Paralización del programa de becarias/os en centros escolares de Primaria

Por CGT Enseñanza

A principio de verano la Consejería de Educación de Castilla y León paralizó el programa de becari@s en Centros de Primaria, que CGT había rechazado desde el principio. 

Este proyecto, aprobado por el Ministerio de Educación durante el 2º trimestre, consistía en la contratación de 2.000 becari@s recién salida@s de la universidad con el fin de realizar tareas de apoyo en los Centros de Primaria al alumnado con necesidades educativas, durante 7 meses, cobrando 1.020 € y sin tener necesariamente formación pedagógica. 

Desde CGT nos opusimos frontalmente desde el primer momento contra esta medida, populista y electoralista, puesto que la considerábamos un desprecio al profesorado y un grave insulto para el alumnado con necesidades educativas especiales, al que estimamos, al contrario que el Ministerio, digno de ser atendido por profesionales especialistas.

CGT hizo saber su rechazo a la Consejería y enviamos diferentes escritos, reclamando que no participara en el programa, a la par que aportábamos posibles soluciones al problema que la Administración había agravado al disminuir drásticamente su presupuesto para las necesidades educativas de los niños y niñas con dificultades de aprendizaje. 

Para nuestro estupor la Consejería contestó que sí, que iba a participar en el programa, lo que precipitó nuestra campaña en contra. 
Esta campaña se concretó en informar a todos los Centros de Primaria, al profesorado y a las familias de las intenciones de la Consejería. Asimismo, iniciamos una recogida de firmas a nivel estatal a través de la Plataforma change.org, que este verano presentamos al Ministerio. Y en Burgos, llevamos a la Junta de Personal la propuesta de solicitar a los centros que aprobaran resoluciones en los claustros en contra de este programa, con una muy positiva respuesta.

Gracias a la movilización de profesorado y familias, hemos logrado la paralización de una medida que suponía una profundización en la pauperización de las condiciones laborales del profesorado y una discriminación para un alumnado que requiere de una mayor atención.

No obstante, desde CGT seguimos exigiendo medidas que garanticen una atención adecuada para todo el alumnado y en especial para el alumnado que tiene necesidades educativas muy distintas. Esto pasa por reducir la ratio, aumentar apoyos, programas de compensatoria y refuerzos educativos, recuperar los puestos suprimidos, aumentar la plantilla, apostar por la estabilidad del profesorado, eliminar la tasa de reposición y sacar todos los puestos de trabajo en la oferta de empleo público. Y en eso estamos.

Dos nuevas víctimas de la N-1: concentración este domingo

Por Burgos Dijital

Dos más. De nuevo dos vidas se han visto truncadas en la Nacional I, la que une Burgos con Miranda de Ebro; la que transcurre casi en paralelo a la Autopista del Norte, esa autopista que hace años que debería haberse liberado. Lamentablemente, ya hemos hablado en este medio largo y tendido de la Autopista Ap-1 con anterioridad, puesto que lleva 24 años extra ofreciendo su "servicio" de pago. La concesión inicial, que debía ser de 20 años, se ha convertido en una concesión de 44.

Esta vez los fallecidos han sido los conductores de dos camiones, que colisionaron de forma frontal al invadir uno de ellos el sentido contrario de la calzada. Posteriormente, ambos vehículos se incendiaron. El siniestro se produjo a la altura de los términos de Castil de Peones y de Quintanavides. Dos más, otros dos fallecidos que hay que añadir a la lista larga, triste y vergonzosa de muertes en esta carretera.

"Trabajadora" en la autopista: las cajas están 

completamente automatizadas

Se han hecho mejoras en la vía (que no satisfacen aún a gran parte de los usuarios). 
Se han tomado medidas como la reducción del peaje para camiones en la autopista. 
Pero el fracaso de esta última medida ha sido estrepitoso. No ha solucionado el problema del intenso volumen de tráfico que transita por esta calzada.

Sigue siendo un tema tabú el de liberar la autopista...¿por qué?

¿Por qué los ayuntamientos de la zona no hacen una condena más rotunda de la situación? ¿La Diputación de Burgos no tiene nada que decir al respecto? ¿Y la Junta? ¿Cuántas muertes más serán necesarias para que las autoridades pongan medidas?

La excusa de la creación de empleo en la autopista ya no nos vale: las cajas están totalmente automatizadas. Como mucho algún técnico estará de guardia por si se estropea alguna, suponemos. 
Del mismo modo, hablar demagógicamente de imprudencias al volante y culpabilizar a los conductores nos parece que no es tolerable a estas alturas. La Nacional 1 es una de las carreteras más peligrosas de la provincia de Burgos, así como de Castilla y León y de todo el Norte de España y urgen medidas reales que solucionen la vida de los habitantes de estas comarcas (que no tienen vías alternativas por las que transitar) y de los usuarios de la vía.

Concentración de solidaridad con las víctimas

La Plataforma N1 convoca, como siempre que hay un accidente mortal en esta carretera, una concentración de apoyo a los familiares de las víctimas y de reivindicación frente a esta situación. La concentración tendrá lugar este domingo a las 12:45, en el Km 265 de la Nacional 1 (siempre se concentran en el lugar del accidente el domingo siguiente al mismo). Recuerdan que hay que acudir con chalecos reflectantes, y recomiendan ir de negro en señal de luto.

Para leer más:
La sombra de la Autopista del Norte sobre las muertes en la N I
La sombra de la Autopista del Norte sobre las muertes en la N I (2ª parte)

Requiem por los muertos en las N1

Prohibida la entrada al Procurador de IU-Equo a la Base de Bomberos Forestales (BRIF) en Ávila

Arainfo.org

Por Burgos Dijital

El jueves 17 de septiembre, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha prohibido el acceso a la base BRIF de Puerto del Pico (Ávila) a una delegación de IUCyL encabezada por el Procurador en Cortes de Castilla y León José Sarrión, y acompañada por varios periodistas. 

El objeto de la visita era conocer de primera mano las condiciones laborales de los trabajadores/as de este servicio, que nos protegen de los incendios a cambio de unas condiciones laborales pésimas, con salarios ridículos y precariedad máxima. 

La prohibición de la visita por parte del Ministerio responde a un acto de represalia política por la postura que Izquierda Unida ha mantenido tanto en la calle como en las instituciones en defensa de los trabajadores BRIF. 

Según IU-Equo, la prohibición fue notificada a la base minutos después de que IU-Equo interviniera en defensa de estos trabajadores/as en las Cortes y les acompañara en su reivindicación. "Esta represalia política no va a apartarnos de nuestra defensa del colectivo BRIF, así como de todos los bomberos forestales en Castilla y León", ha declarado el Sarrión.

Entrar en la Junta de Castilla y León por la puerta de atrás

Por Junta de Personal de Servicios Centrales

Ante la demanda de una trabajadora de la empresa del grupo TRAGSA, llamada TRAGSATEC, que presta sus servicios dentro de las instalaciones de la Junta, para programas oficiales de la Junta, con los medios de la Junta, en condiciones de horarios, vacaciones, permisos, órdenes e instrucciones de la Junta, el juez sentencia que es una CESIÓN ILEGAL de trabajadores, por lo tanto fraude de ley y condena a que sea considerada como TRABAJADORA INDEFINIDA de la Junta de Castilla y León.

Como consecuencia del cumplimiento de dicha sentencia , se dictó la Instrucción 4/FYM/2015, de 26 de mayo, de la Secretaría General de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente en la que se dictan diferentes medidas para la ejecución de los contratos de servicios, encargos y encomiendas de gestión. En ella, se trata de delimitar y separar los medios personales y materiales de las empresas públicas y de la Administración.

Instrucción atípica, ya que el Gobierno de Castilla y León ha hecho siempre caso omiso a las quejas que se han presentado por diferentes colectivos, sindicatos e incluso por los grupos parlamentarios de las cortes por la perversión y deriva en la administración denominado jurídicamente por catedrático de Derecho "efecto lucifer" y huida del derecho administrativo mediante la irregular contratación de empresas externas para realizar los trabajos destinados y regulados para los empleados públicos.

Si esta sentencia y otras que surgirán porque han demandado en todas las provincias de CyL (se cree que ya existe otra en Salamanca, pero sin confirmar aún) , son conformadas por el Tribunal Superior como parece muy probable, además de fijos conlleva los consiguientes costes dinerarios públicos: diferencias salariales de varios años, cotizaciones a la Seg. Social y sanciones de la inspección de trabajo con recargos a que haya lugar en cada caso concreto .

Por otra parte, compañeros laborales por contratados por obra y servicio de los Servicios Territoriales y Centrales de la Consejería de Medio Ambiente comenzaron el año pasado a denunciar ante lo social su situación laboral (contratos por obra y servicio que ese renovaban in extremis el 31 de diciembre de cada año, cuando en realidad prestaban servicios de carácter continuado y para funciones permanentes inherentes a la administración) y están ganando y ganarán fijo uno a uno las sentencias en los Juzgados con su declaración como personal laboral de carácter indefinido.

Todos deberíamos alegrarnos por la eliminación de ésta injusta situación, pero por otra parte la Junta debería obrar en consecuencia, no volver a usar de forma sistemática esta vía de contratación, llevar a los trabajadores actualmente contratados a las sedes de sus empresas y en futuro próximo crear las plazas de R . P . T . y sacarlas a oposición en cuanto las sentencias van declarando como indefinidos (que no fijos) de estos compañeros suponen una entrada por la puerta de atrás en la administración sin que se haya tenido en cuenta los criterios de selección en las AA . PP. 

En este sentido le trasladamos información que ha sido remitida por un funcionario a esta Junta de Personal, denunciando hechos parecidos 

... "No sé si a estas alturas están informados del continúo chorreo de puestos de trabajo que se pretende ocupar en la Gerencia de Servicios Sociales a través de Eulen; todo ello con la intención de coger a las mismas personas que entraron hace años con Cruz Roja y después con Fucoda. Estas contrataciones además de saltarse las bolsas de trabajo existentes para empleados públicos lo único que pretenden es la cesión de funciones que muchos empleados estarían dispuestos a asumir y crear trabajo precario para los trabajadores con grandes beneficios para los contratantes puesto que al final resultan más caras estas contrataciones que si se realizaran directamente desde las bolsas de empleo.

Les remito algunos de los enlaces aparecidos en Infojobs:

EULEN SELECCION, división de Consultoría, Selección y Formación de Grupo Eulen, selecciona para Entidad del Sector Público en Valladolid:

- Puestos Administrativo Gestión Documental

- Puestos Técnico Medio Proyectos Europeo

- Plazas de Técnico Medio

- Puestos de Administrativo/a

Esperando que puedan parar esta situación que representa una degradación de la función pública .. " 

Documento presentado por la Junta de Personal de Servicios centrales de JCyL

Ahora ALTEN SOLUCIONES para destrozar la Función Pública

Por Burgos Dijital

Viernes Negro, que no ha dejado de reivindicar públicamente la defensa de los servicios públicos a lo largo de este verano, vuelve a la carga en este mes de septiembre con una nueva denuncia.

Esta vez se trata de la privatización a través de ciertos contratos, que consideran sospechosos , de asistencia técnica y soporte de las herramientas de gestión informática en la organización de los cursos de formación de los empleados públicos. Esta partida presupuestaria parece abonada siempre a la polémica tras la cantidad de escándalos de corrupción que han salpicado a diversas organizaciones patronales y a las organizaciones más poderosas del “bisindicalismo”: CCOO y UGT.

Estos “dineros” no sólo sirven, como se ha denunciado en diversas ocasiones desde la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU), para comprar la paz social de los sindicatos ya citados junto a CSIF, sino también para hacer derivaciones de ingentes cantidades económicas hacia todo tipo de empresas privadas que han visto en la formación y la educación otro gran filón y que, a buen seguro, acumularán capital para hacer el gran asalto sobre las universidades públicas y la red de educación obligatoria.

En este caso la denuncia recae sobre las gestiones de la ECLAP. La Escuela de Administración Pública de Castilla y León fue creada en 2002 como el instrumento especializado de formación y perfeccionamiento de los empleados públicos de la Comunidad y tiene entre sus funciones, como no podía ser de otra manera, la organización de los cursos de formación y especialización y la enseñanza de nuevos métodos y herramientas de gestión.

Hasta el 2013 todas las herramientas informáticas necesarias para la organización y la coordinación de los cursos eran gestionadas por los técnicos informáticos que la Junta tenía en plantilla.

Es en 2014 cuando los directivos de la ECLAP deciden “quitar” el trabajo a los empleados públicos y apuesta por la privatización del servicio mediante la adjudicación de dos contratos a través de un procedimiento extraordinario que consiste en negociar con una o más empresas las condiciones y el presupuesto aproximado sin hacerlo público a otras empresas, lo que se conoce en la Ley de Contratos como “procedimiento negociado sin publicidad”.

La empresa afortunada resulta ser ALTEN SOLUCIONES y los importes de las adjudicaciones son finalmente de 43.197 € y de 60.137 €. Pero lo más sorprendente del asunto es que este año el método de concurso ha sido “abierto” y ALTEN ha vuelto a ganar la adjudicación pero con un importe de 280.720 € por la prestación de los mismos servicios.

Alten Soluciones Productos Auditoría e Ingeniería, S.A. es una empresa de la matriz francesa Alten Europe cuya actividad fundamental es la consultoría informática y los servicios relacionados con computación. Tiene 4 sedes en toda España y una de ellas en el parque tecnológico de Boecillo, muy cerca de la sede de uno de sus principales clientes en España, la Junta de Castilla y León con la que tiene un especial idilio.

Por otro lado, y a pesar de ese costoso contrato, los 579 técnicos especializados en los sistemas informáticos de la administración autonómica se han visto sorprendidas por esta contratación, puesto que aseguran que el soporte, las incidencias y la asistencia informática la siguen realizando ellos.

Ante estos hechos y la extraña política de contratación realizada, miembros de Viernes Negro se dirigen al Presidente de la Junta con importantes interrogantes que esperan sean investigadas por el Procurador del Común, ya que Juan Vicente Herrera no parece que esté para esos menesteres.

Entre otras cosas se exige una investigación sobre la forma de contratación en el año 2014 ya que consideran que los contratos pudieron ser fraccionados artificialmente para ajustarlos a la condición expresada por el art. 174 e) de la Ley de Contratos, que expresa que se puede utilizar el procedimiento negociado sin publicidad para contratar servicios por una cantidad inferior a 100.000 €, con lo que se vulneraría el derecho de otras empresas a concursar.

Por otro lado consideran tremendamente extraño que este año se pague por los mismos servicios 2,5 veces la cantidad del año anterior de manera totalmente injustificada y gastando, en años de escasez, la quinta parte de los presupuestos en formación. Es más, consideran que resulta insostenible que, mientras la actividad de la ECLAP se encuentra en una franca desaceleración, se decida contratar a una empresa para realizar las funciones que ya realizaban con eficacia y eficiencia los empleados públicos. Tampoco se explican las razones por las cuales se paga a una empresa sin que nadie sepa cuál es su cometido puesto que las tareas siguen siendo realizadas por los trabajadores públicos.

Además se advierte que a pesar de los constantes alegatos a la trasparencia se ocultó en la memoria económica del ejercicio presupuestario del año pasado los 103.334 cobrados por Alten.

Por último Viernes Negro sugiere a los órganos de contratación de la Junta que se incluyan en los pliegos de condiciones y en la valoración de las ofertas de manera ordinaria, y no excepcional, las claúsulas sociales que incentiven y premien a las empresas un verdadero ejercicio de responsabilidad social.

A buen seguro Alten lo hubiera tenido más complicado teniendo en cuenta que hace año y medio la empresa despidió a más del 10 % de la plantilla, redujo el 10 % del salario para toda la plantilla y eliminó otro complementos en especie y, de postre, aumentó la jornada laboral de sus empleados.

El modelo del hospital de Burgos hace crisis en todos los sitios

Por Juan Antonio Ayllón Domínguez. 
SANIDAD PÚBLICA SÍ

Esta primavera pudimos conocer en detalle el desastre del Hospital francés CHSF construido con matemática similitud con nuestro HUBU. Esos días pudimos saber que en Gran Bretaña, Francia, Canadá,... el resultado de las experiencias era igual de nefasto lo que queda avalado por informes de instituciones imparciales incluidas universidades.

Hace unos días supimos del último capítulo, hasta ahora, del Hospital de Vigo donde los profesionales y la población vuelven a denunciar múltiples irregularidades y un enorme sobrecoste.

¿Les suena Concessia? Es un socio mayoritario en el Hospital de Vigo que arroja un sobrecoste de más de 300 millones de €. Y es la mayor accionista en el HUBU, participada por capital extranjero.

Hace dos días hemos conocido la confesión ante el juez de la entonces Consejera de Baleares sobre los chanchullos producidos en el procesode construcción del Hospital de Mallorca, con la misma fórmula que el nuestro. Por cierto, hoy el PP, como toda respuesta al bochorno, ha expulsando a la exconsejera que en su declaración afirma haber cumplido consignas superiores ¡! . Por otra parte, y también cierto es que en Mallorca el beneficiado fue OHL; uno de los grandes socios del HUBU.

¿Por qué la Junta de CyL no nos explica con luz y papeles la causa del increíble sobrecoste del HUBU? ¿Cómo fue el proceso, dónde fueron los dineros, por qué se recibió una obra con tantas carencias, tan mal hecha y tan cara? ¿Qué está pasando en el tormentoso funcionamiento diario de ese hospital? ¿Qué va a pasar económica y funcionalmente en los próximos 26 años de un contrato cautivo?

¿Se sumará el PP de CyL al compromiso que toda la oposición formuló antes de las elecciones para abrir un proceso de esclarecimiento de éstos hechos y RECUPERAR para el dominio público nuestro HUBU?

Hasta ahora no han explicado nada y nos tratan de tontos cuando todo su argumento es repetir una y otra vez “que es que hemos hecho un hospital muy bueno, un hospital mejor…” Eso se le dice a un niño para acallarle pero los ciudadanos, dueños del sistema sanitario, exigimos cuentas claras, papeles y responsabilidades.


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Vuelta al cole (y a los libros de texto)

Por Burgos Dijital

Se acerca septiembre, y como cada nuevo curso, miles de familias se afanan de un lado para otro ultimando detalles: que los retoños del hogar tengan todo preparado para el primer día de clase.

Como cada año, de nuevo el desembolso económico es enorme. Cada libro de texto de los pequeños ronda los 30 euros. 
Algunas áreas precisan también de cuadernillos, que oscilan entre 10 y 20 euros aproximadamente. Así, nos plantamos en que tenemos una media de 30 a 50 euros por asignatura en la que se pida libro de texto. Haciendo un cálculo rápido, una alumna de primaria puede necesitar un presupuesto que puede ir desde los 300 a los 500 euros (calculando a la baja): matemáticas, lengua, inglés, naturales, sociales (recordemos que la LOMCE ha dividido en dos la asignatura de conocimiento del medio), plástica, música, otro idioma extranjero, valores o religión (sí, también en estas asignaturas hay libros...) Multipliquemos por varios hijos, y la suma da vértigo.

Gracias a los bancos de intercambio o préstamo de libros -propuestos la mayoría de las veces, y no si dificultades, por las AMPAS - o las ayudas y/o becas de las comunidades autónomas (que no son iguales en cada una de ellas), la factura agobia un poco menos. Pero...a veces esto no sirve. 

Este año muchos centros se ven "obligados" a cambiar los libros con la nueva ley. Nueva ley, nuevos contenidos: nuevos textos. Las editoriales se frotan las manos. Entre este curso y el siguiente, si todo va como esperan, el grueso de libros de texto de los centros de todo el país debería ser sustituido. Una suculenta bicoca para ellos. Pero bien decimos "obligados", entre comillas. Lo explicamos un poco más adelante. Algunas editoriales, para dar la sensación de que velan por aliviar las facturas a las familias, y en pro de las Nuevas Tecnologías (esas ángeles salvadoras y todopoderosas que nos hacen creer que harán que nuestras niñas y niños dejen de ser los últimos en los informes PISA; esas maravillosas herramientas que harán que nuestras pequeñas criaturas sean requeteinteligentesycompetentesysupermultidisciplinares; esos magníficos soportes que nuestros gobernantes se empeñan en meternos hasta en la sopa), están a toda prisa tratando de introducir las licencias digitales. 

Libros digitales y plataformas interactivas a través de Internet, cuyo precio es muuuucho más barato: unos 12 a 15 euros. Sí. Por año. Ah. El libro valía para poderlo intercambiar, o para el hermanito pequeño que venía detrás.  Las licencias digitales expiran a final de curso. Por eso, si compramos el libro físico (es decir, si pagamos los 30 euros) nos las regalan. Eso, aparte de que "es muchísimo mejor pasar del viejo libro de papel a un soporte digital". Por eso, tenemos que comprar tablets a los peques. Para que se manejen en el apasionante mundo digital, desde bien chiquitines, pero usando como soporte el mismo libro que si lo tuvieran en papel (bueno, con unos enlaces a unos vídeos y la posibilidad de enviar unos ejercicios on line al profe, vale).  El mundo de las editoriales + empresas de tecnología + responsables de educación ofertando ayudas para adquisición de dispositivos merecería otro artículo.

Cuando decíamos más arriba que los centros se veían "obligados" a cambiar los libros es porque parece que fuera obligatorio usar libros de texto. Pero la realidad es que no lo es. No es obligatorio. Pero es una industria muy pero que muy potente. Por eso, incluso, hay leyendas que hablan de sobres sobre ciertas mesas. 

La excusa de que las nuevas tecnologías son imprescindibles para el desarrollo de los niños, en este caso no nos sirve. Continuar apoyando la educación sobre textos elaborados en despachos (sean de papel o sean en pantallitas) no significa innovación. Si de verdad se quiere ser valientes y se quiere apostar por la innovación, por favor, que se innove con prácticas pedagógicas de verdad interesantes, con papel y con pantallas, pero dejemos de sangrar los bolsillos de las familias.

La paz social compra el silencio premeditado

Por Basilio el Bagauda

SMAC es el acrónimo de Secciones de Mediación, Arbitraje y Conciliación. Concretamente en Castilla y León son a día de hoy organismos públicos dependientes  de la Consejería que tenga entre sus materias competenciales la Economía y el Empleo.

Las SMAC han sufrido, como muchas secciones de la Administración, una reducción de más del 40% del personal. Nada que sorprenda ante la estrategia neoliberal de “adelgazamiento de la administración pública” y ante una más que preocupante debilidad, cuando no consentimiento, de los tres principales sindicatos de la Administración autonómica: CCOO, CSIF y UGT.

La otra gran línea maestra de la estrategia, y esta seguida al dedillo tanto por los conservadores ibéricos como por los social-liberales del puño mutilado y la rosa espinada, es la de la absorción de todo actor inconveniente que bien pudiera alborotar las aguas mansas de la economía de mercado o desmontar el mecano de las élites extractivas para su posterior adiestramiento y sedación. Han sido necesarias unas pocas décadas para captar aquellos grupos de presión que podrían ejercer algún tipo de contrapeso democrático y social, para que la gran mayoría (la inventada clase media) se olvidara de que el conflicto es el principal motor de la historia y que el capitalismo es el modelo que perpetua el triunfo de los que compran el tiempo y la vida de los que tienen que vender su tiempo y su vida para poder vivir, y los más malvivir.

No se podrá decir que ambas familias políticas no hayan tenido éxito, especialmente con los dos grandes sindicatos CCOO y UGT, que antaño se decían de clase y de los que ahora mismo y al ritmo que llevan ni si quiera se pueda decir “que tienen clase”. Bastará recordar en este cuatrienio negro para la clase trabajadora sus corruptelas en los dineros destinados a la formación o a los damnificados de las expulsiones de sus puestos de trabajo (lo de “regulaciones de empleo” para el enemigo), sus inmoralidades en las cajas de ahorros y, lo más grave, su pertinaz y testaruda ceguera en la situación de millones de personas expulsadas del “sistema” a través de brutales despidos y del inmenso y creciente precariado.

Sería injusto en cualquier caso no poner en la mesa la cantidad de personas que aún pelean en estos sindicatos con un claro sentido de identidad en muchos sectores privados y públicos por impedir innumerables despidos, recuperar los derechos perdidos o evitar la precarización de los trabajadores en su ámbito laboral: baste recordar, como ejemplo, la lucha contra el cierre de Coca Cola en Madrid o las medidas de presión que ahora mismo se empiezan a ejercer en nuestra tierra contra la negligente y criminal situación de los trabajadores que se juegan la vida en nuestra tierra para acabar con los incendios forestales. Pero uno no puede dejar de sentir que son maravillosas excepciones, chispas que aún saltan de las brasas que antes fueron un fuego crepitante, dado el escaso e incluso nulo protagonismo de estas centrales en los movimientos y plataformas más potentes surgidas desde el 15M: optaron por el reformismo y la historia les pilló a contrapelo…

Un claro ejemplo de las contradicciones en las que ambas organizaciones están inmersas, y que es producto del sostenimiento económico de sus aparatos y del monstruo burocrático creado a su alrededor, es la creación, como así denuncia la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU), de una futura fundación junto a la patronal de Castilla y León (CECALE) para gestionar buena parte de las funciones de las SMAC.

En la actualidad hay una por provincia y se encargan fundamentalmente del depósito de elecciones sindicales dónde se recogen las actas elaboradas por las mesas electorales en las elecciones, de las asociaciones profesionales, de los convenios colectivos y del soporte administrativo de los arbitrajes en caso de impugnación de las elecciones sindicales.

Resulta de todo punto incomprensible, cuando no perverso, que unas organizaciones que dicen defender el empleo y los servicios públicos actúen en contra de lo que dicen defender. Pero es aún más grave cuando además se coaligan sin ningún rubor con quien se supone, si no se trata de una comedia, que representa al inevitable “enemigo de clase”, con quien deben de negociar los convenios colectivos o con quien deben de pelear en favor del trabajador en un despido improcedente…

La creación de la fundación con estos mimbres supondrá además una confusión y una gran desconfianza para el trabajador respecto adónde debe acudir.

Por otro lado no debemos olvidar lo tramposo que puede llegar a ser que una fundación soportada por dos organizaciones que compiten en las elecciones sindicales, sea a su vez la que tenga una relación directa con estas y dirima en caso de impugnación. Parece que una vez más el sistema legisla contra la moralidad.

Por su parte funcionarios han informado a este medio que la creación de dicha fundación, soportada con dinero público, crearía una duplicidad absurda y que a día de hoy en muchas provincias con un jefe de negociado, un auxiliar y un jefe de sección se están cubriendo conciliaciones, elecciones sindicales, sus impugnaciones, asociaciones y convenios colectivos.  Las citaciones se realizan en el momento si se entregan en mano o al día siguiente las que entran por correo. La celebración se produce a los diez días, el tiempo justo para que se reciba el acuse de recibo de las conciliaciones de notificaciones administrativas y que si se pudiera citar por mail se podría realizar incluso al día siguiente.

Además a día de hoy, siguen informando los empleados públicos, se realizan conciliaciones "express" y funciones de primera llegada y asesoramiento, y  que jamás han recibido una queja.

Al parecer cada árbitro-mediador privado cobrará en función de las conciliaciones que realice. Además deberá crearse una infraestructura de apoyo al mismo cuyos gastos correrán en exclusiva por la Consejería de Economía y Empleo, tendrá que crearse una sede y personal administrativo a su servicio que realice funciones de atención al público, proceda a las citaciones y grabe las actas.

Por último los funcionarios denuncian que el SMAC como órgano administrativo no desaparecerá debido al resto de competencias funcionales que posee y que no asume ni podrá asumir la futura fundación con lo que, dicen, trabajarán menos al mismo precio. Con lo que “nos encontraremos con un gasto completamente superfluo, duplicación de órganos con doble coste, una infrautilización de los medios personales y de infraestructura de la Administración  y todo ello a costa de nuestras mermadas arcas públicas  nutridas del bolsillo del maltrecho contribuyente”. Y el que escribe esto añade una nueva compra de lo que Herrera ha dado en llamar “paz social”.

El Director General de Formación Profesional, otro afortunado ciudadano con coche oficial y chófer

Por Burgos Dijital

El movimiento Viernes Negro de Burgos, integrado en la Plataforma en Defensa de los Público vuelve a la carga contra el uso privilegiado y abusivo, a su juicio, de los recursos públicos. Esta vez vuelven a poner el acento en la utilización de los coches oficiales por los Altos Cargos de la Junta de Castilla y León.

Enrique de la Torre entrando en el coche oficial

Recordemos que a finales de noviembre de 2013 los integrantes del movimiento presentaron una denuncia al Presidente de uso indebido de un vehículo oficial por parte de la Directora del Gabinete del Presidente, la Sra. Virginia Arnaiz Gonzalez, lo que valoraban en unos 70.000 € anuales, sin sumar las gratificaciones extraordinarias a conductores y personal de confianza, datos que permanentemente oculta la Consejera de Hacienda escudándose en la protección de datos. 

Lo más significativo del caso no fue sólo que esta conducta de la ahora procuradora se haya seguido sucediendo a lo largo de toda la legislatura, hasta su reciente nombramiento, sino que tras varias respuestas del Procurador del Común al que después se dirigieron tras el silencio del Presidente, el primero confirmó la existencia de un “Código de Austeridad para altos cargos de la Administración”, acordado el 29 de septiembre de 2011 a espaldas de todos los grupos parlamentarios.

Tras este “descubrimiento” y amparándose en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, solicitaron a la administración autonómica el acceso a este documento. Hoy tras 1 año y medio, unas magníficas notas en los indicadores de transparencia por parte de la Junta, y una ley autonómica que venía a reforzar la trasparencia y la participación ciudadana, nada se sabe del misterioso Código.

En esta ocasión la denuncia es realizada por el uso diario de coche y conductor del Director General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, el Sr. Enrique de la Torre Alonso. Parece ser que mientras se ha machacado la educación pública en los presupuestos de los últimos 4 años y no se ha llegado si quiera a cubrir el 10 % de la tasa de reposición de las plantillas con la oferta de este año, sí ha habido dinero para hacerle la vida menos incómoda a los directivos de Educación.

Hoy coincidiendo con la investidura del Presidente de la Junta en la figura de Juan Vicente Herrera, a pesar “de sus pocas ganas”, Viernes Negro realiza esta nueva llamada de atención expresando que “a fecha de hoy seguimos sin conocer el contenido del Código de austeridad para altos cargos de la Administración”, por lo que, so pena de su publicación a partir de esta denuncia, entendemos que dicho Código no existe para los ciudadanos de Castilla y León y que por tanto, no se trata más que de una argucia para seguir justificando el uso injustificado de recursos públicos y seguir manteniendo privilegios”.

Por ello le exigen que haga posible el acceso al “Código de austeridad para altos cargos de la Administración de 29 de septiembre de 2011”; que abra una investigación que erradique el mal uso de estos vehículos públicos, para evitar un despilfarro de las arcas públicas; que publique las instrucciones precisas para evitar el gravoso uso de los recursos públicos; y que el futuro nuevo gobierno legisle quién y en qué condiciones pueden utilizarse los vehículos públicos y el resto de los recursos públicos a disposición de los empleados públicos, cargos electos y altos cargos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León

Fuentes consultadas por Burgos Dijital nos han comunicado que al silencio tanto del Procurador como del Presidente se unía el desconocimiento por parte de los partidos de dicho Acuerdo, por lo que el control del uso de los recursos públicos ha sido totalmente inexistente en estos últimos 4 años, lo cual resulta totalmente escandaloso. Además nos han informado del contacto de integrantes de Viernes Negro con el procurador socialista David Jurado al que dieron toda la información posible para que la acción política de su grupo pudiera desentrañar este “menú de privilegios a la carta”. Tras ese contacto nadie volvió a saber nada ni de David Jurado ni de un PSOE más proclive a contemporizar con el Partido Popular que a hacer una oposición si quiera digna.

Ahora este movimiento confía que dada la mayor debilidad parlamentaria del PP en las Cortes y la entrada de Podemos y Ciudadanos puedan servir para desenmascarar los privilegios y frenar el abuso. Al tiempo…

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Por Manuel Cortázar

Don Tomás Villanueva: el mejor guardés del cortijo castellano y leonés.

Parece que el todavía Consejero en funciones Tomás Villanueva quiere seguir dejando su impronta plagada de irregularidades e investigaciones judiciales tras haberse tomado muy en serio durante años al frente de la Economía y el Empleo de la Comunidad el encargo de Juan Vicente Herrera de crear todo tipo de organismos financiados con dinero público al margen de las reglas del control público.

Así tras la creación de las diferentes Agencias de Desarrollo Económico con quiebras millonarias, delegaciones comerciales internacionales, y escándalos como el sobrecoste millonario del edificio de Arroyo de la Encomienda (Valladolid), con varias decenas de altos cargos imputados, la sobretasación de suelos en parques tecnológicos nunca construidos y la nueva y flamante “trama eólica”, Don Tomás da un paso al frente para privatizar los servicios de Empleo de Castilla y León, el famoso ECYL.

El empleo y la formación, otro producto mercantilizado.

Ya hace tres años que se denunciaron las maniobras de la Junta por descapitalizar la labor que realiza el servicio público de empleo, en su momento cuando en junio de 2012, Villanueva despidió a 70 técnicos de las 54 oficinas de empleo de Castilla y León que llevaban 9 años trabajando, aprovechando que tenían un contrato de obra y servicio tras superar un proceso selectivo al que se presentaron 2.500 aspirantes.

En diciembre de ese mismo año presentó un ERE que afectaba a otros 120 orientadores laborales que llevaban cinco años con un contrato similar.

Sólo las protestas de estos afectados y las sentencias judiciales obligaron a la Junta a dar marcha atrás en sus planes: los 70 técnicos de modernización tuvieron que ser readmitidos 9 meses después tras una cascada de fallos judiciales, si bien la mitad de los 120 orientadores se fueron a la calle y 60 pudieron conservaron el puesto tras negociar con los sindicatos.

Ahora hace escasos meses la Consejería de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León se ha gastado 3,3 millones de euros en toda la Comunidad autónoma para subcontratar a empresas privadas buena parte de las labores que venían realizando los funcionarios de este aún servicio público. La lógica neoliberal parece seguir imponiéndose en la línea política del PP y el siguiente paso es convertir todos los servicios de empleo de capital público, en un producto más con el qué comerciar.

En la provincia de Burgos, que formaba parte del lote junto a Soria y Segovia, la contratación por importe de 1,1 millones de euros ha ido a parar a una fundación llamada “Fundación Sócrates”. Esta empresa, con sede en Chiclana de la Frontera (Cádiz), se encarga desde la fecha de adjudicación, el pasado mes de marzo, de la realización de labores de "atención, orientación, formación e inserción laboral" a los colectivos en paro.

Desde ese momento los parados de la provincia de Burgos, y entendemos que de toda la Comunidad, han ido recibiendo en las últimas semanas cartas oficiales del Ecyl en la que les advierten de que a partir de ahora las empresas subcontratadas (que denominan eufemísticamente "agencias de colocación colaboradoras") se pondrán en contacto con ellos para realizar servicios de inserción laboral. Así lo ha denunciado la Asamblea de Parados y Precarios de Burgos que ha exigido a la Junta información sobre los concursos de adjudicación.

Las cartas advierten a los trabajadores desempleados que estas empresas se encargarán de las labores "de intermediación, como orientación, formación, ayuda en la búsqueda de empleo, captación de ofertas de trabajo, promoción de candidatos u otras necesarias para alcanzar el objetivo de la inserción laboral, siempre de forma gratuita para usted". Así mismo se les advierte que “pueden ser sancionados” si no se comparece a la citación cuando aún muchos de ellos piensan, con toda lógica, que se trata de una estafa.

Para rizar el rizo, las utes adjudicatarias Sócrates e Ibecom no realizan finalmente la labor contratada por la Junta, sino que a su vez estas realizan una subcontratación a lo que, suponemos en neolengua, denominan "entidades colaboradoras".

La Fundación Sócrates o el imperio de la inmoralidad

La Fundación Sócrates comenzó su andadura en Murcia y Cartagena pero pronto se volcó hacia Andalucía durante la última legislatura gobernada por PSOE e IU. De hecho tiene un centro de orientación laboral subvencionado por la propia Junta de Andalucía a través del programa Andalucía Oriental y convenios con diversas administraciones públicas.

Según ha podido comprobar Burgos Dijital, los patronos de la fundación son un conglomerado formado a su vez por tres empresas: “Centro de Estudios Sócrates, S.L.” “ACFOR 2000 Gesprode Acciones Formativas y Proyectos para el Desarrollo de Empresas Privadas, S.L.” y “Programaciones y Tecnologías del Mediterráneo, S.L.”.

Dada la opacidad de la información financiera y mercantil de dichas empresas hace sospechar que sean “empresas pantalla”, ya que es realmente excepcional que tres sociedades limitadas (empresas de capital limitado a número concreto de socios, que perfectamente podrían ser unipersonales) constituyan una fundación teniendo como fines “la formación especial y la formación profesional de colectivos con deficiencias físicas, psíquicas o en riesgo de exclusión social, así como su protección, cuidado, atención social y la búsqueda de alternativas laborales a los mismos”.

Aunque los patronos de la fundación son en este caso personas jurídicas, los cargos los ostentan personas físicas: en concreto el Presidente es Justo Lucas del Río Moreno.

El ahora Presidente de la UTE fue el principal imputado por delitos de estafa, fraude y falsedad documental en lo que se denominó la “Operación Escuela”, en la que a través de algunas empresas que son patronas de la Fundación Sócrates (Ces SL y ACfor 2000 SL) se concedían certificados que necesitaban los estudiantes para "engordar sus currículos y poder acceder a un determinado puesto de trabajo", otorgaban títulos por cursos que no se realizaron o no se completaron y certificaban la asistencia a más clases que las recibidas. Esta operación policial desplegada en 2006 en Cádiz, Sevilla, Madrid, Granada y Murcia, y que acabó con 28 detenidos, situó como cabecillas de la trama al ya señalado junto a su mujer inspectora de trabajo y en la que también participaron dos sindicalistas de CC.OO. de la sección de Banca.

La Junta de Castilla y León y su ineficaz gestión en la prevención y extinción de incendios

Por Burgos Dijital

Como todos los años, la Junta de Castilla y León proclama a los cuatro vientos y vende a bombo y platillo la Campaña de Prevención y Extinción de Incendios, y que según el comité de empresa del resto de las Consejerías de la Junta de Castilla y León, luego no sabe gestionar. 

Todos los años anuncia una maravillosa campaña y al final se puede comprobar la mala gestión y la falta de personal, que no la hace tan maravillosa, más bien mal planificada y deficiente, como ejemplo este comité alude a que cuando se produce un incendio, lo que se hace es abusar de los camiones autobombas más cercanos y no planificar que a las 12 horas de comenzar a trabajar debe de haber otro autobomba preparado para sustituir al anterior. 
Esta falta de previsión se traduce en ineficacia y hace que en algunos incendios el personal tenga  que estar trabajando día y noche como es el caso del último incendio importante ocurrido en la provincia de Burgos, en la localidad de Mecerreyes, en la que se arrasaron más de 700 hectáreas de monte y suelo agrícola, y hubo trabajadores que estuvieron hasta 22 horas seguidas trabajando.

El comité de empresa matiza y quiere recordar a los responsables de la Comunidad de Castilla y León en esta materia que estos trabajadores con tantas horas de servicio no son operativos y además, con el cansancio, se multiplica el riesgo de que se comentan errores graves y a veces mortales.

INDRA y el censo electoral informatizado de Burgos.

Mesa electoral con el censo informatizado

Por Burgos Dijital

Cuando un votante toma la decisión de ir a votar a un partido político debe encontrase inscrito en el censo electoral. Los censos electorales varían de una elecciones a otras. Tanto por altas y bajas en el censo, como por los cambios de domicilio y formas en el voto.

En estas elecciones municipales en Burgos, se ha votado según el censo informatizado de las pasadas elecciones europeas por un error de la oficina del censo electora del INE dependiente del ministerio del interior, al dotar de datos a la empresa gestora del proceso.

La gestión informática del sistema de votos por ordenador que se instauró en Burgos se contrató a la empresa INDRA por valor de 776.980 € (IVA incluido), por la Presidencia de la Junta de Castilla y León, en contrato negociado sin publicidad, mediante Orden de 3 de marzo de 2015, de la Consejería de la Presidencia, se declara la protección de los intereses esenciales de la seguridad del Estado en los contratos a celebrar por la Consejería de la Presidencia de la Administración de la Comunidad de Castilla y León para la gestión del proceso electoral a las Cortes de Castilla y León del año 2015, debiendo ir acompañada su ejecución de medidas de seguridad especiales.

Se puede hacer contratos negociados sin publicidad utilizando el artículo 170 f) basándose en protección del interés general. es decir, que se contrata sin publicidad y se da a una empresa ya seleccionada. INDRA Comparte el sistema de elecciones y censo con el Ministerio del Interior para utilizar recursos compartidos.

Podemos pensar que este error se ha debido a una mala gestión del censo actualizado o que el ex-alcalde Aparicio, consejero de Indra, negociara un contrato con la Junta de Castilla y León en exclusiva. Todo esto unimos a la dificultad que han tenido los jóvenes exiliados de nuestra comunidad para emitir su voto, los votantes por correo y algún extranjero. 

Podemos pensar lo que nos dé la gana, y preguntarnos.  
¿De quién es la responsabilidad de los fallos? No van a dar explicaciones?
¿No debería estar detallado a qué se destina todo ese dinero? Programa, equipos, etc...
¿Qué van a hacer con esos equipos?
Si el código fuente lo paga la administración, debería ser de la administración y poder sacar a concurso público el mantenimiento y la corrección de todos esos fallos...

Saquen las conclusiones Uds. mismos. 

Descarga Contrato de Presidencia con INDRA