejeros o el pertenecer o simpatizar con el Partido Popular.

Por otro lado también se destaca el denominado “Punto IV Atenciones protocolarias y representaciones” que consideran un salario complementario, una especie de fondos reservados: no se sabe si aquí se incluirían las famosas facturas que la exconsejera de Agricultura Silvia Clemente cargaba por la compra de bolsos y otras bagatelas al Corte Inglés o a restaurantes en días tan administrativamente extraños como un 25 de diciembre.

Tampoco parece quedar muy claro el “Punto VI. Reuniones de trabajo”, puesto que al parecer se utilizan sistemáticamente y de forma individual los vehículos oficiales para asistir a reuniones de trabajo y se consideran como tales salidas tan “berlanguianas” como la entrega de unas llaves de un edificio de un representante de una Administración a otra, con banquete incluido, o los paseos festivos de los Delegados Territoriales en el día del patrón de los distintos pueblos de Castilla y León. Por ello los empleados públicos se preguntan “cuántas dietas, horas extras y gratificaciones a los conductores y a los representantes de la Administración y gastos de combustible y mantenimientos de vehículos oficiales se han generado en estos actos festivos” y si “estas reuniones son de carácter técnico o exclusivamente de carácter propagandístico del partido gobernante”.

Otro punto sensible del Acuerdo es, como ya adelantábamos al principio el “Punto XI. Control del cumplimiento de este Acuerdo”. Por ello en el escrito enviado al Presidente Herrera los trabajadores le preguntan datos ciertamente relevantes como si “son exclusivamente los altos cargos de las Intervenciones Delegadas los que examinan las cuentas justificativas de los gastos”, si ha habido reparos en las fiscalizaciones, cuántas auditorías se han hecho en estos cuatro años a los organismos y entidades en los que no existe Intervención Delegada y si se han tomado medidas en el caso de incumplimiento del Acuerdo.

Por último Viernes Negro exige una verdadera transparencia en la página de GOBIERNO ABIERTO para que en ella se publique la relación de todos los altos cargos y asimilados de los Entes Adscritos, todos los vehículos, conductores oficiales utilizados por todos los altos cargos y costes de los mismos.

El Hangar: Por el bulevar de los sueños rotos

Por Emilio Lizcano

La esencia que cautivó la construcción del Centro de Creación Musical de Burgos, EL Hangar, se encuentra desaparecida.

Por el bulevar de los sueños rotos pasan de largo los terremotos pero no la inoperancia y la desilusión. Da igual que esté en juego la poesía juvenil porque siempre hay quien quiere de la Luna su cara entera. La avaricia rompe los sueños fértiles de la creación y mella la ilusión a favor de la apariencia desconsolada.

El postureo amarga toda dulzura sacudiendo el interés por las dudas. El moderneo contemporáneo se alza como la planta trepadora que ahoga la dignidad y la propia inteligencia. Sobre todo aquella que anhela la libertad no aparentada. Qué bonita suena la música en boca del encantador de serpientes y qué pronto silencia la alegría y el esfuerzo de quien la escucha y se envenena.

Sería cruel y ridículo encontrar un chivo expiatorio al que cargar con todos los males que atañen a lo que a continuación voy a contaros pero … Nunca pensé tal cosa. Nunca he creído en semejante simplicidad. Hay quienes se empeñan en hacer creer que las cosas pasan porque sí. Yo creo que pasan porque los negocios existen. ¿Y por qué no decirlo libremente? ¡No me gustan! Tienden a resultar dañinos cuando atañen a la cosa pública.

¡Así es! Voy a hablaros de la defensa del medio público desde la actitud pública. Y de cómo la abstracción empresarial sustenta el objetivo primordial de ganar dinero.

Son muchas las voces que sacuden sus ondas afiladas hacia el entorno público como único continente de la corrupción. Yo creo que nos equivocamos en gran medida.

Prefiero mirar a todas las direcciones en el cruce de caminos para ver quién es el primero en acercarse con la mercancía peligrosa. Estoy convencido de que es en la mentalidad empresarial donde se acelera el simulacro destructor.

La corrupción es cotidiana en España porque no somos capaces de identificarla, de describirla y sólo la significamos con la justicia en la mano. Pero no hay justicia que pueda arreglar una carencia educativa y una pobreza estructural y clasista.

No más chivos expiatorios. Si queremos solucionar el problema de la dualidad público-privada no podemos seguir negando las causas radicales que nos llevan a aceptar estas fórmulas de gestión. Los sistemas basados en la gestión privada de infraestructuras públicas ya se han mostrado ineficaces en la mayoría de proyectos.

En muchos casos resultan más caros para las arcas públicas y en otros no consiguen desempeñar correctamente la utilidad pública para la que fueron concebidos.

Si seguimos construyendo infraestructuras vacías de contenido público estaremos consolidando inevitablemente una fractura sistémica que nos impedirá caminar firmemente como una sociedad conformada.

En el caso del Centro de Creación Musical de la ciudad de Burgos fueron tres (Junta de Castilla y León, Ayuntamiento de Burgos e Injuve) las instituciones públicas que unieron fuerzas para construirlo. Su finalidad fue la de fomentar la creación musical, en especial la realizada en el marco de la música joven.

El proyecto fue recibido con entusiasmo por gran parte de los músicos burgaleses por significar un claro paso adelante hacia la democratización de la cultura en la ciudad.

El centro respondía a las demandas del colectivo con un atractivo proyecto que incluía la creación de un sello discográfico así como la disposición de locales de ensayo y sala de conciertos. El centro estaba llamado a consolidar un plan regional que situaba a Burgos como la capital de la música joven en la Comunidad Autónoma.

Siete años después de su inauguración el Centro de Creación Musical “El Hangar” no ha satisfecho sus principales propósitos. No es un referente local, nacional, ni europeo como se intentó vender. Y no lo es porque no se ha posicionado como punto de encuentro para los creadores de la ciudad ni del país. No se han diseñado las actividades que merecía un Centro de Creación Musical, ni se han propiciado las sinergias necesarias para conformar una comunidad de creadores orgullosos de pertenecer a un centro vanguardista y con identidad.

“El Hangar” dejó de caminar en la dirección que se esperaba desde el minuto uno de su andadura. Todo el proyecto avalado y estudiado institucionalmente cayó en manos de una empresa privada a la que se adjudicó su gestión. Se prometió un centro de creación para los músicos de la ciudad y se financió con dinero público. Finalmente lo que tenemos es una sala de conciertos gestionada por una empresa que se lucra de ello. Habría que exigir la recuperación del plan original de formación, de cesión de espacios de ensayo y de grabación y diseñar programas de encuentro y lanzamiento de la música local mediante una gestión pública.

Un centro concebido para albergar las demandas de la nueva cultura no puede ser gestionado mediante las prácticas de la vieja industria cultural. Industria que parece incapaz de regenerarse y de hacer valer el potencial y la pluralidad del mercado que explota. Es una cuestión de actitud. Tenemos una industria cultural anquilosada, carente de discurso y de grandes ideas que cautiven de nuevo a la sociedad. El reto es demostrar que el trabajo que desempeñan los artistas contribuye en la sociedad de forma determinante para su propia concepción.

Por estos motivos sería imprescindible abordar con firmeza un gran evento nacional que significase el pistoletazo de salida para una nueva ley que dotase de dignidad e infraestructura a la cultura artística de este país. Una ley que generase un nuevo campo industrial basado en el respeto y la admiración hacia la pluralidad creadora en España. Una nueva seña de identidad llamada a revolucionar la industria cultural sacando de la clandestinidad a decenas de miles de artistas. Hablo de un gran proyecto perfectamente abordable dado el potencial humano del que disponemos.

No es posible que estemos situados a la cola en venta de discos en Europa, no podemos ser líderes en precariedad laboral, no podemos seguir creando sin rumbo ni soporte colectivo. Abramos los ojos a la multi-realidad y olvidémonos de la farándula. La creación no es y nunca ha sido faranduleo. Los datos hablan por si solos y está claro que hay que ponerse manos a la obra para liderar un proyecto que signifique todo un gran logro social para el país y un ejemplo internacional.

La canción, el teatro, la poesía, la novela, la pintura, todo el Arte… permanecerá activo con industria o sin industria. Quizás esta sea la causa de su abandono. Todo esto es parte de la vida. La creación se regenera, innova con nosotros, porque es nuestra cultura, son nuestras creaciones y las compartimos entre todos. Pero es una pena que esta riqueza se diluya y desparrame por la inexistencia de cauces y canales de difusión reconocidos.

A la vista queda que la sociedad recoja nuestro guante o nos deje a un lado, o al margen, o debajo del suelo… A nosotros siempre nos quedará la fuerza de vivir creando; Tristes o contentos…, pero nunca pasaremos la creación por el aro del dinero. Porque entonces todos habremos perdido una riqueza diferente, no cuantitativa, sino cualitativa.

Vuelvo al proyecto local que a muchos nos ilusionó en un primer momento y después nos rompió el corazón. Quiero lanzar un mensaje optimista: Creo que volver a construir un sueño roto no es imposible. Planificar una nueva gestión para el Centro de Creación Musical a través de las tres instituciones que lo hicieron posible sería un primer paso a dar. Dotarlo de una programación estable en cuanto a actividades simbióticas se refiere, poner la actitud pública a trabajar, a generar riqueza y sinergias entre los agentes protagonistas.

Son muchas las actividades que imagino susceptibles de realizarse allí, pero más serían las que pudieran surgir en un verdadero foro de la cultura donde por convicción se defendieran la gestión y la acción pública.

Juan Vicente Herrera y Valdeón quieren silenciar las denuncias de PLADEPU

Por Burgos Dijital

La Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) ha acabado su ronda previa de conversaciones con la Viceconsejera de Función Pública y Gobierno Abierto Marta López de la Cuesta y con la Directora General de Función Pública Maria Antonia Abia Padilla y el traslado de las 34 propuestas de esta Plataforma a los representantes del Grupo Socialista en las Cortes el 29 de octubre.

Entre las propuestas, la más destacada, por su originalidad en España y la necesidad evidente de la misma dada la cantidad ingente de casos de corrupción que asolan nuestro país, es la creación por ley de la figura del “whistleblowing”, o sea, “soplar el silbato” en la traducción literal. Este instrumento serviría para hacer viable en el marco legal la protección completa para los empleados públicos y ciudadanos que quieran dar la alerta, denunciar o poner en conocimiento hechos y prácticas potencialmente irregulares, ilegales o corruptas. 
Se exige así mismo que la protección contra la persecución, sanción o discriminación sea completa, incluida la representación y defensa judicial y que ésta debe de estar supervisada y garantizada por las Cortes de Castilla y León. De esta manera se evitarían casos tan sangrantes como los sufridos en las carnes de los empleados públicos que destaparon la trama Gürtell o el Caso Palau, entre otros.

Esta es la primera de las 34 propuestas de la Plataforma en Defensa de lo Público para la regeneración de la Administración Autonómica, contra la corrupción y por la devolución de derechos expropiados a los empleados públicos o recortados a la ciudadanía. Medidas que han recibido todos los grupos políticos con representación en las Cortes de Castilla y León. Y que parece ser que ya van sonando a algunos de nuestros dirigentes.

PLADEPU, con un toque de ironía, quiere agradecer al Presidente Herrera y a su mano derecha la Vicepresidenta Rosa Valdeón que por fin les tenga en sus pensamientos. Para a continuación responder que no van a aceptar las declaraciones hechas por los mismos al desmentir las denuncias hechas por esta plataforma respecto a la persecución sufrida ya por parte de sus miembros.

Por un lado y hace pocos días el Presidente Herrera ha declarado que los ciudadanos en general y los funcionarios en particular tienen "el derecho" y la "obligación" de denunciar los casos que pudieran constituir una irregularidad en la Administración, expresando su sorpresa por la posibilidad de que existan dudas sobre su visión acerca de esta situación. Esta afirmación ha causado estupor entre miembros de Viernes Negro de Burgos que pueden demostrar como las más de 20 denuncias realizadas y dirigidas personalmente al Presidente nunca han sido contestadas ni por él ni por ningún miembro de su Gabinete.

Valdeón por su parte se mostró asombrada, en declaraciones al Diario de Burgos, y se negó a creer que existieran persecuciones a los denunciantes y "de existir, el perjudicado lo pueden denunciar a los medios, a sus sindicatos, en los juzgados o en la Consejería". Apuntaba negarse a creer que este tipo de acciones se pudieran estar dando entre el personal funcionarial de la comunidad autónoma. 

PLADEPU insiste que si un empleado público quiere comunicar algo que ve que está mal hecho, actualmente carece totalmente de cauces seguros y eficaces para denunciarlo. La propuesta del "whistleblowing” para facilitar denuncias de corrupciones o irregularidades ha sido vista con buenos por todos los grupos políticos de la oposición en las reuniones mantenidas. Por ello sostienen que "Herrera y Valdeón no lo ven". 

La Plataforma en Defensa de lo Público quiere hacerles aclarar la memoria recordando ejemplos de persecuciones a funcionarios denunciantes como el reciente caso del médico sancionado por denunciar irregularidades en el Hospital Clínico de Valladolid; las represalias a dos empleados públicos por la publicación de facturas personales, de manera anónima, que Silvia Clemente facturó a la Consejería de Agricultura, incluida la famosa comida "de trabajo" del Día de Navidad, que fueron despedidos de manera improcedente, costando al erario público un total de 150.000 euros; los empleados públicos calumniados por el Delegado de la Junta en Burgos, Baudilio Fernández-Mardomingo, por no seguir sus mandatos de anulación de una sanción; la denegación de la solicitud para mantenerse en activo al Jefe de Servicio de Juventud de Palencia por denunciar y ser crítico ante la destrucción sistemática de los recursos y las políticas juveniles de la Junta en los últimos 15 años;  los expedientes sancionadores y cese incluido de una persona que ocupaba un puesto de alta responsabilidad técnica en Zamora por el “delito” de haber sido muy activa en la recogida de firmas de denuncias en la carta de las 9.000 firmas; el espionaje del correo electrónico de los portavoces de PLADEPU en León y Burgos; o la marginación y desprecio a las funciones y cualificación técnica de un Jefe de Sección de la Consejería de Fomento en Valladolid por ser crítico ante la famosa Cuesta de Benavente que se vino abajo tras su construcción...

Estos son sólo algunos de los ejemplos que desdicen a las claras las mentiras mantenidas por los diferentes ejecutivos nombrados por Herrera y que ponen en evidencia que en la Junta quien antepone a sus intereses personales y profesionales los del bien común lo acaba pagando.

PLADEPU toma la iniciativa para que los partidos de la oposición acaben con el desmantelamiento de la función pública

Por Burgos Dijital

Componentes de PLADEPU de León, Palencia y Valladolid, han mantenido reuniones esta semana con los representantes de IU, Podemos y Ciudadanos para explicar cómo se puede acabar con la corrupción y la politización de los servicios públicos en la Junta de Castilla y León.

La trayectoria de la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) desde el año 2011, cuenta con un gran respaldo de compañeros y compañeras que trabajan en la administración autonómica y que realizaron decenas de propuestas para el recorte en el gasto de la administración pública que no afectaba a los ciudadan@s, poniendo en evidencia la estrategia del Partido Popular de evitar el control público de miles de millones de € y de destrucción de la independencia de los empleados públicos. Por ello en 2012 las reivindicaciones fueron avaladas con 9.000 firmas de empleados públicos, con las que consiguieron dos reuniones con Pilar del Olmo y representantes de Función Pública y posteriormente con los portavoces de los grupos parlamentarios.

En esa ocasión de nada sirvió debido al rodillo parlamentario y ninguna de las medidas fueron debatidas y adoptadas por el ejecutivo.

El 22 de octubre en la sede de las Cortes tuvo lugar un encuentro y toma de contacto entre varias personas de León, Valladolid y Palencia, por parte de PLADEPU, y procuradores de tres de las fuerzas de oposición de esta legislatura para volver a retomar las reuniones que se tuvieron hace 5 meses, antes de las elecciones autonómicas, para que todos los partidos incluyeran una serie de propuestas en su programa. 

Como señalan miembros de PLADEPU en nota de prensa "tras las presentaciones, posteriormente se hizo entrega de la carta que van a recibir cada uno de los 84 diputados que componen las Cortes de Castilla y León, insistiendo en que el primer y más importante derecho que se está vulnerando gravísimamente es el de la propia función pública: las encomiendas de gestión a fundaciones y entes públicos que atentan contra el derecho al puesto del funcionariado no susceptible al miedo al despido o a temporalidad y precarización del trabajo de las personas. Las recientes contrataciones de la Fundación de Acción Social y Tutela van más allá y vulneran profundamente la legalidad y atentan contra la independencia que debe garantizar la administración en la tramitación de la mayor parte de las políticas de los servicios sociales".

A continuación PLADEPU expuso los puntos estratégicos más importantes que puedan servir para realmente defender lo público en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, de modo que la administración vuelva a estar al servicio de la ciudadanía y no al servicio de los intereses de los partidos políticos como ocurre actualmente. 

El documento de trabajo se estructura en 34 medidas "para la regeneración de la Administración Autonómica, contra la corrupción y por la devolución de derechos expropiados a los empleados públicos o recortados a la ciudadanía".

Las propuestas concretan soluciones para la regeneración de la Administración autonómica de Castilla y León, despolitización y profesionalización de la Administración autonómica, eliminación de la administración paralela o administración B (empresas públicas, institutos, fundaciones, agencias y otros entes), y otras medidas contra la privatización y la corrupción.

Por ultimo hubo un ofrecimiento de PLADEPU para asesorarles en cuantas dudas tengan sobre la Administración, explicando que el apoyo será esencialmente técnico, sin ningún sesgo político, y que se apoyará a cada grupo político que lo solicite, puesto que la prioridad es que la Junta de Castilla y León valorice los medios materiales y humanos que tiene, promueva la eficacia, independencia y transparencia en la gestión de los servicios públicos, y devuelva los derechos recortados a la ciudadanía y a sus trabajadores.

El denominador común en las tres reuniones ha sido el interés de los grupos políticos por las propuestas expuestas, así como de las prácticas necesarias para poder llevarlas a cabo con efectividad. Quedó muy claro que todas las funciones de la Administración “B” paralela pueden ser llevadas a cabo y desarrolladas por la Administración General, es decir, que todo debe volver a ser público. Algunos grandes fraudes están siendo silenciados pero acabarán saltando a la opinión pública; otros no se hubieran producido si hubieran sido gestionadas las funciones por empleados públicos independientes, y no de libre designación.

Propuesta PLADEPU a los partidos políticos

Discriminación económica con los jóvenes investigadores en las universidades públicas de Castilla y León

Por Burgos Dijital

Estrambótica situación la que están sufriendo algunos jóvenes investigadores de las Universidades Públicas de Castilla y León. 

Trabajadores/as que ingresan recién titulados y cobran unos sueldos muy bajos, por debajo incluso de los 800 euros en algunos casos, con jornadas maratonianas y realizando una importante contribución. 

Incluso, sin la posibilidad de acceder a becas-contrato.

Trabajadoras, que fruto de la ilusión de empezar su carrera profesional, de formarse como investigadores o docentes en la universidad y con ansia de desarrollar su curriculum en busca de una buena salida profesional tienen una dedicación en su labor digna de un ejecutivo/a de cualquier multinacional, excepto en el detalle del sueldo y el reconocimiento. Según CCOO, estos trabajadores sufrieron la retirada de la paga extra de Navidad en 2012, de igual manera que el resto de empelados públicos. 

En 2014, Sindicatos y Junta de Castilla y León llegan a un acuerdo para devolver el 25 % de la paga eliminada, incluyendo en el acuerdo la frase: "Con la voluntad de que surta efectos en los empleados públicos de la universidades de la comunidad autónoma". 

Fruto del acuerdo fue devuelto el 25% de la paga a los empleados públicos, a excepción de los/as jóvenes investigadores universitarios. 

Argumenta CCOO, que la JCyL se excusa en dos razones fundamentales: "la falta de financiación de la Junta y los problemas contables, puesto que muchos proyectos estaban cerrados". En ambos supuestos no ha sido problema para la Administración General del Estado devolver en enero de 2015 el primer 25% de la paga extra a sus empleados, pero a diferencia de la comunidad autónoma, sí incluyó mecanismos para pagar a los jóvenes investigadores cuyos contratos habían sido financiados a cargos de partidas de los Ministerios de Economía o Educación. De esta forma, sólo quedan sin cobrar los investigadores cuyos contratos han tenido financiación autonómica o de la propia universidad. 

Recuerda CCOO, que se está negociando con el estado la devolución integra de la paga extra para los empleados públicos, y espera que Universidad y JCyL dejen de discriminar a los/as jóvenes investigadores/as y reintegren la paga extra en iguales condiciones que al resto de trabajadores/as públicos de la JCyL.

CGT denuncia el bochornoso trato de favor al profesorado de Religión

Por Sindicato de Enseñanza de CGT

Comunicado sobre el trato de favor que se dispensa desde la Consejería de Educación al Profesorado y a la asignatura de Religión.

Existen 2 formas de interpretar la Ley. La primera es la humana, la terrenal, mientras que la segunda forma parte de lo divino, lo celestial. En la Consejería de Educación trabajan seres humanos terrenales como los demás, pero con mentes capaces de entender las cuestiones legales de forma divina, no como el resto de simples mortales.



¿Sabías que no se exige un nº mínimo de alumnado en Bachillerato para impartir Religión?
En una interpretación de la normativa que se ha sacado de la manga el Director General de Política Educativa ha enviado una comunicación a los Centros en los que dice que prevalecerá el derecho recibir enseñanza de Religión en1º de Bachillerato, con independencia del número de alumnado que esto suponga. La normativa habla explícitamente de en qué casos se puede permitir grupos con menos de la ratio mínima establecida (7 en zonas rurales, 10 en urbanas) y en ningún momento habla de la Religión. Hemos detectado ya varios centros de la región en los que hay grupos de Religión en 1º de Bachillerato con menos alumnado de los exigidos.

¿Sabías que el Profesorado de Religión puede ser jefe del Departamento de Actividades Extraescolares?
En otra interpretación surrealista la Dirección General de RR.HH. dice en una Instrucción que el Profesorado de Religión podrá ser nombrado jefe de Dpto. de Extraescolares en los mismos términos y condiciones que el resto de docentes. Pues bien, lo que realmente dice el DECRETO 86/2002 es que el jefe de Dpto. de Extraescolares debe ser un docente con destino definitivo en el Centro, cosa que no ocurre con el Profesorado de Religión.

¿Sabías que al Profesorado de Religión le cuentan horas lectivas que a nadie más le cuentan?
En la misma Instrucción comentada en el punto anterior, se dice que teniendo en cuenta el impacto de la LOMCE y con objeto de mantener el empleo, se les contará una hora lectiva de más por cada línea que tenga el Centro.

Es vergonzoso que cuenten horas lectivas por la patilla que solo se suman al Profesorado de Religión apelando al empleo después de que en todo el Estado tengamos 60.000 docentes menos tras los recortes. ¿Acaso se han tenido estas deferencias con el profesorado interino, desplazado y suprimido?

¿Sabías que el Profesorado de Religión puede ser Coordinador de nivel en los Colegios de Primaria?
Cuando en el ROC de Primaria dice que preferentemente sean docentes con destino definitivo en el Centro.

¿Sabías que el Profesorado de Religión puede ser tutor/a de un grupo?
Lo cual supone una clara segregación en función de las creencias religiosas, ya que el tutor/a debe ser aquel que imparta docencia a todo el grupo-clase, lo cual obligará a realizar agrupamientos en función de las preferencias místicas personales y no atendiendo a criterios pedagógicos.

¿Sabías que el Profesorado de Religión puede ser coordinador de convivencia?
Con sus correspondientes deducciones de horas lectivas, por supuesto. Pero, ahora bien, ¿atenderá este personal de igual manera a los cristianos católicos, que a los evangelistas, musulmanes, hindúes o ateos?

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Principio de connivencia entre Repsol y Gas Natural con el jefe de industria en Burgos, Mariano Muñoz Fernández

Por Basilio el Bagauda

Queda en la distancia, que no en el olvido, ese 15 de mayo de 2011 del que tant@s y tant@s nos acordamos. Fue sin lugar a dudas, junto a las marchas de la dignidad, los dos verdaderos chispazos pre-revolucionarios que hemos tenido en estos 35 años de democracia liberal presa y controlada por las élites procedentes de la dictadura del criminal.

El movimiento 15M, como todos ya sabemos, pilló a contrapié al sistema y a todas las organizaciones políticas y sindicales acogidas en su seno. No sólo se trataba de denunciar directamente las connivencias impunes y perversas entre la clase política y l@s grandes jef@s de la banca y de las grandes corporaciones y la inexistencia de una mínima empatía de l@s mandatari@s polític@s hacia el pueblo ante las graves medidas antisociales que se estaban tomando, sino que en realidad y repasando cada una de las reivindicaciones que durante meses se sucedieron, era una enmienda a la totalidad a un sistema político lleno de parches y que mostró  rápidamente su incapacidad para enmendarse.

Por desgracia, y quizás influido por mi pesimismo vitalista, he de decir que a pesar del empuje inicial que parecía iba a romper las costuras del país para dar paso a un proceso constituyente que pudiera corregir los errores, las violencias y las indecencias del pasado, las élites no sólo han soportado bien el embate, sino que se han hecho aún más fuertes y más impunes, por mucho que nos quieran vender la moto “del que la hace, la paga” mientras nos sepultan vía mediática con toneladas de mierda esparcida a golpe de “si tú pudieras, lo harías”.

Basta escoger un ejemplo en Burgos para comprobar a quiénes sirven la policía y los tribunales: mientras trituran a unos cuantos jóvenes de clase trabajadora acusados de alterar el orden público en medio de unas protestas acaecidas hace menos de un año contra la enésima planificación de enriquecimiento de la corrupta burguesía de la ciudad, el caradura Jose María Arribas, que se autoconcedió varios millones de euros para sus empresas y que ayudó con su saqueo al hundimiento de la gran caja de ahorros de la ciudad hace ya unos cuantos años, está esperando a que se retire la acusación particular y a que la Fiscalía vuelva “a bajarse los pantalones” tras alguna inesperada llamada telefónica.

Bien es verdad que no ha sido poco conseguir, con ejemplos como éste, que tod@s pudiéramos percibir de manera diáfana que la plácida realidad política, económica y social del país no era más que una mascarada sostenida por las paletadas de crédito que entraban en el país hasta convertirlo en un cenagal.

Entre las reivindicaciones públicas más aclamadas por las gargantas de la indignación se encontraban  la manipulación de los medios de comunicación, las sospechosas relaciones entre los alt@s funcionari@s y polític@s con las grandes empresas y sus resultados traducidos en corrupción y en “puertas giratorias” y la indecente creación de oligopolios energéticos.

Los antecedentes son necesarios para explicar el pequeño artículo que apareció impreso junto a la fotografía correspondiente en El Diario de Burgos y “patrocinada” por Gas Natural el jueves 1 de octubre.

Don Mariano Muñoz Fernández, Jefe del Servicio de Industria, Comercio y Turismo en la provincia de Burgos

En el diario se expone que la compañía Gas Natural Distribución había realizado la compra de activos de propano canalizado el día anterior a Repsol Butano, S.A. para adquirir puntos de suministro que esta empresa tenía para sus clientes en Medina de Pomar y Villarcayo, así como la posterior adquisición de otros puntos para dar cobertura a localidades como Espinosa de los Monteros. Y a su vez se exponía que la Consejería de Economía y (des)Empleo (precario) había resuelto las autorizaciones administrativas para la distribución del producto dos meses antes.

En principio el evento de comunicación es realizado por “Gas Natural”, ya que no aparece más marca que la suya y así se refleja en una imagen que a buen seguro ha servido para engordar tímidamente el diario de ingresos del periódico. Lo que en lenguaje vulgar se conoce como “publicidad encubierta”, porque la noticia en sí es más bien propia de un boletín de empresa o de un medio comarcal de medio pelo.

Pero lo realmente llamativo no es en sí la aburrida “noticia”, sino la fotografía utilizada y la inexistencia de nombres en el pie de foto, algo aparentemente extraño en un medio tan locuaz cuando quiere contarnos quien manda y al que le gustan tanto los “ecos de sociedad”. Pues bien, quizá el hecho de que se haya producido este sigilo informativo tenga que ver con el hecho de que el segundo caballero comenzando por la derecha sea Don Mariano Muñoz Fernández, a la sazón Jefe del Servicio de Industria, Comercio y Turismo de la provincia de Burgos y, por lo tanto, competente en las autorizaciones de todo aquello relacionado con la energía, los recursos mineros y la política energética en la provincia.

El funcionario Don Mariano, que recibió el año anterior el premio Atila otorgado por Ecologistas en Acción “por la gestión que desde su servicio se está dando al desarrollo del fracking” y “por su claro apoyo a la industria del shale gas”, se encontraba presidiendo el acto organizado por una multinacional que es parte del oligopolio energético del país.

El funcionario Don Mariano con esta aparición se pasa la independencia y la objetividad por el arco del  triunfo y muestra las cartas de su disposición a la empresa para favorecerla y favorecerse en un futuro, ya que de otra manera no se puede explicar dicha escena donde no aparece por ningún lado la imagen corporativa de la Junta de Castilla y León.

El funcionario Don Mariano y los que le protegen dicen a las claras con su imagen de qué lado están en el asunto del fracking, presentándose como si tal cosa en el territorio que lo va a sufrir si el panorama no cambia. Así que ya sabemos a qué atenernos y de qué sirven las palabras de la nueva diputada del PP por la provincia de Burgos cuando hace unos pocos días, tras su nombramiento, nos contaba la milonga de que llegado el caso votaría en contra de su grupo en el Parlamento de la autorización de la insidiosa técnica.

Sólo me queda pensar que el Consejero obligó al libre designado Don Mariano a hacer un papelón indecente y que, a pesar de sus renuencias, tuvo que cumplir las órdenes de su señor yendo como embajador y rindiendo el homenaje debido del emirato de Castilla y León al Califa “Gas Natural”. O quizás, y siendo más puñetero, fue el propio Don Mariano el que buscaba a través de la imagen su promoción personal diciéndoles a las élites de la región quién es y con quién se codea, como si de un aspirante a entrar en la Liga de la Gran Burguesía se tratara.

Y qué decir del Diario de los Méndez, no ya por el “coñazo” de spot empresarial sino por la falta de escrúpulos y de moralidad cuando calla a sus lectores la información, cuando además, por si alguien “caza” al Jefe de Industria, nos explica inocentemente que la Junta ha dado las autorizaciones hace dos meses a la empresa, una información más pasada que los valores que dicen representar los cuatro amigos que acaban de crear en Burgos la Fraternidad de la División Azul: las polillas tienen que estar aplaudiendo pensando en el banquete.

Mientras tanto el mismo día y a la misma hora ningún periodista  y ningún fotógrafo del Diario eran enviados a cubrir otra “charla” energética que se estaba produciendo en Briviesca. Quizá tenga que ver con una línea editorial empeñada en construir realidades paralelas, en seguir alimentando mascaradas y en manipular la información.

En ese mismo momento donde las élites nos decían qué es a lo que nos obligaban, otra persona, también funcionario público como don Mariano, concretamente profesor, venía a contar como escaparnos de aquello a lo que nos obligan, sin ningún interés de promoción personal.

Lo que el DB no nos quiso contar es que entre el año 2008 y el 2014 el recibo de la luz había subido un 80 % y que la “pobreza energética” destrozaba ya a 2.000.000 de personas. Que solo el 32 % de la factura tiene que ver con lo que realmente consumimos. Que las políticas de Aznar y Rato dejaron un agujero de 24.000 millones de € a cuenta de la financiación, más sus intereses, de los bancos asumida por el Estado en razón de lo que empresas como “Gas Natural” decían que les costaba la generación de energía y que se le ha etiquetado como  “déficit de tarifa” y que seguiremos pagando en nuestras facturas. Que el precio que pagamos no tiene nada que ver con la producción sino con las subastas monopolizadas por 5 multinacionales, las cuales utilizan instrumentos irregulares para expulsar a otras más pequeñas.

No contentos con semejante saqueo, el conferenciante explicó a los allí presentes que las famosas primas a las renovables no son más que otro impuesto confiscatorio que pagamos tod@s por una energía cuyo coste de producción es 0 y que incluso llegamos a pagar también las multas impuestas a estas empresas con los presupuestos generales: “en 2012 las dos empresas más contaminantes en España, Unión Fenosa y Endesa fueron castigadas por la Unión con una multa de 1.200 millones que se cargaron directamente a la deuda pública”.

Los estragos de las empresas patrias no sólo causan estragos en nuestro país, sino que “vulneran permanentemente derechos humanos en Latinoamérica, con expulsión de pueblos enteros de sus tierras, asesinatos de representantes indígenas y sindicales e innumerables destrozos medioambientales”.

Tras la crítica al oligopolio energético, el profesor pasó a hablar de las alternativas y de la estrategia para revertir la situación entre tod@s. Entre ellas la cooperativa Ecooo, “una cooperativa que busca la autogestión energética real mediante paneles de producción solar en nuestros tejados”. O asociarse a una cooperativa de distribución de energías exclusivamente renovables de las muchas que se están creando en todo el Estado como Goiener, SomEnergía, NosaEnergía, Zencer o la recientemente creada en nuestra tierra EnergÉTICA.

Por último el conferenciante en la ponencia que no recogió el Diario de Burgos expuso que “frente a la acumulación del negocio en unas pocas manos multimillonarias habría que apostar por sistemas de autoabastecimiento. Eso sí, siendo conscientes de que la energía más limpia es la que no se consume y que hay que revertir la falacia del modelo del crecimiento sostenible porque el único modelo sostenible es el del decrecimiento”.

Tierra de Pavor: Las becas en Castilla y León, una imagen desfigurada de una realidad descorazonadora

Por Basilio el Bagauda

Calderilla para becas.Propaganda pre-electoral

Bien podrían ser las invernales nieblas del Pisuerga o de la Esgueva o del Duero que parecen arañar la tierra, que congelan la savia de los riberiegos álamos y que se cuelan en nuestros ateridos cuerpos hasta el tuétano dejándonos una punzante huella para siempre.

O quizás el venenoso vapor del que no nos podemos desprender, acostumbrados como estamos a sembrar la lenta muerte allí dónde habitamos y a quemar para tener, para albergar nuestras ansias de crear… y de destruir.

Pero no, las nieblas y humores gaseosos de estos tiempos bárbaros que vivimos, si es que alguna vez hubo una Arcadia, no son producto de un clima tan perturbado como el hombre ni tampoco de las chimeneas de nuestros templos de muerte, sino que se trata de una sustancia más espesa y tóxica: la mentira.

Vivimos en una época de depresión económica, “la gran recesión” la llaman, y de crecimiento de grandes desigualdades, de déficits presupuestarios y de superávits de eufemismos. Y nuestra tierra castellana no iba a ser menos, sólo que aquí los fabricantes de cortinas de humo llevan produciéndolas desde edades que se pierden en el tiempo.

Más tarde o más temprano, será cuestión de meses, aparecerá el flamante y nuevo Consejero de Educación Fernando Rey Martínez para explicarnos la eficacia y rapidez de la Administración en tramitar y resolver los expedientes de las solicitudes de ayudas a la compra de libros de texto, con un montón de datos estadísticos que llenarán con su voz los espacios radiofónicos y televisivos de nuestra Comunidad.

No voy a entrar a valorar la figura del Catedrático Rey. Sé que es querido tanto por las huestes del PP como por las del PSOE, ha trabajado para ambos, y que se le ha presentado entre cariños y arrumacos como persona dialogante, afable y experto en la discriminación racial, no obstante es Presidente de UNICEF Castilla y León y patrono de la Fundación del  Secretariado Gitano.

A los chicos del PP en éste su cortijo se caracterizan por incluir en sus gobiernos de vez en cuando caras amables de “outsiders”, de los que dicen no tener ideología, como si eso fuese una virtud… o una verdad.

Así al humanista transformado en tecnócrata Don Fernando le va a tocar interpretar una melodía acompañada de múltiples voces con amargura de tango: un perfil social para dirigir una política antisocial que necesitará de muchos voceros bien pagados que suelten medias verdades sobre el desarrollo de la LOMCE.

A Fernando Rey, insisto, le va a tocar ser la cara visible de presupuestos, dadas las circunstancias, tan vergonzantes como el detallado en la Orden 792/2015 con la que se convocan ayudas para financiar la adquisición de libros de texto, y aquí intentaremos abrirnos paso, siquiera a machetazos, entre esta densa cortina de humo.

La Orden comienza, como siempre les gusta a los “custodios de las libertades”, con expresiones maravillosas como “promover condiciones de igualdad” o “eficacia y equidad” y con eufemismos para no llamar a las cosas por su nombre como “familias más desfavorecidas” - ¿Desfavorecidas? ¿Por qué? ¿Por quién? ¿Por un mandato divino, quizás? – O “especial atención a los colectivos que por sus circunstancias personales y familiares” – entiendo que hay un grado de responsabilidad y de libertad en los individuos que eligen sus caminos pero ¿sólo es eso lo que determinan las circunstancias personales? ¿”Sus”, exclusivamente? ¿Las del niñ@ son suyas y no hay más factores intervinientes? ¿Fanatismo determinista, quizás?

En fin dejaré la literatura para abrirme paso con los fríos datos que acabarán calentándonos.

En primer lugar la cuantía máxima global del crédito es de 4.206.000 €, y esto de por sí ya llama la atención cuando sabemos por los propios datos que maneja la Consejería que esta cifra se aplicaría a un número de escolares cercano a l@s 84.000. Si un@ se para a dividir el presupuesto entre l@s escolares de Castilla y León no llega a los 50 € por cabeza, ni a libro y medio.

Algun@s estaréis pensando a estas alturas que lógicamente much@s escolares serán excluid@s por las rentas familiares,  pero la realidad de la estrategia planteada por la Junta resulta sorprendente.

La administración crea tres intervalos de renta y con ello tres cantidades diferentes: 105 € para rentas per cápita inferiores a 2.500 € dentro de la unidad familiar, 75 € entre 2.500 y 3.500 € y 50 € para aquell@s con más de 3.500 €. Teniendo en cuenta que en el último intervalo, el de menos montante, abarca a familias que obtienen ingresos considerados por debajo del umbral de pobreza, prácticamente tod@s l@s escolares serán “agraciados” con 50 €. Por poner un ejemplo, ¡¡una familia monoparental con un niñ@, con unos ingresos de 500 € mensuales en 14 pagas accederá a la espectacular ayuda de 50 €!!

A pesar de esa exigua ayuda la Consejería de Educación tiene pensado un plan para niñ@s como el citado en el ejemplo. Así la Orden dispone un plan de estigmatización que consiste en que l@s tutores legales de l@s afortunad@s niñ@s pasen por la capilla de la dirección del centro y que ésta autorice el adelanto del material. Eso sí, a cargo del presupuesto del colegio, el cual se ve castigado al igual que el resto de las familias “becadas” a esperar a que le caiga la migaja dentro de al menos 6 meses.

Si tenemos en cuenta que los centros educativos han visto recortado su presupuesto en una media del 40 %, que la LOMCE pretende generar competencia entre los mismos y que los colegios más dañados son los ubicados en espacios especialmente destrozados por la crisis, la creación de guetos se acelerará junto a la brecha social.

Otra premisa de la Orden es la de aplicar un índice corrector que beneficie a aquell@s alumno@s que donen libros al programa RELEO. Visto así la idea es sugerente, sino fuera porque sólo se beneficiará a l@s alumn@s cuyo centro haya tomado esa iniciativa y excluye a los colegios públicos que prefieren autogestionar el banco de libros al margen de la administración y no así a los centros concertados a los que se les permite.

Las conclusiones con los datos en la mano del deterioro de los derechos humanos más elementales en una parte muy importante de la población son demoledores.

En primer lugar y sin necesidad de echar la vista demasiado atrás, esta partida presupuestaria ha pasado de 20.000.000 € a los 4.200.000 ya dichos. Una reducción de prácticamente un 80 %.

Como ya he explicado los límites de renta máxima no son más que una trampa de mal jugador porque la mayor parte de los beneficiarios que cumplan esos límites se quedará fuera por agotarse lo escasamente presupuestado.

Para terminar aludiré a los datos publicados el 26 de mayo de este año por el INE en su “Encuesta de condiciones de vida”: el 22 % de l@s español@s viven por debajo del umbral de la pobreza y otro 16,1 % llega a fin de mes “con mucha dificultad”; el 22,7 % de los hogares de nuestr@s paisan@s no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos – me pregunto qué hogares no tienen gastos imprevistos a lo largo del año y a qué sinfín de cosas habrán tenido que renunciar para pagar sus deudas cotidianas – un 12,1 % no llega a fin de mes y otro 3,2 tiene retrasos en los pagos a la hora de abonar los gastos fijos relativos a cubrir derechos reconocidos directa o indirectamente por la Constitución como la vivienda y la energía. Aquí los poderes públicos desparecieron hace tiempo…

La situación es horripilante para más de un 43 % de los hogares de nuestr@s vecin@s y a ello le añadimos que los servicios esenciales como la educación, la sanidad y los servicios sociales siguen deteriorándose por falta de recursos materiales y medios humanos, con lo que pierden la posibilidad de una vida digna a través de la reducción progresiva de sus rentas directas y de las rentas complementarias que proceden de la cobertura de los servicios públicos que pagamos entre tod@s.

EULEN utiliza las dependencias de la Junta con el consentimiento de la Consejera de Familia

Fotomontaje

Por Burgos Dijital

0La Gerencia de Servicios Sociales, con Alicia García Rodríguez al frente, está empeñada en convertirse en otra gran agencia de colocación del Partido Popular. 

Hace pocos días la Junta de Personal de Servicios Centrales de Castilla y León presentó una denuncia a la Dirección General de Función Pública advirtiendo de las gravísimas irregularidades que se estaban produciendo en la contratación de personal en la Gerencia, y ello a pesar de las diferentes sentencias ganadas por trabajador@s contratad@s por Tragsa y Fucoda ante despidos improcedentes.

La Consejería de Familia siguiendo la estela de Milagros Marcos, ahora Consejera de Agricultura y Ganadería, no sólo sigue haciendo caso omiso a las denuncias ante acciones políticas que dinamitan el derecho en igualdad de condiciones de tod@s l@s español@s para obtener un empleo público, sino que el asunto alcanza los niveles de escándalo.

Funcionari@s que trabajan en la sede de las oficinas de la Consejería, de la que la Gerencia es dependiente, nos han informado de que sus dependencias se han convertido en unas improvisadas salas de espera para el abundante personal que llega hasta allí con la esperanza de tener una noticia positiva tras la entrevista de trabajo. Colas en los pasillos donde, al parecer, la empresa Eulen ha montado una sede provisional para dicha labor.

Otra fuente nos informa de que tras ver las 8 ofertas de empleo publicadas por la ETT “EULEN Flexiplan” en la web “Infojobs” entre mediados de julio y primeros de agosto, todas ellas en plazos muy cortos, se decidió a llamar a la ETT y le confirmaron que los puestos de trabajo eran para trabajar directamente en la Gerencia de Servicios Sociales, situada en la C/ Francisco Suárez nº 2 de Valladolid, y “que ellos sólo recibían los currículums y se los enviaban a un tal Juan Villa, el cual luego decidía a quien convocar a una entrevista en la Gerencia”.

El informante, parte interesada en las irregularidades destapadas, siente que “como integrante de la bolsa de empleo de la Junta me indigna muchísimo que tengas que preparar una oposición, pagar unas tasas, ir a un examen, y que te creen unas expectativas para que luego se las pasen por… Pero no sólo eso, sino que ¿desde cuándo una administración contrata a través de una ETT? Y aún más, ¿para qué tienen el Servicio Público de Empleo, que tanto cacarean de lo que van a invertir en él?”

Lo cierto es que es una denuncia más de las muchas que se siguen sucediendo a lo largo de estos últimos años en los que la administración autonómica, siguiendo los designios del Gobierno Central, nos ha negado el pan y la sal en servicios públicos esenciales como la educación y la sanidad donde las tasas de reposición del personal no llegaban si quiera al 10 %.

A día de hoy l@s tahúres de las tablas de la Ley siguen burlando los méritos y la capacidad para a continuación fabricar “estómagos agradecidos” con el dinero de tod@s. Sino no se explica cómo es posible que, tras el despido el 1 de julio de vari@s trabajador@s sociales que habían accedido a un contrato a través de las bolsas de empleo, dos semanas después la Gerencia busque la contratación de tres técnicos medios en Trabajo Social.

Por si estos contratos fueran pocos se añadieron muchos otros puestos de trabajo que, como suele responder la administración cada vez que se le inquiere, nada tienen que ver con los trabajos a realizar dentro de la misma: 
- 6 auxiliares administrativ@s para Valladolid; 4 administrativ@s para Valladolid; 17 técnicos medios de gestión para Valladolid, Burgos, León, Salamanca y Zamora; otros 21 puestos de auxiliar administrativ@ para León, Burgos, Valladolid y Salamanca; 2 administrativ@s para gestión documental en Valladolid; y otros 4 técnicos medios en Valladolid. 
Como se puede comprobar y ya hemos dicho puestos de trabajo inexistentes dentro de las plantillas de la administración.

El asunto es ciertamente grave, ya que Alicia García en este caso podría enredarnos amparándose en la independencia de la Gerencia para contratar trabajador@s esquivando el derecho público, dado que sería legal tratándose de otro chiringuito de derecho privado. Para seguir convenciéndonos podría argumentar que la Gerencia utiliza a una extractora de plusvalías, más conocidas como ETTs, porque en la última reforma laboral de los socialistas, Zapatero abría esta puerta.

Todo ello, finalmente, para ocultar el hecho ilegal y ya reiterado y por lo tanto perverso, de que de nuevo una empresa privada, en este caso Eulen, esté utilizando las instalaciones de la “casa de tod@s” para alimentar su cuenta de resultados.

Es necesario recordar que el 10 de enero de 2014 el Movimiento Viernes Negro realizaba un escrito al Procurador del Común en el que se le conminaba a averiguar porque a finales del 2013 se despedía a 17 trabajador@s que habían entrado en la administración a través de una bolsa de trabajo en los servicios territoriales de medio ambiente mientras se mantenía a los trabajador@s contratad@s a través de TRAGSA trabajando en las dependencias de la Junta.

Tras una ardua investigación de la procuraduría en las contrataciones de la Junta a través de TRAGSATEC el Procurador advirtió a la Consejería de Presidencia “que en atención a la argumentación expuesta desde los puntos de vista económico y de garantía de los principios constitucionales  de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público, se valore la posibilidad de asignar las tareas que en la actualidad viene desarrollando el trabajador contratado por la empresa TRAGSA en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos a empleados públicos adscritos al citado Servicio Territorial o, si así procediera, al integrante que correspondiera de la Bolsa de empleo correspondiente de la administración autonómica.”

Más sonado, y ya para terminar, fue la denuncia que hizo Viernes Negro acerca de la contratación de personal afiliado al Partido Popular para, supuestamente, realizar funciones de información sobre vivienda a través de la empresa INDRA, empresa investigada ahora mismo por ser no sólo una de las donantes en los papeles de Bárcenas, sino también por verse envuelta en la trama de corrupción  “Púnica”. En este caso el Procurador inquirió al responsable de la Consejería de Fomento a que explicara las razones para que estos trabajador@s utilizaran las dependencias públicas siendo contratados por una empresa privada. El Consejero hizo “mutis por el foro” y extinguió las prórrogas que llevaba haciendo durante tres años con la empresa INDRA, sin ninguna responsabilidad política ni penal al respecto.


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